Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131639
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte demandada, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.639, "Rodríguez Ricciardi, Cecilia Araceli contra Provincia A.R.T. S.A. y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 4-X-2023).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 24-X-2023 y 25-X-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en lo que respecta al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Cecilia Araceli Rodríguez Ricciardi y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, ello, en razón de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 12 de agosto de 2010.
La rechazó, en cambio, en cuanto la trabajadora pretendía que la aseguradora mencionada y su empleadora, la Municipalidad de General Arenales, le abonaran una indemnización integral en concepto de daños y perjuicios con fundamento en distintas normas del anterior Código Civil.
En lo tocante a esta última definición, juzgó que los presupuestos exigibles para atribuir responsabilidad a las demandadas conforme la acción entablada con sustento en el derecho común, no habían sido probados. Precisó que, si bien la actora demostró que padeció el accidente de trabajo, no se acreditó que la "cosa" (tarea conforme se denunció) productora del daño fuera riesgosa, ni viciosa, siendo que, además, no se acreditó en qué circunstancias laborales habría sufrido el infortunio.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 901 y 1.113 del anterior Código Civil; 163 inc. 5, 375 y 443 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 25-X-2023).
Cuestiona que se haya desestimado el reclamo en concepto de indemnización fundada en el derecho común. Así, denunciando absurdo en la apreciación de la prueba, afirma que los elementos de juicio obrantes en autos permiten concluir que las labores que desempeñaba la trabajadora importaron per se un claro riesgo, y tuvieron suficiente aptitud para generar consecuencias negativas en su integridad psicofísica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe destacar que el medio extraordinario de impugnación deducido fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso— (v. resol. de fecha 30-X-2023). Esa decisión arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria, toda vez que no resultó objetada por la recurrente.
Luego, la función revisora de esta Corte ha de circunscribirse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.336, "Quiñones", sent. de 1-IX-2025).
III.2. Desde esa perspectiva de análisis la crítica traída luce inadmisible.
En efecto, los argumentos que trae el impugnante remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del acotado ámbito de revisión por el que transita el recurso (causas L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 6-V-2015; L. 119.372, "Fortini", sent. de 10-IV-2019 y L. 128.676, "Romero", sent. de 24-II-2025).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como fuera anticipado, el órgano judicial de grado acogió la acción fundada en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de dicha ley.
Interesa destacar que al momento de realizar el cálculo de la prestación que integra la condena, la jueza cuyo criterio configuró la opinión mayoritaria en la sentencia atacada comparó el resultado que arrojaba la fórmula prevista en aquel precepto legal considerando, de un lado, el sueldo mínimo vital y móvil en su valor actual (al momento de la sentencia), y del otro, el valor del ingreso base conforme el art. 12 de la ley 24.557. En ese proceder comprobó la existencia de una diferencia que estimó superior al 33%, y juzgando aplicables los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) declaró la inconstitucionalidad del mencionado art. 12 de la ley especial y determinó el ingreso base mensual "con arreglo al 67% del promedio salarial que percibiría la trabajadora, en la actualidad".
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 2.539, 2.541 y 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de las leyes 23.928; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 24-X-2023).
II.1. Sostiene que la decisión del tribunal de grado resulta contraria a la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), desde que se aparta del mecanismo legal de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Y en ese marco, señala que el salario tomado por el a quo se traduce en un valor ficticio e irreal que conduce a una prestación dineraria desproporcionada.
II.2. Manifiesta que el fallo luce incongruente porque el juzgador, si bien citó como fundamento de su decisión lo resuelto por este Tribunal en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), resolvió la cuestión de una manera claramente diferente. Explica que el a quo invocó la doctrina legal de aquella causa para sustentar la declaración de inconstitucionalidad del mentado art. 12 y tomar como ingreso base mensual el 67% del salario mínimo, vital y móvil relativo al mes de la sentencia, mientras que en "Monchiero" se aplicó dicho parámetro al promedio salarial que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente. Añade que, de este modo, el juzgador también se apartó de lo resuelto en los casos L. 119.085, "Olguín" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.485, "Medina" (sent. de 31-VIII-2021).
II.3. Por último, afirma que la sentencia arroja un cálculo indemnizatorio desproporcionado y confiscatorio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Al igual que el recurso deducido por la accionante, este medio de impugnación también fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario—, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 30-X-2023). Y ello, no fue objetado por el interesado.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda nuevamente acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal conforme las directrices relevadas en el punto III.1. de la respuesta dada a la primera cuestión planteada en este acuerdo.
III.2. Alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, ha de señalarse que no resulta eficaz lo argumentado por el quejoso en lo vinculado con la doctrina establecida en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y otros similares que individualiza en su impugnación.
III.2.a. Con sujeción a los límites en que fue concedido el recurso no se observa la configuración de la hipótesis habilitante.
Es que, limitándose a señalar el equívoco en que habría incurrido el juzgador a utilizar el salario que consideró para cuantificar la prestación dineraria, el quejoso, si bien acude al precedente "Monchiero" para estructurar su embate, se aparta del razonamiento desplegado por el juzgador. En rigor, el análisis que propone conduce a la revisión de cuestiones anidadas en lo fáctico, cuyo escrutinio resulta una facultad privativa del juzgador de grado y excluida del ámbito de la casación por la vía de excepción transitada (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022 y L. 131.353, "Tresols", sent. de 27-II-2026).
Por lo demás, resulta igualmente ineficaz la restante doctrina que asegura violada, ya que el recurrente se circunscribe a mencionar varios precedentes e incumple la carga que impone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no explica debidamente de qué manera se configuraría la transgresión que denuncia (causas L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023).
III.2.b. Tampoco acierta el interesado en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal contenida en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
Ello así, toda vez que la doctrina legal cuya transgresión se invoca fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que revela su falta de aptitud (causas L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; L. 127.922, "Novajas", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.755, "Mansilla", sent. de 30-III-2026).
III.3. Finalmente, en cuanto al último agravio traído, y sin entrar en otro orden de consideraciones, se impone destacar que el recurrente omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el estrecho conducto por el que transita el recurso (causas L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En efecto, como lo señala mi distinguido colega doctor Soria, el recurso, medio de impugnación deducido, fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 vigente al momento de la interposición del recurso extraordinario, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Sentado ello, corresponde destacar que, en la especie, los planteos ensayados por el recurrente no permiten considerar involucrada —de manera directa e inmediata— una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
I.2. En consecuencia, bajo estas condiciones, la admisibilidad del recurso deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 aplicable en la especie, tal como lo propone el colega ponente.
En este marco, suscribo el voto del doctor Soria en los puntos III.2. y III.3.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero —por los mismos fundamentos— al voto del señor Juez doctor Soria con las consideraciones adicionales formuladas por el señor Juez doctor Torres. Con costas (art. 289, CPCC).
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte demandada, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2026 11:01:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2026 14:09:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2026 19:21:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 18:25:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2026 09:12:33 - KROTTER Juan Jose - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2026 09:56:07 hs. bajo el número RS-116-2026 por KROTTER JUAN JOSE.
Fin de la sentencia