Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.712, "Ortiz, Javier Omar y otro/a contra Giorno S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, acogió parcialmente la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 28-XI-2022).
Se interpusieron, por la parte actora y la demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas -ambas- de fecha 14-XII-2022), siendo concedido el primero y denegado el segundo por el tribunal de grado (v. resols. de fechas 21-XII-2022 y 23-II-23).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Javier Omar Ortiz y Gustavo Oscar Basualdo y condenó a Giorno S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones (conf. art. 12 inc. "g", ley 24.241).
En cambio, rechazó la parcela del reclamo por la que pretendían el cobro de diferentes rubros salariales, las indemnizaciones derivadas del despido y los resarcimientos previstos en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 2 de la ley 25.323; 53 ter de la ley 11.653 y en los decretos de necesidad y urgencia 34/19 y 528/20 (v. vered. y sent. de fecha 28-XI-2022).
Para así decidir, juzgó verificado que los accionantes se desempeñaron bajo las órdenes de la sociedad demandada, realizando tareas en la categoría de "camaristas" del Convenio Colectivo de Trabajo 161/75.
En lo relevante, tras evaluar el intercambio telegráfico habido entre las partes, sostuvo que el vínculo laboral se extinguió el día 25 de junio de 2020 cuando los trabajadores se consideraron despedidos invocando -como única causa- la falta de pago del ítem "premio carga/descarga" desde el mes de marzo de ese año, pero que, sin embargo, no indicaron ni acreditaron haber realizado dicha tarea durante el lapso reclamado (marzo a junio 2020), ni que otros empleados -internos o externos- hubieran cumplido sus labores.
Ponderó además que la disconformidad manifestada por los demandantes no fue inmediata, ya que dejaron transcurrir tres meses sin percibir el rubro en cuestión antes de formular un reclamo, cuando podrían haber solicitado su cobro -si se consideraban con derecho- por la vía administrativa o judicial, agotando las instancias previas en favor de la continuidad del contrato de trabajo (v.gr. art. 10, LCT), sin necesidad de llegar a la extrema medida de rescindir el vínculo.
Consideró también que los argumentos expuestos por la empresa para suspender el pago del referido premio resultaron justificados, ya que estuvieron motivados en el agravamiento de la crisis económica generado por el brote de COVID-19 que diera lugar a la declaración de una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Agregó que, a partir de los considerandos del decreto de necesidad y urgencia 528/20, podía entenderse que las medidas dispuestas tuvieron como finalidad readecuar, disminuir u optimizar el funcionamiento de la empresa para evitar o limitar la finalización de los vínculos laborales.
Señaló que los accionantes quisieron desviar o ampliar en el juicio el objeto del distracto aludiendo a la falta de ocupación efectiva no esgrimida como causal para disponerlo (art. 243, LCT), sin que -indicó- se hubiera demostrado -ante la intimación de su empleador para que retomaran sus tareas- que hubieran intentado reintegrarse a sus labores, ni tampoco que este les impidiera el ingreso a las instalaciones para trabajar.
Juzgó entonces que la causal invocada por los trabajadores carecía de entidad para justificar su decisión de considerarse despedidos conforme las prescripciones del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en consecuencia, rechazó la procedencia de los rubros salariales e indemnizatorios derivados de dicho acto.
Por otra parte, al evaluar la pretensión indemnizatoria establecida en el art. 80 de la ley 20.744 -texto según ley 25.345-, el sentenciante estimó que los certificados de trabajo a los que alude el tercer párrafo de dicho precepto no fueron solicitados en la demanda, peticionando solo los certificados de servicios y remuneraciones (conf. art. 12 inc. "g" de la ley 24.241), los que -afirmó- no generaban derecho al cobro de una indemnización por su falta de entrega, sino eventualmente a la aplicación de astreintes.
Concluyó entonces que al no haberse requerido en el juicio la entrega de tales documentos, debía entenderse que los actores solo estaban motivados por un interés meramente económico al procurar obtener la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que desvirtuaba el principio establecido en el art. 4 del mismo cuerpo legal.
En dicha línea, entendió abstracto abordar el planteo formulado sobre la inconstitucionalidad del decreto 146/01.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los coactores denuncian absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 63, 67, 80, 213, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 48 y 52 de la ley 23.551; 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que citan (v. presentación electrónica de fecha 14-XII-2022).
II.1. En primer lugar, se agravian por el rechazo de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cuestionan que el tribunal actuante desestimara la sanción pretendida bajo el argumento de que los accionantes no reclamaron el certificado contenido en el inciso tercero del referido precepto.
Explican que surge del intercambio telegráfico agregado a la causa que intimaron a su empleador por la entrega de tales documentos, lo que se condice con la liquidación practicada en la demanda.
Refieren que la accionada no solo no les entregó las certificaciones ante el requerimiento oportunamente efectuado por su parte, sino que tampoco las adjuntó en oportunidad de contestar la demanda, por lo que resulta procedente a la multa requerida.
Asimismo, con cita de un precedente de este Tribunal, reiteran el planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/01 efectuado en la demanda.
II.2. Luego, objetan que el juzgador hubiera considerado injustificado el despido dispuesto por los actores.
En este sentido, luego de enumerar distintas circunstancias de la causa que entienden relevantes, denuncian que el sentenciante incurrió en absurdo y que debió aplicar al caso lo dispuesto en el art. 8 del decreto 297/20 en cuanto estableció que no podía reducirse el sueldo de los operarios.
Añaden que el criterio adoptado por el órgano de grado al considerar que el incumplimiento de la empresa accionada no era grave ni infundado, vulnera la doctrina sentada en la causa L. 119.393, "López" (sent. de 21-VI-2018).
Señalan que, no obstante haber quedado acreditada la falta de pago del referido premio en base a lo indicado en la pericia contable y lo que surge del propio reconocimiento de la demandada, el sentenciante consideró que dicha circunstancia no revestía entidad para extinguir el vínculo, a la vez que desestimó las diferencias salariales adeudadas por dicho concepto, lo que -aducen- resulta absurdo, irrazonable y contradictorio.
Alegan que habiéndose acreditado la habitualidad en su percepción y por aplicación del decreto 297/20, el tribunal debió acoger el reclamo de "premio de carga/descarga" por el período invocado (marzo a junio de 2020).
Refieren que en nada incide la época en la que los actores intimaron por el pago de dicho concepto, pues -explica- la espera para constituir en mora a la demandada refleja su interés en la continuidad de sus respectivos contratos de trabajo.
Aducen que el sentenciante interpretó erróneamente los arts. 63, 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, al considerar que los accionantes no tenían derecho a extinguir el vínculo por el evocado incumplimiento contractual.
Concluyen señalando que verificada la injuria grave en la que incurrió la demandada, les corresponde el cobro del premio carga/descarga (marzo a junio de 2020), como de las indemnizaciones y demás rubros reclamados con motivo de la extinción de sus contratos de trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, habré de abordar inicialmente los cuestionamientos vinculados al despido.
III.1.a. Tiene dicho este Tribunal que tanto la interpretación del intercambio telegráfico, como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de la instancia de grado. De modo tal que, para desbaratar tales conclusiones, el interesado debe cumplir con la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas o bien en la afirmación y comprobación de que la conducta injuriosa ha sido evaluada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 124.992, "Segovia", sent. de 30-IX-2021; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022; L. 130.091, "Moreno", sent. de 9-X-2025; e.o.).
III.1.b. Bajo tales premisas, cabe anticipar la insuficiencia del embate.
En efecto, a partir de su propia apreciación de las circunstancias de la causa y bajo la invocada aplicación al caso del decreto 297/20, los interesados solo exponen su disconformidad con lo resuelto por el a quo, desentendiéndose del razonamiento que condujo al juzgador de origen a la decisión que impugnan.
Es que, como quedó expuesto en los antecedentes, el tribunal de grado no solo reputó justificados los motivos esgrimidos por la empresa para suspender el pago del "premio carga/descarga", sino que tuvo por verificado que los actores tampoco cumplieron con las evocadas tareas durante el período reclamado, por lo que descartó la existencia de alguna deuda a su favor por dicho concepto y, asimismo, consideró que el incumplimiento reprochado al empleador no revestía suficiente entidad para legitimar la decisión de disolver el contrato de trabajo.
Luego, se observa que las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; L. 131.556, "Ramírez", sent. de 17-IX-2025; L. 130.482, "Lema", sent. de 26-V-2026; e.o.).
En definitiva, los comparecientes se limitan a exponer su personal criterio en torno a la forma en que debió analizar el juzgador la injuria alegada y las pruebas aportadas para su acreditación, que en modo alguno puede sustituir al que los sentenciantes ejercen en función privativa ni, por lo tanto, constituir adecuado sustento del recurso deducido. Las alegaciones que formulan no alcanzan para demostrar que el tribunal de grado, al cumplir su función, hubiera incurrido en absurdo o transgredido la prudencia y razonabilidad requeridas por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cabe añadir, para mayor satisfacción de los recurrentes, que la doctrina legal que citan en esta parcela de su réplica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso bajo análisis (causas L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; L. 130.494, "Acuña", sent. de 26-XI-2025; e.o.).
Por consiguiente, debe permanecer incólume lo juzgado por el tribunal de grado en orden a la falta de justificación del despido dispuesto por los actores y el consecuente rechazo de los reclamos sustentados en dicho acto, así como lo que respecta a la desestimación de las diferencias salariales peticionadas.
III.2. Igual suerte adversa ha de correr el agravio destinado a cuestionar el rechazo de la indemnización establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345).
III.2.a. Siguiendo el criterio de esta Corte en la causa L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009; e.o.), tratándose la hipótesis en tratamiento de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones que no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el intento recursivo contra lo resuelto a su respecto debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 aplicable al caso.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024; e.o.).
III.2.b. En este orden, y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, cabe aclarar que el planteo sobre la inconstitucionalidad del decreto 146/01 (v. rec., págs. 19/20), no guarda correlato con el contenido del fallo recurrido. Es que, surge de su sola lectura que el juzgador de grado consideró abstracto el abordaje de la validez constitucional del citado decreto, en tanto el rechazo de la sanción del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo tuvo sustento en circunstancias ajenas al incumplimiento del recaudo exigido por el citado decreto reglamentario.
No obstante, respecto del precedente L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010) mencionado en el recurso, es dable señalar que la opinión expresada en un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por lo tanto, quedó en minoría, no conforma doctrina legal (causas L. 128.407, "Gómez", resol. de 7-VI-2022; L. 126.845, "Gattoni", sent. de 10-IV-2023; L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024 y L. 134.997, "Flores", resol. de 12-V-2026).
III.2.c. Luego, situados en el acotado margen de revisión que provee la excepcional hipótesis contemplada en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 aplicable al caso, resulta inadmisible la objeción planteada en torno al rechazo de la pretensión fundada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Es que, sin abrir juicio respecto de su acierto, el órgano de grado rechazó la multa prevista en dicho precepto -en su versión aplicable al caso- por considerar que los certificados de trabajo del tercer párrafo de dicho precepto no fueron solicitados en el escrito de demanda.
Así las cosas, el aspecto de la decisión sometido a revisión importa el análisis de cuestiones de hecho y prueba, excluidas -por regla- del estrecho carril en que se examina la impugnación, tal como lo son, entre otras, las vinculadas a la interpretación del intercambio telegráfico y los escritos constitutivos de la litis (causas L. 121.256, "Juárez", sent. de 4-III-2020; L. 129.697, "Almirón", resol. de 19-XII-2022; L. 131.846, "Portillo", resol. de 27-IX-2024; e.o.).
Cabe agregar, además, que los precedentes que cita el compareciente en esta parte de su embate no guardan correspondencia con la motivación medular de la decisión recaída sobre el punto (causas L. 123.653, "Muñoz", resol. de 20-XI-2019; L. 124.857, "Claverie Bidart", resol. de 16-X-2020; L. 125.513, "Junco", resol. de 14-XII-2020 y L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Al respecto, estimo pertinente señalar que como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) -y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017)- a fin de examinar la concurrencia del recaudo de valor de lo cuestionado, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los cuales remito en honor a la brevedad.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño el tratamiento que mi colega le ha brindado al recurso (v., en particular, punto III.2.a. del voto inaugural) y la solución propuesta.
Efectuada esta aclaración, y reiterando mi sustancial aquiescencia con el señor Juez doctor Torres, doy mi voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:28:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2026 12:54:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:06:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:34:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:44:30 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:10:12 hs. bajo el número RS-122-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia