Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128708
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.708, "Quiroga, Claudio Marcelo contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada vencida (v. sent. de 24-XI-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 9-XII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Claudio Marcelo Quiroga y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. resol. de 27-IV-2021), señaló como hechos relevantes de la causa que: a) el 23 de diciembre de 2005 el actor sufrió un accidente de trabajo por el cual, el 18 de septiembre de 2006, la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó un 13,5% de incapacidad; b) el 18 de octubre del mismo año fue puesto a su disposición el pago de la suma de $23.323,74; c) como consecuencia del recurso interpuesto ante la justicia, el órgano de grado competente determinó una disminución de la aptitud laboral del 16,69%; d) el 3 de abril de 2014 el accionante percibió, por parte de la aseguradora demandada, la suma adicional de $6.718,26 (v. sent., pág. 3).
En este marco, de modo previo a determinar la suma que le correspondía percibir al demandante como indemnización por su incapacidad, se avocó a analizar los pedidos de inconstitucionalidad formulados por aquel.
Señaló que los cuestionamientos sobre la validez constitucional de los arts. 21, 22 y 49 de la ley 24.557 devenían abstractos, en tanto el accionante había transitado la vía administrativa previa y el reclamo se limitaba al cobro de diferencias indemnizatorias.
A continuación, con sustento en lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016, Fallos: 339:781), rechazó los planteos vinculados a la constitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 8 y 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773 y del decreto 472/14 (v. sent., págs. 6 y 7).
En relación con la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por mayoría, señaló que en el precedente de esta Corte L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), invocado como fundamento del planteo, este Tribunal se había limitado a resolver que el recurso allí tratado abordaba una cuestión de hecho, ajena a la casación, razón por la cual no resultaba aplicable en la especie, máxime cuando -en el caso- la accionante no había denunciado la existencia de conceptos salariales no remunerativos.
Consideró entonces que resultaba aplicable al caso la norma vigente al momento del evento dañoso, conforme la doctrina legal emergente de las citadas causas "Staroni" y "Espósito".
Con arreglo a ello, efectuó el cálculo de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, arribando a la suma que indicó (v. sent., pág. 8). A ese resultado, le adicionó intereses desde el evento dañoso (23 de diciembre de 2005) y hasta la fecha del primer pago parcial (18 de octubre de 2006) a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Al monto total le dedujo el importe antes referido y, al remanente le adunó accesorios -a la misma tasa- desde el 19 de octubre de 2006 y hasta el 19 agosto 2008. Y desde el 20 agosto de 2008 y hasta el 3 abril de 2014, fecha del segundo pago, le sumó los accesorios a la tasa pasiva digital, alcanzando así la suma establecida en el fallo. Finalmente, dispuso que este guarismo, devengue intereses desde el 4 de abril de 2014 y hasta su efectivo pago con arreglo a la tasa pasiva más alta de la entidad mencionada.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75, incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo de San Salvador; 11 y 39 de la Constitución provincial; de los principios alterun non laedere, de indemnidad, protectorio y de progresividad y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 9-XII-2021).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado interpretó absurdamente la pretensión contenida en la demanda, soslayando valorar la razonabilidad indemnizatoria al momento del fallo. En ese sentido, cuestiona que el sentenciante haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Manifiesta que esa decisión vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), cuyo fundamento -señala- radica en que las indemnizaciones laborales deben ajustarse a montos razonables al ser abonadas.
Alega que su parte planteó como pretensión principal la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio conforme las pautas salariales y liquidatorias vigentes al momento del pago parcial (abril de 2014), o bien, del dictado de la sentencia (noviembre de 2021).
Afirma que, tratándose de un trabajador que porta su minusvalía por más de quince años a la espera de percibir su crédito indemnizatorio íntegro y definitivo, el a quo desvirtuó el concepto resarcitorio concediendo un capital de condena a todas luces irrazonable e irrisorio.
Advierte que el sentenciante decretó absurda e injustificadamente la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ignorando la doctrina legal aludida y posteriormente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Leguizamón" y "Marando". Resalta que los planteos y argumentos de su parte, esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, coinciden y se asemejan a los mencionados precedentes "Amaya" y "Monchiero".
II.2. Expresa que la sentencia de grado resulta arbitraria por haber omitido valorar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora, el análisis comparativo señalado en su pretensión, sin advertir que la pretensión actoral trasciende la mera aplicación temporal de normas, como erróneamente concluye, decidiendo la suerte del proceso, omitiendo dar tratamiento y comparar la verdadera esencia del reclamo, temática diversa a la cuestión decidida.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como por lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
II.3. Aduce que el sentenciante al no considerar la prestación dineraria como un crédito alimentario o deuda de valor violó los arts. 11 apartado 1 de la ley 24.557 y 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Insiste en peticionar una actualización o ajuste de valores al momento del efectivo pago, conforme a lo dispuesto por los arts. 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, conforme texto de la ley 27.348.
II.4. Por último, denuncia que la sentencia transgredió el principio de congruencia e incurrió en una contradicción en sus fundamentos pues había predicado sobre la necesidad de proteger los derechos del trabajador, pero finalmente omitió atender sus pretensiones.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable en especie, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de 22-XII-2021).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 aplicable al caso, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción, el agravio que objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00) -concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para determinar el ingreso base mensual- debe ser desestimado por su insuficiencia.
III.2.a. En este orden y en atención a las particulares circunstancias de la causa, cabe inicialmente recordar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, se advierte que el interesado no refuta las razones sobre las cuales se estructuró la decisión objetada, afincadas específicamente en el ámbito temporal de aplicación de la normativa en juego y en el encuadramiento del evento dañoso en dicho contexto.
En efecto y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto sustancial de la solución adoptada, el compareciente no se hace cargo de rebatir los argumentos que brindó el tribunal de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido (causas L. 118.832, "Zacarías", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 129.495, "Rodríguez", resol. de 22-XII-2022 y L. 128.868, "Ortíz Caballero", resol. de 23-XI-2023).
Lejos de ello, solo se limita a formular consideraciones genéricas (v.gr., la hipotética inobservancia de derechos constitucionales), que -bajo las concretas aristas que exhibe el caso- no aportan fundamentos concluyentes en sustento de sus alegaciones (conf. art. 279, CPCC).
Es que esta Corte reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920; 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023).
III.2.b. Por otro lado, tampoco cuestiona el impugnante los fundamentos explicitados por el juzgador de origen en torno a la jurisprudencia expresamente denunciada por el actor al articular su pretensión, lo que sella la suerte adversa del agravio.
III.2.c. Si bien lo antes expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate bajo examen, cabe aclarar que la denuncia asentada en un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), resulta igualmente inatendible.
Es que, de la lectura de los términos de la pretensión actoral de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa (en donde se invocan cálculos comparativos meramente aproximados por haberse declarado la cuestión litigiosa de puro derecho), no se advierte al influjo de los parámetros que utilizó la señora Jueza doctora Kogan al emitir su voto en las citadas causas -al cual hube de adherir y remito por razones de brevedad-, que concurran en el caso las condiciones que condujeron en dichos precedentes a declarar la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024 y L. 128.444, "Galante", sent. de 28-XI-2024).
Luego, surge evidente que lo juzgado en las invocadas causas no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
III.2.d. Resta agregar que tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues en ella la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante (art. 279, CPCC).
III.2.e. En consecuencia, dicha parcela del pronunciamiento ha de permanecer firme.
III.3. En otro orden, no puede tener cabida el embate de la quejosa fundado en que el sentenciante habría omitido abordar su planteo vinculado con la "razonabilidad indemnizatoria" solicitada.
Se aprecia que este embate resulta inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; L. 131.601, "Dell Oro", sent. de 15-X-2025; e.o.).
III.4. Luego, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que -tal como lo advierte el propio recurrente- la referencia corresponde a la opinión personal de uno de los señores Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
III.5. Tampoco resulta atendible al planteo elaborado en torno al art. 11 inc. 1 de la ley 24.557 (afincado en el carácter alimentario o de deuda de valor del crédito), en tanto se advierte que el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el referido tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023 y L. 131.947, "Alaise", sent. de 27-X-2025).
III.6. Finalmente, a propósito de los argumentos del impugnante mediante los cuales intenta poner a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación del principio de congruencia, cabe recordar que tal asunto se encuentra detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.448, "Lagos", sent. de 28-XI-2024).
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres.
Solo he de agregar, respecto a la denunciada violación del principio de congruencia (v. pto. III.6. de la propuesta inaugural), que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento, minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño -como lo anticipé- la propuesta del ponente (causas L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.