Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-98206940-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° RE-2024-98205959-APN-SGASAD#TFN, dictada el 11/07/2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17997-12-2019, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30792611-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SYNGENTA AGRO S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, EX-2024-
98206940- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante RE-2024-98205959-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RE-2024-98206073-APN-SGASAD#TFN, dictada el 11/07/2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17997-12-2019, en cuanto condena a la firma al pago de una multa de $ 1.172.363,63, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el apartado 1, inc. c), del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, en relación a las operaciones documentadas en los despachos Nro. 15092IC04047789P, 15092IC04042039V, 15092IC04050871B, y 15092IC04052654C. Indica que el servicio aduanero sostuvo la existencia de una presunta manipulación de precios en la venta de los productos importados, que supera el 10%, toda vez que la mercadería contenida en los despachos citados contiene una diferencia de precio entre el que se verifica en su salida en origen (Brasil) y el precio declarado en el despacho de importación en Argentina.
Solicita la aplicación estricta de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Pioneer”, sosteniendo que no puede imputarse infracción por el solo hecho de existir diferencias de precios en operaciones sucesivas dentro de una cadena comercial, sin acreditarse que el precio declarado no sea el realmente pagado o por pagar. Seguidamente plantea la nulidad de la condena atento a que resulta arbitraria y contraria a derecho, por lo tanto nula de nulidad absoluta. Cuestiona el uso y abuso del sistema electrónico de información estadística de operaciones aduaneras. Sostiene que es claro que la sola información estadística no puede, sin mayor análisis o estudio, resultar conclusiva en una investigación, a punto tal que a la sola constatación de cierta información se asevere que el precio de una transacción resulta inexacto.
Afirma que en la declaración aduanera el precio declarado en las destinaciones de importación fue exacto e indica que el precio declarado se puede desestimar como base de valoración a los fines fiscales, pero no puede cuestionarse per se para imputar una infracción sin la debida demostración de la inexactitud de ese precio. Sostiene que la DGA ha desestimado el valor de transacción como método de valoración, y ha valorado la mercadería en clara violación de los métodos subsidiarios de valoración de importación definidos por el Acuerdo de Valor. Cita jurisprudencia. Hace reserva del Caso Federal. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada en autos, con costas a cargo de la DGA.
II. Que, mediante IF-2024-132378312-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Luego de efectuar un breve resumen de los hechos acaecidos en sede aduanera, niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, y la documentación invocadas por la contraria que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte. En primer lugar, entiende que el reclamo efectuado por la Aduana es correcto y encuentra sustento de ello en la Resolución General (AFIP) N° 2.389/2008 y 2.495/2008. Luego, destaca que de la información extraída del INDIRA, así como también del análisis de la documentación aportada por la propia importadora -y no por simples “presunciones”-, se verifica que el precio de exportación de Brasil no coincide con el de la importación argentina. Entiende que esta ingeniería financiera desplegada tiene un único fin: drenar divisas desde la Argentina hacia Brasil, pasando por un tercero operador ubicado en Uruguay (SYNGENTA AGRO URUGUAY SA). Así, afirma que no se respetó lo indicado en el Acuerdo de Valor, cuestiona la figura del trader (Syngenta Agro Uruguay) y la manipulación del precio por parte del grupo económico atento a que existió una única venta. Finalmente, indica que la carga dinámica de la prueba recae sobre la importadora y sostiene que surge de la simple compulsa de las constancias de autos que se encuentran acreditados fehacientemente los elementos necesarios para la configuración del tipo infraccional imputado por el Servicio Aduanero a la Compañía. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera objeto de apelación, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17997-12-2019 se inician a fs. 1/3 con el Acta de Denuncia, vinculada a los despachos N° 15092IC04047789P, 15092IC04042039V, 15092IC04050871B, y 15092IC04052654C; la cual fue motivada por las tareas de fiscalización desarrolladas por la División Bienes Intermedios y de Consumo, atento a la detección de un esquema de ventas sucesivas entre empresas vinculadas pertenecientes al mismo grupo económico. A fs. 4/135 lucen los despachos en trato y su documentación complementaria. A fs. 137/138 se le requiere a la importadora que brinde explicaciones acerca de la sustancia económica de las ventas realizadas por SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A., siendo dicha firma la vendedora inmediata de mercaderías originarias y procedentes de Brasil.
A fs. 139/140 luce la contestación del requerimiento por parte de la importadora. A fs. 144/154 consta la Nota n° 32/19 (SE IAGR) mediante la cual se determina el perjuicio fiscal ocasionado por la supuesta maniobra. A fs. 155 obra la Nota n° 352/19 (DV BICO) y a fs. 156 la Nota n° 455/2019 (DE VADI) mediante las cuales el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Importaciones comparte los argumentos vertidos en el informe n° 32/19 (SE IAGR), entendiendo que se dan los elementos tipificantes de la infracción prevista y penada en el artículo 954 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero. A fs. 157, en fecha 02/08/2019, se dispone la instrucción del sumario contencioso, y a fs. 158/161 se liquida la multa por cada destinación.
A fs. 162, en fecha 13/03/2023, se corre vista de lo actuado a la recurrente y al despachante de aduana, las cuales son notificadas el 13/04/2023. A fs. 167/169 vta. luce la contestación de vista del despachante de aduana, a fs. 170/187 consta el descargo de la importadora, y a fs. 188/195 obran las certificaciones contables presentadas como prueba por esta última. A fs. 199 se tienen por presentadas las contestaciones en tiempo y forma, y se admite la prueba presentada. A fs. 201/202 obra la Nota N° 037/24 (SINA DV BICO) mediante la cual se rectifican los montos denunciados para las destinaciones observadas. A fs. 207/208 luce la Nota N° 040/24 (SINA DV BICO) mediante la cual se rectifica lo actuado a fs. 201/202.
A fs. 210/212 luce la Resolución N° RESOL-2024-2977-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, aquí apelada. A fs. 213/214 luce el Dictamen jurídico IF-2024-02110804-AFIP-DVDSAD#SDGASJ y a fs. 216/218 obra la resolución RESOL-2024-586-AFIP-DILEGA#SDGTLA de la Directora de la Dirección Legal que aprueban la absolución resuelta con respecto al despachante de aduana.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad de la resolución apelada efectuado por la firma importadora, vinculado a la falta de causa y motivación, en relación a lo cual advierto que se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
V. Que corresponde entonces dilucidar si la resolución apelada en autos, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código de rito, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en la norma de referencia. Que, el citado artículo 954, apartado 1, de la ley 22.415 señala: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
Bajo tales premisas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el bien jurídico tutelado por el citado precepto -que sanciona las declaraciones inexactas-, es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros). Por ende, la configuración de la infracción prevista y penada por el citado artículo queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. Sala IV C.A.F., causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
Que, como ya fue visto, la firma actora sostiene que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, y que el hecho de haber declarado un valor de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. Asimismo, cuestiona el uso por parte de la DGA de la información del sistema informático, toda vez que parte de una base presunta.
VI. Que, en lo que aquí interesa, de la lectura de las actuaciones administrativas surge que la aduana – basándose en el sistema informático – comprueba la existencia de ventas sucesivas y diferencias en los valores declarados por las empresas intervinientes del mismo grupo.
Que, puntualmente, a fs. 145/147 de las actuaciones administrativas, la aduana detecta que, de los DI involucrados, “se desprende que el exportador (SYNGENTA SEEDS LTDA.) embarcó las cantidades detalladas en el cuadro, desde Brasil con destino a Argentina. Además, se observa que el Consignatario y el destinatario de Notificación es SYNTENGA AGRO SA”.
Que, además, agrega que “… sin embargo, SYNGENTA presenta a despacho facturas del proveedor SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A., de Uruguay, con la identificación del despacho aduanero brasilero y el BL respectivo de cada operación, según el siguiente detalle (…)”; y destaca que “SYNGENTA AGRO S.A. Y SYNTENTA AGRO URUGUAY S.A., son empresas que se encuentran vinculadas en los términos del Art. 15, párrafo 4 del Acuerdo de Valoración del GATT/OMC, situación que la firma importadora declara en los formularios de valor de las destinaciones de importación bajo estudio (…) Considerando que la Posición bajo estudio no tiene un Precio Oficial de referencia, se procedió a realizar una consulta a la base Discoverer antes mencionada a efectos de comparar mercadería similar o semejante, por el mismo período, mismo origen o procedencia (…)”. Como conclusión de este circuito comercial, el servicio aduanero (ver fs. 152 de las actuaciones administrativas) sostiene que: “en estas 4 destinaciones de importación, los precios FOB documentados ante el Servicio Aduanero Argentino son superiores a aquellos declarados ante la Aduana de BRASIL por el exportados SYNGENTA SEEDS LTDA. Este incremento en los precios se debe a la re-factuación practicada por SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A., vinculada en los términos del Art. 15.4 del Acuerdo de Valoración del GATT/OMC, con el importador argentino tal como se puede observar en las declaraciones efectuadas en el Formulario de Valor de cada operación (…).
Por otra parte, no se observan elementos que indiquen, prima facie, un aporte tangible de valor agregado por parte del re-facturador, que justifique los incrementos de precios declarados ante la Aduana Argentina. La diferencia en los montos F.O.B. declarados que, en principio, representan un egreso indebido de divisas, es de U$S 250.000,00.”
Que es así como la Aduana se basa en la diferencia de valor declarado en la Aduana de origen al exportar –desde Brasil –, y el declarado al importar en Argentina, para imputar a la actora – y finalmente, condenarla – por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.
Que, en otras palabras, el Fisco presume que el valor declarado en los despachos de importación Nro. 15092IC04042039V, 15092IC04050871B, 15092IC04052654C, 15092IC04047789P al importar en Argentina no es el real -sobrefacturación-; sino que el real es el valor declarado al exportar desde Brasil.
VII. Que cabe aclarar que la utilización del sistema informático, mediante el cual se habría detectado que la mercadería había sido importada al mercado argentino a un precio superior al que se exportó en Brasil no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para reprochar que el precio sea inexacto ni que se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un diferente egreso de divisas del país. Tampoco la existencia de una venta anterior por un precio distinto al declarado en los DI, llevada a cabo por un “trader” vinculado lo demuestra.
Que, no es posible presumir, sin mayores elementos, que el documentante en nuestro país sea quien declaró inexactamente el valor de las mercaderías, ni que, por ende, el valor real sea el declarado al exportar desde Brasil. Que, en efecto, la existencia de un precio diferente -en el caso menor- en la primera venta entre otras partes distintas a la recurrente, no convierte al precio declarado en los DI de autos en inexactos o falsos; no siendo esto probado por el fisco.
Que en este punto se vislumbra que la certificación contable aportada por la recurrente (a fs. 188/195 de las actuaciones administrativas) acredita la correcta correlación de lo facturado, registrado y pagado por parte de la importadora en relación a los despachos de importación involucrados.
Que, en consecuencia, en las destinaciones aquí involucradas no ha existido una diferencia entre lo declarado y lo comprobado tendiente a generar un egreso diferente de divisas del país, por lo que en ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, corresponde revocar la multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.
VIII. Que, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 29 de febrero de 2024, se ha pronunciado en relación a los casos de triangulación comercial entre empresas vinculadas. Así, haciendo suyos los fundamentos vertidos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen del 21 de abril de 2021, sostuvo que “el tipo infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, al sancionar la declaración aduanera que difiera de lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir ‘el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, circunscribe el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado –tratándose de importaciones– a la última venta en supuestos de ventas sucesivas”.
Que, en un ejercicio de parafraseo de esta doctrina judicial –la que cabe aplicar en todo su extensión, en tanto el Alto Tribunal ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores, a efectos de la adecuada salvaguarda de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" - es factible afirmar que su cabal aplicación conduce a que en los casos en los que el valor FOB total declarado en el despacho de importación coincida con el consignado en la factura comercial, la importadora quede a salvo de la aplicación de la figura infraccional prevista en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
IX. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción tipificada en la referida normativa, dejando a salvo mi criterio – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12; entre muchos otros).
X. Que, por último, corresponde dejar sentado que en idéntico sentido ha resuelto, por unanimidad, esta Sala in re “SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2024-
50301742- -APN-SGASAD#TFN) y “SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2024-98227601- -APN-SGASAD#TFN), ambas con fecha 21/2/2026, las que tramitaran por ante la Vocalía de la 18° Nominación.
Que en virtud del modo en que se vota, se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas en la litis.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución N° RE-2024-98205959-APN-SGASAD#TFN, dictada el 11/07/2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17997-12-2019, con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al Voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Revocar la Resolución N° RE-2024-98205959-APN-SGASAD#TFN, dictada el 11/07/2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17997-12-2019, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.03.26 15:37:56 ART Date: 2026.03.26 19:34:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.26 19:36:36 -03:00
Fin de la sentencia