Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129326
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.326, "Ledesma, Carolina Vanesa contra Martínez, Daniel Oscar, Martínez Miguel Ángel, Diehl, Enrique Jorge y Agropecuaria El Jagüel S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño , Kohan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 849/880 vta.).
Se interpusieron, por el codemandado Enrique Jorge Diehl y la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 923/938 y 940/948 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el codemandado Enrique Jorge Diehl?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por Federación Patronal Seguros S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que aquí reviste interés, al responder al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto, el tribunal de grado sostuvo que no se había acreditado en autos la existencia de una relación laboral entre el señor Juan Paulo Bustamante —esposo de la coactora Carolina Vanesa Ledesma, y padre de la coaccionante Brisa Abigail Bustamante, ya mayor de edad— y los contratistas rurales codemandados Daniel Oscar y Miguel Ángel Martínez.
Luego, tuvo por demostrado que el día 5 de abril de 2007 el señor Bustamante sufrió un accidente que le provocó la muerte al caer de una máquina cosechadora que se encontraba trillando un lote de 50 hectáreas de soja en el establecimiento "Santa Inés", sito en la localidad de Juan B. Alberti del partido de Leandro N. Alem.
Indicó que se probó el infortunio, pero no su mecánica, y la indefinición sobre la forma en que el evento sucediera hacía subsistir la responsabilidad objetiva que el art. 1.113 del anterior Código Civil (ley 340) pone en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene activamente en la producción del daño.
Juzgó no configurada —por ausencia de prueba al respecto— la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima, pues —explicó— que no obstante bajar de una cosechadora en marcha implica un actuar negligente o imprudente, ello no alcanza para conformar el concepto de "culpa" al que hace alusión el citado precepto del citado Código velezano, en tanto debe mediar —según expuso— una voluntaria exposición al peligro, con una temeridad equivalente al dolo, que no se apreciaba verificada en autos.
Ya en la etapa de sentencia, dispuso homologar el acuerdo conciliatorio al que arribaron las promotoras del pleito con los codemandados Agropecuaria El Jagüel S.A., Daniel Oscar Martínez, Miguel Ángel Martínez y la citada en garantía Berkley International S.A. por los rubros allí indicados que fueran reclamados en la demanda (v. sent., primera cuestión).
Luego, se ocupó de analizar la acción deducida respecto del codemandado Enrique Jorge Diehl y la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. En este trance, sostuvo que el infortunio se produjo por la intervención de una cosa riesgosa —cosechadora— que había sido adquirida por los codemandados Daniel Oscar y Miguel Ángel Martínez el 18 de noviembre de 2005, habiendo tomado posesión real el día 23 del mismo mes y año. No obstante, juzgó configurada la responsabilidad objetiva del titular registral del rodado, el coaccionado Enrique Jorge Diehl.
Destacó, además, que Federación Patronal Seguros S.A. —citada en garantía por este último— había reconocido que a la época del accidente se encontraba vigente el contrato de seguro del ramo automotores suscripto con dicho coaccionado, instrumentado mediante póliza n° 7.512.367, en el que el objeto de la cobertura del seguro era la cosechadora New Holland, motor WB524820-5A13-82854047, chasis 1429, modelo TC 57.
En tales condiciones, dados los alcances del señalado acuerdo conciliatorio arribado y homologado, el tribunal de grado hizo lugar a la acción promovida por el rubro "valor vida" contra el señor Enrique Jorge Diehl y Federación Patronal Seguros S.A., condenando, en consecuencia, a esta última al pago de la suma que indicó en concepto de indemnización por la muerte del señor Juan Paulo Bustamante.
II. Contra dicho pronunciamiento el codemandado Enrique Jorge Diehl interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la transgresión de los arts. 1.109, 1.113, 2.351, 2.353 y 2.355 del Código Civil (ley 340); 27 del decreto ley 6.582/58 (t.o. por ley 22.977); disposición DN 1.255/99 del Ministerio de Justicia de la Nación y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Cuestiona inicialmente la responsabilidad civil objetiva que le fue atribuida en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Sobre el particular, sostiene que el tribunal de grado decidió este aspecto de la controversia valorando absurdamente la prueba agregada a la causa, habida cuenta de que tuvo por acreditada la venta de la máquina cosechadora en fecha anterior a que ocurriera el accidente a los codemandados Daniel Oscar y Miguel Ángel Martínez, así como la entrega a estos últimos de la posesión del rodado, produciéndose —en consecuencia— la transferencia de su guarda a los nuevos propietarios.
Manifiesta que el juzgador incurrió en un error al calificarlo como titular registral, ya que al momento en que adquirió dicha maquinaria (año 1994), ésta se encontraba exenta de registración y patentamiento, siendo tales requisitos exigidos con posterioridad por la disposición DN 1.255/99 del Ministerio de Justicia de la Nación.
Alega que como propietario llevó a cabo la tradición del bien en los términos del art. 2.601 del Código Civil (ley 340), habiendo —inclusive— el órgano de origen tenido por probado que entregó la posesión real de la cosa a los hermanos Daniel Oscar y Miguel Ángel Martínez, la que se concretó el 23 de noviembre de 2005.
Explica que, si bien puede presumirse que el propietario es el guardián de la cosa, la guarda puede ser transmitida a un tercero. En tales condiciones, continúa, el dueño responde en tanto es guardián de la cosa, es decir, su responsabilidad se impone no por ser propietario, sino por tener la cosa bajo su cuidado. De allí que, concluye, la consecuencia lógica es que este último no responde si ha transmitido la guarda, como —sostiene— ocurrió en el caso.
Cita en apoyo de su postura la doctrina legal de esta Suprema Corte que considera aplicable, esto es, lo resuelto en la causa C. 103.420 "Rozitchner" (sent. de 14-IX-2011), en la que se estableció que el titular registral puede eximirse de responsabilidad si ha logrado acreditar —como, indica, ha sucedido en autos— la transferencia de la guarda antes de producido el siniestro.
II.2. Por otra parte, controvierte que el sentenciante no haya tenido por configurada la eximente de responsabilidad prevista en la parte final del segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), en tanto de las constancias obrantes en la causa surge nítido que el accidente se produjo por el actuar imprudente del señor Bustamante.
Señala que su conducta resultó trascendente al haber influido causalmente en la producción del hecho generador del daño, al intentar descender de una máquina cosechadora en movimiento, sin requerir que el conductor detuviera su marcha.
II.3. Finalmente, refiere que el importe justipreciado en el fallo que objeta en concepto de "valor vida" es desproporcionado, y peticiona que dicha suma se ajuste a valores reales, es decir, teniendo en consideración que la víctima era una persona joven, de veinticinco años de edad, que al momento de su fallecimiento se encontraba desocupado.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. En principio, corresponde dejar sentado que toda vez que el evento dañoso aconteció el 5 de abril de 2007, corresponde la aplicación al caso del Código Civil de Vélez (ley 340), tal como juzgó el tribunal de la instancia de grado, por lo que a la luz de sus prescripciones y de la doctrina legal forjada a su respecto habrá de resolverse la cuestión traída.
Anticipo este señalamiento pues lo resuelto en la causa registrada como C. 125.451, "V.,W.O. y otro" (sent. de 9-VIII-2024) en la que con riguroso detalle mi distinguido colega doctor Soria da cuenta de los cambios en la doctrina legal de esta Corte y de las posiciones sobre el tema en debate, obedece al contexto normativo establecido por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, texto según ley 27.077).
III.2.a. Sentado lo anterior, en lo que concierne al primero de los agravios que porta la crítica, fácil es colegir que la temática debatida se centra en determinar si transferida la posesión de la cosa riesgosa que produjo el daño a un tercero sin haberse efectuado la transferencia de dominio o la denuncia de haber hecho la tradición del vehículo ante el Registro de la Propiedad Automotor (arts. 1 y 27, dec. ley 6.582/58, t.o. por ley 22.977), el titular registral o propietario continúa siendo responsable por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar el rodado.
Para resolver la contienda así definida, debo reparar en que en las causas C. 92.488, "Cidade", sentencia de 6-V-2009, C. 103.189, "Crudo", sentencia de 18-XI-2009 y C. 103.420, "Rozitchner", sentencia de 14-IX-2011 —esta última citada por el aquí impugnante—, he sostenido que la recta interpretación que debe hacerse de dicha norma es aquella que "atiende al propósito que la inspira y -a la vez- preserva y asegura su finalidad" (Fallos: 310:149, 203; 311:193, 401; e.o.). En ese sentido, cabe poner de resalto que el referido art. 27 del decreto ley 6.582/58, lejos de establecer una presunción absoluta de responsabilidad de quien aparezca registralmente como titular, creó un mecanismo para —precisamente— evitar que el vendedor de un automotor que había perdido la disponibilidad material del rodado con motivo de su venta, fuera responsable de los daños y perjuicios que ocasionara el adquirente que había sido negligente en la realización de los trámites de transferencia.
Manifesté en esas oportunidades que tal conclusión se desprende del propio texto de la ley que habilita la denuncia de venta como un mecanismo al que puede recurrir el vendedor para probar que "el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad". De modo que, si la propia ley habilita una mera declaración unilateral para eximir de responsabilidad al titular, y no ha establecido una presunción iuris et de iure de que el dueño que no denunció la venta y la entrega del vehículo conserva su guarda, debe aceptarse que quien se desprendió del vehículo tiene la posibilidad de acreditar en el proceso de modo fehaciente que ha perdido la guarda del rodado con anterioridad al acaecimiento del evento que genera el deber de reparar.
Por otra parte, también recordé en los precedentes de referencia que el sentido y alcance de la norma que propicio es coincidente con el criterio emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Seoane, Jorge O. c. Entre Ríos, Prov. de y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 19-V-1997) y "Camargo, Martina y otros c. San Luis, Prov. de y otra s/ daños y perjuicios" (sent. de 21-V-2002).
III.2.b. A fin de reforzar mi postura, me permito traer a colación los conceptos que emitiera el distinguido ex Juez de este Tribunal, doctor Negri, en la causa C. 112.791, "Langiano", sentencia de 5-XII-2012, a los que adherí, y que, en lo relevante, también aquí habré de reproducir.
Dijo allí el citado magistrado que resulta excesivo imputar la responsabilidad civil a quien puede probar ante el acaecimiento de un hecho dañoso que no disponía para sí del uso del automotor habiéndose desprendido fehacientemente de la guarda, como en el caso de autos. La sola titularidad de dominio pasa a ser una ficción legal en razón del carácter constitutivo de la inscripción (arts. 1 y 2, dec. ley 6.582/58) y dicha inscripción tiene enorme relevancia en el campo de los derechos reales, en cuanto consagra fines registrales tales como los de publicidad y de seguridad jurídica en las transacciones y aún en la protección de terceros con referencia al resarcimiento de los daños, pero en este último campo ha de primar solo cuando no se pueda probar "por ningún medio" que el titular de dominio se desprendió de la guarda con la intención de enajenarlo, pasando la posesión al adquirente "antes de producirse el siniestro".
Consideró quien fuera mi distinguido colega, que queda así incólume el citado principio de la realidad y resulta más justa y equitativa la interpretación de la ley registral si se mantiene el sistema de presunciones iuris tantum elaborado en torno al art. 1.113 del Código Civil (ley 340) y si se estima que aun cuando haya sido establecido en el art. 27 un mecanismo para eximirse de responsabilidad, haya posibilidad de probar, ante su omisión, que no se dan las notas que dicho sistema requiere para evadir tan grave consecuencia, que lleva a una sanción totalmente desproporcionada y por lo tantoírrita a los principios generales del derecho que deben regir toda interpretación.
En el caso de los automotores, como cosas muebles, si bien la posesión no equivale a propiedad (excepción que surge de los arts. 1 y 2 del decreto ley 6.582/58), resulta impensable que ante la transmisión de la posesión del tradens al accipiens ambos puedan ejercerla en forma conjunta (art. 2.401, Cód. Civ., que prescribe que dos posesiones iguales y de la misma naturaleza no pueden concurrir sobre la misma cosa). El enajenante ha perdido el ius possessionis y con él el poder de disponer y servirse de la cosa (inherente al dominio de la misma, art. 2.513, Cód. Civ.). No obstante, el uso, control, guarda, dirección, en definitiva todo aquello que signifique disposición de la cosa riesgosa ha pasado a la órbita de voluntad y acción del poseedor adquirente y es por ello que cabe mantener a ultranza la posibilidad del dueño registral de probar que ha transmitido la posesión del vehículo —real situación de hecho— con intenciones de enajenarlo y, por consiguiente, no ejerce sobre la cosa riesgosa un poder efectivo y autónomo, debiendo solo responder cuando no alcanza a probar tales circunstancias.
III.2.c. En autos, se acreditó que la máquina cosechadora como cosa riesgosa que intervino en la producción del infortunio que ocasionó la muerte del esposo y padre de las aquí coaccionantes, resultaba de titularidad del señor Enrique Jorge Diehl, quien la vendió el día 18 de noviembre de 2005 a los señores Daniel Oscar y Miguel Ángel Martínez, y que la tradición de la cosa se llevó a cabo el 23 de noviembre de dicho año (v. vered., cuarta cuestión). También se probó que el recurrente era el propietario o titular registral, y que el contrato suscripto con los indicados codemandados establecía que la transferencia no se realizaría hasta tanto abonaran el total del precio pactado (v. vered., cuarta cuestión).
En estas condiciones, entiendo que —con acierto— el impugnante demuestra que la doctrina legal cuya violación invoca ha sido transgredida a la vista del entramado de los hechos y la normativa jurídica que definen la perspectiva de análisis del presente caso, sin que obste a ello el último de los extremos fácticos indicados.
En este orden de ideas, a mi juicio resulta suficiente —en orden a desbaratar la peculiar construcción efectuada en el fallo en crisis vinculada a una supuesta distinción entre "guarda jurídica" de la "guarda de hecho"— lo expuesto por el impugnante a fs. 932 y vta. en punto a que la entrega de la posesión de la máquina agrícola (que el juzgador tuvo por acreditado) necesariamente entrañaba el traspaso de la "guarda jurídica", en un giro que, por lo demás, el sentenciante parece utilizar indistintamente con el de titular registral (v. fs. 873).
De suyo entonces, habiéndose acreditado que la guarda de la cosechadora a la época del siniestro —esto es, el 5 de abril de 2007— se hallaba en cabeza de los codemandados Daniel Oscar Martínez y Miguel Ángel Martínez, debe revocarse el fallo de grado en cuanto juzgó configurados en autos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
III.3. En atención a mi propuesta, no corresponde que me pronuncie respecto de los demás agravios traídos.
III.4. Asimismo, como lógica consecuencia de la solución que propongo, debe dejarse sin efecto la condena impuesta a Federación Patronal Seguros S.A., citada en garantía, de conformidad al contrato de seguro suscripto con el recurrente, y que fuera instrumentado mediante póliza n° 7.512.367.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con los alcances indicados, y revocar la sentencia impugnada en cuanto condenó al codemandado Enrique Jorge Diehl y la referida compañía de seguros citada en garantía, disponiéndose el rechazo de la demanda a su respecto.
Las costas de ambas instancias con relación a la intervención del coaccionado Diehl son a cargo de la actora vencida, y las costas de la citación en garantía se imponen a dicho codemandado (arts. 68 y 289, CPCC y 24, ley 15.057).
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. No es de recibo el agravio que trae el impugnante dirigido a cuestionar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto juzgó configurada en los términos del art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil (ley 340) la responsabilidad objetiva del coaccionado Enrique Jorge Diehl en su posición de titular de la cosa calificada como riesgosa (cosechadora).
I.1.a. En lo que interesa, para así decidir, el a quo , con sustento en los hechos que tuvo por acreditados en el veredicto, ahora en la sentencia comenzó señalando que, en principio, el titular de la cosa para eximirse de responsabilidad debía acreditar que no tenía su guarda, situación —dijo— muy particular en el caso, dadas las circunstancias de la propia venta de la máquina cosechadora. Esto, en tanto refirió que dicha venta, que data de noviembre de 2005, lo fue acordando pagos a futuro y con la facultad de pedir la restitución de la cosa por parte del vendedor en caso de incumplimiento en el pago por los compradores, así —sostuvo— no se produjo la transferencia jurídica de la cosa, siendo que el titular registral Diehl conservó su titularidad, condicionado ello según el contrato al pago íntegro acordado. Continuó afirmando que la posesión real de la cosa estuvo en poder de los demandados Martínez, pero la "guarda jurídica" se mantuvo en todo momento en cabeza del accionado Diehl, mientras que la "guarda de hecho" la poseían los adquirentes, quienes eventualmente no habrían podido transferir la cosechadora porque el vendedor pondría a disposición de los compradores en el momento de la transferencia la documentación pertinente. Aún más: destacó el juzgador de la instancia que conforme se acreditó con la prueba testimonial, luego de ocurrido el siniestro el señor Diehl le encargó a uno de los testigos (que habría participado como comisionista) la restitución de la cosechadora por falta de pago, lo que logró, y tal proceder, con la finalidad de efectuar su posterior venta —nuevamente— a terceros.
Con ese cúmulo de consideraciones, sostuvo el tribunal qu
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