Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130993
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.993, "Navarro, Armando José contra Lavadero Industrial San Martín S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida, imponiendo las costas —con el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653— a la parte actora vencida (v. pronunciamiento de fecha 15-VI-2023).
Se dedujeron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-VII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. presentación electrónica de fecha 21-II-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la demanda promovida por José Armando Navarro contra Lavadero Industrial San Martín S.A. mediante la que pretendía el cobro —entre otros rubros— de las indemnizaciones derivadas del despido y de los distintos incrementos indemnizatorios reclamados en la demanda.
Señaló que en el caso no estaba controvertida la existencia de un vínculo laboral entre las partes, con la particularidad —apuntó— de que el establecimiento donde trabajaba el accionante había sido transferido a la empresa demandada el 26 de julio de 2019, reconociéndole esta última la antigüedad adquirida con su predecesora —San Martín Textil S.R.L.— (1-IX-2006), en los términos del art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tal situación —indicó— se corroboraba con la documentación acompañada junto con la contestación de la demanda y que —según se verificó— fuera rubricada por el trabajador (conf. pericia caligráfica de 21-IV-2023 y sus aclaraciones).
Sentado ello, juzgó que la actora no logró demostrar —como era su carga— las irregularidades denunciadas respecto a su real categoría laboral, jornada de trabajo, horas extra adeudadas y el ingreso en una fecha anterior (2-VI-2003) a la que figuraba en los registros de la empleadora (1-IX-2006).
En este sentido, destacó que las declaraciones brindadas por los testigos ofrecidos por su parte no aportaron elementos a los fines de tener por verificadas las características del vínculo invocadas por el accionante, máxime siendo que los deponentes habían finalizado sus relaciones laborales varios años antes que el aquí reclamante.
Luego, con apoyo en lo informado por el correo oficial, ponderó que el empleador respondió a la intimación efectuada por el dependiente a través de la pieza postal enviada al domicilio consignado por éste en su misiva (calle Alvear 6165), la que le fue devuelta con la observación "dirección inexistente".
Destacó que el señor Navarro recién indicó su verdadero domicilio en el telegrama en el que comunicó su despido (calle Alvear 190 casa 6165), a donde el empleador le contestó rechazando el distracto dispuesto. Agregó que, ante ello, llamativamente, el accionante ratificó su postura rupturista a través de una carta documento en la que nuevamente consignó erróneamente su domicilio.
Consideró entonces que la conducta del trabajador estuvo teñida de mala fe, al indicar un domicilio erróneo y pretender que le contesten al verdadero, por lo que debía tenerse por acreditado que las misivas remitidas por la empleadora habían llegado a su esfera de conocimiento (conf. art. 62, LCT).
En lo atinente a la extinción del vínculo juzgó que el autodespido del dependiente —que tuvo por configurado el 4 de febrero de 2022— resultaba injustificado, atento a que además de la falta de prueba sobre las irregularidades del contrato denunciadas, tampoco quedó demostrada la negativa de tareas invocada por el trabajador ni podía considerarse configurado el silencio patronal ante sus requerimientos.
Asimismo, con sustento en la pericia contable y el informe del Banco Credicoop, tuvo por acreditado que al actor se le abonaron los rubros pretendidos en concepto de liquidación final.
A la luz del entramado fáctico antes descripto, ya en la etapa de sentencia, dispuso el rechazo de los rubros salariales e indemnizatorios reclamados con motivo del despido.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la accionada había consignado en las certificaciones acompañadas al contestar demanda (art. 80, LCT —texto según ley 25.345—) una fecha de ingreso diversa a la establecida en la primera cuestión del veredicto (1-IX-2006), correspondía condenarla a que presente los certificados de trabajo previstos en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 12 inc. "g" de la ley 24.241, bajo apercibimiento de aplicar astreintes.
En este orden, con apoyo en el precedente de este Tribunal que citó, sostuvo que verificada en el caso la transferencia del establecimiento a favor de la accionada (art. 225, LCT), el adquirente tenía la obligación de registrar el contrato de trabajo (arts. 52 inc. "d", LCT y 7, ley 24.013) con indicación de la fecha en que el trabajador había ingresado a laborar para el transmitente, y no desde el momento en que se hizo cargo del establecimiento.
Concerniente a la multa establecida en la norma antes citada, dispuso su rechazo por no haber cumplido el accionante con la intimación prevista en el art. 45 de la ley 25.345.
Finalmente, impuso las costas al actor con la previsión establecida en el art. 22 de la ley 11.653.
II. En la vía extraordinaria de nulidad, el actor denuncia la violación de los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 47 de la ley 11.653.
Alega que el juzgador de grado omitió analizar cuestiones esenciales que resultaban de vital importancia para acreditar los incumplimientos endilgados al empleador y la falta de registración del que —aduce— surgen verificadas con las constancias de autos.
Sostiene que el tribunal soslayó expedirse sobre los rubros que integraron la liquidación final reclamada en la demanda, cuales son, las vacaciones no gozadas y el sueldo anual complementario correspondientes al año 2022, cuya falta de pago fue certificada por el dictamen pericial contable.
Señala que los magistrados intervinientes también omitieron pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa, respecto a la procedencia de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), peticionada por su parte tanto en el intercambio telegráfico como en el escrito de demanda.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, entiendo necesario señalar que he de apartarme de lo aconsejado por el señor Procurador General, en cuanto propicia decretar la anulación oficiosa del pronunciamiento.
Es que, sin perjuicio de los reparos sobre la metodología empleada por el tribunal de grado para abordar las cuestiones litigiosas, surge del veredicto que los interrogantes sometidos a debate fueron planteados por el magistrado que abrió el acuerdo —doctor Antonio Di Renzo—, quien, seguidamente, expresó de corrido su opinión en las cinco cuestiones planteadas. Luego, se observa que las otras dos juezas intervinientes —doctoras Verónica Inés Boxler y Graciela Alejandra García— acompañaron sus fundamentos y, por esa coincidencia, refirieron votar a todas y cada una de las cuestiones planteadas en idéntico sentido. Luego, en el caso, la existencia de voto individual no se ha visto comprometida.
Esta Corte ha dicho en otras oportunidades que la anulación de oficio no obedece a puro formalismo, sino a la necesidad de no aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que pudiere ser inducido por la técnica usada en la sentencia (causas L. 95.325, "Fernández", sent. de 11-III-2013; L. 82.926, "Nieva", sent. de 13-VII-2011; L. 115.831, "R., A.M.", sent. de 14-XI-2018; e.o.).
No resulta ser este el caso, puesto que la parte actora ha planteado su propio recurso de nulidad sin objetar los extremos observados por el señor Procurador en su dictamen.
Luego, con excepción de las referencias ya efectuadas acerca de un proceder poco prolijo por el tribunal actuante y teniendo en mira que la anulación de oficio constituye un arbitrio utilizado por esta Suprema Corte en supuestos de excepción, no observo en la sentencia de mérito falencias de entidad tal que se traduzcan en situaciones incompatibles con el debido proceso o el quebrantamiento del derecho de defensa en juicio. Tampoco se está aquí frente a aquellos supuestos en los que la decisión, desde su contenido, impida percibir nítidamente el curso lógico y jurídico del que deriva, obstando con ello la interposición de los recursos pertinentes y el control de legalidad mediante su conocimiento.
III.2. Sentado lo expuesto, ingresando en el tratamiento de los agravios formulados por el interesado en el recurso bajo examen, cabe señalar que resulta inatendible el planteo referido a la supuesta preterición endilgada al sentenciante de grado en punto a los rubros que —aduce— integraron la demanda en concepto de liquidación final, así como también las alegaciones que realiza en torno a las circunstancias fácticas y probatorias de la causa.
Es que, contrariamente a lo indicado por el interesado, el tópico cuya preterición denuncia mereció consideración en el fallo, no mediando infracción del art. 168 de la Constitución provincial cuando la cuestión que se dice omitida ha sido tratada, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a dicha decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020; L. 128.184, "López", resol. de 1-IX-2022; L. 131.540, "Di Nápoli", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Es dable además recordar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta de que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propias del de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018; L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021; L. 132.486, "Sainz", resol. de 13-III-2025; e.o.).
III.3. En cambio, asiste razón al compareciente cuando afirma que el tribunal omitió abordar el reclamo vinculado con la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Conforme ha sostenido reiteradamente esta Corte, son cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 125.044, "Franco", sent. de 13-VII-2022; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; L. 130.857, "Fiscalía de Estado", sent. de 20-V-2025; e.o.).
Es que, de las constancias obrantes en la causa surge que la temática que se denuncia preterida fue introducida por el accionante en su postulación inicial (v. presentación de fecha 21-IV-2022, págs. 8 y 12/13), integrando —por lo tanto— el esquema jurídico que la sentencia debió atender para la solución del caso. No obstante, de la lectura integral del fallo se advierte que no fue abordada por los magistrados de grado.
Este grave descuido, sin expresión alguna que lleve a comprender el motivo por el cual no fue tratado el planteo efectuado oportunamente, muestra la presencia —en el caso— de una incongruencia por omisión que conlleva, en el supuesto, la nulidad parcial del pronunciamiento de grado (causas L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.658, "Racedo", sent. de 15-VII-2015; L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022; L. 130.293, "Jardínez", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
III.4. Con relación a los alcances de la nulidad que aquí propongo, cabe recordar que, tal como se resolvió en la causa L. 80.137, "Garín" (sent. de 6-IX-2006), verificándose una acumulación objetiva de pretensiones, la omisión del tribunal respecto de una de ellas, no vinculada a las restantes por relación de continencia, accesoriedad ni subsidiariedad, permite la anulación parcial de la decisión exclusivamente con relación a dicho reclamo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 117.387, "De León", sent. de 22-IV-2015; L. 131.546, "Mendoza", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
Al igual que se señaló en dicho precedente y en los demás citados, declarar la nulidad de los restantes fragmentos de la decisión deviene innecesario y configuraría un dispendio jurisdiccional, que afecta el rendimiento del servicio de administración de justicia.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial de la decisión en crisis, debiendo volver los autos al tribunal de origen, para que —con diferente integración— renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo fallo respecto de la cuestión preterida (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 9, 11, 18, 22, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 79, 80, 132 bis y 225 de la Ley de Contrato de Trabajo; 45 de la ley 25.345; 19 de la ley 11.653; 68 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita.
En concreto, formula los siguientes agravios.
I.1. Impugna la conclusión de grado respecto a que su parte consignó un domicilio erróneo en dos misivas cursadas a su empleador con la finalidad de evitar la recepción por parte de éste, atribuyéndole haber actuado con mala fe.
Postula que el sentenciante de grado quebrantó el principio de la norma más favorable y la prohibición de establecer presunciones en su contra (arts. 9 y 58, LCT), como así también la doctrina legal que indica.
Aduce que, como surge de la copia del documento nacional de identidad acompañado junto con el escrito de demanda, el domicilio real del actor se sitúa en la calle Alvear n° 6165 de Loma Hermosa, partido de General San Martín.
Explica que en dicha localidad las calles tienen una doble identificación o denominación, por lo que su domicilio puede individualizarse como calle "Alvear n° 6165" o calle "190". Agrega que lo expuesto se acredita mediante la página web de ARBA que identifica y un link de la de Google Maps que detalla (v. rec., pág. 9).
Insiste en que jamás consignó un domicilio incorrecto o erróneo a fin de evitar que las comunicaciones de la contraria llegaran a destino. Reitera que su dirección siempre fue la misma, pudiendo identificarse como Calle Alvear 190, Alvear (190) o Alvear (calle 190) casa 6165 o n° 6165.
Señala que a partir de la contestación de oficio cursada por el correo se constata que las referidas misivas fueron devueltas al remitente con la leyenda "dirección inexistente", por lo que el fracaso de la diligencia no puede imputársele a su parte, quien no denunció un domicilio incorrecto, ni rehusó la recepción de tales envíos.
Argumenta que el tribunal hace una interpretación errónea al imponerle al actor una carga que, en realidad, pesaba sobre la demandada, siendo ella quien debía actuar con diligencia y buena fe (arts. 62 y 63, LCT).
I.2. Vinculado con lo anterior, objeta la definición plasmada en el fallo en cuanto juzgó no configurado el silencio patronal regulado en el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo y, consecuentemente, no aplicó la presunción establecida por la citada norma.
I.3. Aduce que el sentenciante incurrió en absurdo al valorar la prueba pericial contable y transgredió los arts. 39 de la ley 11.653 y 52, 53 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que de la referida experticia surgen falencias en la documentación llevada por la firma accionada. En este sentido, refiere errores en la registración de las fechas de ingreso y egreso del trabajador, falta de pago de la liquidación del sueldo anual complementario y las vacaciones correspondientes al período 2022, incongruencias entre las fechas de alta y baja del actor y la rúbrica posdatada de los libros y registros contables.
Advierte entonces que existe una discrepancia entre los libros contables llevados por la empresa y la documentación agregada en autos, no pudiendo establecerse claramente las fechas de ingreso y egreso del trabajador, privando de validez a aquellas consignaciones que solo pudieron ser controladas por la autoridad ex post facto.
Señala que surge verificado que el trabajador estaba mal registrado, que cobraba una retribución menor a la que le correspondía y que percibía sumas "en negro" por las horas extra laboradas diariamente, conforme lo normado en la segunda parte del art. 39 de la ley 11.653.
Subraya que la propia demandada le asignó al trabajador dos fechas de ingreso distintas: la que surge del escrito de contestación de la demanda (1-IX-2006) y aquella otra que fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y consignada en el certificado de trabajo (26-VI-2019).
Argumenta que resultaron acreditadas las irregularidades existentes en los libros de la demandada y las deficiencias en la registración del vínculo, como también la falta de pago de aportes de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, circunstancia que configura otra demostración del fraude a la ley laboral por parte de la empleadora y encuadra dentro de las previsiones del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
I.4. Impugna la valoración de la prueba testimonial.
Explica que del relato efectuado por los testigos —compañeros de trabajo del reclamante— surgen acreditadas las modalidades laborales denunciadas en la demanda, esto es, el pago de parte de la remuneración fuera de recibo, su categoría, horario de trabajo y la labor en horas extra. Cuestiona que dichos testimonios no fueran transcriptos en la sentencia.
I.5. Sostiene que el fallo de grado ha violado el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Refiere que el propio juzgador reconoció que el certificado previsto en la norma fue presentado extemporáneamente, es decir, varios meses después de ocurrido el despido, y que tampoco contiene la real fecha de ingreso del actor (1-IX-2006). Aduce que, sin embargo, de forma inconsistente, consideró que no se configuraba por parte del empleador un incumplimiento en los términos de los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, limitándose a intimar a la contraria a que acompañe la documentación confeccionada en debida forma.
Postula que no pudo conferirse efectos cancelatorios a los certificados de trabajo agregados por la contraria. Asevera que las certificaciones contempladas en el citado precepto no fueron realizadas ni puestas a disposición del accionante en el plazo previsto en el decreto 146/01, además de contener datos incorrectos sobre la fecha de ingreso y egreso del trabajador.
Aduce vulnerado el art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo por cuanto la demandada no respetó la antigüedad del trabajador, al haber consignado falsamente en el certificado del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo una fecha de ingreso (26-VI-2019), que se contrapone con la denunciada al contestar la demanda (1-VI-2006).
Manifiesta que ve
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