Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129975
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.975, "Davico, Claudio Agustín contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Diferencia Salarial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, hizo lugar a la acción entablada, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. de fecha 17-VIII-2022 y sent. de fecha 12-IX-2022).
Se interpuso, por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Claudio Agustín Davico y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de diferencias adeudadas por salarios caídos devengados durante el período de incapacidad laboral temporaria y diferencias en la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, ello, con motivo de la minusvalía que contrajo el actor como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 10 de enero de 2018, mientras se dirigía a cumplir con sus tareas para la firma Rural Ceres S.A. (v. sent. de fecha 12-IX-2022).
En lo que interesa destacar, cuantificó la mentada prestación dineraria teniendo en consideración el ingreso base mensual calculado conforme las pautas dadas por el decreto de necesidad y urgencia 669/19, que —entendió— resultaba aplicable al caso de autos, por resultar más beneficioso para el trabajador damnificado —sujeto de preferente tutela constitucional— conforme el principio de progresividad.
Añadió, que el referido decreto establece en forma expresa su aplicación a todas las contingencias "independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante", por lo que "la retroactividad de la norma permite afirmar sin hesitación que resulta aplicable en el presente caso" (sent., pág. 32).
Finalmente, desestimó la invocación de la doctrina de los actos propios introducida por la demandada, toda vez que —según afirmó— el reclamo del actor no exterioriza un apartamiento del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, sino que, por el contrario, dentro del mismo sistema cuestiona el ingreso base diario y mensual utilizado para determinar su cuantía.
Agregó que la elección de transitar la vía administrativa no fue voluntaria, sino exigida por la ley, por lo que el actor no ejerció ninguna opción. Sin perjuicio de ello, dijo que tampoco cabe admitir que el trabajador renuncie a derechos consagrados por la Constitución nacional y por los tratados internacionales con jerarquía supralegal, como son el acceso irrestricto a la justicia (art. 18, Const. nac.) o, en términos de nuestra Constitución provincial, el derecho a la tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.).
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 30-IX-2022).
II.1. Sostiene que el juzgador de grado incurrió en arbitrariedad y vulneró derechos y garantías constitucionales al aplicar al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19 "en forma retroactiva y al resultado de la fórmula indemnizatoria" (v. rec., pág. 4).
En este sentido, despliega argumentos vinculados con la irretroactividad de las normas, conforme lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial y controvierte lo resuelto al respecto. Cita jurisprudencia de la Corte federal y doctrina legal de esta Suprema Corte en sustento de su agravio.
Manifiesta que tratándose de una contingencia laboral cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del mentado decreto, las disposiciones de dicho cuerpo normativo no resultan aplicables.
Alega que este modo de resolver provoca un detrimento del patrimonio del deudor y un enriquecimiento sin causa del actor, vulnerando el derecho de propiedad de su mandante.
II.2. Desde otroángulo, objeta que el tribunal de origen haya desestimado la invocación de la doctrina de los actos propios introducida por la accionada al contestar la demanda.
En esencia, postula que el trabajador y la aseguradora demandada acordaron libremente someterse ante la comisión médica local para que ésta determine la incapacidad parcial, permanente y definitiva que detentaba el accionante. En razón de ello, razones de buena fe exigían que, si el señor Davico no estaba de acuerdo con dicha instancia administrativa, su declinación o no aceptación del sometimiento a la instancia administrativa fuera expresada antes del dictado de la resolución administrativa y no luego de percibido el importe y mediante demanda judicial.
En dicha línea, indica, que el acuerdo conciliatorio suscripto ante la comisión médica, en tanto ha sido objeto de homologación por la autoridad del trabajo competente, adquirió el carácter de cosa juzgada administrativa en los términos y con los alcances brindados por el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso prospera parcialmente.
Por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios ensayados para ingresar en su tratamiento.
III.1. El agravio vinculado al rechazo de la aplicación al caso de la doctrina de los actos propios, debe desestimarse a mérito de su insuficiencia.
III.1.a. Liminarmente, cabe recordar que la competencia revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En consecuencia, la suerte de la postulación recursiva depende de que se baste a sí misma, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, y ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de los argumentos y conclusiones que dan fundamento al pronunciamiento de origen (causas L. 120.531, "Camiscia", sent. de 9-XI-2020; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; e.o.).
A partir de tales lineamientos, advierto que, más allá de lo que pudiera opinarse sobre el acierto sustancial de lo decidido, el embate intentado no satisface mínimamente los recaudos insoslayables establecidos por la doctrina legal citada, a influjo de las previsiones del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Me afirmo en tal conclusión toda vez que las motivaciones del tribunal de grado que constituyeron factores esenciales de este tramo de la decisión puesta en tela de juicio no han sido objeto de un ataque eficaz, erigiéndose tal circunstancia en un obstáculo insalvable para lograr revertir lo resuelto.
Al respecto, sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desatiende las cargas que establece la ya citada norma adjetiva, al no hacer referencia al argumento medular del fallo, ni a las razones que le dieron sustento (causas L. 112.458, "Riella", sent. de 15-V-2013; L. 121.182, "Kalaityis", sent. de 26-V-2020; L. 127.779, "Almirón", sent. de 9-VIII-2024; L. 130.558, "P., M. N.", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.1.b. Para más, resta indicar que la recurrente reproduce los argumentos esbozados en la contestación de demanda al oponer "excepción de cosa juzgada", defensa que fue desestimada por el órgano de grado mediante sentencia interlocutoria de fecha 15 de julio de 2021, que arriba firme a esta instancia extraordinaria.
En este sentido, es sabido que las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y sentencia resultan temas ajenos a la órbita del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 120.419, "González", sent. de 17-X-2018; L. 120.476, "Milone", sent. de 27-II-2019; L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020 y L. 131.365, "Municipalidad de Berisso", sent. de 2-X-2025).
III.2. Luego, con relación al agravio vinculado con el decreto de necesidad y urgencia 669/19 —cuya aplicación al caso es resistida por la impugnante—, y teniendo en cuenta mi postura en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas cuando el caso así lo requiera (v. causas L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004; L 86.269, "Gómez", sent. de 14-IX-2004; entre muchas otras), entiendo que corresponde replicar aquí lo resuelto por esta Corte en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), en la cual se declaró la inconstitucionalidad del mentado decreto de necesidad y urgencia.
Por lo demás, y aun cuando es cierto que dicho pronunciamiento no había sido dictado al momento en que se interpuso el recurso extraordinario en examen, no lo es menos que no puede prescindirse su análisis, ni la eventual aplicación de sus lineamientos al presente, pues, como en repetidas oportunidades ha declarado este Tribunal (conf. causas L. 85.534, "O., C.", sent. de 13-II-2008 y L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), a fin de brindar una adecuada solución al caso (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y sus citas; v., en el mismo sentido, las más recientes L. 131.451, "Lepre", resol. de 7-VI-2024; L. 132.143, "Alamo Cenizario", resol. de 20-IX-2024; entre muchísimas otras).
III.2.a. En el precedente citado en el acápite anterior expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que —según se expone en los considerandos— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.2.b. Recordé que el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión) había apuntado que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32; González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional" , Buenos Aires, 1950, pág. 505; Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional" , 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691; Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino" , Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229; Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297; Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296; Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia" , E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs.; Ruiz Moreno, H.; " Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" LL 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia" , Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones.
Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo" , 2da. Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285; Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292; Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447; Romero, César E.; "Derecho Constitucional ", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243; Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional" , 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533 y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo" , en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco; " Derecho Administrativo" , Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs.; Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia" , LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo" , Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.; Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional" , LL 1995-B-825; entre varios más).
Asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido dec. 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr. la tributaria, Fallos: 318:1154).
III.2.c. Precisé que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas Cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633; cons. 13°).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726; 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (Fallos: 333:633; 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449, 467; 269:393; 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori , el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633; SCBA causa A. 74.552, "Fe", ya cit.).
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