Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134033
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2024) queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 134.033, "Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría contra Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría. Materia a Categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1, con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 5-XII-3023 y sent. de fecha 11-III-2024).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-III-2024), el que, denegado por el órgano de grado, fue luego concedido por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja interpuesta (v. resol. de fecha 11-VI-2025).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda entablada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría contra la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría dirigida a obtener la actualización de haberes y cobro de diferencias salariales de los trabajadores dependientes de la accionada.
Para así decidir, en lo relevante, precisó inicialmente que la pretensión deducida involucra "derechos individuales y/o plurindividuales de los trabajadores".
Sostuvo luego que, en esas hipótesis, conforme los distintos preceptos que citó de la ley 23.551 y su reglamentación, las asociaciones sindicales requieren autorización expresa y fehaciente de los trabajadores para asumir su representación individual. Con ello, afirmó que la pretensión debió ser encausada en el marco de una demanda iniciada por cada uno de trabajadores en su nombre propio o mediante el sistema de representación que exige que cada uno de los trabajadores afiliados le otorgue autorización escrita a la entidad, lo que no surgía de las actuaciones, ni -agregó- fue invocado por la accionante.
Aclaró que de las actuaciones tampoco resultaba que el sindicato actor hubiese manifestado comparecer en representación de los trabajadores, ni siquiera a modo de gestión sujeta a convalidación, sino que, por el contrario, lo había hecho en su propio nombre (iure proprio).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que -en concreto- denuncia violación del art. 31 inc. "a" de la ley 23.551.
II.1. Alega que el fallo de grado quebranta el principio de congruencia, en tanto el tribunal laboral rechazó la demanda con fundamento en una supuesta falta de legitimación activa del sindicato que nunca fue alegada por la demandada. Agrega que la cuestión pudo haber sido resuelta antes de ordenar el traslado de demanda, lo que hubiera permitido a la interesada obtener la anuencia de los trabajadores.
II.2. Afirma que si en lo referido a los salarios, el sindicato puede representar a los trabajadores en las negociaciones paritarias, también puede hacerlo en el caso, en que se pretende que se le reconozca a todos los trabajadores "el pago de lo convertido por la Ley de Tickets y la actualización de dichos montos en paritarias".
En suma, postula que los derechos en debate son colectivos porque afectan al universo de trabajadores de la demandada, actuales y futuros.
III. El recurso no prospera a mérito de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. No es de recibo el agravio inaugural emparentado con el principio de congruencia.
El recurrente omite denunciar la eventual transgresión de las normas que receptan dicho postulado procesal, como también la supuesta configuración del vicio de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso. Tales cargas son de ineludible cumplimiento en este tipo de impugnaciones (causas L. 126.664, "Tejerina", sent. de 14-III-2023; L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023 y L. 128.749, "F. S. M. L.", sent. de 26-XI-2025), sin que este Tribunal pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que la parte interesada incurre al fundar la impugnación (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 128.695, "Baiz", sent. de 30-IV-2024 y L. 130.955, "Ledesma", sent. de 8-VII-2025).
III.2. No corre mejor suerte el restante embate.
Más allá de las reflexiones que pudieran caber sobre las normas actuadas en el pronunciamiento, lo cierto es que el impugnante no se ha encargado de denunciar la supuesta infracción de todas y cada una de ellas, exigencia, también, de insoslayable cumplimiento de cara a la aptitud del recurso (conf. causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017; L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024 y L. 129.798, "Reginald Lee S.A.", sent. de 23-V-2025).
Aún en una hipótesis más favorable para el recurrente, cabe advertir que en su discurso se limita a exponer una argumentación paralela a la línea de razonamiento que estructura al pronunciamiento impugnado. Bajo ese diseño, la impugnación no logra rebatir eficazmente las consideraciones que brindó el tribunal de grado al resolver el caso.
Resulta entonces de aplicación la jurisprudencia de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de meros disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio discrepante con el del juzgador de grado, sin rebatir adecuadamente las motivaciones esenciales del fallo recurrido (causas L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; L. 131.623, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 15-X-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2024) queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2026 11:27:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2026 10:27:48 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2026 15:12:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 16:53:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 10:04:11 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/09/2026 10:15:28 hs. bajo el número RS-107-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia