Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 48239-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del T.F.N. en cuanto a la admisión del error excusable, confirmándose en consecuencia, la sanción de multa impuesta en la resolución impugnada, con costas en ambas instancias a la vencida, conforme lo que surge del considerando IX);
2Desestimar el recurso de la parte actora en los términos que surgen del considerando X) y
3No corresponde tratar el recurso interpuesto contra los honorarios regulados, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Expte. Nº 17321/2024.-
///nos Aires, 19 de junio de 2025.- PGR Y VISTOS, estos autos caratulados: “Del Sur Exclusivos S.A. (TF 48239-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y,
I. Que, por sentencia del 22/05/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación -por un lado- confirmó la resolución N° 148/2017 (DV RRBB), dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos el 15/08/2017, mediante la cual se determinó la obligación de la firma actora frente al Impuesto a los Débitos y Créditos en cuenta corriente bancaria por los períodos fiscales 8/2012 a 6/2014 y se la intimó a ingresar la suma de $389.267,96; más intereses resarcitorios (cfr. art. 37 de la L.P.T.), con costas.
Por otra parte, revocó la sanción aplicada en dicha resolución con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), con costas por su orden.
Asimismo, en fecha 6/02/2024 reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional y del perito contador; los que fueron apelados por altos por la actora (ver fs. 1/8, 44/46 y 53/54 del documento digitalizado).
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo -en cuanto aquí interesa- analizó el aspecto infraccional de la resolución N° 148/2017, sustentada en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Sobre el particular, precisó que dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere -en casos como el sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. En este último supuesto, siempre que el “juez administrativo” haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, adujo que el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encontraba verificado en la especie pues, como quedó dicho, se detectó la utilización de un sistema organizado de pagos, encontrándose en consecuencia acreditada la materialidad de la infracción.
Apuntó que, con respecto al elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión y cuya inexistencia alega la recurrente, debía tenerse presente que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiende que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
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En ese contexto, precisó que una conducta debe reputarse cometida con culpa y encuadrarse en la figura que tipifica el artículo 45, salvo que se acredite la presencia de error excusable.
Recordó que, según lo prevé el artículo 45 de la ley 11.683, la única causa que actúa como eximente de la culpabilidad es el denominado “error excusable”, cuestión que si bien importa penetrar en el lado interno de la voluntad, presenta dos datos fundamentales a fin de que tenga existencia jurídica: en primer lugar, comprometer la esencia de la voluntad, ya que debe tratarse de un error esencial, decisivo e inculpable; en segundo término, que la excusabilidad esté definida por el concepto de culpa, el cual requiere de un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se encontró.
Ello así, destacó que la cuestión debatida en autos generó criterios interpretativos disímiles que confluyeron en decisorios judiciales contrapuestos, que llevaron a que la cuestión fuera resulta en definitiva por nuestro Máximo Tribunal, circunstancia que pudo hacer incurrir a la recurrente injustificadamente en error al interpretar la normativa aplicable, que lo exime de responsabilidad. Por todo lo expuesto, decidió confirmar la resolución venida en recurso en cuanto determina de oficio la obligación de la recurrente frente al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Bancaria y liquida intereses resarcitorios, con costas; y revocar la sanción aplicada, con costas por su orden.
III. Que, contra lo así resuelto, la parte actora interpuso apelación el 11/07/2023, habiendo expresados agravios el 15/08/2023.
Corrido que fuera el pertinente traslado, el Fisco Nacional formuló réplicas el 19/08/2024 (ver fs. 14/15, 21/23 y 85/89 del documento digitalizado). En la citada presentación recursiva, la accionante se quejó del modo en que fueron impuestas las costas.
Sobre el punto, postuló que la distribución de los accesorios debió ser en el orden causado, tal como se estableció en el precedente de la causa "Piantoni Hnos. S.A.", donde la alzada decidió que las costas se distribuyeran por su orden, considerando la novedad del asunto. Este antecedente fue considerado de vital relevancia para el caso en cuestión.
En segundo lugar, señaló que, al momento de interponer el recurso, Piantoni Hnos. no contaba con una sentencia de la C.S.J.N., lo que reforzó la postura de que el Tribunal Fiscal debía aplicar el mismo criterio de distribución de costas utilizado en el precedente mencionado.
Por último, aunque reconoció que la sentencia fue ajustada a derecho en su interpretación del referido caso, consideró que la imposición de costas en contraposición a lo expuesto resultó errónea.
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Por ende, solicitó que tuviera por fundada la apelación y revocara el pronunciamiento apelado en este aspecto.
IV. Que, asimismo, contra lo así resuelto, el Fisco Nacional interpuso apelación el 12/07/2023, habiendo expresado agravios el 16/08/2023.
Corrido que fuera el pertinente traslado, la parte actora formuló réplicas el 23/08/2024 (ver fs. 16/17, 24/36 y 91/93 del documento digitalizado).
V. Que el Fisco Nacional en la fundamentación de su recurso, se agravió con relación al punto 2) de la resolución impugnada, argumentando que esta no se ajustó a derecho ni a los hechos de la causa, constituyendo un supuesto de arbitrariedad susceptible de revisión por esta Excma. Cámara.
Sostuvo, en ese orden, que dicho punto no solo produjo un gravamen irreparable al ente fiscal, sino que también presentó una grave falencia en la valoración de la prueba y un claro apartamiento de los principios que rigen el procedimiento y la normativa aplicable.
Luego, citó jurisprudencia que consideró aplicable al sub examine.
En razón de ello, precisó que el fundamento del decisorio se basó en una interpretación equivocada del derecho aplicable al caso, ya que la actora no demostró haber tomado los recaudos necesarios para excluir la culpa como aspecto subjetivo de la infracción impuesta.
Sentado lo anterior, enfatizó que, para que fuera viable el error excusable, este debía ser probado, y como lo ha señalado la C.S.J.N. en el precedente: “Morixe Hnos. S.A.C.I.” del 20/08/1996, quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta.
Por lo tanto, entendió que el Tribunal Fiscal desatendió los hechos y manifestaciones del caso aquí examinado, atentando contra la teleología del régimen vigente. Indicó sobre el punto que las conclusiones de los magistrados distaron de ser válidas, dado que realizaron una valoración arbitraria tanto de los hechos como del derecho aplicable.
Por último, se quejó de la distribución de costas por su orden dispuesta en el pronunciamiento recurrido.
Postuló, sobre el punto, que la C.S.J.N. tiene dicho que la parte vencida es aquella que obtiene un pronunciamiento totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso, estableciendo que por excepción el tribunal podrá eximir total o parcialmente de costas, cuando el vencido por circunstancias especiales demuestre haber litigado con razón probable y buena fe.
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Por tales motivos, solicitó la revocación de la resolución apelada en lo que respecta a los agravios expuestos.
VI. Que cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Importadora y Exportadora del Norte S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, Expte. N° 18952/2013, del 17/02/2021, entre muchos otros).
VII. Que, sentado lo anterior, cabe recordar que el artículo 45 de la ley 11.683 establece lo siguiente: “Omisión de impuestos. Sanciones. Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. b) Actuar como agentes de retención o percepción. c) El pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos, en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, mediante la falta de su presentación, o por ser inexactas las presentadas.
Será reprimido con una multa del doscientos por ciento (200%) del tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas humanas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior.
Cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir y, cuando la conducta se encuentre incursa en las disposiciones del segundo párrafo, la sanción a aplicar será del trescientos por ciento (300%) del importe omitido”.
Sobre el punto, en lo concerniente a la caracterización del ilícito y en cuestiones de índole sancionatoria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (cfr. Fallos: 271:297, entre otros).
Ello, no obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que se subsume en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema legal vigente (cfr. Fallos: 278:266, entre otros y esta Sala, in re, “Conarsa S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 9722/2015, del 11/06/2015 y “Liggin’s S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 3520/2023, del 11/07/2023).
VIII. Que, asimismo, corresponde señalar que para que proceda el error excusable en la presentación de la declaración jurada -que de ser verificado importaría una causal eximente de la sanción a tenor de los términos en que viene redactado el artículo 45 de la ley 11.683 (t.v.)-, dicho error debe ser invocado en forma específica (no genérica) y además probado, lo cual no ocurrió en el sub examine (cfr. esta Sala en autos: “Scalise, María Gabriela (TF 23933-I) c/D.G.I.”, del 10/04/2012 y Sala II, en su integración anterior, en autos: "Microcomp S.A. (TF 20327-I) c/D.G.I.", del 25/02/10, Expte. N° 31.370/06).
El contribuyente no cumple con tal recaudo, si sólo menciona que obró diligentemente y “sin ocultación alguna” o enumera una serie de conductas que considera suficientes para la existencia de error excusable.
En efecto, la norma referida tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la imprudencia o negligencia del contribuyente y contempla expresamente como causal de absolución la de un error excusable, el que debe ser valorado de acuerdo a las características de cada caso, las que especialmente se aprecian por la representación de un comportamiento normal y razonable del contribuyente frente al evento en que se halló, si aquél procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., "Procedimiento Tributario", Bs. As., Ed. Depalma, 5ta. Edición, 1993, pp. 299/300 y esta Sala, in re, “Siat S.A. (TF 22133-
I. c/D.G.I.”, Expte. N° 42.985/2011, sentencia del 22/03/2012 y “Yacylec S.A. c/D.G.I.”, Expte. N° 39800/2019, del 22/11/2023, entre otros).
Bajo tales parámetros, no puede sostenerse la verificación de un error excusable con virtualidad para eximir al infractor, en la medida en que no se ha demostrado qué circunstancias ajenas a su voluntad, motivaron las diferencias observadas en el ajuste fiscal (cfr. esta Sala, in re, “Serial, Amílcar Nelson c/D.G.I.”, Expte. N° 17.152/2012, del 7/06/2012, entre otros).
Asimismo, conviene recordar que, si el contribuyente declaró e ingresó tributos en menos, incurrió en la omisión del impuesto descripta en el artículo 45 de la L.P.T.; y si bien las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II subjetivamente para justificar la imposición de una sanción, la norma glosada no exige una intención dolosa, sino que resulta suficientemente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (cfr. Fallos: 303:1548; 322:519, entre otros).
En efecto, la norma de referencia sanciona la mera culpa o negligencia por parte del responsable en el cumplimiento de sus deberes tributarios, por lo que no requiere la verificación del dolo en la conducta, sino que basta que se configure la omisión de impuesto por no haber presentado las declaraciones juradas o porque la presentada resulta inexacta, tal como ocurrió en el caso (cfr. esta Sala, in re, “Serial, Amílcar Nelson”, citado y sus citas).
Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a los agravios del Fisco Nacional y revocar la resolución recurrida, en cuanto dejó sin efecto la sanción de multa impuesta en los términos del artículo 45 de la L.P.T., por considerar aplicable la figura del error excusable.
IX. Que, corresponde expedirse en punto a las costas de ambas instancias respecto a lo decidido con relación a la sanción de multa (cfr. art. 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por vía del art. 197 de la L.P.T.). En tales condiciones, en atención a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las de ambas instancias a la contribuyente que resulta sustancialmente vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por vía del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.).
X. Que, con relación a los agravios esgrimidos por la parte actora -como quedara dicho- el T.F.N. resolvió confirmar la resolución N° 148/2017 (DV RRBB), mediante la cual se determinó su obligación frente al Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Bancaria por los períodos fiscales 8/2012 a 6/2014 y se la intimó a ingresar la suma de $ 389.267,96 más intereses resarcitorios (cfr. art. 37 de la L.P.T.), con costas.
En ese orden, cabe recordar que la medida del progreso de la acción debe necesariamente reflejarse en la distribución de las costas. Tal circunstancia debe necesariamente ser considerada al momento de la imposición de los accesorios (cfr. esta Sala, in re, “Colinas de Paz S.A. c/D.G.I.”, del 7/02/2013, entre otros). Por lo expuesto, de acuerdo a las normas citadas y dada la situación actual, no se verifica la existencia de vencimientos mutuos, por lo que corresponde desestimar el agravio intentado al efecto por la actora.
Las costas de esta instancia se imponen al vencido por no advertirse motivos para la dispensa (cfr. artículos 68, primera parte del C.P.C.C.N., 184 y 197 de la L.P.T.).
XI. Que, por último, respecto al recurso interpuesto por la parte actora contra los honorarios que fueran regulados, en atención al modo en que se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II resuelve, corresponde devolver la causa a la instancia de origen, a fin de que el Tribunal Fiscal de la Nación adecue los emolumentos que fueran regulados en fecha 6/02/2024.
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del T.F.N. en cuanto a la admisión del error excusable, confirmándose en consecuencia, la sanción de multa impuesta en la resolución impugnada, con costas en ambas instancias a la vencida, conforme lo que surge del considerando IX); 2°) desestimar el recurso de la parte actora en los términos que surgen del considerando X) y 3°) no corresponde tratar el recurso interpuesto contra los honorarios regulados, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia