Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131385
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.385, "T. J. A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente In-Itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su calidad de vencida (v. vered. y sent. de fecha 23-VIII-2023).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-IX-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por J. A. T. y R. E. T. y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 inc. 2 y 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557 en razón del fallecimiento de L. E. G. —cónyuge y madre de los reclamantes, respectivamente— a raíz del accidente in itinere que sufriera.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó no controvertido que la mencionada G., mantuvo una relación de empleo público con la Provincia de Buenos Aires, desempeñándose como enfermera en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Rodolfo Rossi. Además, precisó que aquella estaba unida en matrimonio con J. A. T., y que de esa unión nació R. E. T., única hija y menor de edad al momento del fallecimiento de la trabajadora.
En lo que aquí interesa, juzgó que el deceso de la trabajadora, acontecido el día 1 de marzo del 2011, resultó una consecuencia mediata del accidente que sufrió el día 12 de febrero del mismo año mientras se dirigía desde su domicilio hacia su lugar de trabajo y se encuentra relacionado en forma causal con este.
En este estudio, destacó que el perito médico designado en autos liminarmente no pudo establecer la causa de muerte, pero que después, tras recibir las causas penales agregadas en este proceso, concluyó que los múltiples traumatismos sufridos en el siniestro se erigieron en causales idóneas para producir necrosis tubular aguda, agravando por consiguiente la patología cardíaca de base que padecía la trabajadora y provocando su deceso por insuficiencia cardíaca, colapso pulmonar sobreviniente y necrosis tubular aguda. Seguidamente, expuso el a quo , que no desconocía que en el expediente penal 06-00-005256-11 la perita médica forense informó no haber encontrado relación entre el traumatismo menor que habría producido el accidente y el motivo del deceso, que atribuyó a una causal clínica con un fallo multiorgánico.
Con todo, consideró que existían elementos probatorios que permitían evaluar las circunstancias del caso bajo las pautas de interpretación que impone la Ley de Riesgos del Trabajo en consonancia con el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Puntualizó, que en el expediente civil en donde se reclamó la indemnización por daños y perjuicios, la jueza interviniente, considerando que la prueba de la causalidad suele ser más estricta en la responsabilidad objetiva, había sentenciado que el infortunio "pudo haber sido una condición de lo que en definitiva ocurrió, más no la causa", agregando que la relación de causalidad entre el accidente de tránsito acaecido y el fallecimiento no se había acreditado.
En ese escenario, dijo el tribunal de trabajo que no podía pasar inadvertido que, si bien en la ocasión de la producción del siniestro pudo no habérsele dado la trascendencia que correspondía al hecho de haber sufrido la causante varios traumatismos, luego, dicha situación tomaría relevancia a la luz del deceso diferido. Además, no sin mencionar su adecuada fundamentación científica, destacó cierta respuesta que hubo de brindar el médico actuante en autos reforzando su conclusión frente a la impugnación formulada por la accionada.
Ponderando la contraposición de conclusiones que detalló, vinculó los traumatismos sufridos con el posterior deceso con el empleo de las pautas que ofrece la normativa que hubo de anunciar. En fin, juzgó que aquel resultó una consecuencia mediata del accidente de trabajo padecido y se encuentra relacionado en forma causal.
Por otro lado, párrafos más adelante, analizó las pautas con los que se habrían de determinar las prestaciones dinerarias conforme los arts. 12 y 14 inc. 2 de la ley 24.557, que —dijo— se hallaban vigentes al momento de la primera manifestación invalidante.
Ya en la sentencia, a partir de las conclusiones a que antecedieron, rechazó el reclamo fundado en el derecho civil por carecer de causa jurídica. En cambio, estimó procedente la pretensión referida a las prestaciones dinerarias en el marco de los arts. 15 inc. 2 —por remisión del art. 18 de la citada normativa— y 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557.
Al construir el monto de la condena, indicó que entre la fecha en que se produjo el deceso de la trabajadora —ocurrido en el año 2011— hasta el momento en que debía realizarse el pago de la prestación, existió una evolución salarial considerable, no resultando justo ni razonable que la tarifa se calculase con un salario depreciado, pues la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función reparatoria. A continuación, con empleo de jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y entendió que debía tomar como módulo de base el salario mínimo, vital y móvil vigente al momento del pronunciamiento, así, cuantificó los montos relativos a la aplicación del art. 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
En relación con la compensación dineraria adicional de pago único, sostuvo que también la suma fija de referencia había quedado depreciada y juzgó necesario acudir a lo normado por la ley 26.773 para su cuantificación. Afirmó que ello no significa aplicar retroactivamente leyes especiales posteriores al siniestro, en tanto la utilización del valor actual constituía una herramienta adecuada para reparar la injusticia observada. En consecuencia, declaró también de oficio la inconstitucionalidad del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.694/09), en cuanto dispone una suma fija en concepto de prestación adicional.
Dispuso que el monto total se distribuyera en partes iguales entre los demandantes.
A la par, estableció que a la suma resultante de la prestación situada en el art. 15 inc. 2 de la ley 24.557 —por remisión del art. 18—, debía aplicarse una tasa pura del 6% anual desde el 1 de marzo de 2011 (fecha de exigibilidad del crédito) hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia. En cambio, respecto del importe anidado al art. 11 inc. 4 apartado "c", consideró que debía permanecer incólume si se cumplimentaba en el plazo ordenado. Y para la hipótesis de incumplimiento en plazo, entendió que debía emplearse la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días.
Finalmente, impuso las costas teniendo en consideración el resultado del pleito.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14 de la Constitución nacional; 14 y 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6.1., 11.4. inc. "c", 15.2., 18.1. y concordantes de la ley 24.557; 17 bis y concordantes de la ley 26.773 (modificado por art. 16, ley 27.348); de la resolución 12/23 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; de los arts. 1 y concordantes del decreto 1.694/09; 901 a 906 del Código Civil (ley 340); 7 y 10 de la ley 23.928 (modificados por art. 4, ley 25.561); 19, 37, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653; 384, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 9 y concordantes de la ley 20.744 (texto según ley 26.428) y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que el sentenciante incurrió en absurdo al juzgar la configuración de la relación de causalidad entre el accidente in itinere sufrido por la trabajadora Gómez y su muerte, en tanto entiende que contradice la prueba producida.
Cuestiona que en esa labor el a quo haya aplicado la regla in dubio pro operario , pues alega que ello requiere la existencia de una duda y no procede para suplir deficiencias probatorias ni modificar los hechos.
En particular, destaca que en el propio fallo en crisis se analizó la pericia del médico forense actuante en el expediente penal acompañado en autos en la que no se encontró aquella vinculación. Además, señala que del informe médico presentado ya en estas actuaciones —que califica fue valorado como prueba decisiva— surge que la víctima presentaba una enfermedad cardíaca "de base" idónea para producir su fallecimiento del modo descripto por la experta forense; y a su vez, que dicho dictamen partió de una hipótesis no acreditada, reflejada en supuestos politraumatismos severos que habría sufrido la trabajadora fruto del infortunio, algo que no se desprende de la autopsia realizada ni de lo declarado en sede penal por quien fuera su cónyuge.
Agrega, que tampoco en el expediente civil iniciado por los actores contra la conductora del automotor que participó del accidente se encontró acreditada la relación de causalidad objetada.
II.2. Ad eventum , denuncia que al aplicar retroactivamente las disposiciones de la ley 26.773 y declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557 el tribunal de la instancia violó la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Acudiendo a dicha jurisprudencia, expone que teniendo con consideración la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, la ley 26.773 no se encontraba vigente, por lo que corresponde revocar lo resuelto en el caso en cuanto resolvió su aplicación.
Asimismo, en orden a la declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557, sostiene que impropiamente el tribunal laboral justificó la actualización practicada en la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, en colisión con lo dispuesto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Y a su vez, destaca que es improcedente el accionar del a quo , porque la norma era temporalmente aplicable al caso y no fue cuestionada su constitucionalidad en el escrito de la demanda; con ello, alega vulneradas las directrices sentadas en las causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020) y L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021) y el art. 47 de la ley 11.653.
II.3. Denuncia que el sentenciante incurrió en absurdo al imponer en su totalidad las costas a su parte, a pesar de haber declarado oficiosamente la inconstitucionalidad de los arts. 12 y 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557 sin imposición de costas en esos aspectos. Señala una flagrante violación del principio de no contradicción, en tanto fue eximida parcialmente de las costas en un tramo de la sentencia, pero fue condenada finalmente a pagar su totalidad.
A su juicio, la accionada solo debería afrontar las costas correspondientes al monto por el que hubiera prosperado la demanda en la hipótesis en que no se hubiese declarado la inconstitucionalidad de oficio referida.
Finalmente, alega que la admisión de la demanda con invocación del principio in dubio pro operario demuestra que su parte tenía razón suficiente para litigar, lo que debería conllevar la eximición total o parcial de costas.
II.4. Finaliza sus manifestaciones, efectuando ciertas consideraciones acerca del estado civil del demandante J. A. T..
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resulta atendible el cuestionamiento referido a lo juzgado en el caso en torno al nexo de causalidad entre el accidente in itinere sufrido por la trabajadora y su deceso.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia de relación de causalidad entre el accidente protagonizado por el trabajador y su muerte y —en general— el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio —que de suyo, incluye a las pericias médicas—, constituyen atribuciones privativas de los tribunales de trabajo, ajenas por regla a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 117.269, "Fleyta", sent. de 14-X-2015; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
Este vicio valorativo no es demostrado por el recurrente.
III.1.b. En efecto, el embate que ensaya el interesado luce infructuoso, pues parte de su subjetiva opinión en orden a los alcances que cabría otorgar —en lo cardinal— a los informes médicos que refiere y a ciertas constancias de las actuaciones penales emparentadas con el caso, pero ello, sin lograr evidenciar que la ponderación que desplegó el tribunal de grado al respecto configure aquel error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa, rasgos que caracterizan al absurdo (causas L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024).
Y en ese entendimiento, cabe destacar que el sentenciante de grado no ignoró que la trabajadora padecía una enfermedad de base, sino que —ponderando los antecedentes médicos, en incluso, la documentación agregada a fs. 28— consideró que los politraumatismos sufridos agravaron esa condición y resultaron causalmente idóneos para producir el deceso.
En el contexto indicado, pierden todo vigor aquellas expresiones que emplea el quejoso para evidenciar una supuesta transgresión del art. 9 de la ley de Contrato de Trabajo actuado en el fallo, pues la presencia —según alega— de "prueba indubitada que acredita la absoluta inexistencia de la relación de causalidad", solo es reflejo de su mera opinión discrepante.
En fin, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento (art. 44 inc. "d" de la ley 11.653, aplicable al caso) el impugnante se limita a oponer su apreciación personal, intentando un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo, sistema ineficaz para patentizar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el vicio de absurdo (causas L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018; L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024).
De allí que, en los aspectos indicados, las conclusiones del fallo han de permanecer incólumes.
III.2. En cambio, merece favorable recepción el agravio traído con sustento en lo resuelto por esta Corte en las causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020) y L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021) y el art. 47 de la ley 11.653 aplicable en especie, frente a la declaración de inconstitucionalidad de oficio que realizó el a quo del art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557.
III.2.a. Tal como hube de señalar al emitir mi opinión en el citado precedente L. 120.792, "Guarepi", en una definición que conformó la solución del caso y que —en lo fundamental— fue reiterada en la restante causa también citada por el quejoso, en reiteradas ocasiones he pregonado como una pauta general, consistente con el respeto del debido proceso (art. 18, Const. nac.), la necesidad de resguardar que el debate constitucional sea instado oportunamente por la parte interesada con el fin de garantizar la audiencia y bilateralidad en el trámite, y permitir que los jueces, en el ejercicio de sus atribuciones (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.), se pronuncien sobre la validez de la norma objetada en posiciones sustentadas por los contendientes. También he sostenido que el criterio sentado precedentemente no está exento de matices y ha de ceder en determinadas hipótesis.
Bajo estas consideraciones, y ceñido a la impugnación, procede afirmar que en el sub examine el tribunal de grado declaró de oficio la inconstitucionalidad del citado art. 11 inc. 4 apartado "c" de la ley de infortunios laborales sin haber fundado tan relevante decisión en ningún supuesto que justifique o habilite a descalificar la validez de la norma sin petición alguna de la parte interesada. Ello conduce a reconocer el progreso de la impugnación extraordinaria fundada —entre otras disposiciones— en el art. 47 de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
Cabe entonces revocar lo resuelto por el a quo en cuanto juzgó del modo indicado y cuantificó consecuentemente la prestación respectiva conforme un método que también es resistido por el recurrente. Los autos han de regresar al tribunal de origen para que —integrado con otros jueces— dicte un nuevo pronunciamiento sobre tal aspecto del caso.
De suyo, que la solución que antecede conduce a no abordar en esta Sede extraordinaria la objeción que recae sobre el modo en que el tribunal de grado hubo de calcular la prestación contemplada en la norma descalificada en la instancia.
III.3. No prospera el agravio vinculado con la imposición de las costas.
Ocupa memorar, que este Tribunal tiene dicho que la imposición de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de la instancia de mérito y exenta —como tal— de censura en casación, salvo absurdo; vicio que —en lo que aquí concierne— solo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VIII-2014; L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020 y L. 123.943, "Reyes", 22-XI-2022).
Con tales lineamientos, y sin perjuicio de la revocación resuelta en el apartado III.2. de la presente, y la ausencia de agravio respecto de la declaración de inconstitucionalidad del mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, no avizora aquel grave yerro cuando en la sentencia —más allá de ciertas expresiones insertas en el fallo— se ha impuesto la carga de satisfacer el pago de las costas a quien ha resultado vencido en la contienda, sin que se evidencien supuestos de eximición parcial o total.
III.4. Finalmente, es procedente precisar que no puede adjudicarse entidad de agravio audible a la "manifestación" que se formula en el apartado "VI.E)" del recurso deducido, pues no reúne los recaudos exigibles conforme el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En otra hipótesis, no se divisa la demostración de un eventual perjuicio al impugnante que justifique la presencia de interés para recurrir (causas L. 84.640, "Calderón de Loiza", sent. de 18-VII-2007 y L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído conforme se resuelve en el punto III.2. de la presente. Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Discrepo, en cambio, con la propuesta que formula el mencionado colega de revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el juzgador de grado respecto del art. 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557, en tanto la doctrina legal de los precedentes cuya transgresión se denuncia ha sido elaborada en un escenario fáctico y normati
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