Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132041
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.041, "A., J. L. contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 7-II-2024).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 27-II-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la acción deducida por J. L. A. y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 inc. 4 y 15 inc. 2 de la ley 24.557. Asimismo, ordenó a la accionada abonar el importe que determinó para los gastos por tratamientos psiquiátrico, psicológico y farmacológico a los que debía someterse el demandante.
En lo que interesa, tuvo por acreditado que el día 12 de enero de 2012 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provoca una minusvalía física del 56% y una psicológica del 25%, concluyendo así que el porcentaje de incapacidad a indemnizar ascendía al 81% de la total obrera.
También que, a raíz del evocado infortunio, al accionante se le reconoció en sede administrativa una incapacidad del 54,26% de la total obrera mediante el dictamen emitido por la Comisión Médica Central en fecha 29 de julio de 2013.
En cambio, consideró que ninguna prueba aportó la demandada tendiente a evidenciar que el día 17 de octubre de 2017 el trabajador hubiera percibido la suma de $481.246,73 ofrecida en la instancia administrativa.
Ya en la sentencia, desestimó la excepción de prescripción articulada por la accionada. Al respecto, juzgó que la última actividad procesal útil que realizó el trabajador en defensa del reconocimiento de sus derechos tuvo lugar cuando la Comisión Médica Central se pronunció sobre su incapacidad (29-VII-2013), por lo que a la fecha en que fue interpuesta la presente demanda (2-III-2015) el plazo prescriptivo no había expirado (arts. 726 y 2.541, Cod. Civ. y Com. y 375, CPCC).
Seguidamente, al establecer la prestación dineraria contenida en el art. 15 inc. 2 de la ley 24.557, el tribunal de grado —en su opinión mayoritaria— indicó que para efectuar el cálculo del ingreso base mensual debían tomarse los salarios consignados en los recibos de haberes acompañados por el actor y aplicarse las pautas del decreto de necesidad y urgencia 669/19, normativa que —entendió— de aplicación al caso. Con tales bases, determinó el monto por dicho concepto.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 11 inc. 4 apartado "a", 14 inc. 2 apartado "a" y 44 apartado 1 de la ley 24.557; del decreto de necesidad y urgencia 669/19; arts. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 3, 3.986 y 4.037 del Código Civil; 7, 726, 2.541, 2.546, 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial; 26, 44, 47 y 63 de la ley 11.653, 34 inc. 5, 163 incs. 5 y 6, 375, 384 y concordantes del Código de Procedimiento Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 27-II-2024).
II.1. Cuestiona la sentencia de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción opuesta por su parte.
II.1.a. Refiere que el art. 2.541 del Código Civil y Comercial de la Nación regula el supuesto de suspensión de la prescripción provocado por una interpelación fehaciente, situación que no se verifica en el presente caso, por lo que —sostiene— resulta manifiesta la equivocidad de la norma aplicada por el tribunal de grado. Luego, aduce que la cita efectuada del art. 726 de dicho cuerpo normativo resulta palmariamente inconducente.
Agrega que, a todo evento, tales normas no se encontraban vigentes a la época de los hechos ventilados en autos.
Denuncia que el sentenciante de grado incurrió en absurdo y arbitrariedad al determinar el comienzo del plazo prescriptivo en la fecha en que la Comisión Médica Central emitió su dictamen (29-VII-2013), ya que —afirma— ninguna utilidad cabe asignarle a dicho acto administrativo a los fines de la interrupción del curso de la prescripción.
Insiste en señalar que el aludido plazo debe computarse desde la primera manifestación invalidante, esto es, cuando ocurrió el infortunio del actor (12-I-2012).
II.1.b. Postula que, de todos modos, la demanda interpuesta el día 2 de marzo de 2015 tampoco tuvo virtualidad para interrumpir el plazo prescriptivo con relación a la Provincia demandada.
Expresa que la acción se interpuso contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y que recién fue ampliada contra su parte con la presentación efectuada por la interesada el 20 de octubre de 2021, por lo que la demanda promovida contra un supuesto obligado concurrente (Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.) no propaga sus efectos a los otros deudores.
Argumenta luego que, aun para el caso de que se considerase, principio de eventualidad mediante, que la demanda tuvo efectos interruptivos, debe tenerse en cuenta que transcurrió otro plazo de mayor extensión sin actividad procesal útil entre la promoción de la demanda, su ampliación y notificación, solicitando se limite el alcance de lo dispuesto en los arts. 3.986 y 3.987 del Código Civil.
II.2. Desde otroángulo y a todo evento, se agravia de la aplicación al caso del decreto 669/19.
II.2.a. Despliega argumentos vinculados con la irretroactividad de las normas, conforme lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial y controvierte lo resuelto al respecto. Cita jurisprudencia de la Corte federal y doctrina legal de esta Suprema Corte en sustento de su agravio.
Aduce que tal modo de resolver afecta el principio de seguridad jurídica y el derecho constitucional de propiedad de la demandada, al obligarla a pagar en base a una normativa que no se encontraba vigente en el momento de consumación del daño y que resulta, además, ostensiblemente onerosa.
II.2.b. Expresa que el tribunal de origen introdujo una cuestión que no fue planteada por las partes, fallando extra petita y vulnerando así el principio de congruencia.
En tal sentido, insiste en que el juzgador de grado, además de aplicar indebida y retroactivamente el decreto 669/19, tampoco corrió traslado a las partes sobre su novedosa publicación a fin de que efectúen las manifestaciones que estimen pertinentes con respecto a dicha norma y su posible incidencia en el trámite de los actuados.
II.2.c. Sostiene que la decisión de grado vulnera la doctrina legal de esta Corte y los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 —modificada por la ley 25.561— que prohíben actualizar.
Aduna que la sanción del Código Civil y Comercial no suprimió ni importó una derogación tácita de la mentada prohibición de indexar dispuesta por la normativa citada, y observa que el tribunal no declaró la inconstitucionalidad de dicho plexo normativo de orden público vigente y, por ende, violándolo palmariamente, realizó una prohibida actualización al cuantificar, al compás de la aplicación indebida e inadecuada del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), las sumas adeudadas por la demandada.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No es de recibo la crítica dirigida a refutar la conclusión de grado que rechazó la defensa de prescripción.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión por regla reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 130.857, "Fiscalía de Estado", sent. de 20-V-2025; e.o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014; L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024; e.o.).
III.1.b. En la especie, si bien el recurrente alega la existencia del aludido vicio, los cuestionamientos que esboza no resultan suficientes para evidenciar que la decisión de grado contenga dicha anomalía.
En efecto, a partir del análisis que efectuó de los escritos constitutivos de la litis y de la prueba documental agregada a la causa, el juzgador de grado entendió que correspondía tomar como fecha de inicio del cómputo prescriptivo el momento en que la comisión médica determinó el porcentaje de incapacidad y no la fecha del siniestro como sostenía la demandada.
Así las cosas, y más allá del acierto o error de tal conclusión, el recurrente se limita —a partir de la personal interpretación de las circunstancias fácticas de la causa— a denunciar que el inicio del curso prescriptivo debió situarse en la fecha del accidente de trabajo padecido por el actor (12-I-2012) y no en la determinada por el juzgador, ello, sin lograr concretar una réplica idónea a los fines de desvirtuar lo decidido en la instancia de origen y oponiendo al término que cuestiona aquel otro que resulta más conveniente a sus intereses.
En rigor, el embate no supera el registro de una simple discrepancia de opinión, pues se limita a exponer un criterio discordante al del juzgador respecto del modo en que debió resolverse este aspecto de la contienda, técnica esta que —reiteradamente se ha declarado— resulta impropia para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 121.580, "Pallone", sent. de 14-VII-2022; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022 y L. 131.961, "Garrido", sent. de 27-X-2025; e.o.).
Aunque lo antes dicho resulta suficiente para desestimar el agravio, a mayor abundamiento y teniendo en mira el entramado normativo vigente al tiempo de los hechos objeto de debate, es posible observar una contradicción en el discurso de la demandada en cuanto predica la prescripción de la acción y a la par reconoce la subsistencia de gestiones ulteriores al inicio de aquella a fin de satisfacer el pago de la prestación correspondiente en sede administrativa.
III.1.c. Luego, se observa que la prédica sobre la falta de virtualidad interruptiva de la demanda con su posterior ampliación, así como a los efectos que deben atribuirse a la inactividad procesal entre su promoción, ampliación y la notificación a su parte, no formaron parte —con el alcance aquí pretendido— del planteo formulado en el responde y, por lo tanto, no pueden ser abordados por este Tribunal.
Es que, ante el resultado adverso del fallo de grado no puede el recurrente rediseñar en casación un nuevo enfoque introduciendo un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, y que por ello no resulta susceptible de ser evaluado ante la instancia extraordinaria (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 122.586, "Jurao", sent. de 30-XII-2021; L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023 y L. 127.248, "Gómez", sent. de 15-IV-2024).
III.1.d. Resta agregar que la doctrina legal citada en esta parcela de la réplica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso bajo análisis (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 128.823, "Sardinas", sent. de 23-XI-2023; L. 125.654, "Manfredini", sent. de 27-II-2023; L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025; e.o.).
III.2. Luego, considero que los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los que se cuestiona la interpretación y aplicación del decreto 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (causas L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.546, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026, entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis tercer párr., ley 5.827 y modif.), de modo que, con respaldo en ello, debe modificarse este aspecto del fallo.
III.3. Atento la solución que se propone en el apartado anterior, pierde virtualidad el tratamiento de los restantes agravios que porta el recurso.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el decisorio impugnado en cuanto aplicó las previsiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19, norma cuya inconstitucionalidad se declara para el presente caso.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que —con distinta integración— dicte un nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance señalado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En lo tocante a las críticas que giran en torno a la excepción de prescripción, adhiero a las razones que despliega mi distinguido colega doctor Torres en el punto III.1. de su voto y que revelan la insuficiencia que porta este tramo del recurso.
Agrego, que más allá de la confusa cita normativa efectuada por el tribunal de grado en este segmento del fallo en crisis, lo cierto es que, en el propio marco del art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo invocado por el quejoso, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia. Ello así, toda vez que, conforme a los extremos ponderados por el a quo , y frente a agravios que no son aptos para desvirtuarlos, puede concluirse que el plazo de prescripción no se encontraba agotado al momento de la interposición de la demanda.
I.2. Por otro lado, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis tercer párrafo de la ley 5.827 (y modif.) y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026), acompaño la solución a la que arriba el ponente respecto del embate vinculado con la aplicación al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
I.3. Sentado lo anterior, suscribo lo señalado en el punto III.3. del voto inaugural.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dicho en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres —incluso en materia de costas—, con las consideraciones adicionales expuestas por el doctor Soria en el segundo párrafo del punto I.1. de su voto.
Voto pues, por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres —incluso en materia de costas—, con iguales consideraciones adicionales que las formuladas por el doctor Soria en el segundo párrafo del punto I.1. de su voto.
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:23:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/09/2026 13:36:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2026 13:51:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2026 10:33:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2026 08:27:36 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/09/2026 08:47:33 hs. bajo el número RS-102-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia