Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131563
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.563, "Caro, Fernando Federico contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Acción de revisión resolución comisión médica jurisdiccional. Ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 5-X-2023).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 25-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción promovida por Fernando Federico Caro y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 y la compensación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "a" de la misma ley, en razón de la incapacidad derivada del accidente in itinere que sufrió el día 6 de noviembre de 2019.
En lo que interesa destacar, al determinar el ingreso base mensual juzgó aplicable el decreto 669/19. De este modo, inicialmente estimó la suma que por tal concepto correspondía a la fecha del infortunio -actualizado por la variación del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)- y; seguidamente, acrecentó dicho monto con la fórmula que detalló en virtud de lo dispuesto en el segundo apartado del art. 12 de la ley 24.557, conforme lo normado por dicho decreto (v. vered., págs. 1/2).
Luego, con sustento en la pericia médica y lo dispuesto en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales establecida en el decreto 659/96, el juzgador consideró demostrado que el actor padece una incapacidad parcial y permanente del 58,6% de la total obrera. Al respecto manifestó que, conforme la impugnación formulada por la accionada y la respuesta dada por el galeno, la incapacidad física y psíquica adjudicada al trabajador damnificado guardaba un 100% de relación causal con el siniestro de autos (v. vered., págs. 2/3).
Ya en la etapa de sentencia, y valorando que en fecha 14 de julio de 2022 el propio órgano de grado había tenido por interpuesta una acción laboral de revisión en el plazo establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, juzgó que su actuación se encontraba limitada a expedirse, exclusivamente, sobre los puntos sometidos a consideración en el marco del remedio introducido, que consistía en confirmar o revocar lo dictaminado el día 21 de febrero de 2022 por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 38, en el marco del expediente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 184.532/21, que había resuelto que el trabajador tenía incapacidad del 10,76% (v. sent., pág. 5).
En ese marco, y teniendo en consideración lo resuelto al dictar el veredicto, concluyó que el planteo de la parte actora debía prosperar por encontrarse acreditada la existencia de incapacidad laboral según el decreto 659/96, por lo que correspondía revocar lo resuelto por el órgano administrativo y cuantificar las prestaciones dinerarias debidas con arreglo al porcentaje de minusvalía acreditado en autos.
II. Contra lo resuelto, la aseguradora demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación y errónea aplicación de los decretos 659/96 y 669/19; y de las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación -SSN- (v. presentación electrónica de 25-X-2023).
II.1. En primer término, se agravia del modo en que el tribunal de grado aplicó el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
II.1.a. Denuncia vulnerado el principio de congruencia, por cuanto en la decisión recurrida se falló ultra petita al calcular las prestaciones dinerarias, en tanto, sin ser objetadas por las partes, no aplicó las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.1.b. Alega que, sin fundamento válido, se apartó de dichas resoluciones.
En tal sentido, precisa que la valoración subjetiva del juzgador no puede sustituir el texto de la norma por la mera invocación de la disparidad en el resultado indemnizatorio.
II.1.c. Invoca que la metodología de cálculo utilizada en el caso violenta el derecho de propiedad de su parte, en tanto quiebra la ecuación económica financiera del contrato de afiliación.
II.2. Objeta el grado de incapacidad psicológica reconocida.
Alega que, para determinarlo, el tribunal de grado tomó lo dictaminado por el perito médico sin tener en consideración los fundamentos expresados por su parte en la impugnación de dicho informe, en el cual surge que el trabajador presenta una personalidad de base de tipo neurótica, por lo que el sentenciante no pudo considerar que la minusvalía del actor tuviera una vinculación causal única con el siniestro denunciado.
II.3. Cuestiona que para definir la minusvalía del trabajador el juzgador de origen no aplicó el método de la capacidad restante.
Así, sostiene que, de conformidad al baremo establecido en el decreto 659/96, el porcentaje de incapacidad correcto sería inferior al fijado por el órgano de origen.
Con todo, afirma que la decisión de grado deviene absurda porque no contiene un fundamento lógico para apartarse de la normativa vigente.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Con relación al agravio vinculado con la forma en que debe aplicarse el decreto de necesidad y urgencia 669/19, advierto que la situación guarda analogía con lo acontecido en la causa L. 130.546, "Paszkiewich" (sent. de 23-VI-2026), en la cual -como aquí también acontece- el recurrente se quejaba de la falta de aplicación de la resolución 1.039/19 de la SSN, reglamentaria del decreto de necesidad y urgencia 669/19 -a la que, en esta oportunidad, se agrega la resolución SSN 332/23-.
Ello así, destaco que en esa ocasión presté mi adhesión al voto del doctor Torres en cuanto sostuvo que no resultaba apropiado analizar "el modo concreto en que las citadas disposiciones deberían ser empleadas para resolver la presente controversia" desde que no es posible soslayar que el decreto 669/19 -sobre el cual resulta imprescindible efectuar una hermenéutica directa de sus disposiciones- ha sido ya declarado inconstitucional reiteradamente por esta Corte a partir de la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025).
De tal modo, entiendo que, más allá de las concretas posturas de las partes, procede declarar la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19.
Sobre el punto, estimo que esta modalidad se encuentra en sintonía con la tesis que he sostenido reiteradamente en punto a la atribución de los jueces para declarar de oficio la invalidez constitucional de las normas (v., por ej., L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004 o L. 86.269, "Gómez", sent. de 14-IX-2004; e.o.) y, además, cumple de mejor forma con la finalidad uniformadora de la jurisprudencia que le corresponde a este Tribunal en su papel de cabeza del Poder Judicial provincial.
En suma, corresponde aplicar aquí también la doctrina sentada en el precedente "Muzychuk", tal como desarrollo a continuación.
III.1.a. En aquella oportunidad expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que -según se expone en los considerandos- habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto -que se rotula como "de necesidad y urgencia"- fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.1.b. Referí también remitiendo a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión) que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo; "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V.; "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán; "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229.
Fiorini, Bartolomé A.; "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A.; "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296. Badeni, Gregorio; "Los decretos de necesidad y urgencia", E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H.; "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" LL 1990-B-1026. Vítolo, Daniel R.; "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S.; "Tratado de Derecho Administrativo", 2da.
Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M.; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E.; "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael; "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes. Linares, Juan Francisco; "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs. Cassagne, Juan Carlos; "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.
Comadira, Julio R.; "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Expuse que, asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) -algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)- y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido dec. 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, Fallos: 318:1154).
III.1.c. Precisé que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas Cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633; cons. 13°).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que -en principio- le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726; 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (Fallos: 333:633; 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449, 467; 269:393; 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633; SCBA causa A. 74.552, "Fe", ya cit.).
III.1.d. Afirmé -entonces- que la invalidez del decreto 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
Advertí que de la lectura de sus considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633). En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que -finalmente- nunca fue promulgada.
En efecto, expuse que las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora..." y "...la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la ley n° 24.557 y sus modificaciones..." (párrs. 8 y 9), "que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiaros [...] fomenta la litigiosidad..." (párr. 10); "...que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones [...] en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema..." (párr. 13); que en razón de lo antedicho "...procede la modificación urgente del 'Ingreso Base' a los fines del cálculo de las indemnizaciones [...] ya que el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social..." (párr. 15) lucen manifiestamente inaptas para evidenciar la genuina concur
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