Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130357
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.357, "O. V., L. contra Experta ART S.A. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de 18-XI-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-XII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor L. O. V. contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el resarcimiento de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente que protagonizó el día 20 de octubre de 2015, mientras prestaba tareas a órdenes de su empleadora Ashoka Construcciones S.A. (v. pronunciamiento de 18-XI-2022).
Para así decidir, tuvo por demostrado que, a raíz del aludido infortunio, el actor padece lesiones físicas y psicológicas que le provocan una incapacidad total y permanente del 80,61% de la total obrera, con la incidencia de los distintos factores de ponderación (v. vered., tercera cuestión).
Asimismo, tuvo por verificado que a la fecha en que ocurrió el accidente se encontraba vigente el contrato de afiliación suscripto entre la empleadora y la aseguradora de riesgos de trabajo en los términos de la ley 24.557, no habiendo probado esta última el pago de las prestaciones dinerarias aquí reclamadas por el trabajador (v. vered., cuarta cuestión).
Resolvió que el accionante era acreedor de la prestación dineraria contemplada en el art. 15 inc. 2 de la ley 24.557, a cuyo fin determinó el valor mensual del ingreso base conforme las pautas establecidas por el art. 12 inc. 2 de dicha ley, texto según decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Declaró también procedentes las pretensiones vinculadas al pago de la compensación adicional prevista por el art. 11 inc. 4 apartado "b" de la ley 24.557 y del incremento estipulado por el art. 3 de la ley 26.773.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. En primer lugar, critica el grado de minusvalía determinado por el tribunal de origen.
II.1.a. Sostiene que para establecer la incapacidad psicológica el perito desinsaculado en autos se apartó de las disposiciones del baremo aplicable (dec. 659/96), de conformidad a lo previsto por el art. 9 de la ley 26.773, en cuanto establece su carácter legal y obligatorio.
Alega que el informe pericial no se encuentra debidamente fundado en principios técnicos y científicos adecuados, ya que el experto no tuvo en consideración la personalidad de base del actor, responsable en la aparición del supuesto daño psíquico, ni explicó los trastornos respecto al diagnóstico y grado de incapacidad otorgado.
Manifiesta que el tribunal de grado no tuvo en cuenta las observaciones realizadas al impugnar la pericia psicológica, no pudiendo en consecuencia dicho órgano jurisdiccional otorgarle a esta última pleno valor probatorio.
II.1.b. Respecto de la incapacidad física determinada alega que existe una evidente sobrevaloración de las lesiones padecidas por el trabajador, ya que según las disposiciones del decreto 49/14 no correspondía adicionar el 12% por compromiso funcional del tobillo izquierdo, ni el 6% fijado por limitación funcional.
II.2. Por otra parte, controvierte la definición del tribunal de grado en cuanto determinó el valor mensual del ingreso base con ajuste al decreto 669/19, norma que —alega— resulta inaplicable.
Refiere que dicho reglamento no derogó ni modificó al art. 20 de la ley 27.348, por lo que la modificación impuesta al art. 12 de la ley 24.557 no resulta de aplicación al caso, ya que el accidente ocurrió el 20 de octubre de 2015, es decir, con anterioridad a la propia vigencia de la ley 27.348.
Indica que el juzgador se apartó de la doctrina legal vigente en la materia, ocasionándole un perjuicio económico irreparable.
II.3. Por último, manifiesta que el actor no estaba registrado en la nómina de empleados de la empresa asegurada al momento del infortunio, por lo que la contingencia no se encontraba cubierta por su parte, debiendo responder directamente el empleador por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resulta atendible el cuestionamiento dirigido a desvirtuar el porcentaje de incapacidad determinado en el fallo.
Las razones fundantes del agravio se vinculan con la ponderación de los elementos probatorios (pericias médica y psicológica) que sirvieron de base al tribunal para establecer el porcentual de minusvalía indemnizable.
Desde esta perspectiva, el embate se revela palmariamente deficitario en su formulación, en la medida en que no denuncia el recurrente que se hubiere configurado el vicio de absurdo en la tarea —privativa— de apreciar la prueba pericial.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que determinar la existencia —o no— de la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo invocación y eficaz demostración de absurdo (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; L. 130.386, "Villalba", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
Frente a la señalada deficiencia es menester recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte recurrente al formular la impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 129.113, "Ferreira", sent. de 23-VI-2025; e.o.).
Sin perjuicio de lo dicho, agrego que las disquisiciones que expone el agraviado sobre las conclusiones volcadas en los peritajes médico y psicológico, así como la pretendida aplicabilidad al caso de distintos baremos y la relevancia que atribuye a las impugnaciones y observaciones formuladas por su parte, no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.2. Luego, y alterando el orden de tratamiento de los agravios expuestos por razones metodológicas, cabe advertir que similares consideraciones a las expuestas en el apartado anterior pueden efectuarse para dar respuesta a la objeción mediante la cual la recurrente intenta poner en tela de juicio la condena impuesta a su parte, y que se sustenta en la invocada ausencia de registración del actor en la nómina de trabajadores de la empleadora asegurada a la fecha en que ocurrió el infortunio (v. rec., págs. 14/15).
Es que, una vez más, no cumple el recurrente con la carga de denunciar, y mucho menos acreditar, la configuración del vicio de absurdo, ni se ocupa de controvertir las concretas razones que llevaron al tribunal de trabajo a resolver este aspecto de la contienda (art. 279, CPCC).
Reiterando la tesitura expuesta en la instancia de origen (v. pto. 3.3., escrito de contestación de la demanda; v. fs. 70 vta.) soslaya el impugnante rebatir las medulares motivaciones blandidas por el órgano de grado, afincadas en el reconocimiento efectuado por la propia aseguradora de hallarse vinculada con la empleadora del accionante a través del contrato de afiliación 423442, celebrado en los términos de la ley 24.557, cuya vigencia continuaba a la fecha del accidente (20-X-2015) conforme lo informado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la copia certificada del expediente SRT 95189/17 agregado a la presente causa, sin que se hubiera demostrado que el trabajador víctima del infortunio no contara con cobertura al momento del accidente; todo lo cual motivó el rechazó de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta (v. vered., cuarta cuestión y sent., pág. 8).
Debe recordarse que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023; L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.3. En cambio, el reproche concerniente a la aplicación al caso del decreto 669/19 debe acogerse por las siguientes razones.
El análisis del planteo ensayado por el recurrente me exige realizar una hermenéutica directa de sus disposiciones (así como de su reglamentación), tarea en la que en modo alguno puedo obviar que el decreto 669/19 ha sido ya declarado inconstitucional por mi parte en otros casos análogos (a partir del precedente L. 129.800, "Muzychuk", sent. de 14-VII-2025), debido a la violación de la división de poderes o funciones estatales que ha implicado su emisión sin que se cumplan los estrictos requisitos previstos en la carta magna nacional para la excepcional habilitación del ejercicio —por el Poder Ejecutivo— de tal competencia legislativa, constituyendo éste un motivo de peso —por defecto de competencia del órgano emisor de la norma— que afecta de manera patente y manifiesta su compatibilidad constitucional en todos los casos (conf. arts. 1, 5, 28, 31, 33, 99 inc. 3 y concs., Const. nac.).
III.3.a. En efecto, en el precedente citado en el acápite principal presté plena adhesión al voto emitido por mi colega, doctora Kogan, el que —en lo pertinente— me permito aquí reproducir por resultar enteramente aplicable al presente caso.
III.3.a.i. En aquella oportunidad, explicó mi colega que el decreto de necesidad y urgencia 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación.
Con ello, el decreto reemplazó el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que morigerase los desfavorables efectos de procesos inflacionarios sobre la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que —según se expone en los considerandos del decreto— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que habrían provocado un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualizó que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 30 de septiembre de 2019, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.3.a.ii. A partir de dicho marco, la mencionada colega hizo referencia al análisis que mi otro colega, doctor Soria, había efectuado al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (sent. de 31-V-2021), en la que asimismo presté adhesión a su sufragio, para afirmar que antes de la última reforma de la Constitución nacional, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional" , Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional" , 3ra.
Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino" , Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229. Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296; Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia" , ED 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H.; " Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" , LL 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R., "Decretos de necesidad y urgencia" , Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones.
Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo" , 2da. Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E.; "Derecho Constitucional ", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional" , 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533 y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo" , en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco; " Derecho Administrativo" , Buenos Aires, 1986, págs. 109 y sigs.
Cassagne, Juan Carlos, "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia" , LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.; Comadira, Julio R., "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional" , LL 1995-B-825; entre varios más).
Asimismo, allí se dijo que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido dec. 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente "Peralta" (sent. de 27-XII-1990, Fallos: 313:1513), cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la presencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24º, 25º, 30º, 32º y concs.). Del fallo podía colegirse también que al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto —por el decreto emitido— a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial de los derechos restringidos por la medida, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, así como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señaló el colega referido que la Corte nacional mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, más allá de hallarse excluidas ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (Fallos: 318:1154), era menester la inmediata comunicación del acto al Congreso nacional, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había adoptado las disposiciones de carácter legislativo (Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944; e.o.).
III.3.a.iii. Continuó precisando la colega doctora Kogan en el invocado precedente L. 129.800, "Muzychuk", que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."), estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado de la norma constitucional se regulan exigencias formales para la comunicación del decreto de necesidad y urgencia emitido a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento en ambas Cámaras (actuación regulada posteriormente por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006).
Enfatizó que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera oportunidad, mérito o conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633; cons. 13º).
Reseñó que la Corte Suprema nacional ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726; 333:633; e.o.), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Adujo que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho deviene susceptible de suficiente revisión judicial; escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud y las referidas notas de excepcionalidad. De no abastecerse las mismas, el decreto de necesidad y urgencia carecería de sustento constitucional (Fallos: 333:633; 338:1048; e.o.).
Consideró que lo antedicho adel
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