Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78141
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.141, "S. G. E. contra Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) a que garantice la cobertura integral de la internación en la institución "Aires de City Bell" a favor de G. E. S. (v. sent. de fecha 3-III-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2022, 11:35:10 a.m. en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 2-VI-2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 29-IX-2022), agregada la memoria presentada por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 13-X-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La titular del Juzgado Correccional n° 3 del Departamento Judicial de La Plata admitió parcialmente la acción de amparo promovida por el señor A. P. G., en representación de su madre, G. E. S., ordenando al IOMA a que asegure a su progenitora la internación permanente en una institución geriátrica con atención psiquiátrica, médica clínica y de enfermería. Ello, en tanto y en cuanto subsistan las condiciones de afiliación a la obra social y los galenos tratantes así lo consideren. Dejó debidamente aclarado que el servicio a prestarse deberá brindarse en las instituciones que tengan convenio con el IOMA, entre las que puede optar la persona afiliada, o sus representantes, tal como lo establece el art. 22 de la ley 6.982.
Dispuso además que la institución que atienda a la señora S. deberá garantizar un adecuado tratamiento a efectos de que tenga mejor calidad de vida, dentro de lo que sus dolencias le permitan, con la posibilidad de que el IOMA audite los servicios prestados.
Asimismo, la jueza interviniente hizo saber al organismo demandado que, en el plazo de un (1) mes de quedar firme el fallo, debía "...arbitrar todos los medios a su alcance, a fin de garantizar que la cobertura dispuesta a favor de la señora S. no sufra interrupciones, y así la amparista pueda optar entre las instituciones adheridas al sistema de IOMA y que las mismas se hagan efectivas en forma inmediata al cese de la actividad del Hogar 'Aires de City Bell'".
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la pare actora. En consecuencia, condenó al IOMA a que garantice la cobertura integral de la internación de la señora S. en la institución "Aires de City Bell", así como las demás prestaciones detalladas en la sentencia de primera instancia, en los términos indicados por su médico tratante y mientras no se produjeran cambios en las circunstancias que motivaron la decisión (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 16 inc. 3, 17, 17 bis, 25 y concs., ley 13.928, t.o. ley 14.192), con costas a la demandada en su calidad de vencida (conf. arts. 1, 16, 17, 17 bis, 19 y concs., ley 13.928 y modif.).
II.1. Para resolver de ese modo, el tribunal se remitió al criterio adoptado en causas análogas sustanciadas ante esa Cámara, y tuvo en cuenta que no se encontraba controvertida la situación de salud que presentaba la amparista, una persona —por ese entonces— de sesenta y nueve años de edad, con hipertensión arterial severa, dislipemia, que ha sufrido dos ACV isquémicos, tabaquista severa con secuelas motrices, vigil con trastorno depresivo leve, que se moviliza acompañada, con dependencia para las actividades de la vida diaria y tratamiento farmacológico.
Ponderó el resumen de la historia clínica acompañado con fecha 2 de abril de 2021 en el cual la médica tratante prescribió la internación en el Hogar "Aires de City Bell" y la documentación que diera cuenta del cuadro médico descripto en el párrafo anterior (prescripción médica acompañada con fecha 3-IX-2021).
Asimismo, indicó que el acta de la audiencia celebrada el 17 de septiembre de 2021 surgía que con anterioridad al ingreso al Hogar "Aires de City Bell" la señora S. había estado internada en otra institución en la que no estuvo bien atendida.
En consideración a las particulares circunstancias del caso, el Tribunal de Alzada afirmó que la naturaleza de los bienes cuya tutela se procuraba y el riesgo que su desprotección podría ocasionar en la salud de la progenitora del amparista, sumados a la necesidad y conveniencia de garantizar la cobertura de la internación en los términos prescriptos por sus médicos tratantes, permitían tener por acreditados los presupuestos requeridos para que el reclamo resultara procedente.
II.2. Destacó también que resultaban insuficientes los agravios esgrimidos por la representación fiscal referidos a la posibilidad de que la prestación requerida pudiera llevarse a cabo en otra institución, en tanto no constituía motivo de controversia que la señora S. se encontraba internada en el hogar referido conforme disposición médica.
