Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131175
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.175, "Santillán, Anselmo José contra Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. y otros. Accidente de Trabajo - Acción especial (38)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 28-XI-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-XII-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por Anselmo José Santillán contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que pretendía —con fundamento en las normas del Código Civil (ley 340) y del sistema especial de Riesgos del Trabajo— el cobro de una indemnización por la incapacidad derivada del accidente de trabajo que sufriera el día 26 de noviembre de 2001.
Inicialmente, interesa destacar —por ser materia de agravio— que el órgano judicial de grado admitió la excepción de prescripción opuesta por la demandada contra la acción sustentada en el derecho común (v. sent., pág. 5).
Para así decidir, declaró acreditado que el actor el día 10 de marzo de 2004 —con el dictamen de la Comisión Médica Central— tomó conocimiento de la disminución de la capacidad laboral que padece (53% de la t.o.) como consecuencia del siniestro (v. vered., págs. 2/3). A partir de esa conclusión, juzgó que, en la fecha en que se inició el proceso (10 de junio de 2010, v. fs. 55 vta.), el plazo bianual estaba irremediablemente cumplido (art. 4.037, Cód. Civ.), sin que se haya acreditado suspensión o interrupción de su curso (v. sent., pág. 4).
Rechazó, en cambio, la defensa de prescripción respecto a la acción sistémica fundada en el régimen especial (LRT) por juzgar que, al momento de articularse, el término de dos años que dispone el art. 44 inc. 1 de la ley 24.557 —contado desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada— no había expirado, toda vez que aún no se había expedido la Cámara Federal de la Seguridad Social ante el recurso interpuesto por el actor contra el dictamen de la Comisión Médica Central (v. sent., pág. 5).
En otro orden, con relación a las pretensiones vinculadas con el porcentaje de incapacidad (reducido al 65% por aplicación del decreto 659/96) y a la modalidad de pago mediante renta periódica, juzgó configurada la cosa juzgada por identidad del asunto sometido anteriormente a juzgamiento de la Cámara Federal de la Seguridad Social, tanto en su objeto como en su causa (v. sent., pág. 7).
Sin perjuicio de ello, advirtió que el planteo de inconstitucionalidad del señalado decreto 659/96 —formulado en la demanda— se encontraba desprovisto de fundamentos y debía rechazarse, porque no mencionaba las cláusulas constitucionales que se estimaban desconocidas o violadas, ni tampoco su conexión con la materia del pleito (v. sent., pág. 8).
Sobre esa base, y teniendo en cuenta que el actor solo había cuestionado el porcentaje de incapacidad —en cuanto se vio reducido al 65% por aplicación de lo dispuesto por el mentado decreto— rechazó la pretensión vinculada al pago de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., pág. cit.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 14-XII-2022).
II.1. Cuestiona la sentencia de grado en cuanto acogió la defensa de prescripción opuesta respecto del reclamo fundado en las normas del Código Civil —ley 340— (v. pág. 5).
Alega que tanto el trámite ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) como las demás actuaciones administrativas que promovió interrumpieron el curso del plazo prescriptivo (v. pág. cit.). En el mismo sentido, destaca el expediente sustanciado ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 20 y el carácter restrictivo que debe prevalecer en la aplicación de dicho instituto (v. págs. 6 y 7).
II.2. Por otro lado, se agravia porque el tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 659/96.
Insiste en postular la descalificación de dicha reglamentación porque, al reducir al 65% el grado de incapacidad que padece (71,75% t.o.), vulnera el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución nacional (v. pág. 8).
Añade que el sistema de pago en forma de renta periódica, cuando impide disponer libremente de la propiedad del crédito conculca, además del precepto citado, las garantías constitucionales previstas en los arts. 14, 16, 17 y 28, y también en numerosos tratados internacionales (v. pág. 12).
II.3. Por último, impugna el fallo en cuanto declaró de oficio la existencia de cosa juzgada respecto al reclamo fundado en la ley 24.557 (v. pág. cit.). Aduce que el caso de autos no concuerda con la teoría de los actos propios; ni tampoco exhibe identidad, de sujetos u objeto, con las actuaciones administrativas anteriores (v. págs. 13/16).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente es menester destacar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso— (v. resol. de 29-XII-2022). Esa decisión arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria, toda vez que no resultó objetada por el recurrente; quien, además, nada dijo sobre el valor de lo cuestionado respecto al límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; v. rec., pág. 2, apdo. II, concerniente al cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad).
Por lo tanto, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal cuya vulneración se invoca, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 130.757, "Tarditi", resol. de 1-XI-2023; L. 130.458, "Brandoni", sent. de 2-XII-2025; e.o.).
III.2.a. Desde esa perspectiva de análisis, resulta ajena al acotado marco de revisión aludido la crítica inicial, orientada a controvertir la sentencia en cuanto admitió la excepción de prescripción opuesta contra la acción fundada en el derecho común.
Es que en su formulación el agraviado solo trae a consideración de esta Corte planteos de índole fáctica, extraños al ámbito de la casación por la vía transitada, como lo son los vinculados a la determinación del comienzo del plazo prescriptivo, o su eventual interrupción o suspensión.
Al respecto, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 aplicable en especie, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba como las indicadas (causas L. 94.784, "Gómez", sent. de 15-VII-2009; L. 120.089, "Torres", sent. de 15-VIII-2018; L. 130.432, "López", sent. de 30-IV-2024).
III.2.b. Sin perjuicio de que lo expuesto resulta suficiente para rechazar el embate, cabe agregar —a propósito de los precedentes cuya presunta transgresión denuncia el interesado (v. rec., pág. 7)— que no concurre el supuesto previsto en la citada norma procesal laboral si la doctrina que emana del antecedente invocado en el recurso de inaplicabilidad de ley no guarda correspondencia con las motivaciones del tribunal de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni se trata de situaciones similares atento su diferente contenido fáctico (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019; L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022 y L. 128.540, "Pérez", sent. de 15-IV-2025).
III.3. Por las mismas razones, es inadmisible el agravio concerniente a la cosa juzgada que el tribunal interviniente juzgó verificada respecto del reclamo fundado en la ley 24.557, pues también aquí el recurrente pretende el análisis de una típica cuestión de hecho y prueba —excluida del acotado y excepcional ámbito de revisión referido— como lo es determinar si, en el caso, concurren las condiciones necesarias para declarar configurado dicho instituto (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021; L. 127.514, "Cardozo", resol. de 7-IV-2022 y L. 132.049, "Calo", sent. de 26-V-2026).
III.4. Finalmente, con relación a los planteos de inconstitucionalidad del decreto 659/96 y del sistema de pago en forma de renta periódica, resta señalar que —más allá de las consideraciones que podrían formularse sobre el marco de su tratamiento— lo resuelto en el punto anterior, torna inoficioso su abordaje por carecer de virtualidad para modificar de sentencia en cuanto rechazó la pretensión vinculada al pago de las prestaciones del sistema especial de reparación.
IV. Por todo lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:02:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:06:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/07/2026 10:55:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:26:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:19:46 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 11:49:20 hs. bajo el número RS-89-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia