Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 43.015-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la prescripción alegada por los recurrentes, con costas.
2Tener al recurrente, Eduardo Ladislao Szmidt, por desistido de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa, en los términos de la ley 27.260 y sus normas complementarias, con costas.
3Confirmar las resoluciones dictadas en el Impuesto sobre los Bienes Personales y a las Ganancias del período fiscal 2006 con relación al recurrente Daniel Esteban Szmidt, con costas.
4Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 8.640 (Pesos ocho mil seiscientos cuarenta) por el patrocinio letrado y $ 3.456 (Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis) por la representación procesal los que quedan a cargo de Eduardo Ladislao Szmidt, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las primeras dos etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
5Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 8.638 (Pesos ocho mil seiscientos treinta y ocho) por el patrocinio letrado y $ 3.455 (Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco) por la representación procesal los que quedan a cargo de Daniel Esteban Szmidt, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las primeras dos etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-85782213-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Septiembre de 2021 LADISLAO s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales”, En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 43.015-I (y acumul. N° 43.016-I), caratulado “SZMIDT EDUARDO LADISLAO s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales”, conforme a lo dispuesto en el Acta Acuerdo del 16/03/2020, la Res. 2020-13-APN-TFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020- 17-APN-TFN#MEC y 2020-23-APN-TFN#MEC, lo establecido por el art. 12 de la Acordada de fecha 8/9/20 que obra como Anexo en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC y lo resuelto mediante el Acta Acuerdo Plenario de fecha 16/3/2021 que obra como Anexo en la Res. 2021-13-APN-TFN#MEC.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 24/46 Eduardo Ladislao Szmidt interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 179/2015 (DV SRR1) y N° 180/2015 (DV SRR1) de fecha 30 de abril de 2015 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron el Impuesto sobre los Bienes Personales y a las Ganancias del período fiscal 2006 con más intereses resarcitorios y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
A fs. 127/149vta. Daniel Esteban Szmidt interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 193/2015 (DV SRR1) y N° 194/2015 (DV SRR1) de fecha 30 de abril de 2015 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 con más intereses resarcitorios y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
Oponen la prescripción al alegar que las suspensiones generales dispuestas por las leyes Nros. 24.476 y 26.860 no resultan de aplicación a los contribuyentes que no se acogieron a los beneficios otorgados por dichas normas. Manifiestan que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad debido a que el Juez Administrativo no hizo ninguna mención a las pruebas ofrecidas en cuanto a su admisión o rechazo, por lo que consideran que se los privó de su derecho a revertir el criterio fiscal y poder impedir la sustanciación de una denuncia penal, lo que vulneró su derecho de defensa en juicio. Exponen que no obra en las actuaciones la Orden de Intervención con la precisión de los impuestos y períodos fiscalizados, lo que también afecta de nulidad al procedimiento seguido. Advierten que las resoluciones dictadas carecen de causa y motivación, ya que se invocó como sustento el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscripto con la República de Francia cuando éste no era la ley aplicable, ya que la información proporcionada se refiere a supuestas cuentas bancarias abiertas en una entidad financiera con sucursal en la Confederación Suiza, por lo que el intercambio de información no cumple con lo estipulado en el art. 27 del mencionado convenio.
Se quejan de que no se les indicó cuales fueron las verificaciones que culminaron en los ajustes en razón de que se cursó un único requerimiento electrónico, no se identificó la supuesta cuenta bancaria ni la entidad financiera involucrada y remarcan que no se indicó cuáles fueron los trámites o procedimientos que dieron sustento a la obtención de la información, la que además no fue debidamente traducida y no presentan legalización ni apostillado.
Cuestionan la validez de los elementos recabados de parte de la Administración Francesa.
Afirman que las determinaciones resultan improcedentes al partir de un indicio erróneo al no ser titulares de la cuenta bancaria, lo que entienden no fue probando en la instancia administrativa ya que los elementos documentales reunidos carecen de valor probatorio alguno para fundar un incremento patrimonial no justificado, al haber sido obtenidos en trasgresión a garantías constitucionales.
Por último ofrece prueba documental, informativa y pericial contable y por los argumentos que desarrollan y la jurisprudencia citada piden que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hacen reserva del caso federal.
II. Que a fs. 65/92vta. y 164/192 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos. Apunta que las resoluciones apeladas fueron dictadas en conformidad con las normas procedimentales contenidas en la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), que los recurrentes hicieron uso de su derecho de defensa y que todas las cuestiones plantedas fueron contempladas.
Rechaza la nulidad alegada con sustento en la falta de análisis de las probanzas ofrecidas al señalar que el Juez Administrativo se refirió a las mismas, al ser su facultad discernir al respecto de su procedencia. Asimismo, refuta los restantes planteos nulificantes sobre la falta de motivación debido a que el accionar fiscal se basó en una estricta aplicación de las normas legales y considera que los recurrentes no tienen argumentos sólidos para sustentar sus pedidos de nulidad al no exponer claramente los supuestos graves vicios.
En cuanto al cuestionamiento de la fiscalización electrónica resalta que la ley de rito fiscal no impone formas solemnes ni requisitos expresos para dar inicio a una fiscalización, al tratarse de un procedimiento enmarcado dentro de las amplias facultades que tiene el organismo fiscal.
Expone que los cargos formulados reconocen origen en la información obtenida en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276, referida a cuentas bancarias en entidades financieras de la Confederación Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos.
Señala que los ajustes no se sustentan en las disposiciones del citado convenio, sino en las previsiones de la ley de procedimiento fiscal, sin que haya inconveniente alguno en obtener información al amparo del convenio, al autorizarlo su art. 27.
Sobre la “teoría del fruto del árbol envenenado” apunta que la información fue obtenida por el gobierno francés en un allanamiento regularmente efectuado, y luego facilitada al organismo fiscal argentino, por lo que dicha información no requiere de certificación o legalización alguna al haber sido emitida por la autoridad competente francesa, ni traducción al comprender básicamente datos personales.
Explica que el Administrador Federal de Ingresos Público recibió de la Administración Francesa información en soporte magnético en la que constaba que los recurrentes poseían una cuenta bancaria no declarada, cuyo saldo fue considerado como un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento fiscal.
Concluye en que los recurrentes sustentan su pretensión en manifestaciones dogmáticas y huérfanas de pruebas que no brindan convicción a sus dichos.
Sobre los intereses resarcitorios, pide que sean confirmados debido a que fueron liquidados en conformidad con el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, sin que hayan esgrimidos agravios al respecto.
Por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 197 se acumuló el Expte. N° 43.019-I y a los efectos de reordenar el trámite de la causa a fs. 243 se hizo lugar a la prueba informativa.
Que a fs. 270 el contribuyente Eduardo Ladislao Szmidt acreditó su acogimiento al “Régimen de Sinceramiento Fiscal” previsto en la ley Nº 27.260.
Luego a fs. 310 se tuvo al recurrente Daniel Esteban Szmidt por desistido de la prueba informativa dirigida a la Autoridad Financiera de la Confederación Suiza y por último a fs. 311 se declaró cerrado el período de instrucción.
A fs. 320 se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y a fs. 322 se aceptó la excusación formulada por la Dra. Agustina O’ Donnell, por lo que a fs. 324 fue desinsaculado el Vocal Sustituto en los términos del art. 6 del RPTFN.
Finalmente a fs. 339/340 y a fs. 341/346vta. lucen los alegatos presentados por las partes. Que por IF-2021- 83295949-APN-VOCXII#TFN (fs. 353) se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que cabe en primer término tratar el planteo de prescripción con fundamento en la inaplicabilidad de las causales de suspensión contempladas en las leyes 26.476 y 26.860.
Que la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
Que en autos para el período fiscal 2006 el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/01/2008, por lo que se debe analizar si ocurrió alguna causal de suspensión y/o interrupción.
Que conforme lo afirma el representante fiscal resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 44 de la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/2008) y el art. 17 de la ley N° 26.860 (B.O. 3/06/2013) que dispusieron suspensiones con carácter general por el término de un (1) año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos, la que produce efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables, conforme lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L." (26/09/1991).
Que en virtud de lo cual, al tomar el plazo de prescripción del período fiscal 2006 surge que comenzó el 1/01/2008 y resultó suspendido por un año el 24/12/2008 hasta el 24/12/2009 según ley N° 26.476, finalmente el 03/06/2013 resultó nuevamente suspendido por la ley N° 26.860 hasta el 03/06/2014, habiéndose cumplido hasta allí un plazo de poco más de cuatro años.
Que a ello cabe agregar que conforme lo invoca el Fisco Nacional resulta aplicable la causal de suspensión contenida en el art. agregado a cont. del art. 65 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). En ese sentido conforme se desprende de las actuaciones administrativas la vista del art. 17 de la ley de rito fue notificada a los recurrentes el día 10/12/14, es decir dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produciría la prescripción, empezando así la suspensión por 120 días, mientras que las resoluciones se emitieron el día 30/04/2015 aún sin cumplirse el dicho plazo.
Atento lo expuesto, cabe concluir que el Fisco Nacional se encontraba facultado para reclamar los impuestos determinados en autos, razón por la cual corresponde rechazar la prescripción alegada por los recurrentes, con costas.
V. Que cabe resolver la defensa de nulidad opuesta con sustento en la existencia de vicios en el procedimiento, mientras que por otro lado niegan valor probatorio a la información que deriva de una entidad bancaria de Suiza, a partir de la información brindada por la República de Francia, sobre la que se sustentan las determinaciones, al cuestionar el procedimiento seguido para su obtención e incorporación a las actuaciones.
Que no puede pasarse por alto que los argumentos esgrimidos como base de tal defensa se entremezclan con la cuestión de fondo traída a resolver, a lo que cabe señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970). Que de los actos recurridos se advierte que han sido dictados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que fundan los mismos, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento en razón de que las fiscalizaciones electrónicas se desarrollaron en conformidad con lo dispuesto por la Resolución General AFIP N° 3416/2012 y luego se iniciaron los respectivos procedimientos de determinación de oficio, en los cuales los recurrentes presentaron sus descargos en resguardo de su derecho de defensa.
Que sobre la imprecisión de la Orden de Intervención cabe recordar que al momento de emisión de los actos recurridos la ley de procedimiento fiscal ni su decreto preveían la notificación de la misma, ni tampoco se establecían las formalidades que debían reunir, lo cual fue recién incorporado con la reforma producida por la ley N° 27.430 (B.O. 29/12/2017). A mayor abundamiento cabe agregar que las fiscalizaciones electrónicas se desarrollaron en conformidad con lo dispuesto por la Resolución General AFIP N° 3416/2012 y luego se iniciaron los respectivos procedimientos de determinación de oficio, en el cual los recurrentes presentaron sus descargos en resguardo de su derecho de defensa.
En cuanto a los restantes planteos nulificantes corresponde tener en cuenta que las fiscalizaciones electrónicas N° 2299475 y 2299474 tienen origen en la información sobre cuentas bancarias en entidades financieras de la Confederación Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos que fue proporcionada en soporte magnético (CD) por la Administración Francesa al Administrador Federal de Ingresos Públicos en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276.
Que en el art. 2 del Convenio se dispone su aplicación a los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio exigibles por un Estado, especificándose en el apartado 3 que para la República Argentina entre los tributos alcanzados se encuentran los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales (texto según Protocolo Modificado, ley N° 26.276 -B.O. 13/08/07-).
Por su parte en su art. 27 se estableció que “las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a lo impuestos comprendidos por el convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y solo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes competa el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades solo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales”. Que de la citada norma queda evidenciado que ambos Estados deben brindarse asistencia mutua en materia de intercambio de información y de ningún modo impide que uno de los Estados voluntariamente suministre al otro datos referidos a los impuestos previstos en el Convenio.
Que en la actualización aprobada por el Consejo de la OCDE al art. 26 del Modelo de Convenio al pronunciarse sobre el “intercambio de información” entre países contratantes se indicó que los datos en materia tributaria podían ser utilizados para otros propósitos cuando así lo permitan las leyes de ambos Estados y la autoridad competente del país que la haya suministrado lo autorice, aclarando que los Estados no tienen la libertad de participar en “expediciones de pesca”, pero si se puso de relevancia que la norma exige que exista una posibilidad razonable de que la información sea relevante para los asuntos fiscales de uno o varios contribuyentes debidamente identificados. Además, de los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE surge que la regla del art. 26 del citado permite el intercambio de información a través de una solicitud previa, de manera automática y de forma espontánea, permitiendo que el Estado informante brinde los datos que fueron obtenidos en el curso de determinada investigación y que él supone que ofrecen interés para el otro Estado. Que dicha norma en su apartado 2 prevé que la información puede comunicarse a las autoridades competentes en materia de recaudación, y en este caso ha sido proporcionada al Administrador Federal de Ingresos Públicos. Por otro lado de los arts. 1 y 3 del citado Convenio se desprende que el mismo se aplica a personas físicas, sociedades y toda otra agrupación de personas que sean residentes de uno o de ambos Estados, entendiéndose por “residente de un Estado" a "toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición de él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga” (conf. art. 4).
Que de lo expuesto se desprende que el intercambio de información se ajusta a las previsiones del tratado internacional en cuestión, en tanto la aprobación o intervención de las autoridades de la Confederación Suiza no puede plantearse como un requisito necesario para que el intercambio se hubiere realizado, ni se advierte violación alguna a la regla “pacta sunt servanda” a tenor de lo precisado en el Convenio que se ha venido analizando.
Que tampoco puede prosperar la teoría del fruto del árbol envenenado para restarle valor probatorio a la información recibida desde el exterior.
Al respecto cabe recordar que en el campo del derecho procesal tributario, cuyo fundamento último no es otro que la salvaguarda de los derechos constitucionales del individuo, en particular el resguardo del debido proceso adjetivo, se entiende que la 'regla de exclusión probatoria’ que deriva de su vigencia debe ceder ante la existencia de una fuente independiente de convicción sobre los hechos. En otros términos, la nulidad del acto procesal comprende a la de la prueba que él contenga, pero no puede extenderse a otras pruebas derivadas de él en la medida que no sean consecuencia inmediata de aquella irregularidad, y que exista la posibilidad de obtener la prueba cuestionada por otros medios (conf. CSJN fallos 308:733; Cámara Federal de La Plata, Sala II, “Villanueva. Héctor y otro” del 27 de diciembre de 1984).
Que en consonancia con ello, se ha dicho que "una aplicación errónea de la regla de exclusión puede desviar al proceso de la búsqueda de la verdad y torcer injustificadamente el principio de justicia que debe primar en todo pronunciamiento” (CSJN. Fallos 311:2045).
Que en el presente caso la información suministrada por la autoridad fiscal francesa fue recabada a través de un allanamiento ordenado en el marco de un proceso judicial a un domicilio de un particular que es quien obtuvo los datos vinculados a los clientes de la entidad bancaria, es decir que los funcionarios fiscales franceses no tuvieron participación directa o indirecta en la obtención de tales datos, sin que surja de autos que el procedimiento llevado a cabo por la justicia de la República de Francia hubiera adolecido de vicio alguno.
Que no puede dejarse de lado que el Fisco se encuentra facultado a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los responsables, y en tal sentido, los datos que emplea organismo recaudador para determinar el tributo adeudado en autos admiten prueba en contrario. Que en este caso los recurrentes aseveran que no son titulares de dichos fondos, lo que será objeto de análisis, debiendo descartarse los motivos en los que se basa para restarle validez a los datos que brindó la autoridad francesa. Que a tenor de lo expuesto, cabe concluir que los apelantes no han logrado demostrar cuál ha sido la defensa que se vieron privados de oponer por el intercambio de información cursado entre las autoridades fiscales francesas y de nuestro país, en tanto la misma se llevó a cabo en el marco del Convenio para evitar la doble imposición antes referido.
Que en lo que hace a la falta de legalización y apostillado de la documentación remitida por la autoridad fiscal francesas, cabe señalar que la Convención de La Haya (5/10/1961) contempla el intercambio de información entre Estados, exceptuando la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos obtenidos en el exterior, y establece para su validez un apostillado cuyo fin es dar fe de la autenticidad de la firma y el carácter o calidad en que actuó el firmante del documento. Allí se expone cuáles son considerados instrumentos públicos y las excepciones a dicha regla, disponiendo también que la apostilla no se exigirá cuando: las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al documento (art. 3° Convención de La Haya).
Que en autos, conforme ya fuera puesto de resalto la documentación fue recibida por el Administrador Federal de Ingresos Públicos y de manera directa de parte de la Dirección General de Finanzas Públicas de la República Francesa con basamento en un Convenio bilateral que prevé el intercambio de información, por lo que considero que exigir la apostilla no resulta necesario. En ese sentido se pronunció el Director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el Dictamen Dic MRECIC N° 1327/2007, emitido en un caso análogo.
Que por otro lado, los recurrentes alegan que el documento que sirve de base para las determinaciones no cuenta con la debida traducción.
Que no se puede admitir como causal de nulidad la falta de traducción de las copias referidas, ya que como lo sostiene el representante fiscal los datos versan básicamente sobre nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y transferencias temporales, es decir que son de fácil comprensión, por lo que en caso de haber considerado los recurrentes que alguna de las referencias que hace dicho instrumento podría dar lugar a un equívoco, pudieron acompañar su traducción y no lo hicieron.
Por lo cual, cabe concluir en el rechazo de la defensa de nulidad impetrada.
Que en el mismo sentido se pronunció esta Sala “D” en la causa “Daniels, Lawrence Chandler s/recurso de apelación” del 20/05/2019 y “Longaretti, Silvana s/recurso de apelación” del 17/07/2019.
VI. Que las presentes actuaciones reconocen origen en la información proporcionada por la Administración de la República de Francia sobre cuentas bancarias no declaradas en entidades financieras de la Confederación de Suiza pertenecientes a contribuyentes argentinos en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio normado por la ley N° 22.357 y su Protocolo Modificatorio aprobado por ley N° 26.276. Que el recurrente Eduardo Ladislao Szmidt tiene como actividad declarada la de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección de sociedades excepto anónimas, y los servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, mientras que Daniel Esteban Szmidt se encuentra inscripto en la actividad de servicios empresariales n.c.p. , servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y los servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.
Que en las fiscalizaciones electrónicas Nros. 2299475 y 2299474 se constató que omitieron declarar en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 el saldo de su cuenta bancaria radicada en una entidad financiera de la Confederación Suiza, dejando de ingresar los gravámenes en su justa medida.
Que al requerirse la justificación pertinente, los contribuyentes no reconocieron la titularidad de la cuenta, sin presentar declaraciones juradas rectificativas, por lo que el saldo no declarado fue imputado en un 50% a cada uno de ellos en concepto de incremento patrimonial no justificado.
VII. Que en el caso traído a resolver uno de los recurrentes, el Sr. Eduardo Ladislao Szmidt, imputó los bienes declarados en los términos del Libro II, Título I de la ley Nº 27.260 a la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales y a las Ganancias del período fiscal 2006, ambos determinados de oficio en las Resoluciones N° 179/2015 y 180/2015, conforme presentación agregada a fs. 265/270vta., entre la que se encuentra el Formulario 408 (Nuevo Modelo).
Por su parte, el ente fiscal a fs. 314/314vta. manifestó que no opone reparos al desistimiento formulado. Que ello así, al encontrarse cumplidos los extremos que las normas legales y reglamentarias exigen, corresponde tener al recurrente, Eduardo Ladislao Szmidt, por desistido de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa, en los términos de la ley 27.260 y sus normas complementarias, con costas.
VIII. Que por lo tanto, cabe establecer si las Resoluciones N° 193/2015 y N° 194/2015 dictadas con relación al otro recurrente, el Sr. Daniel Esteban Szmidt, se ajustan a derecho.
Respecto del nombrado se constató que no incluyó en sus declaraciones juradas de los impuestos exigidos en autos importe alguno en concepto de depósitos en dinero situados en el exterior, cuando de la planilla agregada en las actuaciones administrativas (fs. 11 de antecedentes que obran por cuerda) se observa que a diciembre de 2006 la cuenta bancaria no declarada poseía un saldo de U$S 946.391.
Que las defensas articuladas hacen hincapié en la validez de la información utilizada para fundar el dictado de los actos recurridos, lo que ya fue objeto de tratamiento en el Considerando V, pero no expone criticas convincentes sobre la titularidad y consiguiente atribución del 50% de la cuenta bancaria ya que solo se limita a negar que la misma le pertenece, sin incorporar elementos útiles para contradecir la postura fiscal.
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que por lo tanto, resultado acertado el criterio fiscal aplicado.
IX. Que en lo que hace a los intereses resarcitorios reclamados teniendo en cuenta que el recurrente no expuso agravios sobre que los mismos y que han sido liquidados en conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, cabe disponer la confirmación de los mismos.
X. Por lo cual, voto por confirmar las resoluciones dictadas en el Impuesto sobre los Bienes Personales y a las Ganancias del período fiscal 2006 con relación al recurrente Daniel Esteban Szmidt, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero a lo expresado en el Considerando IV del voto del Vocal Instructor en cuanto rechaza la prescripción opuesta, con costas, haciendo notar que me he pronunciado en igual sentido al resolver con fecha 22 de marzo de 2018 la causa “Schamir, Ana s/apelación”.
Asimismo adhiero a los fundamentos expuestos en el Considerando V de dicho voto sobre la nulidad planteada por las partes.
II. Que en lo que hace a la apelación deducida por el Sr. Eduardo Ladislao Szmidt atento el desistimiento formulado conforme surge del Formulario F408 Nuevo Modelo agregado a fs. 265/270vta, y que la representación fiscal no opone reparos al respecto de acuerdo con lo manifestado en la presentación que luce a fs. 314/314vta, corresponde tener al nombrado por desistido de la acción y del derecho, incluso del de repetición, con costas con relación a las determinaciones de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales que llevan los Nros. 179 y 180/2015 (DV SRR1).
III. Que en cuanto a la determinación practicada al Sr. Daniel Esteban Szmidt -Resoluciones Nros. 193 y 194/2015 (DV SRR1). Cabe señalar que tal como lo pone de resalto el Vocal Instructor los argumentos que vierte en su escrito recursivo se encuentran dirigidos a obtener la nulidad de los actos citados, defensa que fue desestimada a tenor de las consideraciones desarrolladas en el Considerando V al que adhiero.
IV. Asimismo adhiero a lo expuesto en el Considerando IX del voto del Vocal instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la prescripción alegada por los recurrentes, con costas.
2. Tener al recurrente, Eduardo Ladislao Szmidt, por desistido de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa, en los términos de la ley 27.260 y sus normas complementarias, con costas.
3. Confirmar las resoluciones dictadas en el Impuesto sobre los Bienes Personales y a las Ganancias del período fiscal 2006 con relación al recurrente Daniel Esteban Szmidt, con costas.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 8.640 (Pesos ocho mil seiscientos cuarenta) por el patrocinio letrado y $ 3.456 (Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis) por la representación procesal los que quedan a cargo de Eduardo Ladislao Szmidt, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las primeras dos etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
5. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 8.638 (Pesos ocho mil seiscientos treinta y ocho) por el patrocinio letrado y $ 3.455 (Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco) por la representación procesal los que quedan a cargo de Daniel Esteban Szmidt, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las primeras dos etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
6. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 18.733 (pesos dieciocho mil setecientos treinta y tres) equivalente a 3,76 (tres con 76/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.493 (pesos siete mil cuatrocientos noventa y tres) equivalente a 1,51 (uno con 51/100) UMA, los que quedan a cargo de Eduardo Ladislao Szmidt, teniendo en cuenta a tales fines lo resuelto en el pto. 1) precedente, el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
7. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 18.731 (pesos dieciocho mil setecientos treinta y uno) equivalente a 3,76 (tres con 76/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria – y por el patrocinio letrado, la suma de $ 7.492 (pesos siete mil cuatrocientos noventa y dos) equivalente a 1,51 (uno con 51/100) UMA, los que quedan a cargo de Daniel Esteban Szmidt, teniendo en cuenta a tales fines lo resuelto en el pto. 1) precedente, el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
8. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” en los términos del art. 6 del RPTFN.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2021.09.13 08:58:37 -03:00 Date: 2021.09.13 10:53:51 -03:00 Edith Viviana Gomez Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.13 10:53:52 -03:00
Fin de la sentencia