Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130626
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia en el orden causado, atento la procedencia parcial de la impugnación (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.626, "M., S. L. contra Juan Gianelli S.A.C.I.F. y otro. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 29-XII-2022).
Se interpusieron, por las accionadas Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Juan Gianelli S.A.C.I.F., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-II-2023 y de fecha 16-II-2023, respectivamente), los que fueron concedidos por el citado tribunal el 23 de febrero de 2023.
Esta Suprema Corte declaró mal concedido el segundo de los recursos mencionados por no haber cumplido el interesado con la exigencia prevista en el art. 56 de la ley 11.653 de aplicación al caso (v. resols. de fecha 26-II-2024 y 9-VIII-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por S. L. M. y condenó solidariamente a Juan Gianelli S.A.C.I.F. y Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle una indemnización integral en concepto de daños y perjuicios en los términos del derecho civil, en razón de la incapacidad adquirida como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió (v. pronunciamiento de fecha 29-XII-2022).
En su veredicto, luego de juzgar que la actora trabajó en relación de dependencia para Juan Gianelli S.A.C.I.F. desde el 5 de febrero de 2008 como maestranza y desempeñando tareas de limpieza, por mayoría, consideró probado que el día 31 de enero de 2009 aquella sufrió un accidente de trabajo en el local comercial propiedad de su empleadora, cuando en cumplimiento de sus labores, se resbaló y sintió un dolor en el brazo derecho y columna vertebral (v. vered., tercera cuestión, votos concordantes de los magistrados Ramos y Novoa). Con sustento en la prueba documental y las pericias médica y psicológica, consideró demostrado que la trabajadora padece síndrome de túnel carpiano bilateral, limitación funcional de columna cervical y dorsal, hernia discal y depresión neurótica grado II, que le provocan una incapacidad del 71,01% (v. vered., tercera cuestión).
Seguidamente, ponderando la prueba pericial de ingeniería laboral y las aclaraciones brindadas por el experto, concluyó que la empleadora y la firma aseguradora de riesgos inobservaron los deberes de seguridad, incumpliendo sus obligaciones en materia de cuidado y prevención (v. vered., cuarta cuestión).
Concretamente, respecto de la aseguradora, sostuvo que el perito mencionado informó que no le habían sido entregadas constancias de que dicha entidad hubiera verificado y controlado el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa, de las normas de prevención y desarrollo del plan de acción y/o medidas correctivas para reducir riesgos (v. vered., cuestión cit.).
En la sentencia, al analizar la responsabilidad endilgada a cada una de las accionadas, consideró que Juan Gianelli S.A.C.I.F. debía responder integralmente por el daño padecido por la trabajadora. Al respecto, destacó que, si bien quedó probado la falta de entrega de elementos de protección a la accionante y la ausencia de realización del examen preocupacional, resultaba irrelevante verificar si la empleadora había actuado o no con culpa, pues se hallaba configurado un factor de atribución objetivo, referido al riesgo de la actividad desarrollada en función de la modalidad empleada conforme el art. 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield (v. sent., segunda cuestión).
Asimismo, efectuó el cotejo respectivo entre la reparación que cuantificó con base en el derecho civil y la sistémica, y declaró la inconstitucionalidad del originario art. 39 de la ley 24.557.
Ahora bien, en cuanto a la aseguradora de riesgos demandada, consideró que debía ser condenada solidariamente con sustento en el art. 1.074 del Código Civil (ley 340), por haber incumplido las normas de seguridad e higiene según se sostuvo en el veredicto (v. sent., sexta cuestión).
Así, condenó solidariamente a las demandadas a abonar a la actora el importe que estipuló en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos; descontando lo abonado en sede administrativa a título de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 (v. sent., novena cuestión).
II. Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que controvierte por arbitraria y absurda la condena solidaria al pago de la reparación integral del daño en los términos del derecho común resuelta en la sentencia de grado.
Alega que las aseguradoras de riesgos del trabajo solo pueden ser responsables por las prestaciones que otorga la ley 24.557 y no por otros sistemas.
Por otra parte, argumenta que no existe en la causa ninguna imputación concreta que permita inferir cuál ha sido la conducta que presuntamente Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. omitió con entidad suficiente para atribuirle responsabilidad en los términos del derecho civil.
Vinculado con esto último, alega que en el escrito de demanda la actora se limitó a denunciar la supuesta omisión en que habría incurrido a las obligaciones que la normativa vigente pone en cabeza de las aseguradoras de riesgos del trabajo, pero no especificó cuál sería la conducta concreta que debió adoptar en el caso y de qué modo su cumplimiento habría evitado la producción del daño.
Refiere que ninguna prueba se produjo que acredite fehacientemente la inobservancia de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, por lo que la acción dirigida contra la aseguradora de riesgos del trabajo carece de todo fundamento.
Alega, además, que aun en la hipótesis de tenerse por configurado algún incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el fallo de grado debe modificarse porque en él no se ha analizado la necesaria acreditación de nexo de causalidad adecuado con sujeción a las concretas circunstancias del caso.
En tales condiciones, dice que no se encuentran verificados los presupuestos para atribuirle responsabilidad en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
Finalmente, solicita que de prosperar el recurso las costas sean impuestas a la contraria. Asimismo, "apela" por altos los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes.
III. El recurso prospera con el alcance que habrá de precisarse.
III.1. La inicial argumentación que ensaya el recurrente no resulta atendible, ya que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en los términos del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control ha sido expresamente admitida por esta Suprema Corte —entre otros— en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009).
III.2.a. Sentado lo anterior, cabe recordar que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, no revisable en la sede casatoria, salvo demostración de absurdo (causas L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; L. 131.447, "Blanco", sent. de 13-III-2026; e.o.).
III.2.b. En ese contexto, no resulta conducente lo alegado por el quejoso al referir que al fundar su pretensión la actora no especificó qué conducta debió adoptar la aseguradora; ni en cuanto alega que no se produjo prueba en autos que acredite la inobservancia de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Su primera afirmación, contrasta con lo que surge del escrito liminar, y la restante, no se hace cargo de reflexionar detenidamente sobre los incumplimientos que el tribunal de grado juzgó acreditados en el fallo valorando la prueba producida.
En estas cuestiones, la crítica deriva en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines pretendidos (causas L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; L. 130.796, "Arenas", sent. de 1-IX-2025; L. 130.814, "Toledo", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.2.c. En cambio, le asiste razón al recurrente cuando señala que, aun en la hipótesis de entenderse demostrado el incumplimiento de las obligaciones de prevención y control por parte de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., la decisión del sentenciante de extenderle solidariamente la condena resulta desacertada, toda vez que el tribunal de grado responsabilizó civilmente a la aseguradora por el daño sufrido por la actora sin haber establecido previamente si en su caso existió algún nexo causal eficiente entre tales incumplimientos y las consecuencias dañosas derivadas del infortunio sufrido por la demandante.
Es aquí donde el impugnante evidencia el grave yerro que pregona.
La decisión de grado se encuentra desprovista de adecuado sustento y debe ser modificada, pues el supuesto deficiente ejercicio del deber de control por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo en materia de higiene y seguridad no puede generar responsabilidad con independencia del nexo causal adecuado, ya que este es requisito indispensable para la procedencia de la acción resarcitoria (causas L. 87.639, "Colamarino", sent. de 22-VIII-2007; L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-IX-2009 cit. y L. 97.799, "Rojas", sent. de 30-III-2011).
Entonces, la sentencia debe ser revocada en este aspecto.
III.3. Lo resuelto en el apartado que antecede torna inoficioso el tratamiento del agravio por el que se objeta la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso traído y revocar la sentencia atacada en cuanto condenó solidariamente a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a reparar los daños y perjuicios sufridos por la actora sin determinar previamente si tales perjuicios tuvieron un nexo causal adecuado con los incumplimientos endilgados. Los autos deberán ser reenviados al tribunal de origen para que —integrado con otros jueces— dicte un nuevo pronunciamiento ceñido a lo aquí resuelto.
Costas de esta instancia en el orden causado, atento la procedencia parcial de la impugnación (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia en el orden causado, atento la procedencia parcial de la impugnación (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2026 11:16:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:23:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:45:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 10:21:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2026 11:08:33 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 05/08/2026 11:49:13 hs. bajo el número RS-82-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia