Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128306
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.306, "P., V. B. y otro/a contra Puelo SAICIF y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de 29-IX-2021).
Se interpusieron, por la coactora V. B. P.(por sí), los codemandados (v. escritos electrónicos de 20-X-2021) y el Asesor de Incapaces (v. escrito de fecha 19-IV-2023), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos en la instancia de grado (v. autos de 29-X-2021 y 28-IV-2023, respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 26-XII-2023), dictada la providencia de autos (v. auto de fecha 15-III-2024, luego suspendida el 26-VI-2025 y reanudada el 22-IX-2025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio y parcialmente la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2021?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Asesor de Incapaces?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los codemandados?
En su caso:
4ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido por la coactora Vanina Beatriz Peralta?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente admitió la acción instaurada por la madre del señor A. D. R., V. B. P. (por sí) y condenó solidariamente a Tomás González y Puelo S.A. al pago de la indemnización en concepto de pérdida de chance y daño moral, como así también el pago del tratamiento psicológico integral hasta su culminación. Ello a propósito del fallecimiento del señor Retamar como consecuencia de un accidente de trabajo mientras se desempeñaba a las órdenes de la firma antes mencionada.
En cambio, la rechazó íntegramente respecto a la instaurada por la actora citada en representación de J.A.R., y, asimismo, de Y. B. R. (por sí y en representación de G.E.R.), por no haber acreditado ninguno su legitimación activa para reclamar en autos.
Para decidir esto último concluyó que, en los términos del art. 1.741 del Código Civil y Comercial de la Nación, la única legitimada activa para reclamar en autos era la madre del empleado fallecido.
Respecto a J.A.R., advirtió que no se encontraba acreditado cuál era el vínculo que poseía con la víctima; mientras que, en el caso de Y. R. y su hija G.E.R., si bien sus vínculos estaban probados con las partidas agregadas al expediente, no estaba acreditado que estas convivieran con Aníbal Retamar al momento de su deceso.
En tal sentido, señaló que, sin perjuicio de que en la carta- poder glosada a fs. 3 Y. R. había denunciado poseer el mismo domicilio que aquel, de las actuaciones sumariales penales labradas el mismo día del accidente surgía que ella había manifestado domiciliarse en otro lugar (v. sent., pág. 21).
II. Coincidiendo con lo dictaminado por el señor Procurador General, juzgo que corresponde responder afirmativamente el interrogante planteado.
II.1. Recibidas las presentes actuaciones en esta instancia casatoria en virtud de la concesión de dos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, este Tribunal advirtió que no se le había dado vista al Asesor de Incapaces, por lo que remitió la causa al órgano de origen a esos fines (v. proveído de fecha 2-III-2022).
Anoticiado de la sentencia de grado dictada en estas actuaciones, el Asesor interviniente se agravió del rechazo de la legitimación activa de la señora Yohana Retamar, del señor J.A.R. (menor al momento de iniciar la demanda) y de G.E.R (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2022), alegando —en sustancia— que al no habérsele corrido vista durante el proceso y antes del dictado de la sentencia, los menores coactores de autos fueron privados de contar con la representación que les confiere el art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, causándoles un gravamen irreparable y vulnerando —a su vez— la ley 26.061 de protección integral y la Convención sobre los Derechos del Niño. Finalmente, con el fin de subsanar la deficiencia probatoria señalada en el fallo de grado, adjuntó el certificado de nacimiento de J.A.R. y el testimonio de G.E.R., lo que —sostiene— podría el tribunal de origen haber requerido de oficio.
II.2. Conforme se desprende del relato de antecedentes efectuado en el punto anterior, resulta ostensible el perjuicio que la falta de intervención al Ministerio Pupilar irrogó a la defensa de los intereses de los menores coaccionantes, en tanto se vieron privados de contar en la ocasión con la representación que el citado art. 103 del Código Civil y Comercial le asigna a aquel.
En tal sentido, esta Corte —aplicando el Código Civil de Vélez Sarsfield y su normativa complementaria— ha sostenido que en todo supuesto judicial donde la intervención del Asesor de Incapaces sea necesaria para la adecuada defensa de los intereses de los menores debe admitirse su actuación, sea de mera asistencia o de representación y con mayor razón si se trata de suplir la defectuosa defensa hecha por los representantes legales o de complementar ésta en la forma que se considere adecuada (causas Ac. 41.005, "Orellano", sent. de 27-II-1990; L. 83.196, "D. G., R. y otros", sent. de 13-II-2008 y C. 122.102, "Asesoría de Incapaces Uno Lomas de Zamora", sent. de 21-XI-2018).
Asimismo, también ha declarado que las funciones del Asesor de Menores, más que de representación legal propiamente dicha —que es ejercida por el representante necesario— son de asistencia y contralor, las cuales sin embargo no se agotan en una actuación conjunta con el representante legal del incapaz, toda vez que en ciertas circunstancias cuando éste es omiso en el ejercicio de su función y es necesario impedir la frustración de un derecho, aquel será representante directo (arts. 59, 494, Cód. Civ. derogado y 103 inc. "b" apdo. "i", Cód. Civ. y Com.; causa L. 83.196, cit.).
Es precisamente con el fin de garantizar el derecho de defensa y participación de los menores que el art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación regula la posibilidad de la intervención directa del Asesor de Incapaces, además de la complementaria que ostenta en cada juicio en que estén involucrados —solución que ya se aplicaba aún con el art. 59 del Código Civil derogado—, todo ello bajo pena de nulidad.
Ahora bien, aun cuando se ha dicho que la nulidad a que hace referencia el art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación es relativa y puede ser subsanada por la ratificación expresa o tácita de los trámites realizados sin la presencia del representante del Ministerio Pupilar, es lo cierto que —en la especie— el señor Asesor de Incapaces ha planteado, desde su primera intervención, la disconformidad con la decisión del tribunal de grado, precisamente, por no habérsele permitido asumir su debida representación.
En ese orden, entiendo que, en el caso, su ausencia en la sustanciación del proceso debe derivar en la nulidad de la sentencia en cuanto rechazó la legitimación activa de la menor G.E.R. y el por entonces menor J.A.R., en virtud de la existencia real de perjuicio en la defensa de sus intereses.
III. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad parcial del veredicto y de la sentencia dictados en autos por el tribunal de grado en el aspecto señalado y, en consecuencia, remitir la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces y renovando —en su caso— los actos procesales que estime necesarios, dicte nuevo pronunciamiento sobre dicho tópico.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar en el tratamiento de la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal interviniente, luego de tener por configurada la existencia de relación laboral entre A. D. R. y los demandados Tomás González y la firma Puelo S.A. tuvo por acreditado que el día 17 de octubre de 2017, mientras el primero mencionado prestaba tareas para su empleadora, sufrió un accidente de trabajo que le provocó la muerte (v. vered., cuestión primera).
Luego, tras considerar que las labores realizadas por el trabajador —en las condiciones que describió— resultaron una actividad riesgosa productora del daño y, a su vez, descartar la existencia de culpa de la víctima o de un tercero en el acaecimiento del infortunio, tuvo por configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de las codemandadas en los términos del art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. vered., cuestiones segunda y tercera, y sent., págs. 14/20).
En ese orden, hizo lugar a la demanda promovida y condenó a las codemandadas solidariamente a pagar a la señora V. B. P. (madre del operario fallecido) la suma que determinó en concepto de pérdida de chance por ayuda futura, daño moral y tratamiento psicológico integral hasta su culminación.
Finalmente, con relación a los intereses dispuso que el monto resultante de la pérdida de chance los devengue en caso de incumplimiento del crédito, mientras que con relación al daño moral lo haga desde la fecha del accidente (17-X-2017) y hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva digital BIP que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en pesos a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, los legitimados pasivos Tomás González y Puelo S.A. dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncian absurdo y la violación de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 37 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que citan (v. presentación electrónica de 20-X-2021).
II.1. Se oponen al tramo del pronunciamiento con arreglo al cual se hallaron configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva.
Señalan que el tribunal de grado incurrió en una absurda valoración de la prueba al eximir de culpa al trabajador fallecido y responsabilizar exclusivamente a los demandados.
En tal sentido, sostienen que con los testimonios prestados por los señores Correa, Woodman y Castro —así como de la factura de compra adjuntada al expediente— se probó que la víctima tenía puesto el arnés al momento del accidente, el que —destacan— se encontraba en perfecto estado.
Alegan que, además, el señor R. tenía experiencia en el desarrollo de tareas de altura y que por seguridad solo tenía que colocar el gancho del arnés a la columna, lo cual es sencillo de realizar.
Por todo ello, afirman que queda evidenciado que el siniestro provino exclusivamente de la culpa del causante, sin que hayan mediado otros factores o circunstancias en el acontecimiento.
Sostienen también que la pericia en seguridad e higiene se realizó en el lugar incorrecto, toda vez que el hecho ocurrió en la torre y no en la noria, cuestión que fue impugnada por su parte, pero que el tribunal de grado no receptó.
Reiterando las manifestaciones realizadas por los testimonios de los señores Woodman y Castro referidos a la existencia del arnés, de su funcionamiento, de su estado y cómo sucedieron los hechos —los cuales, señalan, coinciden con el propio relato que brindara la parte actora al demandar y con las constancias obrantes en la IPP— concluyen que quedó acreditada la ruptura del nexo causal en base a la conducta imprudente y temeraria del fallecido, quien conocía los peligros inherentes a su labor.
Por otra parte, arguyen que el sentenciante no indicó siquiera qué tipo de elemento de seguridad, además del provisto, debería haberle dado a fin de evitar que ocurriera el accidente en cuestión, lo cual demuestra que el que se le proveyó al señor R. era el adecuado para la ocasión y evidencia que el demandado no actuó con culpa ni lo hizo trabajar con precariedad.
Aseguran que el tribunal —al evaluar la existencia de nexo causal entre los incumplimientos y el desenlace funesto— le otorgó relevancia al hecho de no haber estado registrada la relación laboral y no contar con cobertura asegurativa; sin embargo —expresan— dichas omisiones resultan inconducentes a tales fines, en tanto no se insertan en dicho resultado.
Sostienen que, a todo evento, debería considerarse la existencia de culpa concurrente, pero jamás exclusiva de los accionados.
Concluyen que en el caso no existió ni cosa ni actividad riesgosa, siendo la parte actora quien debió probar —y no lo hizo— esa condición.
II.2. Cuestionan que en la determinación del monto del rubro pérdida de chance de ayuda futura, el tribunal, a partir de la ponderación de parámetros inexistentes y elegidos al azar, arribó a un resultado irrazonable.
En tal sentido, alegan que no surge de la causa ningún elemento que acredite que el fallecido haya contribuido económicamente al sostén del hogar, por lo que mal podría concederse dicho rubro hacia el futuro.
Manifiestan que no se entiende el fundamento por el que se estimó que esa supuesta ayuda lo hubiera sido por espacio de diez años y conforme el 40% del salario.
A su vez, partiendo de la base que en el caso no se probó cuál era el ingreso económico del damnificado y estando frente a una norma de derecho civil (art. 1.745, Cód. Civ. y Com.), correspondía tomar el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de acaecido el infortunio y no, como hizo el sentenciante, conforme el salario de un peón rural.
II.3. Por último, señalan que, teniendo en cuenta que en el caso existió imprudencia por parte de la víctima que afecta el nexo causal, cabe rechazar la condena por daño moral. De lo contrario, atendiendo a las circunstancias del caso, con sustento en el art. 1.742 del Código Civil y Comercial de la Nación, pide se atenúe la responsabilidad de los demandados, morigerando el importe admitido.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. No resulta de recibo el embate orientado a controvertir el acogimiento de la acción dirigida a obtener la reparación del daño sustentada en normas del derecho común.
III.1.a. Cabe recordar que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, determinar la existencia o mecánica del accidente de trabajo, y establecer si se configuraron o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 121.162, "Da Rosa", sent. de 17-VI-2020; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; L. 127.846, "A. G. I.", sent. de 30-IV-2024; L. 130.006, "Calafate", sent. de 15-IV-2025; e.o.).
Sin embargo, el mentado vicio valorativo no es acreditado por los impugnantes.
III.1.b. Al responder el interrogante planteado en la segunda cuestión del veredicto, el tribunal de grado, tras ponderar la prueba testimonial y la constancia sumarial glosada a fs. 20/22, tuvo por acreditado que el señor A. R. al momento del accidente tenía en su poder el arnés de seguridad con elementos de gancho, bandas de correa de polietileno amarillas, trabillas y hebillas de acero, pero no que lo tuviera debidamente colocado. Ello —especificó—, en tanto, por un lado, el testigo Castro refirió que aquel había subido sin el cinto colocado, mientras que los demandados expusieron que lo hizo con el arnés prendido y una vez arriba se lo desprendió, por lo que no se había producido prueba útil que corrobore los dichos del testigo Castro ni tampoco la versión de los demandados.
A partir de ello, y teniendo en cuenta que tampoco se había probado la existencia de indicación en contrario a la forma en que debía realizar el nombrado sus tareas laborales antes del acaecimiento del accidente de trabajo, concluyó que la víctima no tuvo responsabilidad alguna en la producción del evento dañoso acaecido en su propio perjuicio.
En la siguiente cuestión manifestó que surgía de la Pericial Técnica en Seguridad e Higiene en el Trabajo que no se le había brindado al experto ninguna documentación que acreditara: a) que el establecimiento rural donde ocurrió el accidente de trabajo respectivo contara en ese momento con seguro de accidentes personales y/o ART para sus empleados; b) que a los trabajadores se les hubiera brindado asesoramiento, asistencia técnica o material instructivo de seguridad e higiene en el trabajo; c) la existencia de procedimiento de trabajo del occiso; d) la evaluación de riesgo en su puesto; y e) la entrega de elementos de protección personal ni capacitación. Tampoco que se cumpliera con las medidas de higiene y seguridad para los empleados que allí trabajaban, informando que las escaleras de noria y de los silos no poseían guarda hombre, ni se observaban puntos de anclaje para sistemas anticaídas ni pasarelas.
Sostuvo que dicho dictamen resultaba coincidente con los testimonios brindados en la audiencia de vista de la causa, evidenciándose la carencia total de registración legal de la relación laboral y por cuya razón el trabajador fallecido no contaba, al momento de acaecido el accidente, con cobertura en riesgos del trabajo. Todo lo cual, sumado a los demás incumplimientos de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, llevó a concluir que los empleadores habían ocasionado las circunstancias propicias para el acaecimiento del infortunio.
Ya en la etapa de sentencia, el órgano de grado analizó el reclamo de la parte actora en base a la responsabilidad civil extracontractual de orden objetiva prevista en el art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En ese marco, expuso que su aplicación exige una serie de presupuestos básicos sin los cuales la aplicación de la citada norma legal no resulta operativa, a saber: a) la existencia del daño; b) el carácter riesgoso de la cosa; c) la incidencia de este último en el daño causado y d) que contra quien se accione sea el responsable en virtud de revestir este el carácter de dueño o guardián de aquella.
Bajo esas directrices, expuso que surgía de autos que, al momento del accidente, A. R. se encontraba trabajando para los demandados en sus instalaciones rurales realizando las tareas laborales dependientes que le fueran encomendadas por el principal; las que eran de características riesgosas; por lo que el requerimiento de atribución de responsabilidad que exige el carácter de dueño y/o guardián de la cosa se encontraba cumplido (conf. art. 1.758, Cód. Civ. y Com.).
Agregó que, tal como había quedado acreditado en la primera cuestión del veredicto, la forma en que el occiso debía realizar las tareas laborales importó un riesgo que produjo el accidente fatal. En tal sentido, y con relación al concepto de cosa riesgosa, con apoyo en jurisprudencia de esta Corte y doctrina científica, utilizó el criterio amplio formado del análisis de su predecesor art. 1.113 del Código Civil (ley 17.711) —el cual, dijo, contenía idénticos presupuestos a los exigidos en el art. 1.757 mencionado—, estableciendo que la actividad laboral debía ser incluida en tal previsión.
Luego, procedi
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