Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131303
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.303, "Musci Vitar, Nélida Rosa contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 14-VII-2023 y aclaratoria de fecha 2-VIII-2023).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que reviste interés, el tribunal interviniente, luego de desestimar la excepción de prescripción opuesta por la legitimada pasiva, hizo lugar a la demanda promovida por Nélida Rosa Musci Vitar, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias derivadas de la prestación contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad que padece como consecuencia del accidente in itinere que sufriera el día 30 de julio de 2013 (v. vered. y sent. de 14-VII-2023 y aclaratoria de sent. de fecha 2-VIII-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditado que a la fecha del infortunio el valor del ingreso base mensual (IBM) ascendía a $1.409,03; mientras que -sostuvo- con arreglo a la escala salarial vigente del Convenio Colectivo de Trabajo para trabajadores de maestranza y limpieza 281/96, desde el mes de mayo de 2023, el salario mínimo correspondiente a la categoría de la trabajadora (oficial) era de $72.730 (v. vered., cuestiones segunda y tercera).
Así las cosas, el juzgador se pronunció de oficio por la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto al período computable para calcular el ingreso base mensual, por considerar insuficiente el mecanismo resarcitorio previsto en la mencionada ley.
Bajo esos parámetros, y con sustento en lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), utilizó el salario mínimo correspondiente al mes de mayo de 2023 (conforme escala salarial del CCT 281/96), calculando la indemnización por incapacidad permanente parcial y definitiva del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 -luego de descontar la suma percibida por la accionante con fecha 22 de julio de 2014- en la suma de $7.471.583,08.
Seguidamente, fundado en el precedente de esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), dispuso que el capital de condena, desde el momento del evento dañoso (30 de julio de 2013) y hasta la fecha de la sentencia, devengara intereses con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., pág. 19).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 161 y 171 de la Constitución provincial; 2.539, 2.541 y 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 y 44 de la ley 24.557; 7 y 10 de las leyes 23.928 y 25.561; 278 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 y 55 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 10-VIII-2023).
II.1. En primer lugar, cuestiona la sentencia de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción.
En este sentido, destaca que al tiempo de inicio de la acción judicial (14-XII-2016), había transcurrido el plazo legal de dos años que establece el art. 44 de la ley 24.557.
Con base en ello, señala que el tribunal de origen incurrió en absurdo al determinar el cómputo del plazo prescriptivo y el carácter de los actos realizados por la accionante previo a la interposición de la demanda, toda vez que -sostiene- la única causa de interrupción de la prescripción es la petición de la titular del derecho ante la autoridad judicial.
En esa línea de pensamiento, describe todos los actos producidos con anterioridad a la acción judicial, incluida la remisión del telegrama laboral de fecha 18 de septiembre de 2014, y sostiene que este último provocó la suspensión del plazo de prescripción por el término de seis meses, el que, una vez vencido, volvió a computarse considerando el período transcurrido.
II.2. En otro orden, se alza contra la decisión de declarar -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Asegura que la accionante no solo no peticionó la invalidez constitucional de la citada norma, sino que antes bien, fundó su reclamo en ella. En ese contexto, alega la consecuente vulneración de los derechos de defensa en juicio y debido proceso consagrados en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
Agrega que la decisión de proceder en tal sentido debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico.
II.3. Manifiesta que la sentencia luce incongruente en tanto resolvió la controversia de autos apartándose de los lineamientos esbozados en el precedente de esta Suprema Corte L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
En tal sentido, asegura que el pronunciamiento de grado carece de la debida fundamentación legal, transgrediendo el art. 171 de la Constitución local.
II.4. Expresa que la decisión del sentenciante es contraria a la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en las mencionadas causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017).
Argumenta que para ajustar las prestaciones sistémicas debió aplicarse el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables previsto en la ley 26.773 y no "un porcentaje del salario promedio que el beneficiario percibiría actualmente".
II.5. Por último, se agravia de la cuantía indemnizatoria por considerarla desproporcionada.
De un lado, por cuanto se arriba a un resultado que no guarda equivalencia con el importe parcial percibido con anterioridad.
Del otro, considera que además de mensurar el ingreso base a valores actuales -omitiendo la utilización del índice establecido en la resolución 34/13 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- aplicó intereses desde el evento dañoso con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco Provincia, importando dicho método -a su criterio- una "doble actualización".
III. El recurso no prospera.
III.1. No acierta el interesado al objetar el rechazo de la defensa de prescripción.
III.1.a. Esta Corte reiteradamente ha declarado que valorar el material probatorio aportado al proceso, determinar el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en Casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; L. 127.622, "Boggio", sent. de 27-VI-2024 y L. 130.857, "Fiscalía de Estado", sent. de 20-V-2025; e.o.).
En la especie, los cuestionamientos relacionados con las conclusiones a las que arribó el sentenciante para desestimar la excepción de prescripción resultan técnicamente insuficientes para evidenciar que en dicha decisión se haya incurrido en el error grave, grosero y manifiesto constitutivo de absurdo valorativo.
III.1.b. En lo que interesa, el órgano de grado -a partir del análisis que efectuó de los escritos constitutivos de la litis y la prueba documental acompañada- juzgó que los actos jurídicos interruptivos y suspensivos del curso de la prescripción realizados por la accionante (esto es: el recurso ante la instancia administrativa con dictamen de fecha 5 de junio de 2014 y el envío de telegrama colacionado de fecha 18 de septiembre de 2014, respectivamente), demostraban de manera inequívoca su propósito de mantener vivo el ejercicio de sus derechos.
De esa manera, concluyó que la demanda, iniciada con fecha 14 de diciembre de 2016, se encontraba en término (conf. art. 44, LRT), por lo que consideró que correspondía rechazar la defensa de prescripción opuesta por la legitimada pasiva.
Seguidamente, y a mayor abundamiento, expresó que la interpretación de la prescripción debía ser restrictiva y que, en consecuencia, debía estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción (v. sent., primera cuestión y aclaratoria, pág. 4).
III.1.c. Pues bien, a la luz de tales fundamentos, la crítica que ensaya la recurrente se muestra insuficiente para conmover la decisión objetada desde que, más allá de invocar que esta es portadora del señalado vicio invalidante, no rebate todas las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia.
En efecto, la interesada plantea reproches enfocados únicamente sobre la base de ponderar la remisión del telegrama laboral obrante a fs. 11 como acto suspensivo de la prescripción, pero no se hace cargo de objetar -como es menester- los argumentos relativos a la eficacia atribuida a las actuaciones administrativas como hecho interruptivo del plazo prescriptivo, expresado por el tribunal de la instancia de grado para dar fundamento a su decisión.
Surge clara entonces la deficiencia técnica del embate, habida cuenta de que, conforme la doctrina legal de este Superior Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del decisorio apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (art. 279, CPCC y causas L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 122.936, "Navarro", sent. de 23-VI-2026; e.o.).
III.2. Con relación al agravio dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, remito a las consideraciones que he vertido en las causas L. 86.269, "Gómez" (sent. de 14-IX-2004) y L. 83.781, "Zaniratto" (sent. de 22-XII-2004), respecto de la atribución de los jueces para decretar de oficio la invalidez constitucional de las normas.
Ello así, teniendo en cuenta que el ejercicio de la atribución que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados a ejercer el examen de validez constitucional, aun de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecte la garantía de la defensa en juicio, que no puede ser argumentada frente al derecho aplicable para resolver la contienda.
De allí que este tramo de la réplica, debe rechazarse.
III.3. La crítica por la que se denuncia la presunta transgresión de la doctrina legal emergente del precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), tampoco puede prosperar atento su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
III.3.a. En lo que interesa, el tribunal de grado, tras formular un exhaustivo análisis del sistema resarcitorio de la ley de riesgos del trabajo y de ponderar las constancias de autos, advirtió la carencia de elementos probatorios que pudieran determinar el ingreso base mensual al momento de los pagos efectuados por la aseguradora, máxime cuando no intervino en autos un perito contador.
No obstante ello, y reconociendo las claras diferencias que señaló entre el caso en análisis y el precedente invocado; atendiendo a la grave incapacidad determinada para la actora y en pos de un resarcimiento íntegro y pleno, determinó el ingreso base mensual con arreglo al 67% de la escala salarial para la categoría de revista del Convenio Colectivo de Trabajo 281/96 vigente al mes de mayo de 2023.
III.3.b. De la breve reseña efectuada se desprende con claridad que, contrariamente a lo interpretado por la impugnante, el tribunal interviniente no invocó el mencionado precedente como único sustento de su pronunciamiento sino que, antes bien, no contando con elementos probatorios que definieran el valor del IBM al momento del pago insuficiente y de acuerdo a la escala remuneratoria que tuvo por acreditada en el veredicto -y que no fue objeto de embate eficaz ante esta instancia-, utilizó el método de cálculo emergente del citado precedente para mantener el equilibrio económico de las prestaciones.
Siendo ello así, y sin que implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión de grado, la argumentación del compareciente se limita a denunciar la presunta incongruencia existente entre la solución arribada y los lineamientos esbozados en el antecedente allí aplicado, más sin atender las justificaciones que el sentenciante ensayó al formular su conclusión. De ese modo, lejos de desarrollar una crítica frontal de las motivaciones desarrolladas en la sentencia, el cuestionamiento se aparta del razonamiento desplegado por el órgano judicial de grado, no cumpliendo -de este modo- con la carga de una adecuada fundamentación, pues no se ocupa de rebatir todos los argumentos del pronunciamiento que resultan factores esenciales en la decisión adoptada.
Una vez más, el interesado omite construir una crítica idónea, directa y eficaz del razonamiento desplegado por el tribunal de grado sobre la temática en cuestión, recaudo insoslayable para transitar con éxito la casación (causas L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.647, "Hernández", sent. de 6-III-2024; L. 130.562, "Forte", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
Entonces, la insuficiencia en la fundamentación del agravio traído sella su suerte adversa, no quedando margen para que este Tribunal pueda ingresar en el análisis del acierto sustancial de lo decidido.
III.3.c. Si bien lo dicho sella la suerte adversa del remedio intentado, cabe señalar para mayor satisfacción del interesado, a propósito de las manifestaciones contenidas en la presentación en examen, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas a la ausencia de fundamentación del fallo en transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, pues tales alegaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 88.000, "Velázquez", sent. de 22-X-2008 y L. 118.180, "López", resol. de 29-X-2014), que el quejoso se abstuvo de deducir.
III.4. A partir de lo resuelto en los puntos III.2. y III.3. del presente, esto es, la facultad del tribunal para declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y el modo de cuantificar el ingreso base mensual, el lacónico cuestionamiento sustentado en la denuncia de violación de la doctrina sentada por esta Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), pierde virtualidad.
III.5. Por último, la objeción referida a la desproporcionalidad del cálculo efectuado tampoco prospera.
En el caso, si bien la agraviada denuncia la existencia de absurdo, no satisface la carga de su demostración (art. 279, CPCC). Ello, atento a que las genéricas consideraciones que expone en este tramo de la impugnación, no exteriorizan más que su disconformidad con la suma de las prestaciones dinerarias reconocidas por el tribunal de trabajo, sin aportar -como es menester- una explicación tendiente a evidenciar que la forma en que este determinó y cuantificó constituye el producto de algún error manifiesto.
Cuadra recordar, una vez más, que el absurdo solo puede juzgarse configurado cuando media cabal demostración de su existencia, ya que no cualquier disentimiento autoriza a tenerlo por acreditado, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de grado. La aludida anomalía no queda configurada aun cuando la decisión del sentenciante pueda ser calificada de objetable, discutible o poco convincente; ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 126.869, "E, M.E", sent. de 16-XII-2024; L. 130.508, "López Paunero", sent. de 15-XII-2025; e.o.).
Las señaladas deficiencias técnicas cobran insalvable relevancia en el caso y definen el rechazo de la queja también en este aspecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su sufragio.
I.2. En otro orden, comparto con la ponente en que debe desestimarse la crítica que despliega el quejoso contra la declaración oficiosa de inconstitucionalidad que efectuó el a quo del art. 12 de la ley 24.557.
Arribo a tal definición, en tanto observo que este aspecto de la impugnación carece de toda denuncia orientada a evidenciar una infracción propia del ámbito del recurso deducido (art. 279, CPCC). De suyo, no aleja del caso la insuficiencia anunciada aquella afirmación del interesado que indica que en la sentencia se habrían violado ciertas garantías constitucionales, cuando vale recordar que esta Corte tiene dicho que es ineficaz la denuncia de infracción a normas constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse -primero- infringido preceptos legales de la materia de que se trata, los que aquí no se verifican debidamente denunciados (conf. causas L. 106.272, "Stromber", sent. de 9-XI-2011; L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012 y L. 120.914, "Avolio", sent. de 14-II-2018).
I.3. Sentado lo anterior, suscribo lo dicho por la doctora Kogan en el punto III.3. de su voto.
I.4. A partir de lo señalado en los dos puntos que anteceden, también comparto lo expuesto por la ponente en orden a la denuncia de violación de la doctrina elaborada por este Tribunal en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017).
I.5. Finalmente, coincido con lo dicho por la colega ponente en el punto III.5. de su sufragio.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso deducido debe desestimarse en los términos delineados en la parte final de la opinión que abre este acuerdo. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero al sufragio de mi colega doctora Kogan, con igual consideración que la efectuada por el doctor Soria en el punto I.2. de su voto.
Solo a mayor abundamiento he de aclarar que en torno a la facultad de los jueces para ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas, me he explayado al votar -entre otras- en las causas L. 126.809, "Nuñez Cervantes" (sent. de 4-XII-2025); L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 130.179, "Arias" (sent. de 10-VI-2026), a cuyas consideraciones, en honor a la brevedad, me remito.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doc
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