Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132312
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.312, "Piriz, Walter Alberto y otros contra Frigorífico Bermejo S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 7-II-2024).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2024).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Walter Alberto Piriz, Mónica Alejandra Fernández, Gerardo Andrés Maya, Juan José Cortez y Walter Fabian Albornoz y condenó a Frigorífico Bermejo S.A. al pago de las sumas que especificó para cada uno de ellos en concepto de vacaciones, sueldo anual complementario y salarios adeudados. Asimismo, con la sola excepción del señor Albornoz, declaró procedentes las indemnizaciones reclamadas con motivo del despido, con más el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323. En cambio, desestimó la acción en cuanto perseguía el cobro de las sanciones establecidas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), 1 de la ley 25.323 y 53 ter de la ley 11.653.
En lo relevante, respecto del coactor Albornoz, el tribunal de grado tuvo por acreditada la entidad injuriante de las imputaciones formuladas por la empleadora para desvincularlo (sustracción de bienes de propiedad de la empresa) y consideró justificado su despido (conf. art. 242, LCT; v. vered., págs. 10/13 y sent., pág. 21).
Por otro lado, desestimó la sanción peticionada al amparo del art. 53 ter de la ley 11.653, por considerar que la litis quedó trabada sin que los demandantes hubieran emplazado a la contraria a los fines y efectos previstos en la referida disposición legal (v. sent., pág. 21).
Rechazó también el resarcimiento reclamado con sustento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), al entender que, del escrito inicial no surgía reclamo alguno por la entrega de los certificados contenidos en la citada norma (los actores solo solicitaron la multa pecuniaria), por lo que no podía considerarse acreditado el incumplimiento exigido para que progrese la aludida indemnización (v. sent., pág. 22).
Finalmente, por mayoría, desestimó la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Ello pues, si bien tuvo por verificado que la empresa retuvo del salario de los trabajadores los importes correspondientes al pago de aportes y contribuciones previsionales y de obra social que no fueron ingresados a los organismos pertinentes (por el período comprendido entre diciembre del año 2014 y octubre de 2016), consideró que tales créditos eran previos a la apertura del concurso de la firma demandada (30-VIII-2018), por lo que se encontraban alcanzados por la prohibición del art. 16 primer párrafo de la ley 24.522, que impide al concursado efectuar pago alguno a sus acreedores (en el caso, AFIP) a partir de la apertura del proceso falencial (v. sent., pág. 25).
II. Contra dicha decisión, los coactores interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncian la violación del art. 14 bis de la Constitución nacional, del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y de los arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial (v. escrito de fecha 28-II-2024).
En sustancia, plantean los siguientes agravios.
II.1. Cuestionan el rechazo de la sanción contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostienen que de la prueba producida en autos surgen cumplidos todos los requisitos exigidos para que proceda la evocada indemnización.
Afirman que el despido de los demandantes se produjo el día 13 de febrero de 2017, por lo que la posterior apertura del concurso preventivo de la accionada (30-VIII-2018), en nada obstaba a su obligación de ingresar a los organismos respectivos los aportes retenidos a los trabajadores.
Refieren que el art. 15 de la ley 24.522 establece que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico, por lo que en este supuesto no se produce el desapoderamiento propio del estado de quiebra.
Argumentan que la decisión resulta arbitraria, máxime teniendo en cuenta el carácter alimentario de los créditos reclamados y la condición de los trabajadores como sujetos de preferente tutela constitucional.
II.2. Por otro lado, controvierten que se rechazara la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de los accionantes Maya y Cortez.
Sostienen que en sus respectivas misivas de fecha 17 de febrero de 2017 intimaron a la demandada para que les entregue los certificados contemplados por la citada norma y, ante su incumplimiento, demandaron el pago de la correspondiente indemnización.
Aducen que debe tenerse presente que en el caso la empresa accionada no contestó la demanda y fue declarada rebelde, por lo que en virtud de lo dispuesto en el art. 29 de la ley 11.653, debe tenerse por reconocida la autenticidad y recepción de los telegramas cursados por los nombrados actores.
Agregan que tampoco respetó el a quo el principio de congruencia, desde que absurdamente resolvió que los accionantes no reclamaron la entrega de los aludidos certificados, cuando —como se expuso— dicho requerimiento fue efectuado.
II.3. También cuestionan que se desestimara la sanción prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653.
Sostienen que surge del intercambio telegráfico que los actores emplazaron a la accionada por el pago de los rubros salariales, dando cumplimiento a la citada norma en cuanto exige que el empleador se encuentre en mora y que, habiendo sido fehaciente intimado, no haya abonado los importes adeudados.
II.4. Finalmente, el coactor Albornoz solicita se condene a la demandada a pagarle las indemnizaciones derivadas del despido y el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.
Alega que su parte rechazó las causales invocadas por la accionada para disponer la cesantía, por lo que le correspondía a la contraria demostrar los delitos que falsamente le atribuyó (art. 375, CPCC), carga que —aduce— no fue cumplida.
Refiere que la accionada no contestó la demanda —circunstancia que motivó la declaración de su rebeldía— por lo que debieron reconocerse como ciertos los hechos invocados en el escrito de inicio, conforme lo dispuesto en el art. 354 del Código Procesal Civil y Comercial.
Argumenta sobre las constancias de la causa penal incorporada al proceso mediante una medida para mejor proveer dictada por el a quo. Agrega que la empresa incumplió la manda del art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto le impone al empleador suspender al dependiente y formular la denuncia penal, debiendo aguardar su resultado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar inicialmente que, en casos como el presente, en el que se constata la existencia de un litisconsorcio activo facultativo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria está representado por los rubros reclamados por cada uno de los coactores individualmente considerados en los respectivos escritos de inicio que fueran desestimados en la sentencia y que son motivo de agravio en el medio de impugnación.
Luego, es menester destacar que los cuestionamientos traídos por los recurrentes versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas —la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, texto según ley 25.345— resulta de valor indeterminado (causas L. 123.060, "Font", resol. de 11-III-2020; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 126.836, "Fernández", resol. de 26-V-2021 y L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025).
En cambio, los restantes agravios propuestos no superan el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141), de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser analizada dentro del marco definido en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, aplicable al caso.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025; e.o.).
III.2. Bajo dichas premisas, con relación al embate traído por los recurrentes en torno al rechazo de la sanción contemplada en el art. 53 ter de la ley 11.653 —aplicable al caso—, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, cabe señalar que se ha omitido citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 130.050, "Fernández", resol. de 5-VIII-2023; L. 132.533, "Coronel", resol. de 2-IX-2025; e.o.).
III.3. Luego, igualmente inadmisible resulta el reproche efectuado por los coactores Maya y Cortez dirigido a impugnar la desestimación de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Ello así, pues el planteo propuesto por los recurrentes importa la revisión de cuestiones de hecho y prueba, excluidas —por regla— del estrecho carril en que se examina la impugnación, como lo son, entre otras, las vinculadas con la interpretación del intercambio telegráfico y los escritos constitutivos de la litis (causas L. 129.697, "Almiron", resol. de 19-XII-2022; L. 131.846, "Portillo", resol. de 27-IX-2024; L. 127.668, "Muñoz", sent. de 19-XII-2025; e.o.), a lo que cabe agregar que tampoco ensayan los interesados ninguna explicación tendiente a demostrar de qué modo habría sido transgredida en la especie la doctrina que emerge de las causas que citan en sostén de su postura, circunstancia que obsta a la suficiencia del embate en este aspecto (art. 279, CPCC).
III.4. No mejor suerte han de seguir las críticas formuladas por el coaccionante Albornoz, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal de esta Corte, trae a consideración agravios relativos a cuestiones de índole fáctica y probatoria, tales como son las relacionadas a la configuración de las causales de despido invocadas por el empleador para justificar la rescisión del contrato de trabajo, la valoración de la injuria efectuada por el a quo, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos todos ellos detraídos de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 126.540, "Rodríguez", sent. de 10-IV-2023; L. 130.432, "López", sent. de 30-IV-2024; L. 133.579, "Visciglio", resol. de 1-VII-2025; L. 133.587, "Scarpecci", resol. de 30-IV-2026; e.o.).
III.5. Por lo demás, a propósito de las citas normativas que se realizan en distintos tramos del recurso, debe recordarse que también se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la presente impugnación, las cuestiones estrictamente procesales, como lo son las relacionadas a la infracción del principio de congruencia, la atribución de la carga de la prueba o las consecuencias de la declaración de rebeldía (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 126.823, "Barragán", sent. de 10-IV-2023; L. 132.060, "Núñez", resol. de 20-IX-2024; L. 132.049, "Calo", sent. de 26-V-2026; e.o.).
III.6. En cambio, conforme fuera anticipado, con relación al agravio referido a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), es dable habilitar la instancia extraordinaria sin restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653, aplicable en especie), pues esta Corte tiene dicho que el importe de la penalidad prevista en el citado artículo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (causas L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019; L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021; L. 130.463, "Moreno", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Aclarado ello, cabe anticipar que la crítica no es de recibo.
III.6.a. En efecto, el tribunal de grado, por mayoría, consideró que en tanto los créditos que daban base a la indemnización del citado art. 132 bis eran previos a la apertura del concurso de la firma demandada (30-VIII-2018), se encontraban alcanzados por la prohibición del art. 16 primer párrafo de la ley 24.522, que impide al concursado efectuar pago alguno a sus acreedores (en el caso, la AFIP) a partir de la apertura del proceso falencial (v. sent., pág. 25).
III.6.b. Ante esta definición, y sin abrir juicio sobre su acierto, los recurrentes no formulan una réplica con aptitud para desvirtuar la esencial motivación expuesta en el fallo, limitándose a exhibir su mera disconformidad con lo resuelto.
Es que, no demuestran los interesados —tarea a su cargo— por qué media error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, ya que siquiera denuncian la violación o errónea aplicación de la precisa norma actuada por el a quo, incumpliendo así insoslayables exigencias en la fundamentación del recurso (art. 279, CPCC).
Cabe aquí recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024; L. 130.878, "Araldi", sent. de 20-XI-2024 y L. 131.601, "Dell Oro", sent. de 15-X-2025).
Para más, no resulta idónea a los fines de modificar el fallo impugnado la doctrina legal citada en la postulación recursiva, en tanto no guarda correspondencia con las motivaciones plasmadas por el a quo que han constituido factores esenciales de su decisión, o bien no refieren a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019; L. 125.513, "Junco", resol. de 14-XII-2020; L. 126.835, "Ayala", sent. de 23-XI-2023; L. 133.997, "Santellán", sent. de 10-VI-2026; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega doctor Torres —incluso en materia de costas— con las siguientes acotaciones complementarias.
I. En primer lugar, estimo pertinente señalar que como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) —y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017)— a fin de examinar la concurrencia del recaudo de valor de lo cuestionado, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los cuales remito en honor a la brevedad.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino —y especialmente— procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño el tratamiento que mi colega le ha brindado al recurso (v., en particular, punto III.1. del voto inaugural) y la solución propuesta.
II. En similar sentido, y atento lo expuesto en el apartado III.5. del voto inaugural, he de recordar que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Sin embargo, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria, por los motivos expuestos y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), coincido en que los agravios allí descriptos no permiten abrir el canal extraordinario previsto por el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, aplicable en especie (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021).
Por lo expuesto, y reiterando mi aquiescencia con el ponente, doy mi voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2026 15:35:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2026 11:36:25 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2026 17:26:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:42:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:14:08 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 09:56:12 hs. bajo el número RS-119-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia