Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las defensas de nulidad articuladas por la recurrente, con costas.
2Confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-49392193-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Mayo de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 33.960-I, caratulado: "Suri S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 114/127 se interpone recurso de apelación contra la resolución suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario 1 de la AFlP-DGI, de fecha 30 de junio de 2010 que determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente al impuesto al valor agregado (períodos fiscales 03/05 a 02/06) ambos inclusive y se liquidan intereses resarcitorios. Asimismo se aplica multa en los términos de los artículos 46 y 47 inciso b) de la ley 11.683.
En primer lugar, la recurrente efectúa una descripción de la tarea desarrollada por los funcionarios fiscales y señala que se consideraron impugnables las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos citados en virtud de supuestas irregularidades en los medios de pago utilizados para cancelar operaciones con el proveedor TRANSWEBLOG S.A.
Plantea la excepción de nulidad como de previo y especial pronunciamiento por considerar que durante el procedimiento de determinación se transgredieron normas legales, ocasionándole un perjuicio concreto. Expresa que durante el procedimiento el fisco no consideró ni analizó las pruebas ofrecidas en el proceso verificatorio y le fueron rechazadas las pruebas testimoniales, informativas y periciales ofrecidas en esa etapa. Asimismo plantea la nulidad de la resolución apelada por carecer esta de causa, motivación y finalidad, elementos esenciales consagrados en el artículo 7 de la ley 19.549, que la torna en arbitraria.
Con respecto al fondo de la causa, afirma que el proveedor entregó, facturó e incluyó en sus declaraciones juradas los débitos fiscales originados por sus operaciones, quien a su vez entregó y facturó a varios clientes incluyendo el débito fiscal de esas operaciones en sus declaraciones juradas respectivas abonando el impuesto resultante.
Expresa que del informe final de inspección surge conformidad respecto a los Débitos y Créditos Fiscales. Además de la consulta a la base Apoc del organismo fiscal se desprende que el proveedor no se encuentra incluido en ella.
Sostiene que las operaciones impugnadas se encuentran debidamente respaldadas por pagos documentados y que el encontrarse un saldo pendiente de cancelación no implica que no se hayan respetado los medios de pago establecidos en las normas regulatorias vigentes.
Afirma que, si bien es cierto que comparten asesores con el proveedor cuestionado, también lo es que no poseen directorios en común y son dos personas jurídicas independientes entre sí.
Enfatiza con sustento en la realidad económica que las operaciones existieron. Detalla la operatoria de compra de la firma proveedora, de los productos agroquímicos que posteriormente fueron vendidos por la misma a la actora y luego cuestionados e impugnados por el fisco.
Reitera que el proveedor se encuentra debidamente registrado e inscripto en AFIP, no se encuentra dentro de la base de facturas apócrifas, presentó sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado donde consigna el débito fiscal generado por las compras cuestionadas, las facturas emitidas son autorizadas por el fisco, la operación se abonó con cheque y la firma proveedora depositó los cheques recibidos, y endosó algunos a terceros.
Seguidamente plantea la inconstitucionalidad de la determinación de oficio en función a los argumentos que expone.
En lo que respecta a las sanción aplicada, entiende que deberá ser dejada sin efecto por inexistencia de conducta reprochable ya que no se ha acreditado la materialidad del hecho, toda vez que las determinación de oficio respecto a los impuestos y períodos por los que se aplica multa se encuentra apelada ante este Tribunal y este último no se ha expedido sobre la exactitud o inexactitud de las declaraciones juradas oportunamente presentadas por la contribuyente.
Plantea la nulidad de la resolución de multa por carecer de los requisitos esenciales.
Se agravia de los intereses aplicados.
Cita jurisprudencia, ofrece prueba documental, informativa, instrumental y pericial contable, peticiona solicita que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 138/151vta. la representación fiscal contesta el traslado de los recursos, solicita, por los argumentos de hecho y derecho que expone, se confirmen los actos apelados. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 157vta. se resuelve diferir la excepción de nulidad formulada por la actora para el momento de resolver el fondo de la cuestión. A fs. 157 se abre la causa a prueba. A fs. 214 se clausura el período probatorio, se elevan los autos a consideración de la Sala "A" y se ponen los autos para alegar, habiendo hecho uso del derecho acordado a fs. 220/222 la representación fiscal, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado. Finalmente, a fs.224 se pasaron los autos a sentencia IV.- Que por una razón de lógica precedencia, corresponde expedirse en primer término en relación al planteo de nulidad del acto apelado.
Debe recordarse que la nulidad importa la privación de efecto a los actos que adolecen de algún vicio, y que por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin al que se hallan destinados.
Asimismo, a los efectos de su procedencia, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el cumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puede dar lugar a la indefensión (C.Civ., Sala F,LL 114-834), por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habriase privado de oponer el impugnante (C.Civ. Sala C, LL 135-1102), debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido.
La ley de procedimiento tributario es muy celosa en cuanto al respeto del principio del debido proceso en sede administrativa. No por otra razón el art. 17 de la ley 11.683 (t.v.) requiere el dictado de una "resolución fundada" (precedida del cumplimiento de otros recaudos garantistas) y el art. 7, incs. b) y e) de la ley 19.549 establece que el acto administrativo debe sustentarse en los hechos antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable y que debe ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirlo.
En base a lo precedentemente expuesto, cabe precisar que de la simple lectura del acto apelado se desprende que en el mismo se han puesto de manifiesto claramente los motivos que lo determinaron y su causa, guardando además correspondencia su exposición de motivos con la conclusión a la que llega, por lo que puede concluirse que la resolución apelada se encuentra suficientemente fundada, y se ha cumplimentado el procedimiento previsto para dictarla.
Con relación al agravio vertido por la actora referido a la incorrecta valoración y consideración de las pruebas acompañadas y ofrecidas en el proceso determinativo y las que manifiesta le fueron rechazadas en la contestación de la vista, prueba pericial, informativa y testimonial, cuadra señalar que surge de los antecedentes acompañados a la causa que la recurrente solicitó prórroga para contestar la vista (fojas 107 Legajo Cuerpo de IVA) la que le fue concedida por el fisco (foja 109 Legajo Cuerpo de IVA) contestando efectivamente la misma (Fojas 112/124). Se advierte que la contribuyente presentó en sede administrativa la prueba documental que ofreció en dicha instancia que consideró conducente, la que fue analizada por el organismo fiscal, (fojas 133/148), razón por la cual debe concluirse que no se vio agraviado su derecho de defensa. En definitiva, el recurrente discrepa con las conclusiones a las que arriba el juez administrativo, materia que será resuelta en oportunidad de referirse a los agravios de fondo.
Es por ello que los argumentos desarrollados en el recurso resultan inatendibles para decretar la nulidad del acto recurrido, por lo que tal planteo debe ser desestimado, con costas.
V. Que corresponde tratar los agravios dirigidos a obtener la nulidad de la multa aplicada, con sustento en la ausencia de causa y de motivación, lo que a su criterio, genera una violación del debido proceso y de su derecho de defensa.
Conforme lo dispone la ley ritual, el procedimiento sumarial debe iniciarse con un acto administrativo que confiere vista de las actuaciones, cuya finalidad reside en que el contribuyente pueda tomar conocimiento de la totalidad de las tareas desarrolladas y de los cargos formulados con el objeto de garantizar su derecho de defensa.
Este procedimiento permite la intervención del administrado, quien podrá exponer su defensa, ofrecer pruebas y solicitarlas, alegar y por último, exigir que el acto sancionatorio contenga expresa consideración de sus argumentos y de las cuestiones que fueran conducentes a la solución del caso. Es por ello que la ley establece los pasos procesales que serán de cumplimiento obligatorio por parte del organismo fiscal. En esa dirección, el accionar contrario acarreará indefectiblemente la nulidad de la resolución dictada en consecuencia. Ello es así por cuanto la nulidad -como se dijo supra- se presenta como la sanción que se prevé contra los actos administrativos que resulten viciados por ausencia de alguno de los elementos esenciales o por haberse apartado o transgredido las formas preordenadas legalmente para su realización, privándoseles de producir sus efectos normalmente.
En ese contexto, debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en los arts. 70 y siguientes de la ley 11.683, toda vez que, mediante la resolución dictada, firmada por Juez Administrativo, surge claramente los hechos tenidos en cuenta para achacarle la conducta reprimida, se le otorgó el plazo correspondiente de quince (15) días para que formule su descargo y ofrezca las pruebas que estimare convenientes para la defensa de sus derechos (Vid. Fs.96/101 cuerpo IVA). En consecuencia, a fs.112/124 obra el escrito de defensa, el que fue merituado oportunamente.
Por último, el acto expone las razones que llevaron al organismo fiscal a aplicar la sanción, por lo que no se advierte la vulneración del derecho de defensa alegado.
En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada, respecto al procedimiento sumarial, con costas.
VI.-Que debe examinarse entonces la procedencia del ajuste efectuado por el organismo recaudador, originado en la impugnación de operaciones realizada con un proveedor, con sustento en que la operación no existió.
Al respecto, del informe final de inspección agregado a fs. 115/119 del Cuerpo de Impuesto al Valor Agregado, surge que durante el transcurso de la fiscalización, los inspectores procedieron a verificar que el 92% del pasivo consignado en los Estados Contables 106 del ejercicio 2006 proviene de operaciones realizadas con un único proveedor, la firma TRANSWEBLOG S.A, la cual tiene el mismo director que la actora. Asimismo, el personal fiscalizador circularizó al Banco solicitando información por las cobranzas de los cheques librados por la actora. El fisco observó que los cheques fueron emitidos al portador y cobrados por el Sr. Jorge Estrella, quien es el Contador de la actora. En base a esto elementos, la actuación fiscal concluyó que los cheques mencionados no fueron utilizados para el pago de los saldos adeudados al presunto proveedor TRANSWEBLOG S.A.
Por otra parte el ente fiscal citó a los socios del supuesto proveedor a los efectos de verificar la existencia de la firma. Las citaciones fueron devueltas.
Es así, el ente fiscal concluyó que las operaciones celebradas por la actora con la firma TRANSWEBLOG S.A. son generadoras de pasivo y no pudieron validarse ya que: 1) una parte significativa se encontraba pendiente de cancelación; 2) los valores que la recurrente manifiesta haber entregado para su cancelación fueron cobrados por terceros, incluso su propio contador; 3) No se pudo localizar a los socios de la firma proveedora; 4) la actora no aportó otros medios de prueba.
Según surge de las actuaciones administrativas, el proveedor antes citado se encuentra inscripto ante el organismo recaudador. También ha sido probado que los códigos de autorización de impresión (CAl) que figuran en las facturas cuestionadas, coinciden con autorizaciones otorgadas por la AFIP y que se encuentran vigentes.
VII. Que en atención a lo expuesto el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer, con grado de certeza, los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente. Ello, en tanto corresponda acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones en orden a destruir los elementos colectados por la administración.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que: "... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtúalidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa N243037/2011, in re "Lim Sur SA (TF 24762-1) dOGI", del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re "Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 5/ DGI", del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re "Toledo Pedro Roque (TF 29.171-1) c/ DGI", del 29/11/2012)". Y, agregó, que "....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re "Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento", del 3-7- 12; y "Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-1) c/ DGI", del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala 1, causa "Nidera SA", expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa "Agrocomercial Ramallo SA", expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)".
VIII. Que ello así, corresponde que este Tribunal analice la prueba producida en autos, la que cabe adelantar no aporta elementos que puedan destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal para impugnar las operaciones realizadas por la recurrente.
Cabe señalar ante todo en relación al informe pericial que obra a fs. 191/194 vta., que la circunstancia de que las operaciones se encuentren registradas en los libros Diario e I.V.A. Compras, y respaldadas por los respectivos comprobantes no otorga "per se" validez a las mismas. Ello, por cuanto los libros contables pueden ser llevados en legal forma, con apariencia extrínseca, y no por ello puede asignárseles valor probatorio pleno, pues pueden verificarse omisiones de importancia en el contexto del asunto que se analiza. Máxime si se tiene en cuenta que los expertos informan que los libros poseen algunas inconsistencias, como el hecho de que las operaciones cuestionadas fueron registradas y luego anuladas.
Agrega el perito del Fisco en el punto 1/11 de la pericia (fojas 192vta) que figuran anulados los registros de dos de las cinco facturas de venta, realizadas por el proveedor a la recurrente. El experto manifiesta en el punto G del informe pericial (fs. 193vta) que el libro IVA Compras no se hallaba rubricado ni encuadernado, incumpliendo con la normativa y además las registraciones en el mismo estaban atrasadas a la fecha de realización de la pericia, en tanto, ambos profesionales expresan que surge de la planilla de pagos analizada adjuntada por la actora y de los extractos bancarios del proveedor, que existe un saldo impago superior al % 54 del total de las operaciones, señalando que los extractos bancarios no individualizaban datos respecto de los valores acreditados.-
Asimismo debe destacarse que no pudo comprobarse el circuito financiero de pago, toda vez que los cheques emitidos para pagar las operaciones fueron cobrados por terceros, el contador del proveedor, quién además es contador de la recurrente.
Al respecto, resulta oportuno destacar que más allá de coincidir con el cuestionamiento efectuado por la representación fiscal, toda vez que las manifestaciones del experto propuesto por la actora no son propias de la tarea encomendada, lo cierto es que sus afirmaciones no hacen más que avalar las conclusiones a las que arribara el juez administrativo.
Además surge de la prueba realizada que la recurrente y el proveedor cuestionado compartieron miembros en su directorio, el Sr. Carlos Trabuchi (ver punto B) del informe pericial fs. 192). De tal forma, cabe reiterar que el informe pericial contable aquí analizado no aporta mayores elementos que coadyuven a verificar los hechos alegados por la actora ni destruir los contundentes elementos tenidos en cuenta por la administración para considerar apócrifas las operaciones. Baste recordar algunas de ellas: contribuyente que no fue ubicado en su domicilio fiscal, posee miembros en común actora y proveedor, los cheques no se destinaron a abonar la supuesta compra y fueron cobrados por un tercero, es decir no se puede probar el circuito financiero de las operaciones, etc. De esta forma, los elementos tenidos en cuenta por el ente fiscal para sustentar su cuestionamiento se enmarcaron en un cúmulo de circunstancias que conformaron un plexo probatorio razonable para fundar su acto administrativo. Frente a ello, la actora se ha limitado a producir el informe pericial -en el que los expertos no muestran acuerdo- y que reposa en documentación que, justamente, se encuentra cuestionada.
En consecuencia, los agravios de la recurrente —sobre la que reposaba la carga probatoriaresultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolucion apelada en autos, por lo que cabe su confirmación.
IX. Que la recurrente se agravia de los intereses liquidados con sustento en jurisprudencia que avala la aplicación de la excusación de responsabilidad en razón de las características y complejidad de las cuestiones debatidas. Cabe recordar que la falta de pago en término o en su justa medida de las obligaciones tributarias origina el nacimiento de una obligación accesoria, ingreso de intereses, que se devengan desde la fecha de vencimiento de las mismas y hasta el momento de su efectivo pago y cuyo fundamento es indemnizar al acreedor -en este caso, el Estado- por el atraso del deudor en cumplir con su obligación, que le ocasiona un perjuicio al no poder hacer uso de su derecho de crédito. Es menester tener presente que la doctrina y la jurisprudencia es conteste en exigir, para su procedencia, la presencia de mora culpable. Ello así, el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor, razón por la cual quedará excluido el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De tal forma, si el deudor considera estar liberado de toda responsabilidad debe probarlo, lo que implica que para la constitución en mora, deben coexistir los elementos formal y subjetivo. El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo, concepto que deriva de la obligación contenida en el artículo 37 de la ley de rito que obliga al pago de los intereses sin necesidad de interpelación alguna. En tanto, el elemento subjetivo refiere a la inimputabilidad del deudor, cuya presencia en el derecho tributario procede de la aplicación supletoria de las normas M derecho privado, conforme la autorización expresa otorgada por el artículo 1 de la ley 11.683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones). Así, resulta en la especie de aplicación el art. 509 del CC, vigente a la sazón, que dispensa de responsabilidad a quien acredite que la mora no le es imputable. Criterio este convalidado por la C.S.J.N. In re "Citibank NA", del 1/6/2000. En ese contexto, corresponde confirmar los intereses liquidados, toda vez que no se verifica en la especie una cuestión que revista una complejidad tal que habilite eximirla de responsabilidad.
X. Que sentado lo que antecede corresponde expedirse sobre la procedencia de la sanción apelada, que el ente fiscal subsume en el artículo 46 y artículo 47 inciso b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, "el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada". Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que "El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas." (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencia¡ y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones' Cap. XXI, "Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
XI. Que ello así y teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante en las previsiones del artículo 47, incisos b) de la ley 11.683 (t.o.v) pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados, por lo cual no ingresó el impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, lo que surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada la que -por otra parte- se advierte ha sido correctamente cuantificada.
XII. Que en mérito a lo expuesto, voto por: 1°) Rechazar las defensas de nulidad articuladas por la recurrente, con costas y 2°) Confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas. El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere a la solución propiciada al voto de la Dra. Guzmán.- En merito a la brevedad, corresponde remitirse a las conclusiones vertidas en la causa caratulada: "ARRE BEEF S.A. s/recurso de apelación -impuestos a las ganancias, al valor agregado y a las ganancias -salidas no documentadas-" (Exp. N° 35.9454, TFN Sala A, sentencia de fecha 21/09/2018).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar las defensas de nulidad articuladas por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada en todos sus términos, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (art. 184 de la ley 11.683. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvase los antecedentes administrativos y archívese.- .
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Date: 2022.05.17 14:33:57 -03:00 Date: 2022.05.17 15:04:41 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.17 15:04:42 -03:00
Fin de la sentencia