Aclaró que ello era así, sin perjuicio de las facultades de auditoria de la demandada, la posibilidad de solicitar documentación médica actualizada y relativa a la facturación que se presentara para su cobro.
Consideró que la particularidad de los derechos en juego requerían una tutela urgente y justificaban el acceso a la jurisdicción a través de la vía escogida.
Agregó que el precedente "Sánchez" (causa A. 76.471, sent. de 30-III-2021), no resultaba aplicable al caso pues contenía una plataforma fáctica diferente a la éste proceso y que, en la especie, se justificaba adoptar un temperamento tuitivo de los derechos en juego.
Invocó la primacía del derecho a la vida y a la preservación de la salud de las personas con cita de precedentes jurisprudenciaes y legislación que estimó aplicable.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2022, 11:35:10 a.m.), en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial; 10 y concordantes de la ley 6.982; 1.I del Anexo I del decreto reglamentario 7.881/84 y 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Alega que la sentencia en crisis incurre en absurdo y arbitrariedad.
III.1. Denuncia, en contraposición a lo sentenciado por la Cámara, que se ha violado la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa A. 76.741, "Sánchez".
Agrega que dicha doctrina legal fue enunciada en la causa A. 75.422, "Cáceres", sentencia de 28-VIII-2019, y luego tomada como antecedente para resolver "Sánchez" (antes cit.).
III.2. Por otra parte, afirma que la condena impuesta por la Cámara va más allá de lo que el IOMA reconoce por la prestación brindada con un universo de empresas que sí tienen convenio con el organismo, lo cual agrava más el vicio de absurdo denunciado.
Estima que de esta forma el Hogar "Aires de City Bell", se convierte en una institución privilegiada, al facturar un importe por demás excesivo en relación con la prestación brindada y en comparación al resto de las empresas que prestan el mismo servicio. Entiende que el Tribunal de Alzada viola de esa forma los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional.
Señala que, tanto en la contestación de la demanda como en la respuesta del memorial puso de manifiesto que la empresa que se pretendía que -de manera exclusiva- brinde la asistencia no resultaba ser de las convenidas con el Instituto y que la afiliada conocía dicha circunstancia al momento de elegirla.
Añade que el decisorio se ha apartado de los escritos constitutivos del presente caso y que se apoyó en afirmaciones dogmáticas, o inferencias sin sostén jurídico o fáctico, basadas en simples aseveraciones de la parte actora sin apoyatura probatoria.
Sostiene que, si bien la Cámara pondera que la condena que dicta lo es, "...sin perjuicio de las facultades de auditoría que posee el IOMA..." omite considerar la abultada suma que la empresa indicada percibe por el servicio que brinda, como así también que no puede obligarse a la Administración a que la cobertura sea prestada por una empresa no vinculada con el IOMA, salvo circunstancias especiales que —según afirma— no concurren en autos.
Refiere que no se ha evaluado si la actora se hallaba en imposibilidad de costear la parte del arancel no reintegrado por el IOMA conforme las resoluciones vigentes para aquellas instituciones por fuera de convenio y/o la imposibilidad de que pudiera ser alojada en otro establecimiento que si tuviera convenio con la obra social.
Contrario a ello, aduce que el Tribunal de Alzada invirtió la carga procesal que cabía a la actora, reprochándole a la demandada no haber acreditado la posibilidad de modificar las condiciones de internación de la amparista sin riesgo para su salud; y que no demostró que con el listado de prestadoras ofrecidos por el IOMA se garantizaría la calidad y eficiencia requeridas para este caso.
III.3. Plantea que la sentencia impugnada carece de los elementos esenciales que permitan considerarla un acto judicial válido, ya que los motivos en los que se funda son solo aparentes.
Añade que las constancias documentales de la causa no fueron evaluadas de modo adecuado y que el decisorio se apoyó en afirmaciones dogmáticas basadas en la sola voluntad de los jueces.
Indica que la falta de fundamentación del decisorio viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso. Asimismo, denuncia la vulneración de lo dispuesto por los arts. 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
Concluye que la decisión impugnada incurre en arbitrariedad al carecer de fundamento adecuado que dé base a la condena impuesta al IOMA.
Alega que ello no queda suplido con la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.).
Afirma que el proceder de la Cámara es palmariamente dogmático porque se apoya en una serie de normas superiores de índole local e internacional que aparecen desvinculadas del concreto presupuesto de hecho de la causa y de las disposiciones legales que directa e inmediatamente rigen el punto en debate.
Estima que no constituye un motivo atendible la circunstancia que el Hogar "Aires de City Bell" sea quien actualmente se encuentre llevando a cabo la internación y las prestaciones requeridas por la amparista pues, tal como surge de la demanda, la contratación fue a cuenta y cargo de la actora antes de solicitar la cobertura en la obra asistencial.
Entiende que no luce suficiente la alegación de cuestiones particulares que generen un estado de situación especial para sostener la excepcionalidad propuesta por el fallo, no explicándose debidamente la razón por la cual no puede brindarse la prestación mediante una institución perteneciente al Registro de Prestadores de IOMA o cuál sería el daño concreto que ello pudiera ocasionar a la amparista.
Resalta que la absurdidad de la sentencia en crisis se muestra sin tapujos, por cuanto la procedencia de la vía del amparo requiere la presencia de una arbitrariedad —que importaría desconocer o aplicar erróneamente la normativa vigente para el caso— y que, ante la ineficacia de procedimientos ordinarios, se origine un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esta vía urgente, circunstancias que en autos no han sido probadas.
IV. El recurso extraordinario bajo análisis prospera parcialmente.
Mas allá de los agravios relacionados con la viabilidad instrumental de la vía de amparo, adelanto que asiste razón a la impugnante al denunciar la violación de la doctrina legal sentada en la causa "Sánchez" (A. 76.471, sent. de 30-III-2021), tal como debidamente lo indica y sustenta en los puntos V y VII de su escrito recursivo.
La recurrente hace expresa mención de los pasajes medulares de aquellas sentencias que considera aplicables al caso. Explica que en dichos supuestos los beneficiarios también reclamaban ante el IOMA prestaciones brindadas por empresas que no tenían convenio con ese ente (v. "VII.2.c."). Denuncia que los citados precedentes resultan análogos con el presente caso y, por lo tanto que se ha incurrido en una clara conculcación a la doctrina legal invocada.
Con tales precisiones, y atendiendo a la identidad de precedentes denunciada, encuentro que el agravio alegado de violación de la doctrina legal se halla debidamente abastecido.
Siendo ello así, cabe señalar, en cuanto al fondo del asunto, que el presente caso guarda sustancial analogía jurídica con las causas A. 77.130, "Sabbatini", sentencia de 23-II-2022; A. 78.071, "Sansone", sentencia de 11-VIII-2023; A. 78.121, "Ariccia", sentencia de 3-XII-2024; A. 78.076, "Schroeder", sentencia de 18-XI-2025, en las cuales se admitió el agravio esgrimido por la Fiscalía de Estado por el cual denunciaba que la empresa que tenía que otorgar la prestación, en supuesto como este, debía integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de dicha obra social.
En los antecedentes citados, este Tribunal señaló que, de conformidad con el régimen implementado por el IOMA —en términos generales— el principio de libre elección del prestador (art. 25, ley 23.661) se hace efectivo al permitir a sus afiliados optar entre una cartilla de profesionales adheridos al sistema (conf. arts. 1, 22 in fine y concs., ley 6.982), cuya actuación está controlada no solo por los colegios respectivos y las autoridades sanitarias estatales, sino también mediante los mecanismos desplegados por la propia obra social. Así, dichos efectores han de suponerse igualmente idóneos para atender adecuadamente las dolencias de los beneficiarios, salvo que exista prueba que de manera eficaz demuestre lo contrario, lo que no acontece en la especie (art. 384, CPCC).
Como reiteradamente ha señalado este Tribunal, el derecho de los afiliados —en principio— debe circunscribirse a la libre elección de los profesionales y servicios que en opinión del IOMA —organismo competente para cumplimentar los fines de la ley 6.982— brinden una atención eficiente, satisfactoria o que no fueran sancionados (causas I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich Neurosiquiátrica S.A.", sent. de 5-III-1996; I. 1.655, "Mosquera", sent. de 28-XI-2001; B. 55.312, "R., R. O.", sent. de 28-III-2012 y A. 76.471, cit.).
De tal modo, se observa que los argumentos referidos al alcance de la cobertura por parte del Instituto demandado, así como a los mecanismos y modalidades en que corresponde satisfacer cada tipo de prestación según si existen o no entidades conveniadas, fueron debidamente articulados en el recurso, razón por la cual corresponde, con el alcance que en el punto siguiente habré de propiciar, acoger favorablemente la impugnación.
Mas allá del acierto del recurrente en advertir la violación de la doctrina legal, no debe perderse de vista lo dispuesto por el art. 1 de la ley 6982, y en ese contexto contemplar el supuesto al que alude la representación fiscal en su recurso al denunciar que no se habría evaluado si la actora se hallaba o no en la imposibilidad de costear la parte del arancel no cubierto por el IOMA. Frente a este planteo estimo que corresponde otorgar la alternativa de que, en supuestos como el de autos, si es que la accionante decide continuar su internación en la institución no conveniada de su elección, y la demandada no formula reparo al respecto, abone la actora la diferencia no cubierta por la obra social.
V. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la decisión recurrida y disponer que la cobertura requerida sea brindada a través de una empresa adherida al sistema del IOMA, o en su defecto, ante el supuesto en que la amparista decida continuar con dicha prestación en el hogar requerido y la demandada no formule reparo alguno al respecto, se deberá reconocer su cobertura conforme a los valores que se homologa habitualmente según la normativa vigente, sujeto a la supervisión y control que corresponda (arts. 36 incs. 6 y 8 , Const. prov.; 1, 2° párr., ley 6982 y 289 inc. 2, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Las costas de todas las instancias se imponen en el orden causado atento a la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 25, ley 13.928 -t.o. ley 14.192-; 68 segundo párr. y 274, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de acompañar los fundamentos y solución propiciada por la doctora Kogan, toda vez que, como lo sostiene, se ha inobservado la doctrina legal de este Tribunal forjada en los precedentes citados en el tercer párrafo del punto IV del voto de la ponente. Más aun, en el caso A. 78.071, "Sansone", sentencia de 11-VIII-2023, se trataba del mismo centro asistencial que en la especie.
Para más, como se señala en el apartado "VII.2.b" del recurso, la sentencia de la Cámara de Apelación no brinda razón valedera alguna, que obste a la decisión del caso de conformidad con la invariable línea forjada por este Tribunal. Cabe recordar en este sentido que la violación a la doctrina legal que invalida un acto jurisdiccional se configura cuando el Tribunal ha determinado la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (conf. doctr. causas A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 68.826, "Manuel Aguirre S.A.", sent. de 5-XI-2008; A. 70.410, "Farmacia Española S.C.S.", sent. de 18-V-2011; A. 69.981, "Farmacia Lipstein S.C.S.", sent. de 31-VIII-2011; e.o.), lo que se configura en la especie.
Por su parte comparto también los fundamentos y la alternativa de solución propuesta respecto a la posibilidad de continuar en el centro asistencial escogido con el eventual pago de las diferencias que pudieran existir.
En razón de ello, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. No comparto la solución propuesta por la colega que me precede en el voto, pues entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado no satisface las exigencias técnicas propias de la vía intentada y, por ende, no puede prosperar (art. 279, CPCC).
II. En lo que interesa a esta instancia extraordinaria, corresponde recordar sintéticamente que:
II.1. El Juzgado Correccional n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por A. P. G., en representación de su madre, G. E. S., ordenando al Instituto de Obra Médico Asist
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