Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-90777468-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° RE-2024-90777378-APN-SGASAD#TFN, dictada el 1 de julio de 2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17999-18-2019, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30819814-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SYNGENTA AGRO S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, EX-2024-
90777468- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante RE-2024-90777378-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-2708-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 1 de julio de 2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17999-18-2019, en cuanto condena a la firma al pago de una multa de $ 1.909.279,68.- y al pago de una diferencia de tributos de importación por la suma de U$S 74.515,58, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el apartado 1, incisos a) y c), del artículo 954 del Código Aduanero, en relación a la operación documentada en el despacho Nro. 14 001 IC04 048031X. La firma recurrente indica que el servicio aduanero sostuvo la existencia de una presunta “subfacturación” o manipulación de precios en la venta de los productos importados, circunstancia que, según la autoridad aduanera, habría generado un perjuicio fiscal y un giro de divisas al exterior menor al que hubiera correspondido de haberse declarado el precio real de las operaciones. Asimismo, señala que la Aduana requirió explicaciones sobre la “sustancia económica” de las ventas formalizadas por SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A., en tanto se detectaron ventas sucesivas en las operaciones de importación investigadas, siendo el vendedor inmediato la citada sociedad uruguaya, aunque las mercaderías resultaban de origen y procedencia estadounidense. Como primer agravio, la recurrente solicita la aplicación estricta de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Pioneer”, sosteniendo que no puede imputarse infracción por el solo hecho de existir diferencias de precios en operaciones sucesivas dentro de una cadena comercial, sin acreditarse que el precio declarado no sea el realmente pagado o por pagar.
Seguidamente plantea la nulidad de la resolución condenatoria, en tanto afirma que la misma se sustenta en la mera constatación, mediante sistemas informáticos, de la existencia de un esquema de ventas sucesivas con diferencias de precios entre las distintas transacciones, sin que ello implique, por sí solo, la inexactitud del precio declarado.
Luego, sostiene que la condena resulta nula de nulidad absoluta por carecer de fundamentación suficiente, no referirse a los hechos controvertidos, omitir la valoración de las defensas articuladas, no especificar cuál sería la inexactitud entre la declaración y la comprobación, ni aplicar los métodos alternativos de valoración previstos en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, ni dentro del plazo legalmente previsto para ejercer el control de valor, lo que, a su entender, vulnera las garantías del debido proceso y del derecho de defensa en juicio.
En otro orden, afirma que el precio pactado y abonado a su proveedor uruguayo resulta competitivo y razonable, destacando que las compras se realizaron en condiciones de libre mercado y que la vinculación societaria no influyó en la fijación del precio, explicando que la compañía uruguaya y SYNGENTA AGRO S.A. actúan como sociedades independientes entre sí.
Asimismo, sostiene que en materia de valoración aduanera no resulta posible descartar el precio declarado en una transacción comercial y sustituirlo por el correspondiente a otra transacción en la que el importador declarante no es parte interviniente, resaltando la distinción conceptual entre “precio de transacción” y “valor imponible”. Agrega que, en materia de exactitud del precio, no basta con señalar la existencia de valores comparables distintos ni con invocar una presunta subfacturación, sino que la Aduana debe acreditar indicios concretos de la maniobra alegada, manifestando que acreditó el precio mediante certificación contable, el cual fue acordado con el vendedor, facturado, registrado contablemente y efectivamente pagado, constituyendo ello base suficiente para la determinación del valor en aduana conforme al artículo 1° del Acuerdo de Valor del GATT.
Por ende, la firma actora sostiene que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, y que el hecho de haber declarado un valor de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. Asimismo, cuestiona el uso por parte de la DGA de la información del sistema informático, toda vez que parte de una base presunta.
Finalmente, en forma subsidiaria, plantea la prescripción de la acción del Fisco para reclamar el Impuesto al Valor Agregado, invocando el transcurso del plazo legal correspondiente. Cita jurisprudencia. Hace reserva del Caso Federal. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada en autos, con costas a cargo de la DGA.
II. Que, mediante IF-2024-118996349-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Luego de efectuar un breve resumen de los hechos acaecidos en sede aduanera, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte.
En primer lugar, sostiene la configuración de la infracción endilgada por el servicio aduanero. Afirma que en su recurso de apelación la recurrente no logró desvirtuar los fundamentos de la determinación efectuada por la aduana atento que: (i) se da la configuración del tipo objetivo, esto es, que la declaración difiere con el resultado de la comprobación, y (ii) la existencia de la declaración inexacta ha conllevado a que se produzca el “perjuicio fiscal”.
Luego, entiende que la demostración del valor correcto de la mercadería esta implícitamente en la esfera de la responsabilidad del importador. Así, indica que quien se encuentra en mejores condiciones de dar las explicaciones del caso es la importadora, máxime teniendo en cuenta la vinculación existente con la firma vendedora de la mercadería, que fue la que efectuó la re-facturación aquí analizada permitiendo un egreso de divisas injustificado y por valores distintos a los que correspondería.
En cuanto a la prescripción alegada en forma subsidiaria respecto del IVA, la Aduana sostiene que la misma no se encuentra configurada, en virtud de las causales de suspensión e interrupción previstas en la ley 22.415 (art. 803 y siguientes), por lo que considera que la acción fiscal habría sido ejercida dentro del plazo legal. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación formulada por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17999-18-2019 se inician a fs. 2/10 con el Acta de Denuncia, vinculada al despacho N° 14 001 IC04 048031X, la cual fue motivada por las tareas de fiscalización desarrolladas por la División Bienes Intermedios y de Consumo, atento a la detección de un esquema de ventas sucesivas entre empresas vinculadas pertenecientes al mismo grupo económico. A fs. 11/12 se le requiere a la importadora que brinde explicaciones acerca de la sustancia económica de las ventas realizadas por SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A., siendo dicha firma la vendedora inmediata de mercaderías originarias y procedentes de los Estados Unidos de América. A fs. 13/15 luce la contestación del requerimiento por parte de la importadora. A fs. 27/30 consta la Nota n° 59/19 (SE IQFA) mediante la cual se determina el perjuicio fiscal ocasionado por la supuesta maniobra. A fs. 32/34 obra la Nota n° 456/19 (DV BICO) mediante la cual el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Importaciones comparte los argumentos vertidos en el informe n° 59/19 (SE IQFA), entendiendo que se dan los elementos tipificantes de la infracción prevista y penada en el artículo 954 apartado 1 incisos a) y c) del Código Aduanero. A fs. 36, en fecha 31/07/2019, se dispone la instrucción del sumario contencioso, y a fs. 38, en fecha 29/12/2023, se corre vista de lo actuado a la recurrente y al despachante de aduana, los cuales son notificadas el 05/01/2024. A fs. 45/47 vta. luce la contestación de vista del despachante de aduana y a fs. 48/66 vta. consta el descargo de la importadora. A fs. 73 se tienen por presentadas las contestaciones en tiempo y forma, y se admite la prueba presentada. A fs. 81/83 luce la Resolución N° RESOL-2024-2708-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, aquí apelada. A fs. 84/85 luce el Dictamen IF- 2024-02013792-AFIP-DVDSAD#SDGASJ y a fs. 87/88 obra el Dictamen Legal.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad de la resolución apelada efectuado por la firma importadora, vinculado a la falta de causa y motivación. En relación con ello, advierto que la nulidad planteada por las apelantes se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
V. Que, sentado ello, corresponde dilucidar si la resolución apelada en autos, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos a) y c), del Código de rito, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en la norma de referencia. Que, el citado artículo 954, apartado 1, de la ley 22.415 señala: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio, (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
Bajo tales premisas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el bien jurídico tutelado por el citado precepto -que sanciona las declaraciones inexactas-, es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros). Por ende, la configuración de la infracción prevista y penada por el citado artículo queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. Sala IV C.A.F., causas 10060/12 “Bank Boston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
Que, como ya fue visto, la firma actora sostiene que no existe diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, y que el hecho de haber declarado un valor de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. Asimismo, cuestiona el uso por parte de la DGA de la información del sistema informático, toda vez que parte de una base presunta.
VI. Que, en lo que aquí interesa, de la lectura de las actuaciones administrativas surge que la aduana –basándose en el sistema informático DARTS-TTU- comprueba la existencia de ventas sucesivas y diferencias en los valores declarados por las empresas intervinientes del mismo grupo.
Que, puntualmente, la aduana detecta que: “La mercadería fue cargada en un puerto en Estados Unidos en contenedores y viajaron en forma directa hasta el puerto de Buenos Aires. En los conocimientos de embarque observa que fueron despachadas por la firma SYNGENTA CROP PROTECTION INC. de los Estados Unidos, en forma directa a SYNGENTA AGRO S.A. (Consignatario y Notificante).
No obstante ello, se presenta a despacho una factura comercial proveniente de SYNGENTA AGRO URUGUAY S.A. de Montevideo facturando el producto de origen USA.
Es claro que las tres empresas involucradas pertenecen al grupo internacional denominado SYNGENTA AG, con sede en Basilea, Suiza. De hecho en la hoja de valor el importador argentino declara que existe vinculación entre el comprador y el vendedor en los términos del art. 15.4 del GATT.
En este circuito comercial se observó una diferencia entre los valores declarados en origen contra los declarados en Argentina por un monto de u$s 242.880 declarados en Menos. Es decir, se realizó una Subfacturación.” (ver fs.32 de las actuaciones administrativas).
Que, agrega que: “(…) con la intervención de empresas del mismo grupo radicadas en EEUU y URUGUAY que opera en calidad de distribuidores, dealers, refacturadores y/o intermediarios, que no tiene ninguna intervención sobre las mercaderías que viajan en forma directa desde EEUU a la Argentina.
En función de ello se ha verificado una manipulación en los precios de venta de los productos que generan una declaración inexacta (…).
Esta alteración artificial de los valores provoca una disminución injustificada de la base imponible aduanera generando un perjuicio fiscal por recaudación tributaria y un egreso de divisas distinto del que hubiere correspondido en condiciones comerciales normales, o entre operadores no vinculados económicamente.” (ver fs. 33 de las actuaciones administrativas).
Que, es así como la aduana se basa en la diferencia de valor declarado en la Aduana de origen, al exportar –desde EEUU- y el declarado al importar en Argentina, para imputar a la actora –y finalmente, condenarla- por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, incisos a) y c), del Código Aduanero.
Que, en otras palabras, el Fisco presume que el valor declarado en el DI 14001IC04048031X al importar en Argentina no es el real; sino que el real es el valor declarado al exportar desde EEUU.
VII. Que cabe aclarar que la utilización del sistema informático, mediante el cual se habría detectado que la mercadería había sido importada al mercado argentino a un precio inferior al que se exportó en Estados Unidos no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para reprochar la declaración efectuada por la importadora. Que, asimismo, si bien el servicio aduanero tiene amplias facultades para controlar los precios declarados y, en consecuencia, efectuar un reclamo tributario cuando considere que dicho precio no es el que corresponde, la existencia de una venta posterior por un precio diferente al de la venta inicial, llevada a cabo por un intermediario vinculado (Syngenta Agro Uruguay) no demuestra por sí solo que el precio declarado es inexacto, y que se trate de una maniobra fraudulenta.
Que, en efecto, aun cuando hubiere sido posible un ajuste a los efectos tributarios, el nuevo valor asignado no implica que el precio declarado no fuera veraz, ya que el ajuste no significa ni convierte al valor declarado en inexacto.
Que, el hecho de haberse declarado un valor FOB de importación distinto del que fuera declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción.
Que, no es posible presumir, sin mayores elementos, que el documentante en nuestro país sea quien declaró inexactamente el valor de las mercaderías, ni que, por ende, el valor real sea el declarado al exportar desde EEUU.
Que en este punto se vislumbra que lo declarado en el DI 14001IC04048031X (a fs. 17/18 de las actuaciones administrativas) es coincidente con los montos y cantidades consignados en la factura emitida por la sociedad uruguaya (fs. 19). Además, cabe señalar que la certificación contable (que luce en las actuaciones administrativas a fs. 70/72) acredita el mismo extremo.
Que, en efecto, la existencia de un precio diferente -en el caso mayor- en la primera venta entre otras partes distintas a la recurrente, no convierte al precio declarado en los DI de autos en inexacto o falso; no siendo esto probado en debida forma por el Fisco Nacional.
Que, en consecuencia, en la destinación aquí involucrada no ha existido una diferencia entre lo declarado y lo comprobado, por lo que en ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, corresponde revocar la multa por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, incisos a) y c), del Código Aduanero.
VIII. Que, en este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 29 de febrero de 2024, se ha pronunciado en relación a los casos de triangulación comercial entre empresas vinculadas. Así, haciendo suyos los fundamentos vertidos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen del 21 de abril de 2021, sostuvo que “el tipo infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, al sancionar la declaración aduanera que difiera de lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir ‘el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, circunscribe el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado –tratándose de importaciones– a la última venta en supuestos de ventas sucesivas”.
Que, en un ejercicio de parafraseo de esta doctrina judicial –la que cabe aplicar en todo su extensión, en tanto el Alto Tribunal ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores, a efectos de la adecuada salvaguarda de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" - es factible afirmar que su cabal aplicación conduce a que en los casos en los que el valor FOB total declarado en el despacho de importación coincida con el consignado en la factura comercial, la importadora quede a salvo de la aplicación de la figura infraccional prevista en el artículo 954 del Código Aduanero.
IX. Que, seguidamente, corresponde analizar el aspecto tributario.
Que, habida cuenta las constancias de la causa, y toda vez que los tributos fueron liquidados y pagados sobre el valor real de la mercadería, no corresponde la exigencia tributaria formulada en la litis.
X. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción tipificada en la referida normativa, dejando a salvo mi criterio – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12; entre muchos otros).
XI. Que, por último, corresponde dejar sentado que en idéntico sentido ha resuelto, por unanimidad, esta Sala in re “SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2024-
50301742- -APN-SGASAD#TFN) y “SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2024-98227601- -APN-SGASAD#TFN), ambas con fecha 21/2/2026, las que tramitaran por ante la Vocalía de la 18° Nominación.
XII. Que en virtud del modo en que se vota, se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas en la litis.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución N° RE-2024-90777378-APN-SGASAD#TFN, dictada el 1 de julio de 2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17999-18-2019, con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta del Sr Vocal instructor.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución N° RE-2024-90777378-APN-SGASAD#TFN, dictada el 1 de julio de 2024, en el expediente administrativo SIGEA N° 17999-18-2019, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.03.26 15:39:45 ART Date: 2026.03.26 21:57:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.26 21:58:40 -03:00
Fin de la sentencia