Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132895
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.895, "F., D. D. y otros contra Experta ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 3-VII-2024).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 5-VIII-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-XI-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado admitió la acción promovida por la señora J. I. H. —por sí y en representación de sus hijos menores de edad, D. D. F. y T. E. F. H— contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo por el fallecimiento del señor D. D. F. —quien fuera concubino de aquella y padre de sus hijos— producido como consecuencia de una enfermedad profesional no listada. Asimismo, condenó a la accionada al pago de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. y sent. de fecha 3-VII-2024).
En lo que interesa destacar, el órgano de grado tuvo por acreditada la calidad de derechohabientes de la accionante y de sus hijos menores. Por el contrario, no reconoció tal calidad en el hijo mayor P. F. debido a no reunir los requisitos para ser considerado como tal.
Indicó que el ingreso base mensual, conforme los parámetros del art. 12 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ascendía a $69.486, tomando en consideración las doce últimas remuneraciones del trabajador. Sin embargo, a tenor del reconocimiento de la empleadora en su escrito de contestación de demanda, sostuvo que dicho valor ascendía a $72.763,11 (v. vered., págs. 7/8).
Luego, ya en la etapa de sentencia, puesto a determinar el importe de la prestación dineraria debida, tras analizar el contenido de la ley 27.348, de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación 1.039/19 y 332/23 y del decreto 669/19, juzgó de aplicación al caso las disposiciones de este último por resultar la norma más favorable para los derechohabientes (conf. art. 9, LCT), más allá —destacó— de ser la norma vigente. En tal sentido, atento a que en el caso se encontraba planteado un dilema interpretativo entre dos preceptos legales vigentes, para arribar a dicha solución y evitar la declaración de inconstitucionalidad de las mencionadas resoluciones, con sustento en lo expuesto por esta Suprema Corte en la causa C. 124.096, "Barrios" (sent. de 17-IV-2024), señaló que correspondía seguir el criterio de hermenéutica armonizante denominado "interpretación conforme".
A su vez, agregó que, siendo la reparación una obligación de valor, el método de actualización seleccionado era el que más se ajustaba a los fines de su cálculo, ya que permitía arribar al valor real de la obligación al momento de su evaluación (conf. art. 772, Cód. Civ. y Com.).
Por otro lado, destacó que el importe que arrojaba la utilización del mecanismo elegido era el que más se aproximaba entre las variantes analizadas al valor de referencia salarial que se utiliza para calcular las primas que perciben las aseguradoras, ya que estas últimas se calculan en base a una masa salarial actualizada.
En función de ello y teniendo en cuenta el ingreso base mencionado ($72.763,11) ajustó el mismo por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), arrojando un valor de $705.511 ($72.763,11 x 9,696; v. sent., pág. 20).
En ese marco, a los fines de determinar la cuantía de la reparación de pago único, señaló que "...el ingreso base del accionante que se fijó en $705.511, debe multiplicarse por 53 y por un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad del causante a la fecha del fallecimiento (42 años), el cual aquí es igual a 1,547 (conf. art. 15.2 de la ley 24.557)", arribando al valor de $57.845.552.
A dicho guarismo le adicionó la compensación dineraria adicional de pago único equivalente a $2.660.866 (conf. art. 11 inc. 4 apdo. "c", ley 24.557 y resol. 7/2021, SRT).
Luego, teniendo en cuenta que el señor Asesor de Incapaces fue el que solicitó la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773, calculó el 20% sobre ambas sumas, pero solo respecto a la parte proporcional que les correspondía a los menores.
En lo atinente a los accesorios, sobre el importe de la prestación dineraria del referido art. 15 apartado 2 y de la indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773, aplicó un interés compensatorio en base a una tasa pura equivalente al 6% anual, calculado desde la fecha del fallecimiento (10-VI-2021) hasta el momento de efectuarse la liquidación, conforme a los parámetros dados en el pronunciamiento (conf. arts. 2, ley 26.773 y 767 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). Luego, respecto de la suma de condena en concepto de prestación adicional de pago único (arts. 11 inc. 4 apdo. "c", LRT y 3, ley 26.773), ordenó que devengue intereses a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días promedio del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 inc. 3, LRT, según texto decreto 669/19); señalando, a su vez, que tales accesorios se capitalicen semestralmente desde el día 10 de junio de 2021 y hasta su efectivo pago.
Por último, hizo lugar a la sanción por temeridad y malicia, por entender que la conducta de la aseguradora encuadraba en las prescripciones del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. A esos fines, dispuso aplicar sobre el capital de condena la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, desde el momento del infortunio y hasta el efectivo pago.
II. Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación; 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 12 de la ley 24.557; 17 inc. 10 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; la errónea aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19; y resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 5-VIII-2024).
II.1. Se agravia del modo en que el tribunal de grado aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Alega que se apartó sin fundamento válido de las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sin que se haya declarado su invalidez constitucional.
Precisa que los procedimientos de cálculo previstos en los apartados 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557 (según dec. 669/19) se tratan de dos mecanismos diferentes, que se encuentran redactados de distinta manera.
Arguye que, en efecto, no es lo mismo la "variación del índice", utilizada en el apartado 1 para calcular el promedio de los salarios de los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación, actualizable hasta esta última, que la "tasa de variación" del índice RIPTE, que sirve de tasa de interés conforme el apartado 2.
En ese orden, afirma que la interpretación correcta de la letra de las mencionadas normas sería considerar el ingreso base mensual establecido conforme el apartado 1 y adicionarle la tasa de variación RIPTE desde junio 2021 a mayo 2024 (247,6%).
II.2. Denuncia que la decisión del tribunal de aplicar el índice RIPTE y luego adicionar una tasa de interés pura del 6% desde la fecha del siniestro, encubre una doble actualización del monto de condena.
II.3. Impugna la fecha de inicio del cómputo de los intereses moratorios establecidos en el fallo de grado respecto de la prestación de pago único adicional.
Refiere que en virtud de lo normado en el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, los intereses moratorios son aquellos que se deben desde el vencimiento de la obligación.
En tal sentido, manifiesta que en el caso la obligación del pago único adicional no nació al momento del deceso del causante (10-VI-2021) sino cuando la comisión médica determinó su carácter laboral como consecuencia de una enfermedad profesional laboral no listada (16-V-2023), por lo que —aduce— la mora debe ser computada desde el día 24 de mayo de 2023 (esto es, cinco días después de la notificación del dictamen médico).
II.4. Por último, objeta la aplicación de la sanción por temeridad y malicia establecida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que al fundar dicha decisión a partir de la evaluación de conductas procesales asumidas en causas judiciales en las cuales los jueces sentenciantes en los presentes autos no hubieron de intervenir, y que —además— tramitaron en otra jurisdicción, demuestra una clara animosidad hacia la accionada y las aseguradoras en general. Agrega que ello se ve reflejado, a su vez, a través de la utilización de expresiones que —según aduce— ponen en evidencia tal circunstancia.
Expresa que, en el caso concreto, la demandada contó con elementos suficientes para rechazar el carácter profesional de la enfermedad denunciada (COVID 19).
Señala que no resulta lógico que se impute a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. la demora en la liquidación del siniestro, cuando resulta evidente que la mayor parte del tiempo fue insumida por la tramitación del expediente administrativo. En ese marco, hasta que no se expidiera la comisión médica, no existía —alega— obligación de pago en cabeza de la aseguradora.
Por otro lado, explica que tampoco se tuvo en consideración que la propia legitimación activa se encontraba controvertida, a tal punto que se la desconoció respecto de uno de los accionantes, lo que es demostrativo de que, en el caso, se trataba de un derecho litigioso.
Puntualiza que en las actas de conciliación se dejó constancia de la imposibilidad de arribar a un acuerdo, por lo que de ninguna manera puede interpretarse —tal como lo hizo el tribunal de grado— que no se efectuó ofrecimiento alguno. De este modo —agrega— la animosidad denunciada luce evidente en tanto el órgano actuante no solo aplica la referida sanción por no haber efectuado oferta conciliatoria, sino que ello también se advierte ni bien se repara en que no se encuentran satisfechos los requisitos para la aplicación de la sanción impuesta.
De lo reseñado —concluye— se refleja que cualquiera sea el comportamiento que asuma Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en las audiencias de conciliación fijadas por dicho tribunal que no impliquen allanamiento a los cálculos indemnizatorios que se plasman en las actas, conducen a la aplicación de la multa por temeridad y malicia.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Con relación al agravio vinculado con la forma en que debe aplicarse el decreto de necesidad y urgencia 669/19, advierto que la situación guarda analogía con lo acontecido en la causa L. 130.546, "Paszkiewich" (sent. de 23-VI-2026), en la cual —como aquí también acontece— el recurrente se quejaba de la falta de aplicación de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, reglamentaria del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Ello así, destaco que en esa ocasión presté mi adhesión al voto del doctor Torres en cuanto sostuvo que no resultaba apropiado analizar "el modo concreto en que las citadas disposiciones deberían ser empleadas para resolver la presente controversia" desde que no es posible soslayar que el decreto 669/19 —sobre el cual resulta imprescindible efectuar una hermenéutica directa de sus disposiciones— ha sido ya declarado inconstitucional reiteradamente por esta Corte a partir de la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025).
De tal modo, entiendo que, más allá de las concretas posturas de las partes —así como otros defectos que porta la impugnación— procede declarar la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Sobre el punto, estimo que esta modalidad se encuentra en sintonía con la tesis que he sostenido reiteradamente en punto a la atribución de los jueces para declarar de oficio la invalidez constitucional de las normas (v., por ej., causas L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004 o L. 86.269, "Gómez", sent. de 14-IX-2004; e.o.) y, además, cumple de mejor forma con la finalidad uniformadora de la jurisprudencia que le corresponde a este Tribunal en su papel de cabeza del Poder Judicial provincial.
En suma, corresponde aplicar aquí también la doctrina sentada en el precedente "Muzychuk", tal como desarrollo a continuación.
III.1.a. En aquella oportunidad expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que según se expone en los considerandos, habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto —que se rotula como "de necesidad y urgencia"— fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el día 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.1.b. Referí también remitiendo a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión), que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229.
Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296. Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia", E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H.; "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" LL 1990-B-1026. Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo", 2da.
Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E.; "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes. Linares, Juan Francisco; "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs. Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.
Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Expuse que, asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. CSJN Fallos: 2:88) algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. CSJN Fallos: 209:390 y 293:665) y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (CSJN Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. CSJN Fallos: 321:3123; 333:1828 y 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, CSJN Fallos: 318:1154).
III.1.c. Precisé que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionale
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.