Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131893
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.893, "Gaona, Juan contra Experta ART S.A. Accidente de Trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. vered. y sent. de fecha 11-XII-2023).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 26-XII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado admitió parcialmente la acción promovida por Juan Gaona y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" y 11 inc. 4 apartado "b" de la ley 24.557, con más el adicional contenido en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, ordenó a la demandada que otorgara prestaciones en especie (art. 20, LRT) y dispuso la aplicación de la sanción del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. y sent. de fecha 11-XII-2023).
En lo que interesa, el órgano de grado tuvo por acreditado que, a raíz del infortunio de trabajo que sufriera el día 7 de diciembre de 2021, el accionante presenta una minusvalía física del 49% (pérdida de visión en ojo derecho) y una psicológica del 20% (RVAN grado III), ambas conforme decreto 659/96, concluyendo —por aplicación del método Balthazar— que el porcentaje de incapacidad residual a indemnizar ascendía al 61,02% de la total obrera.
Indicó que debía tomarse el ingreso base mensual establecido en la liquidación practicada en el expediente administrativo ($93.836, 34 actualizado por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables —RIPTE— mensual vigente a esa fecha, v. fs. 171/172), el que no había merecido observaciones de las partes.
Ya en la sentencia, luego de examinar la normativa aplicable al caso, juzgó que el ingreso base mensual del trabajador debía actualizarse mediante la aplicación del art. 12 de la ley 24.557 modificado por el art. 1 del decreto 669/19, por resultar la norma más favorable (conf. art. 9, LCT), más allá —destacó— de ser la vigente.
En ese marco, consideró inaplicable la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (conf. resol. 323/23) y declaró su inconstitucionalidad, por haber sido dictada en exceso de las facultades reglamentarias (art. 99 inc. 2, Const. nac.) y resultar contraria a los principios de razonabilidad y progresividad (arts. 28, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
Estableció entonces que el importe del ingreso base mensual determinado en el veredicto ($93.836,34) actualizado conforme el referido índice RIPTE (4,10) a la fecha de la sentencia alcanzaba la suma de $397.029.
Luego, señaló que del resultado final obtenido debía deducirse el importe ya abonado por la aseguradora en la instancia administrativa, en concepto de reparación por la incapacidad del 46,62 % reconocida por la comisión médica interviniente ($6.990.646).
A los fines de poder imputar dicha suma, expresó que resultaría injusto realizar su descuento sobre un importe calculado a partir de un ingreso base mensual establecido a valores actuales, por lo que procedió a calcular (aplicando el decreto 669/19 sin la resolución de la SRT que lo reglamenta) la indemnización que le hubiese correspondido percibir al actor al momento en que se practicó la liquidación en sede administrativa (23-I-2023) según el Ingreso Base Mensual (IBM) actualizado a esa fecha ($183.919) y la incapacidad fijada en autos (61,02%), arribando así a la cantidad final de $13.250.625.
Refirió que la aseguradora había abonado apenas el 52,75% de dicho monto ($6.990.646), por lo que adeudaba el 47,25% de las prestaciones correspondientes.
En ese marco, teniendo en cuenta el valor del ingreso base mensual determinado a la fecha de la sentencia ($397.029), efectuó nuevamente el cálculo de la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" con más el incremento adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, determinando que el 47, 25% del importe pendiente de pago ascendía a la suma de $10.771.413.
Luego, le sumó la compensación dineraria adicional de pago único equivalente a $2.241.959 (importe vigente a la fecha del accidente, según resol. 49/21, SRT) y le adicionó el 20% del art. 3 de la ley 26.773 ($448.391), siendo la sumatoria de ambos conceptos de $2.690.350.
En lo atinente a los accesorios, sobre el importe de la prestación del citado art. 14 inc. 2 apartado "b" y de la indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773, aplicó un interés compensatorio en base a una tasa pura equivalente al 6% anual, calculado desde la fecha del accidente (7-XII-2021) hasta el momento de efectuarse la liquidación, conforme a los parámetros dados en el pronunciamiento (conf. arts. 2, ley 26.773 y 767 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). Luego, respecto de la suma de condena en concepto de prestación adicional de pago único (art. 11 inc. 4 apdo. "b", LRT), ordenó que devengue intereses a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días promedio del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 inc. 3, LRT, según texto dec. 669/19) desde el infortunio hasta su efectivo pago. En caso de mora en el cumplimiento de la sentencia, dispuso la capitalización de intereses.
Por último, hizo lugar a la sanción por temeridad y malicia por entender que la conducta de la aseguradora demandada encuadraba en las prescripciones del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, disponiendo que se aplique sobre el capital de condena un interés equivalente a la mitad de la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, desde el momento del infortunio y hasta el efectivo pago.
II. Contra esta decisión, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 12 de la ley 24.557; la errónea aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19; y resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 26-XII-2023).
II.1. Controvierte el modo de aplicación del decreto 669/19.
Alega que el art. 12 de la ley 24.557 (según dec. 669/19) establece procedimientos diferentes en dos sus apartados.
Aduce que no es lo mismo la "variación del índice", utilizada en el apartado 1 para calcular el promedio de los salarios de los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante, actualizable hasta esta última, que la "tasa de variación" del índice RIPTE, que sirve de tasa de interés conforme el apartado 2.
Postula entonces que no corresponde calcular la tasa de interés dispuesta en el decreto 669/19 con la metodología del primer apartado. Aduce que dicha pauta surge de la resolución SRT 1.039/19, que fuera declarada inconstitucional por el tribunal de grado sin ningún razonamiento válido que justifique tal decisión.
En ese orden, afirma que la interpretación correcta de la norma sería considerar el ingreso base mensual fijado ($93.836, 34) y adicionarle la tasa de variación RIPTE desde diciembre de 2021 a octubre de 2023 (148,1%), lo que arroja una suma inferior a la determinada por el sentenciante de grado.
II.2. Impugna el porcentaje de incapacidad establecido en el fallo.
Afirma que el tribunal de grado tomó en cuenta el grado de incapacidad otorgado en la pericia médica, el cual —aduce— resulta desproporcionado e infundado jurídicamente.
Señala que, en función de la revisión efectuada al actor (firmada de conformidad por él y su letrado), la comisión médica interviniente dictaminó que la incapacidad que presentaba por pérdida de visión en su ojo derecho alcanzaba el 46,62%, mientras que el perito judicial la fijó en un 49% conforme la evaluación médica llevada a cabo un año después.
También refuta la incapacidad otorgada en la pericia psicológica (20% por RVAN Depresiva grado III), por considerar que no se ajusta a la tabla de evaluación prevista en la ley 24.557. Sostiene que la sentencia resulta arbitraria al omitirse la aplicación del baremo legal obligatorio (Anexo del decreto 659/96, ratificado por la ley 26.773), lo cual contraviene la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
Asimismo, y para el caso de que se estime pertinente, solicita que se disponga el pase de las actuaciones a la Asesoría Pericial departamental a fin de que se expida respecto de la incapacidad del actor.
II.3. Denuncia que la decisión de aplicar el índice RIPTE y luego adicionar una tasa de interés pura del 6% desde la fecha del siniestro, encubre una doble actualización del monto de condena.
II.4. Por último, alega que resulta absurda y arbitraria la aplicación de la sanción por temeridad y malicia establecida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que el art. 25 de la ley 11.653 no obliga a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio. Es más, establece que la conciliación puede intentarse en cualquier estado del proceso.
Sostiene que no puede considerarse que su parte incurrió en maniobras dilatorias o que obstruyeran el proceso judicial, que no ha omitido las prestaciones en especie que establece la ley especial, ni abusado de la necesidad o inexperiencia del trabajador, quien ha estado asesorado por un letrado desde el inicio del trámite ante la comisión médica y mediante apoderado en el presente proceso judicial.
Postula que, al momento de la audiencia de conciliación, no estaba determinado el porcentaje final de incapacidad a indemnizar y que el crédito laboral se estableció con el dictado de la sentencia.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Alterando por razones metodológicas el orden de los agravios traídos, cabe indicar que no resulta atendible el cuestionamiento dirigido a desvirtuar el porcentaje de incapacidad que se tuvo por acreditado en el veredicto.
Tiene dicho esta Suprema Corte que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, a fin de determinar las dolencias que presenta el trabajador y establecer —en consecuencia— el grado de minusvalía que lo afecta, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022; L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023 y L. 131.704, "Ruíz", resol. de 20-XI-2024; e.o.).
En el caso, la recurrente ni siquiera ha denunciado que la decisión de grado fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación en este aspecto, pues —como lo ha resuelto este Tribunal— es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020; L. 129.480, "Legal", resol. de 29-XI-2022 y L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023; e.o.).
De todos modos, y sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, las afirmaciones del interesado denotan su sola opinión discrepante en orden a la eficacia probatoria que —a su entender— correspondería asignarle a las pericias médica y psicológica producidas en la causa, reiterando —además— las observaciones que efectuara al impugnar el informe psicológico, las que —cabe destacar— fueran expresamente desestimadas por el órgano actuante con sustento en la respuesta brindada por la experta a tales planteos (v. escritos de fecha 10-X-2023 y 11-X-2023 y vered., págs. 4/5).
En rigor, las disquisiciones efectuadas por el interesado no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del sentenciante, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-202 y L. 129.798, "Reginald Lee S.A.", sent. de 23-V-2025; e.o.).
Por lo demás, a mayor abundamiento, cabe añadir que el ofrecimiento de prueba en Sede extraordinaria se encuentra expresamente vedado por el art. 284 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, el ejercicio de la potestad de revisión por parte de la Suprema Corte no puede exceder los límites del ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley, que no otorga acceso a una nueva instancia ordinaria con posibilidad de reexaminar los hechos (causas L. 93.114, "Torres", sent. de 21-IX-2011; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020 y L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
III.2. Luego, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los que se cuestiona la interpretación y aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) y su progenie (L. 128.977, "Chocobar", sent. de 13-III-2026; L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 y L. 130.596, "Paszkiewich", sent. de 23-VI-2026; entre muchos otros), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis tercer párr., ley 5.827 y modif.), de modo que, con respaldo en ello, debe modificarse este aspecto del fallo.
En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto aplicó las previsiones contenidas en el referido decreto 669/19, norma cuya inconstitucionalidad en el caso se declara. Los autos deben volver al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo que aquí se resuelve.
III.3. Atento a la solución que se propicia en el apartado anterior, pierde virtualidad el tratamiento del cuestionamiento expuesto en el punto II.3. del presente.
III.4. Por último, también considero que la crítica dirigida a atacar la imposición de la sanción por temeridad y malicia merece respuesta favorable.
III.4.a. Cabe recordar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite inequívocamente al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajena —por regla— a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017; L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022 y L. 132.895, "F., D. D.", sent. de 26-VIII-2026).
Adelanto que la configuración de dicho vicio invalidante en la valoración realizada por el tribunal de grado de la conducta procesal de la demandada se presenta en el caso, en tanto prescinde de la prudencia que resulta exigible en este tipo de pronunciamientos.
III.4.b. En efecto, el órgano de origen señaló que a partir de los informes periciales se podía verificar que el actor padece una incapacidad superior a la determinada por la comisión médica jurisdiccional. Y que, sin perjuicio de ello, en la audiencia conciliatoria de fecha 21 de noviembre de 2023, la accionada había efectuado un ofrecimiento de "escaso monto" si se lo comparaba con la incapacidad determinada (superior al 50%) y las prestaciones y compensaciones adicionales devengadas a causa de ello, pese a tratarse de un accidente cuyo origen laboral estaba reconocido. Agregó que, si bien en la etapa previa se tuvo por constatada una afección psicológica y se ordenó tratamiento terapéutico, se había omitido ponderar la presencia de incapacidad psicológica en el dictamen médico respectivo.
Sostiene que la demandada dejó de cumplir con su obligación de cobertura, omitiendo poner a disposición del actor las prestaciones dinerarias obligatorias por ley y sin formular una oferta acorde a su carga legal. Este modo de obrar infiel se consideró reñido con el principio de buena fe y lealtad procesal, y una dilación infundada del trámite que conspira contra el derecho del trabajador a recibir la cobertura completa del Sistema de Riesgos laborales.
Señaló que Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. ya había sido sancionada por este mismo hecho en un expediente anterior (expte. 344, con sent. de 1-I-2023) y que, sin embargo, continuaba con su actitud incumplidora.
Sobre lo expuesto, afirmo que la conducta procesal de la demandada —en especial su ofrecimiento por debajo del valor de la prestación—, encuadraba en la temeridad y malicia que describe el art. 275 de la ley 20.744. La renuencia en otorgar las prestaciones a las que está constreñida constituye el elemento objetivo de la figura, representando el abuso de posición dominante, falta de fundamento y la injusticia del obrar omisivo (v. sent., pág. 20).
Asimismo, tuvo por verificada la "conciencia del obrar sinrazón", en este sentido adujo que la aseguradora percibía una prima del empleador para responder ante la ocurrencia del siniestro, y al cobrarla sin asumir su obligación de cobertura, se sometió voluntariamente a las sanciones por incumplimiento.
Reiteró que luego de que se determinara la incapacidad del trabajador la aseguradora persistió en su conducta de retacear el cumplimiento "ni siquiera existe un ofrecimiento de pago acorde a las constancias del expediente" (sent., pág. 21).
En ese marco, entendió que quedaba demostrado que las aseguradoras "...son 'hijas del rigor'" en tanto, si el incumplimiento de la obligación impuesta no tiene sanción, las obligadas dilatan el trámite el mayor tiempo posible y llevan la causa hasta el dictado de la sentencia, mientras se benefician con los intereses que obtuvieron por la inversión del dinero que deberían haber abonado oportunamente en concepto de prestaciones.
A partir de ello, expuso que debía imponerse una penalidad respecto de la aseguradora que omite brindar la cobertura debida, como mecanismo de control judicial del cumplimiento en tiempo y forma de las prestaciones sistémicas, a los fines de desalentar conductas como la descripta.
Por último, citó casos en los que el propio tribunal interviniente había tomado una medida para contrarrestar los incumplimientos de Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., pero que, a raíz de lo ocurrido en los presentes autos "...no ha logrado encauzar la actitud renuente de la Compañía" (sent., pág. 22).
Sobre esa base, calificó como temeraria y maliciosa la actuación asumida por la accionada "...al omitir voluntaria y caprichosamente su obligación de otorgar la cobertura..." ante el infortunio laboral objeto de marras (v. sent., pág. 22), sin argumentar motivo valedero alguno para no abonar las prestaciones dinerarias que prevé la ley 24.557. En ese orden, la condenó a pagar sobre el capital de las prestaciones dinerarias que se determinaron en autos ($13.461.763), un interés equivalente a la mitad de la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, desde el momento del infortunio hasta el efectivo pago (conf. arts. 34 inc. 6 y 163 inc. 8,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.