Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130020
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.020, "Balboa, Ulises Gastón contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro/a. Acción de revisión resolución comisión médica jurisdiccional. Ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 20-XII-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Ulises Gastón Balboa y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la minusvalía laborativa que padece como consecuencia de la enfermedad profesional que contrajo. Rechazó, en cambio, la procedencia del reclamo por reparación integral con fundamento en la responsabilidad civil.
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas como operario en el servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros —a cargo de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado— el actor padece "lumbociatalgia, con alteraciones clínicas y radiográficas y/o electromiográficas, leves a moderadas; cicatriz quirúrgica y secuelas de infección (16%); una reacción vivencial anormal neurótica (RVAN), con manifestación depresiva, grado II (10%), más los factores de ponderación (3,12%)", arribando a una incapacidad permanente, parcial y causal con el trabajo del 29,12% —conforme baremo del decreto 659/96— cuya toma de conocimiento se produjo el día 30 de julio de 2018.
Asimismo, tuvo por probado que a la fecha de la primera manifestación invalidante el ingreso base —conforme lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, modificado por el art. 10 de la ley 26.773—, ascendía a $58.343.
En lo que resulta relevante, sostuvo que debía aplicarse el decreto de necesidad y urgencia 669/19 por ser la norma más favorable al trabajador. En cambio, entendió que no correspondía aplicar las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), reglamentarias del citado decreto, por ir en desmedro de la norma que pretenden reglamentar y restringir los derechos del trabajador, al ser regresivas en torno a la cuantificación de las indemnizaciones.
Sobre este piso de marcha, y los extremos fácticos que tuvo por verificados en el veredicto, liquidó el importe del resarcimiento debido al dependiente. Finalmente, para el supuesto de mora en el cumplimiento de la sentencia, determinó que el capital de condena devengue un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación hasta su efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1, dec. 669/19).
II. Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación del baremo de la ley 659/96; del art. 12 de la ley 24.557 —actualizado por el art. 11 de la ley 27.348—; del decreto 669/19; de las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la SSN; y de la doctrina legal que cita.
En concreto, formula los siguientes agravios:
II.1. Por un lado, afirma que el fallo se apartó injustificadamente de los parámetros establecidos en el baremo del decreto 659/96.
Sostiene que la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales prevé un tope del 10% para la lumbociatalgia, por lo que resulta improcedente el 16% determinado por el perito médico.
Enfatiza que es obligatorio aplicar el baremo a los fines de garantizar un trato igual a los damnificados y solicita se determine correctamente la incapacidad del trabajador, toda vez que —según indica— no existe fundamento que justifique dicho apartamiento.
II.2.a. Desde otroángulo, controvierte lo resuelto en el pronunciamiento en torno a la aplicación del decreto 669/19, cuestionando su validez constitucional, por cuanto —entiende— las razones esbozadas en los considerandos para su dictado no cumplen con las características de necesidad y urgencia necesarias para justificar el ejercicio del Poder Ejecutivo de la facultad asignada por el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional.
A su vez, argumenta, con cita de diversos precedentes de esta Corte, que las mejoras introducidas en un cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia.
II.2.b. Subsidiariamente, objeta el modo en que el órgano de grado aplicó el decreto de referencia, por haberse apartado de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 y su modificatoria 332/23, en tanto tales normas establecen la sumatoria simple de las variaciones diarias del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y no una fórmula de ajuste, metodología esta última adoptada por el tribunal.
II.3. Por último, enfatiza que el juzgador de grado condenó a su mandante en un monto excesivo, vulnerando el derecho de propiedad de la aseguradora de riesgos del trabajo y rompiendo la ecuación económico-financiera del contrato de seguro, sin brindar un marco de seguridad jurídica y económica.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Por cuestiones metodológicas alteraré el orden de los agravios ensayados para ingresar en su tratamiento.
III.1.a. Con relación al embate vinculado con la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y su consecuente aplicación por parte del órgano de grado, es dable tener especialmente en cuenta que la cuestión ya ha sido resuelta por esta Corte a partir de la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), en la cual se declaró la inconstitucionalidad del mentado decreto y cuyos razonamientos he de reiterar a continuación.
Al respecto, no considero que sea obstáculo para ello la oportunidad en la que el interesado introdujo en la causa el planteo de inconstitucionalidad del decreto 669/19. Es que, teniendo en cuenta mi posición en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas cuando el caso así lo requiera (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023), estimo que no cabe dejar de atender la denuncia al influjo de un criterio formalista o restrictivo, cuando ya me pronuncié sobre la temática al emitir mi voto en la causa L. 129.800, "Muzychuk", citada, en la cual propuse declarar la inconstitucionalidad del referido ordenamiento.
Por lo demás, y aun cuando es cierto que el pronunciamiento de referencia no había sido dictado al momento en que se interpuso el recurso extraordinario en examen, "no lo es menos que no puede prescindirse de su análisis, ni la eventual aplicación de sus lineamientos al presente, pues, como en repetidas oportunidades ha declarado este Tribunal (conf. causas L. 85.534, 'O., C.', sent. de 13-II-2008; L. 89.455, 'Pirro', sent. de 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. CSJN, Fallos 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; entre otros), a fin de brindar una adecuada solución al caso" (causa L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y sus citas; v., en el mismo sentido, las más recientes L. 131.451, "Lepre", resol. de 7-VI-2024 y L. 132.143, "Alamo Cenizario", resol. de 20-IX-2024; entre muchísimas otras).
III.1.b. Pues bien, en la causa L. 129.800 expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el segundo inciso del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que según se expone en los considerandos, habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto que se rotula como "de necesidad y urgencia" fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el día 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.1.c. Referí también remitiendo a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión), que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo, "Curso de derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32. González Calderón, Juan A., "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505. Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ra. Edición, Tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691. Bidart Campos, Germán, "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229.
Fiorini, Bartolomé A., "Derecho administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297. Ekmekdjian, Miguel A., "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296. Badeni, Gregorio, "Los decretos de necesidad y urgencia", ED 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs. Ruiz Moreno, H., "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia", LL 1990-B-1026. Vítolo, Daniel R., "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", 2da.
Edición, Tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285. Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292. Diez, Manuel M., "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447. Romero, César E., "Derecho Constitucional", Tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243. Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional", 2da. Edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs. Cassagne, Juan Carlos, "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", Tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.
Comadira, Julio R., "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Expuse que, asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390 y 293:665) y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la Administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. Fallos: 321:3123; 333:1828 y 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, CSJN Fallos: 318:1154).
III.1.d. Precisé que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas Cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633, cons. 13°).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (Fallos: 333:633 y 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. CSJN Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449 y 467; 269:393 y 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633; SCBA causa A. 74.552, "Fe", ya citada).
III.1.e. Afirmé —entonces— que la invalidez del decreto 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
Advertí que de la lectura de sus considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633). En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (CSJN Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que —finalmente— nunca fue promulgada.
En efecto, expuse que las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora..." y "...la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la ley n° 24.557 y sus modificaciones..." (párrs. 8 y 9), "que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiaros...fomenta la litigiosidad..." (párr. 10); "...que los
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