Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 24.613-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el Considerando VI.- del voto de la Dra. Sarquis.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 7120- 0/96, en la Actuación N° 12039-1436-2006 (ADGA 607.402/02), conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111038308-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados: “SWIFT ARMOUR SA ARGENTINA c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 24.613-A;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 41/46 vta. se presenta la firma SWIFT ARMOUR SA ARGENTINA por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9096/07 dictada en la Actuación N° 12039-1436-2006 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa de $72.266,54 y se la intimó al pago de $89.134,06 en concepto de tributos con más el CER. Relata que mediante el DIT N° 7120-0/96 introdujo 150.132 Kg de chapa estañada, aplicada al CTC N° 1466/92. Opone excepción de nulidad y prescripción del sumario. Da cuenta que al contestar la vista acompañó como prueba documental el listado de 44 permisos de embarque que acreditaban fehacientemente la reexportación de la totalidad de la mercadería, pero que esa documentación no fue tomada en cuenta por el servicio aduanero.
En forma arbitrara, la Aduana rectificó la denuncia y dictó resolución, liquidando un saldo supuestamente no reexportado, que no guarda relación con los hechos y elementos aportados en la causa. Resalta que en fecha 17/12/2002 se dispuso la instrucción de sumario y luego el procedimiento permaneció por un plazo por demás excesivo sin que se emitiera pronunciamiento. Más adelante, en el curso de unos pocos meses se corrió vista de la liquidación de tributos y multa -en forma incorrecta e infundada- por el total de la mercadería amparada en el DIT, a fin de evitar la prescripción de la acción. Subraya que se vulneró el debido proceso legal y la legitima defensa (art. 18 CN). Hace notar que el vencimiento del DIT en cuestión operó el 02/11/1997 y que el sumario se instruyó el 17/12/2002.
Por otra parte, la Resolución N° 9096/97 se dictó el 14/12/2007 y fue aprobada el 17/12/2007, fecha en que operó nuevamente la acción del Fisco. Plantea la nulidad de las actuaciones toda vez que no se procedió a una adecuada verificación de los hechos previo a la imputación y a la condena. Precisa que el CTC se encuentra agregado a fs. 58 y 73 de las act. adm. Se agravia de la denuncia que dio origen al sumario y de los montos por los cuales se corrió vista, procediéndose a fs. 77 a rectificar el informe de fs. 118, foliatura que era inexistente. Asimismo se queja respecto de la imposibilidad de tener por cancelada la DIT cuestión con el argumento de que no se pudo determinar el cumplido de las destinaciones de exportación a consumo debido a que las mismas no fueron suscriptas por un funcionario aduanero.
Recalca que el dictamen de la Sección Procedimientos Técnicos a fs. 122 no discrimina el saldo de mercadería no reexportado así como tampoco el saldo en infracción correspondiente a las mermas y residuos. En subsidio, solicita aplicación del art. 972 del CA y/o la reducción en la graduación de la pena según los arts. 915 y 916 del CA. Peticiona la exención del impuesto a las ganancias y de las percepciones a la importación. Plantea la inaplicabilidad del CER al caso de autos. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 88/98vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que la nulidad articulada por la actora resulta improcedente y extemporánea en virtud de lo dispuesto en el art. 1051 del CA. Argumenta que ha transcurrido el plazo contemplado en la norma; con lo cual, la ley presume el consentimiento del acto por parte de la actora. Asimismo, indica que el interesado debió demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca puesto que la validez de los actos administrativos se presupuesta según el perjuicio que sufren los intereses intervinientes. En lo que concierne al planteo de prescripción, señala que respecto de la percepción de tributos, el cómputo del plazo se inició el 01/01/1998 y que al momento del dictado del auto de apertura de sumario el 17/12/2002, operó la suspensión del plazo de prescripción (conf. arts. 803 al 805 del CA). En cuanto a la faz sancionatoria, pone de relieve que a la fecha del dictado de la Resolución 14/12/2007, la acción del Fisco para imponer penas no se encontraba prescripta (arts. 934 y 935 del CA). Remite a los términos del Informe de la Sección Procedimientos Técnicos obrante a fs. 98, que determina la cantidad de mercadería en infracción (81935,2295 Kg) y la imposibilidad de la cancelación del DIT, toda vez que las copias de los permisos de embarque aportados no se encontraban debidamente cumplidas. Hace alusión a la Resolución N° 479 que prevé las pautas para la cancelación de la importación temporaria, a la vista dispuesta en el art. 1101 del CA y al art. 1145 del CA. Se opone al planteo de improcedencia del IVA y del impuesto a las ganancias en virtud de lo normado por la ley 23.349. Afirma que a la suma adeudada corresponde aplicar el CER previsto en los arts. 4 y 8 del Decreto 214/02, toda vez que al producirse el hecho imponible se encontraba vigente el art. 20 de la ley 23.905. Rechaza el planteo de la figura del art. 972 del CA y la reducción de la multa en los términos del art. 915 del CA.
III. Que a fs. 140 se declara la causa de puro derecho. A fs. 143 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 144 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12039-1436-2006 (ADGA 607.402/02) se inicia con el acta denuncia N° 735/02 contra la firma SWIFT ARMOUR SA ARGENTINA por la presunta comisión de la infracción tipificada en los arts. 970 del C.A., atento que no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT N° 7120-0/96, cuyo vencimiento operó el 02/11/1997. A fs. 2 se glosa la carpeta del DIT referenciado con su documentación complementaria. A fs. 4 obra sobre que contiene la póliza de seguro de caución. A fs. 10, el 17/12/2002 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. A fs. 11 vta., el 22/01/2007 se establece la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción. A fs. 14, sin fecha, entre el 13/03/2007 y el 27/03/2007, se practica liquidación de tributos (conforme las constancias de fs. 13, 14 y 15). A fs. 18, el 29/03/2007 se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del C.A. y se cita la aseguradora en carácter de garante de la obligación tributaria, quienes se notifican el 07/05/2007 y el 03/05/2007, respectivamente (fs. 40/41). A fs. 36/39 la garante formula descargo. A fs. 63/65 la importadora contesta vista y acompaña documentación que se agrega a fs. 49/62. A fs. 67 y 77 constan las Notas N° 6083/07 (SE PRTE) y 7469/07 (SE PRTE). A fs. 73 la importadora acompaña copia certificada del CTC N° 594/8. A fs. 98, la Nota N° 8577/07 (SE PRTE) determina la cantidad de mercadería en infracción. A fs. 99 se procede a una nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 100/115 se agrega consulta al registro general de infractores. A fs. 116/121, el 14/12/2007 se dicta la Resolución DE PRLA N° 9096/07. A fs. 122 se emite el Dictamen N° 1887/07 (DV DSAD). A fs. 123/125 se dicta la Resolución N° 1341/2007 (SDGTLA). La Resolución DE PRLA N° 9096/07 se notifica a la aseguradora el 25/08/2008 (fs. 127) y a la importadora el 24/04/2008 (fs. 132).
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 7120-0/96, registrado por la firma importadora SWIFT ARMOUR SA ARGENTINA, ante la Aduana de Bs. As., el 30/10/1996, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 02/11/1997.
VI. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, corresponde expedirse respecto del planteo de nulidad y prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y para perseguir el cobro de tributos formulado por la actora en su apelación. Que cabe señalar, que del examen de las actuaciones administrativas surge que no procede la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de multa y de los tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT N° 7120-0/96 por encontrarse esta prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (fs. 10 de las act. adm.).
Que cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa "La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años" comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y específicamente en su inc. a) determina como tal al "...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;...".
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. Que a fs. 10 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 17/12/2002.
Que de su compulsa resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la importadora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto, en tanto, no se ha efectuado la valoración y clasificación de la mercadería en cuestión así como tampoco la consecuente liquidación de tributos.
Que, en efecto, el auto de apertura de sumario de fecha 17/12/2002 se limita a disponer la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. (fs. 10 act. adm.)
Que acto siguiente, a fs. 11, el 27/10/2006, se provee “Atento el estado de autos, se remiten las presentes actuaciones con el objeto de que se sirvan informar el valor en aduana, derechos y demás gravámenes que le corresponden a la mercadería ingresada mediante el Despacho de Importación Temporal N° 7120-0/96, a la fecha de infracción 02/11/1997. Asimismo, se requiere procedan a indicar si dicha mercadería era de importación prohibida por el régimen general a la fecha antes mencionada”.
Que a fs. 11vta., el 22/01/2007 se procede a la clasificación y valoración de la mercadería.
Que a fs. 13, el 13/03/2007 se determina que “Atento el estado de autos, dése intervención al Contador designado en este Departamento a los fines de practicar la correspondiente liquidación de multa y tributos, de acuerdo a lo informado a fs. 12.”
Que la liquidación se practica a fs. 14 sin fecha, pero de las constancias del expediente resulta que se realizó entre el 13/03/2007 y el 27/03/2007 (conf. fs. 13,14 y 15).
Que corresponde resaltar que lo actuado en autos ha sido en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la instrucción.
Así las cosas, según las constancias cronológicas del expediente administrativo, y conforme surge de las intervenciones de los distintos sellos, la clasificación y valoración de la mercadería fue realizada el 22/01/2007 (ver fs. 11 vta.) y luego, la liquidación de los tributos tuvo lugar entre el 13/03/2007 y 27/03/2007 (ver fs. 13, 14 y 15), es decir, todo con posterioridad a la instrucción del sumario.
Que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala (con una composición diferente a la actual), estimo que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 07/12/2001 -obrante a fs. 10 de las act. adm.-, el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 ya citado.
Que, en orden a lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario de fecha 17/12/2002, carece de aptitud para suspender y/o interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas y perseguir el cobro de tributos en los términos de los arts. 937 inc. a) del C.A. y 805 inc. a) del C.A.
Que por lo tanto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 02/11/1997 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para imponer penas (conf. Art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/1998, en los términos de los arts. 935 y 804 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2002, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 17/12/2002, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que en este entendimiento, cabe poner de relieve que el siguiente acto posterior al auto de instrucción de sumario data de fecha 27/10/2006; con lo cual, todo lo actuado con posterioridad al auto de instrucción de sumario fue una vez operada la prescripción.
Que, por lo tanto, cabe destacar que la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 10 de las act. adm., atento a que ella se dispuso en fecha 29/03/2007 (ver a fs. 18 de las act. adm.), una vez operada la prescripción. Destaco que este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM.
c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.”
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayo acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada)”.
Que a mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que éste cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, "Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo, 3/11/2022", Sala I, Federal Express Corporation (TF 30584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo, 11/10/2022).
Que también ha puntualizado que “…las exigencias normativas no comportan…una mera referencia o arbitrio susceptible de ser soslayado a voluntad por el operador; por el contrario, los recaudos contenidos en el precepto analizado deben ser cumplidos como requisitos de validez de la apertura sumarial, pues una interpretación contraria importaría lisa y llanamente vaciar de contenido a la norma, temperamento que resulta claramente inadmisible.” (CNCAF, Sala II, “SA Marítima y Comercial JR Williams (TF 27.600-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 12/03/2024.
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 7120- 0/96, con costas a la DGA.
VII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por la actora.
Por ello, VOTO POR:
1. DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el Considerando VI.- del presente.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 7120- 0/96, en la Actuación N° 12039-1436-2006 (ADGA 607.402/02), conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por razones de estricta economía procesal, corresponde remitirse a la reseña efectuada por el vocal preopinante respecto del objeto de la litis, los agravios vertidos en la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y V), a los fines de evitar reiteraciones innecesarias. No obstante, estimo que en el caso bajo examen corresponde revocar la Resolución DE PRLA n° 9096/07, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros con fecha 14 de diciembre de 2007. Sin embargo, la revocación que propongo descansa en fundamentos distintos de aquellos en los que se apoya el voto que me precede. En efecto, en esa opinión se decide declarar la nulidad del acto administrativo de apertura del sumario, y de allí derivar que la potestad sancionatoria y la acción fiscal tendiente a reclamar la deuda tributaria habrían quedado alcanzadas por la prescripción. Tal razonamiento descansa en la supuesta inexistencia, al momento de disponerse la apertura, de liquidación tributaria o aforo de la mercadería involucrada.
II. Tanto el artículo 805, inciso a), como el artículo 937, inciso a), ambos del Código Aduanero, disponen que el auto que ordena la apertura del sumario produce, respectivamente, la suspensión de la prescripción de la acción de cobro de tributos y la interrupción de la acción para imponer sanciones. Ahora bien, la postura mayoritaria —con la que discrepo— entiende que tales efectos se generan de modo automático, sin necesidad de notificación alguna al presunto deudor o infractor. Dicho de otro modo, bastaría la existencia formal de la resolución que dispone la apertura del sumario para que se detenga o reinicie el curso de la prescripción. Este entendimiento, reiteradamente avalado tanto en sede administrativa como en sede judicial, descansa en la idea de que la sola decisión estatal de iniciar la investigación produce consecuencias sobre los plazos prescriptivos, aun cuando el sumariado no haya tenido noticia ni oportunidad de ejercer su defensa.
III. En tales condiciones, resulta imprescindible recordar que el principio de conservación del acto administrativo constituye una de las columnas rectoras del derecho administrativo argentino. Tal principio obliga a privilegiar la eficacia de los actos estatales siempre que estos cumplan con su finalidad esencial, admitiendo la corrección de defectos menores o formales que no alteren su sustancia ni comprometan derechos fundamentales de los administrados. Bajo esa perspectiva, la resolución que ordena la apertura del sumario tiene como propósito acotar los hechos bajo investigación y habilitar el despliegue del procedimiento sancionador, con miras a esclarecer la presunta infracción aduanera y a impulsar las medidas necesarias para su adecuada sustanciación.
Desde esa óptica, la liquidación de tributos exigida por el inciso d) del artículo 1094 del Código Aduanero debe ser comprendida como un elemento accesorio del acto, cuya ausencia no impide la prosecución del sumario ni cercena el derecho de defensa del presunto infractor. En efecto, el administrado toma conocimiento de la pretensión fiscal al momento de corrérsele vista del sumario, instancia en la que puede ejercer de modo pleno su facultad de descargo. Por lo tanto, aun cuando la suspensión de la prescripción opere automáticamente desde la emisión del acto, el único fundamento válido de ese efecto se halla en el interés recaudatorio del fisco, sin que la omisión de una liquidación inicial provoque indefensión real ni altere la ecuación procesal.
Así planteadas las cosas, la ausencia de liquidación en la resolución de apertura no alcanza la entidad de vicio invalidante, pues no compromete la finalidad esencial del acto ni hiere garantías fundamentales. Declarar su nulidad sobre la base de una exigencia puramente ritual, sin perjuicio concreto para el administrado, equivaldría a consagrar una nulidad por la nulidad misma, práctica abiertamente incompatible con los principios de eficacia y conservación que inspiran el derecho administrativo. Tal desenlace, lejos de honrar el orden jurídico, lo degrada en formalismo vacío.
IV. Sin perjuicio de lo previamente señalado, las singulares circunstancias de la causa imponen declarar la invalidez del procedimiento instruido en autos, en razón de la inobservancia de pautas temporales mínimamente razonables. En efecto, del detenido repaso de lo actuado en sede administrativa se desprende un dato difícil de justificar: el auto de apertura del sumario fue dictado el 17 de diciembre de 2002; las liquidaciones de tributos y multas, junto con el aforo de la mercadería, se confeccionaron en 2007, y la vista de tales actuaciones al presunto responsable recién se corrió el 29 de marzo de 2007. Dicho de otro modo, el fisco demoró casi cinco años desde la apertura del sumario y aproximadamente una década desde el vencimiento de las destinaciones temporarias en poner en conocimiento al administrado.
Entre 2002 y 2007 el expediente sólo registró movimientos burocráticos menores: la agregación de destinaciones cuestionadas y la elaboración del aforo y de las liquidaciones. Ninguno de esos trámites justifica una parálisis de semejante magnitud. Desde esta perspectiva, corresponde recordar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8.1 garantiza no sólo el derecho a ser oído, sino también a serlo en un plazo razonable. A su vez, el artículo 25 de la misma Convención consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, incluso frente a violaciones perpetradas por autoridades en ejercicio de funciones oficiales.
En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que los órganos estatales investidos de facultades jurisdiccionales deben respetar dichas garantías en todas las instancias (caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31/01/2001, párr. 69; caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 02/02/2001; Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 27). Por ende, la demora en la notificación al administrado no es un defecto anodino, sino una transgresión frontal al derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución. A mayor abundamiento, el análisis actual debe considerar la reciente ley N° 27.742, denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que al modificar la Ley 19.549 incorporó en su artículo 1° bis principios rectores del procedimiento administrativo, entre ellos la juridicidad, la razonabilidad y, decisivamente, el derecho a un plazo razonable.
Tal consagración normativa robustece la obligación de la Administración de dictar y notificar sus decisiones en tiempo oportuno, pues lo contrario importa negar tutela administrativa efectiva. La inacción prolongada o la dilación injustificada no son simples disfunciones burocráticas, sino infracciones a derechos fundamentales. Por consiguiente, la demora insólita verificada en autos no sólo contraría la razonabilidad exigida por la Constitución y la Convención, sino que, a la luz de la nueva legislación, exhibe un patrón de ineficacia administrativa que roza la arbitrariedad. Declarar la invalidez del procedimiento no es, entonces, un gesto formalista, sino una exigencia del Estado de Derecho: el administrado no puede ser rehén de la lentitud de la maquinaria estatal.
Por todo lo hasta aquí razonado, emerge con nitidez que la resolución apelada no puede sostenerse en pie por razones sustanciales ligadas a la violación del derecho de defensa, a la inobservancia del plazo razonable y al apartamiento de los principios de eficacia y conservación que rigen la actuación administrativa. En efecto, la demora injustificada en la tramitación del sumario desnaturalizó su finalidad y colocó al administrado en una situación de indefensión incompatible con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional. Así entonces, mantener la validez de lo actuado implicaría convalidar un procedimiento inerte, más preocupado por la conservación burocrática del expediente que por la efectiva tutela de los derechos. El derecho administrativo, sin embargo, no se escribe para custodiar papeles, sino para garantizar justicia en las relaciones entre la Administración y los particulares.
En mérito de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la Resolución DE PRLA n° 9096/07, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros con fecha 14 de diciembre de 2007, declarando la invalidez del procedimiento seguido, en virtud de la irrazonable demora constatada y de la consiguiente afectación al derecho de defensa en juicio. Así voto.
En virtud de lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PRLA n° 9096/07, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros con fecha 14 de diciembre de 2007.
2. Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el Considerando VI.- del voto de la Dra. Sarquis.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 7120- 0/96, en la Actuación N° 12039-1436-2006 (ADGA 607.402/02), conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2025.10.01 18:34:49 ART Date: 2025.10.06 13:52:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.06 14:06:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.06 14:06:47 -03:00
Fin de la sentencia