Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132663
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.663, "Verbauwede Fabián Horacio contra Organización Médica S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3, con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 27-XII-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 14-II-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Fabián Horacio Verbauwede y condenó a Organización Medica S.A. al pago de las sumas dinerarias que estableció en concepto haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), multas de los arts. 10 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), y a la entrega de los certificados contemplados en la última disposición citada. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes del despido, agravamientos previstos en los arts. 2 de la ley 25.323, 15 de la ley 24.013, decreto 528/20, diferencias salariales y resarcimiento por daño moral (vered. y sent. de 27-XII-2023).
Para así decidir, en lo que resulta relevante de cara a la impugnación deducida, juzgó que la extinción del contrato de trabajo dispuesta por la patronal obedeció a una justa causa, por lo que declaró la improcedencia de los rubros reclamados derivados del despido que había sido calificado de arbitrario por el accionante.
Vale también destacar, ya en lo tocante al reclamo efectuado con sustento en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que luego de juzgar verificados en el caso los presupuestos que viabilizan su aplicación, dispuso el progreso de la sanción contenida en la norma por el período de cinco meses conforme -dijo- lo que había peticionado en autos el demandante (v. sent., pág. 4).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, y 31 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 9, 132 bis, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Afirma que al haber considerado solamente para el cálculo del rubro un plazo de cinco meses, el órgano de la instancia de grado incurrió en una errónea aplicación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, incurriendo en absurdo y violando además la doctrina legal que indica.
En el punto, inicialmente explica que se encuentran acreditados todos los presupuestos que requiere la norma para su aplicación con la extensión que reclama.
Impugnando la lectura que desplegó el tribunal de la instancia de lo reclamado en la demanda y efectuando sendas transcripciones de dicha pieza procesal, sostiene que en aquel se efectuó una estimación provisoria del rubro en cuestión, señalándose que debía "actualizarse" al momento del dictado de la sentencia, o hasta que el demandado acredite el efectivo ingreso de los aportes retenidos.
II.2. Por otro lado, dice que el juzgador de grado aplicó incorrectamente los arts. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, vulnerando asimismo la doctrina que invoca.
Sostiene aquí que la comunicación del despido remitida por la patronal no cumplió con los requisitos legalmente establecidos para su validez, y que el juzgador incurrió -además- en una absurda valoración de la prueba producida en autos. Postula que la sentencia en crisis inaplicó el art. 9 de Ley de Contrato de Trabajo y el sistema de apreciación en conciencia previsto en el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En el caso, los cuestionamientos traídos por el interesado versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda, y se constata que la relacionada con la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo -vigente al momento de ocurrido el distracto-, en función de la fisonomía del agravio y sin perjuicio de la suerte que ha de correr, debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012; L. 126.836, "Fernández", resol. de 26-V-2021 y L. 128.807, "D'Andrea", sent. de 20-XI-2024).
En cambio, el valor de lo cuestionado respecto de los otros embates que contiene el medio de impugnación -anidados en los rubros reclamados en la demanda que rodean al despido y que fueron rechazados- no superan el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141). Por ello, en este aspecto, el recurso extraordinario deducido debe ser analizado en el marco definido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-, quedando entonces la función revisora de esta Suprema Corte circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 120.753, "Lovera", sent. de 30-XII-2024; L. 131.517; "Gamarra", sent. de 1-IX-2025 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025).
III.2. Bajo las precisiones anteriores, encaminadas a definir aquellos aspectos de admisibilidad del recurso en orden al valor de los agravios, por cuestiones de método ha de principiarse por desestimar las objeciones que contiene su segundo tramo.
Entonces, dejando a un lado aquel reproche de monto indeterminado, puede observarse que los cuestionamientos que trae el recurrente -vinculados, en sustancia con la determinación de la forma en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, la apreciación de la constancias probatorias obrantes en el expediente y la supuesta transgresión de las normas procesales- remiten a cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuyo escrutinio resulta una facultad privativa de los jueces de grado, y -como tal- se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía de la excepción intentada (causas L. 121.448, "Soria", sent. de 2-VI-2020; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 128.522, "García", resol. de 13-VII-2022; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025).
A su vez, es sabido que la mención de precedentes emparentados con el vicio del absurdo no habilita la excepción prevista el citado art. 55 de la ley 11.653, aplicable al caso (causas L. 125.163, "Iramain", sent. de 27-VI-2023; L. 127.622, "Boggio", sent. de 24-VI-2024 y L. 130.939, "Gago", sent. de 17-IX-2025).
III.3. En cambio, como se advirtió inicialmente, ha de abordarse sin restricciones la impugnación vinculada con lo resuelto por el tribunal de grado en el marco del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo -vigente al momento del distracto-.
III.3.a. Sentado ello, una lectura integral de este costado del recurso, permite observar que -entre otras transgresiones denunciadas- invocando el vicio de absurdo el recurrente objeta la interpretación que realizó el tribunal del pedimento efectuado en la demanda con sustento en el texto del citado precepto.
III.3.b. Y le asiste razón al denunciar la configuración de tan extremo vicio invalidante.
En efecto, tal como se destaca en la crítica que arrima a esta Sede extraordinaria, en el escrito que contiene la demanda el accionante hubo de precisar que la estimación del rubro en cuestión era "sólo a los fines de poder cumplir con la normativa vigente" y que "debía actualizarse al momento de dictar sentencia o bien hasta que la demandada acredite fehacientemente haber hecho ingreso de los montos retenidos", remarcando a su vez que la suma reclamada era "provisoria" (v. apdo. V.15 del escrito mencionado). Entonces, mal pudo el juzgador de grado sin incurrir en aquella anomalía sentencial, acotar el tramo temporal conectado con la sanción conminatoria reclamada bajo las sucintas expresiones que volcó en el fallo en crisis.
Lo anterior conduce a revocar en este aspecto de la sentencia impugnada, debiendo retornar las actuaciones a la instancia de grado para que el tribunal -con distinta integración- cuantifique nuevamente el rubro reclamado en su debida extensión.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto limitó temporalmente la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo vigente al momento del despido. El expediente ha de retornar a la instancia de origen para que se proceda con arreglo a lo resuelto en el apartado III.3.b. de la presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Sin embargo, considero necesario introducir ciertas consideraciones en torno al examen de admisibilidad practicado en autos.
En las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas, entre otras, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, por lo que en orden a la brevedad remito a aquellos precedentes. Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino y especialmente procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño el marco de tratamiento que propone mi colega.
I.2. Desde esa perspectiva de análisis, comparto la solución ensayada por el ponente en el punto III.2. de su propuesta.
Solo me permito aclarar, a propósito del cuestionamiento anidado en la supuesta transgresión de normas procesales, que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, nuevamente por aplicación de la citada herramienta consagrada en la ley 5.827, acompaño lo decidido en el voto inaugural (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
I.3. Finalmente, en lo concerniente al embate dirigido a objetar el rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, adhiero sin más al voto que abre este acuerdo.
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance expuesto en el punto IV del voto del doctor Soria, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/09/2026 11:23:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/09/2026 13:36:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2026 13:51:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2026 10:33:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2026 08:27:37 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/09/2026 08:47:35 hs. bajo el número RS-103-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia