Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.474, "Fiscalía de Estado contra Loiza Adrián Hugo. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Mancini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical promovida, imponiendo las costas al accionado (v. sent. de fecha 16-IV-2024).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 2-V-2024 y 16-V-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra el señor Adrián Hugo Loiza (v. sent. de fecha 16-IV-2024).
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por acreditado que el accionado resultó electo delegado de personal por la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos provinciales, con mandato desde el 2 de mayo de 2022 y hasta el 1 de mayo de 2024.
Luego, con sustento en el expediente administrativo EX-2021-26490014-GDEBA-DCZIIPLYC y la doctrina legal que individualizó, juzgó que —en la especie— resultaban prima facie verosímiles (v. sent., pág. 7) las causales invocadas por la empleadora del señor Loiza —Instituto Provincial de Lotería y Casinos— para aplicarle la sanción disciplinaria de treinta días de suspensión, por incumplimiento de los deberes establecidos en el art. 23 incs. "a", "b" y "d" de la ley 25.164; dejando expresamente asentado en el fallo que lo resuelto lo era sin expedirse respecto a la cuestión de fondo y sin perjuicio del derecho del dependiente a accionar en procura de las indemnizaciones que correspondan (v. sent., pág. 10).
Con el alcance indicado, admitió la demanda impetrada.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo, violación del art. 52 de la ley 23.551, y de la doctrina legal que cita.
II.1. En esencia, alega que el juzgador no atendió las constancias objetivas de la causa, ya que en el fallo en crisis se aludió solo "superficialmente" al hecho de que la resolución sancionatoria que se pretende aplicar al agente se encuentra impugnada judicialmente por el aquí demandado, lo que dio origen al expediente 31.005, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 de Mar del Plata.
En ese marco, entiende que la decisión es absurda, al prescindirse de tal elemento, que el interesado califica como "valioso" para formar la convicción del juzgador. Señala, en tal sentido, que "resulta ilógico" que se excluya al demandado con base en una sanción que no se encuentra firme.
Por otra parte, insiste en que el pronunciamiento en crisis es erróneo, en tanto tuvo por ciertos hechos que se encuentran controvertidos en el aludido expediente.
En particular, destaca que del sumario administrativo llevado a cabo por la empleadora, la única prueba que emerge es la declaración de la denunciante. A su criterio, dicho elemento de juicio es contradictorio, a lo que aduna el archivo de la causa penal que se inició para investigar los mismos hechos.
II.2. Asimismo, señala que el sólo hecho de "...abrir un sumario sin previamente peticionar la exclusión sindical...provoca una clara violación al derecho sindical", señalando que todo el procedimiento administrativo es nulo (v. rec., págs. 11 y 12), al haberse infringido —por tal motivo— el art. 52 de la ley 23.551.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Tal como se relató, parte de las argumentaciones se dirigen a objetar la evaluación del material probatorio formulada por los magistrados de grado a los fines de conceder la exclusión de la tutela sindical. En el caso, el expediente administrativo del cual resulta liminarmente acreditado que el señor Loiza habría incurrido en un comportamiento reprochable en perjuicio de una mujer, lo cual implicaba la violación de los deberes de conducta establecidos en el art. 23 incs. "a", "b" y "d" de la ley 25.164 y definió la voluntad del empleador de excluir la tutela sindical que lo ampara para suspenderlo por treinta días. Esa tarea, dable es recordar, constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de la instancia de grado, y, por lo tanto, se encuentra —en principio— excluida de la revisión extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 105.287, "Ruiz", sent. de 12-X-2011; L. 108.726, "Molinas Marecos", sent. de 12-IX-2012; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX- 2014; L. 121.280, "AB Aceros S.A.", resol. de 22-VIII-2018; L. 126.694, "FATE S.A.I.C.I.", resol. de 2-III-2021; L. 131.365, "Municipalidad de Berisso", sent. de 2-X-2025; e.o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 116.445, "Bayona", sent. de 6-XI-2013; L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 122.053, "Montecino", resol. de 10-IV-2019; L. 129.534, "Municipio de Villarino C/ Guette", resol. de 21-X-2022; L. 129.380, "Sartorelli", sent. de 8-II-2025; e.o.).
III.1.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia de dicha anomalía, sus alegaciones no son hábiles para tenerla por comprobada.
Al respecto, basta con señalar que la insistente mención que se efectúa en el recurso en punto a que el acto administrativo que sustenta el pedido de exclusión de la tutela sindical se encuentra impugnado judicialmente —circunstancia esta que incluso fue relatada por el juzgador en el decisorio en crisis (v., en particular, págs. 5 y 6, vered.)— no resulta mayormente relevante. Ello así, desde que —es sabido— la mera promoción de una pretensión anulatoria no apareja por sí sola la suspensión de los efectos del acto administrativo cuestionado (conf. arts. 22, 25 y concs., CCA, ley 12.008; v., para ampliar, el voto del doctor Soria en la causa B. 78.251, "Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Villegas", resol. de 13-IX-2022 y sus citas).
Sentado lo que antecede, las demás críticas no pasan el registro de meras apreciaciones personales en torno al modo en que el quejoso considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso. Este método, como reiteradamente ha dicho este Tribunal, es insuficiente para demostrar el absurdo (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020; L. 131.712, "Putruele", resol. de 9-VIII-2024; L. 131.556, "Ramírez", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.2. Asimismo —y más allá de otras consideraciones que pudieran formularse— los razonamientos que se apoyan en la supuesta nulidad del procedimiento sumarial llevado a cabo por la Administración provincial en virtud del cual no se requirió con anterioridad la exclusión de la tutela sindical no son de recibo, en atención a que esa tesis resulta palmariamente contraria a las directivas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el recordado caso F.477.XLVII "Fate S.A.I.C.I. c/ Ottoboni, Víctor Octavio s/ exclusión tutela sindical (sumarísimo)" (sent. de 20-VIII-2015), las cuales, vale recordar, este Tribunal consideró aplicables en la órbita del empleo público local (causa L. 124.792, "Municipalidad De General Madariaga", resol. de 11-III-2020), entre otras.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Concuerdo con mi distinguida colega doctora Kogan en que cabe desestimar el recurso.
Surge de las actuaciones en estudio, que atento a la incomparecencia del demandado, el a quo tuvo por contestada la demanda en los términos del art. 28 de la ley 11.653 aplicable en especie y lo declaró rebelde (v. prov. de fecha 24-X-2023), asimismo, que posteriormente, habiéndose presentado (v. escrito de 21-XI-2023) y resuelto el tribunal laboral —en consecuencia— el cese de aquel estado (v. resol. de 24-XI-2023), hubo de calificarse a la cuestión como de "puro derecho" desestimándose a su vez sendos planteos del accionado (v. resol. interlocutorias de 12-XII-2023 y 27-XII-2023).
Luego, los argumentos que trae el recurrente con el objeto de obtener la revisión del fallo de grado, y que no fueron abordados en dicho pronunciamiento, pretenden desentenderse del derrotero procesal que ha signado el caso.
Tiene establecido esta Corte que las alegaciones no sometidas y puestas a conocimiento de la instancia ordinaria como conformando la cuestión litigiosa en la oportunidad debida —en el caso, en razón de la rebeldía del accionado— no se pueden atender y considerar en sede extraordinaria, importando la introducción de articulaciones novedosas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley un apartamiento de la garantía del debido proceso (causa L. 54.561, "Dusi", sent. de 28-III-1995).
Tales directrices lucen aplicables al sub examine. Y entonces, aun cuando el demandado haya pretendido introducir en la instancia —extemporáneamente conforme lo decidido por el tribunal de grado en resoluciones que arriban firmes— cierto razonamiento en parte identificable con alguno de los agravios que ahora blande en su recurso, estos no pueden ser atendidos en esta Sede extraordinaria.
II. En virtud de lo expuesto, el medio extraordinario de impugnación debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2026 22:28:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2026 12:47:20 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2026 12:54:29 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2026 15:06:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2026 19:34:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2026 08:44:30 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2026 11:10:10 hs. bajo el número RS-121-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia