Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-44139153-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI dictada en el expediente n° 601.998/02, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario el 27 de abril de 2021, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., se exige a la actora el pago de: a) un primer monto igual a $ 391.832,40, en concepto de multa y; b) un segundo monto igual a U$S 19.391,19, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA.
2En base a los fundamentos manifestados en el considerando X de la presente, revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución citada en el punto anterior con relación a los siguientes rubros: IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-30086683-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 21 de Marzo de 2024 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “A.T.A. AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente EX-2021-44139153-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Mediante RE-2021-44137817-APN-SGASAD#TFN, la firma AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A. (en adelante “AGENCIA MARÍTIMA” o “actora”), en tanto que agente de transporte aduanero, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario el 27 de abril de 2021, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., se resuelve condenar a la actora al pago de: a) un primer monto igual a $ 391.832,40, en concepto de multa; b) un segundo monto igual a U$S 19.391,19, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA y; c) una última suma igual a $ 206.064, 80, en concepto de IVA adicional y el impuesto a las ganancias.
Así las cosas, es pertinente consignar que el recurrente comienza su intervención haciendo una descripción sucinta de los hechos involucrados para luego adentrarse en la expresión de agravios correspondiente. Argumenta, en primer lugar, la imposibilidad de pretenderse la suma de tributos reclamados, debido a que la operación bajo análisis no se encontraría gravada. Afirma, en efecto, que, de acuerdo con una serie de disposiciones del sistema del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, existiría la posibilidad de aplicar gravámenes sobre las mercaderías que estuvieran amparadas por el itinerario de la hidrovía solamente en aquellos casos donde se estuviera en presencia de un fraude.
Con relación a las características de la mercadería, agrega que, como resultado de su manipulación y de la imprecisión de las mediciones efectuadas mediante el método de draft, se obtienen como resultado pequeñas diferencias en cada una de las operaciones. Estas últimas, según la apelante, se verían expresamente toleradas por la legislación vigente (art. 959 del C.A. y decreto 343/2005) hasta un porcentaje del 4%, y por la jurisprudencia (hasta un porcentaje del 6%0), tanto en materia infraccional como tributaria. Luego, en lo que respecta a la imputación de la infracción por declaración inexacta, argumenta que el servicio aduanero no tuvo en cuenta que la apelante había declarado en un todo de acuerdo con la normativa aduanera aplicable, ni que se está en presencia de una operación de transbordo, sujeta a un régimen jurídico internacional que implica no estar sometido a gravamen alguno (con excepción del supuesto de fraude allí previsto).
En este mismo sentido, afirma que nunca debió haberse dado lugar a la apertura del sumario correspondiente, ya que, según la firma importadora, era clara la atipicidad de la conducta en los términos del art. 954 del C.A. En efecto, esta última disposición exigiría no solo la “inexactitud en la declaración” y la “diferencia entre los datos aportados por el importador y aquellos comprobados por la aduana”, sino que además estaría demandando que la diferencia entre lo declarado y lo comprobado cause o pueda causar un perjuicio fiscal; requisitos, estos últimos, que no se encontrarían constatados en el sub lite. A mayor abundamiento, alega el no haberse verificado, por tratarse de una infracción que posee una naturaleza penal, una conducta dolosa.
En cuanto a los reclamos vinculados con determinados impuestos (IVA y Ganancias) y con la tasa aplicada a la deuda en dólares, manifiesta la improcedencia de ambos sobre la base, entre otros conceptos, de ciertos precedentes jurisprudenciales. A su vez, demanda la aplicación del principio reconocido por el art. 898 del C.A. Finalmente, formula reserva del Caso Federal, ofrece prueba y solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
II. Mediante IF-2021-70402918-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado y, luego de hacer una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Recuerda, en base a la transcripción de algunos de los considerandos de la resolución apelada, la naturaleza penal de las infracciones aduaneras. Afirma, a su vez, que el eje fundamental de la responsabilidad infraccional gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero y el consecuente castigo a dicho incumplimiento. En lo que respecta al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, con posterioridad a haber transcripto los arts. 11, 12 y 17 de dicho instrumento, evoca que “…resulta claro que los agentes actuantes establecieron el faltante de mercadería originado en las operaciones de transbordo documentadas por el ATA, del cual deriva la inexactitud de los tránsitos presentados”. En este mismo sentido, agrega que “[e]n los términos del art. 310 del C.A., dicho faltante debe presumirse importado para consumo, con consecuencias tributarias que se concretan en el perjuicio fiscal exigido en la figura infraccional…”. Retomando el aspecto sancionatorio, afirma que existe un verdadero deber jurídico del ATA para con el fisco respecto de la veracidad de lo manifestado. Adiciona que la apelante no llegó a acreditar que existiera algún justificativo por el cual el servicio aduanero pudiera eximirla tanto de los gravámenes como de la multa correspondiente. Cita jurisprudencia. Por todo ello, solicita se confirme el decisorio aduanero en su totalidad, con expresa imposición de costas y la actora, y se rechace la excepción de la prescripción planteada.
III. En PV-2021-122523223-APN-VOCXIX#TFN se abre la causa a prueba. Mediante PV-2022-125118099-APN- VOCXIX#TFN se cierra el periodo probatorio y en PV-2023-154409747-APN-TFN#MEC se elevan los autos a consideración de la Sala “G”. En IF-2024-13536965-APN-VOCXIX#TFN se ponen las actuaciones a disposición de las partes para alegar. En RE-2024-19212301-APNDTD#JGM obra alegato de la actora y en IF-2024-19861387-
APNDTD#JGM el alegato del fisco. En IF-2024-22972913-APN-VOCXIX#TFN se pasan los autos a sentencia.
IV. En virtud de lo oportunamente manifestado por cada una de las partes involucradas en la presente litis, resulta pertinente determinar si la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario el 27 de abril de 2021, se ajusta a derecho. Consecuentemente, corresponde resolver si el agente de transporte aduanero, Agencia Marítima Dulce S.A., sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., se encuentra obligado a pagar: a) un primer monto igual a $ 391.832,40, en concepto de multa; b) un segundo monto igual a U$S 19.391,19, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA y; c) una última suma igual a $ 206.064, 80, en concepto de IVA adicional y el impuesto a las ganancias. Para ello, previo a adentrarme en el examen de las cuestiones de fondo involucradas, realizaré a continuación una descripción sucinta de los hechos involucrados y de lo actuado en instancia administrativa.
V. El 9 de noviembre de 2015, mediante la Estación de Transferencia “Paraná Iron” ubicada en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, se llevaría a cabo una operación de transbordo con el objetivo de cargar sobre el buque Countess I, de pabellón correspondiente a las Islas Marshall, una cantidad igual a 16.042.000 kilogramos de mineral de manganeso granulado, para ser transportada con destino a la República Popular de China (ver Declaración de transbordo con destino al exterior n° 15 052 TR83 000306 F del 3 de noviembre de 2015, a fs. 3 a 4 de las actuaciones administrativas). Sin embargo, en base a lo finalmente constatado por el servicio aduanero al momento de efectuarse la operación aludida, solo se llegaría a cargar una cantidad igual a 14.881.667 kilogramos de la mercadería bajo examen, obteniendo como resultado una diferencia (para menos) entre lo declarado oportunamente y lo efectivamente cargado igual a 1.160.333 kilogramos ( ibid.).
En virtud de la diferencia mencionada con anterioridad, el servicio aduanero llevaría a acabo, el 26 de diciembre de 2015, una visita a la Estación de Transferencia “Paraná Iron”, con la finalidad de verificar si la mercadería faltante había quedado depositada en alguna de las bodegas de la citada Estación. No obstante, luego de haber efectuado la fiscalización correspondiente, se llegaría a constatar un remanente de solo 41.000 kilogramos de la mercadería bajo examen, situado en las bodegas 2 y 5 de dicha Estación. Como resultado de la mencionada comprobación, el servicio aduanero confeccionaría el acta estilo correspondiente (fs. 13 de las actuaciones administrativas) y, con posterioridad a ello, el 28 de diciembre de 2015, completaría el formulario OM 2090 “Acta Denuncia” toda vez que aquel se encontraba en condiciones de presumir la importación para consumo del faltante, sobre la base de lo expresamente estipulado por el art. 310 del C.A. (fs. 1 ibid.). Finalmente, luego de haber hecho el aforo correspondiente sobre la mercadería faltante (fs. 15 ibid.), el Asesor Coordinador con firma responsable a cargo de la Aduana de Rosario determinaría, mediante la resolución n° 253/16 (AD ROSA) del 29 de abril de 2016, que, en función de los hechos mencionados con anterioridad, el ATA AGENCIA MARÍTIMA DULCE SA habría incurrido en una infracción de declaración inexacta, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. y, como consecuencia de ello, se determinaría la instrucción del sumario contencioso correspondiente (fs. 20/21 ibid.).
Una vez que la mencionada resolución fuera oportunamente notificada, el apelante presentaría su defensa el 16 de mayo de 2016 (fs. 25/63 ibid.). Agotada la instrucción, los autos serían enviados al servicio jurídico con la finalidad de obtener el dictamen jurídico correspondiente, sobre la base de lo estipulado por el art. 1040 del C.A. (fs. 64 ibid.). Mediante su dictamen del 25 de enero de 2018, dicho servicio determinaría que, en el caso bajo examen, “…de haber pasado desapercibida la diferencia a la descarga, hubiese implicado una importación a consumo sin pago de tributos, lo que prima facie tipifica en la infracción contemplada por el art. 954, ap. 1, inc. a) [del C.A.)”. Consecuentemente, entendería que correspondía “…reencuadrar la Resolución n° 253/16 (AD ROSA) […]; corriendo nueva vista al responsable de las declaraciones, a los fines [de] que ajuste su defensa a los nuevos términos de la imputación” (fs. 65 ibid.).
Siguiendo las sugerencias del servicio jurídico, el Administrador de la Aduana de Rosario resolvería, mediante la Resolución n° 48/18 (AD ROSA) del 5 de febrero de 2018, rectificar el artículo 1° de la Resolución n° 253/16 (AD ROSA) y, por consiguiente, donde decía “…por la presunta infracción al art. 954, inc. c) del C.A.”, debía leerse “…por la presunta infracción al art. 954, inc. a) del C.A.” (fs. 66/68 ibid.). Con posterioridad a haber sido notificada esta nueva resolución, el apelante contestaría la vista mediante su escrito del 13 de marzo de 2018 (fs. 70/82 ibid.). Luego de haberse tenido por presentada a la actora y de no haber hecho lugar a la prueba tanto informativa como pericial (fs. 83 ibid.), las actuaciones sería enviadas una vez más al servicio jurídico para la obtención de un nuevo dictamen, en virtud de lo estipulado por el art. 1040 de C.A.
(fs. 86 ibid.). En este último documento, el asesor letrado, luego de haber hecho una breve descripción de los hechos involucrados, de haber mencionado ciertas disposiciones del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná y de haber resaltado que, en los términos del art. 310 del C.A., el faltante de mercadería debería presumirse importado para consumo, con las consecuencias tributarias que ello implique, concluiría que “…corresponde condenar a la sumariada, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. (fs. 87/88 ibid.). No obstante, el Administrador de la Aduana de Rosario, mediante la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI del 27 de abril de 2021, insistiría con el inciso c) del art. 954, ap. 1, del C.A.
(fs. 89/91 ibid.).
VI. La identificación de la declaración inexacta (art. 954, inc. c), del C.A.) en el sub lite. En lo que respecta a la configuración de la declaración inexacta, la firma apelante afirmaría que el servicio aduanero no solo no tuvo en cuenta sus argumentos con relación a haberse declarado “…en un todo de acuerdo con la normativa aduanera aplicable respecto a la declaración aduanera y la valoración de importación, sino que tampoco consideró que se estaba frente a una operación de trasbordo, sujeta al régimen especial del Tratado de la Hidrovía…” y que, como resultado de esto último, no se encontraba sometida a gravamen alguno, con excepción del supuesto de fraude previsto expresamente en el instrumento internacional. Consecuentemente, manifestaría que “…si la operatoria no está sujeta a gravamen alguno, mal puede esta Aduana intentar aplicar una multa por una declaración inexacta que hubiera resultado en un perjuicio fiscal, ya que [este último] – por definición – no puede producirse”. Destacaría, a su vez, la atipicidad del comportamiento desarrollado con los términos del art. 954 del C.A. En efecto, la disposición mencionada exigiría no solo la inexactitud en la declaración y la diferencia entre los datos aportados por el importador y los datos comprobados por la aduana, sino también alguno de los efectos lesivos previstos por sus incisos a), b) o c). Finalmente, la apelante resaltaría en un primer momento la naturaleza penal de la infracción bajo análisis para luego considerar que, para su constatación, resultaba necesario analizar tanto el elemento objetivo como el subjetivo.
A los fines de determinar si el comportamiento imputado a la actora pueda o no ser finalmente catalogado como una declaración inexacta, ciertas observaciones concernientes al alcance del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. deben ser previamente presentadas. Según lo estipulado por los términos invocados de la disposición menciona “[e]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir […] c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de la diferencia…”.
En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de la disposición bajo examen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”) ha tenido oportunidad de resaltar que las leyes deben ser interpretadas de forma tal que se evite darles un sentido que coloque en pugna sus disposiciones, y se adopte finalmente como pertinente aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 304:794; 315:929; 315:942, entre muchos otros). A esta primera constatación, habitualmente se le añade que el alcance de las leyes tributarias debe determinarse computando la totalidad de las normas que la integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 307:871; 315:929; 315:942).
A su vez, en cuanto al bien jurídico finalmente tutelado por la disposición bajo análisis, la CSJN ha llegado a señalar que el art. 954 del C.A. “…da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante – salvo los supuestos previstos en la propia ley – o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:942).
No obstante, la configuración del tipo definido por el art. 954 del C.A. no solo presupone la constatación de una declaración inexacta, sino que a su vez la mencionada falsedad debe acarrear la producción o potencialidad de producir, de pasar inadvertida, alguna de las consecuencias perjudiciales finalmente mencionada a través de sus incisos a), b) o c). En este sentido, la CSJN ha remarcado en su oportunidad que la conducta declarada punible a través de la disposición bajo análisis no se agota con la sola formulación inexacta de la declaración respectiva ante la autoridad aduanera, ya que la norma requiere que a la transgresión de los ya mencionados principios de veracidad y exactitud de las declaraciones, se le sume la existencia o la posibilidad de producir un daño (Caso Ferry Líneas Argentinas SA, CSJN, 17/6/1986). De esta manera, para que una conducta en particular pueda ser finalmente sancionada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., los siguientes elementos del tipo infraccional deberían ser claramente identificados: a) se debe estar en presencia de una declaración que difiera con lo resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y; b) la mencionada diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir, o tenga la potencialidad de producir, el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. La efectiva aplicación de la sanción estipulada por el art. 954 del C.A. sin la constatación de alguno de los elementos mencionados con anterioridad implicaría una clara violación del principio de legalidad, piedra angular del esquema infraccional aduanero.
Consecuentemente, a los fines de verificar en el sub lite el primer elemento del tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A., una diferencia entre lo detallado en el documento bajo análisis y lo verificado por el servicio aduanero debe ser constatada. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante “TFN”), la mencionada diferencia podría llegar a surgir tanto de la comprobación física como de la verificación documental llevada a cabo por el servicio aduanero (Papelera Tucumán S.A. v. D.G.A. (expediente: 24.383-A), sentencia del 15 de abril de 2009). En el caso bajo análisis, sobre la base de los elementos de prueba presentados oportunamente por cada una de las partes, se puede cotejar que en la declaración de trasbordo con destino al exterior n° 15 052 TRB3 000306 F, generada el 3 de noviembre de 2015, se detalló un cantidad (16.042.000 kg.) diferente a aquella finalmente verificada por el servicio aduanero (14.881.667 kg.) al momento de efectivizarse la operación del embarque el 9 de noviembre de 2015. En lo que respecta al segundo elemento del tipo infraccional, específicamente estipulado mediante el inciso c) del art. 954, ap. 1, del C.A., la CSJN ha sostenido la imposibilidad de dejar de ponderar que la función primordial del organismo aduanero consiste en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas (Fallos: 321:1614). “Es desde esta amplia perspectiva, [continúa afirmando] que excede los fines estrictamente recaudatorios – tutelados por el inciso a) del art. 954 – y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado […], como debe apreciarse lo establecido por el inciso c) del [art. 954 del C.A.], cuyo texto, por lo demás, no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de lo que efectivamente correspondieren – con lo cual obviamente abarca tanto a las diferencias en más como a las en menos – ya sea que se trate de operaciones o destinaciones de importación o de exportación” (ibidem.).
Sobre la base de lo mencionado con anterioridad, se desprende con suma claridad de los hechos bajo examen que la diferencia entre la cantidad declarada y aquella efectivamente embarcada habría podido desembocar en el ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar menor al que efectivamente correspondiere; todo ello, con prescindencia del comportamiento que a posteriori hayan podido mantener tanto la parte actora como el organismo aduanero. De esta manera, en virtud de los elementos de prueba presentados por cada una de las partes, en el presente caso se encontrarían identificados los elementos del tipo infraccional descripto por el art. 954 ap.1 inc. c) del C.A. y, por consiguiente, se estaría en presencia de una declaración inexacta.
VII. La improcedencia del elemento subjetivo en lo que respecta a la identificación de la declaración inexacta (art. 954, inc. c), del C.A.) en el sub lite. En línea con lo señalado, se debe insistir en que la infracción atribuida no requiere la comprobación de las razones subjetivas que llevan a sostener la inexactitud entre lo declarado y el hecho comprobado. Tal es así que el precepto legal no refiere a la falsedad de la declaración sino a la diferencia de resultado. Es que, en efecto, estamos ante una sanción administrativa que castiga el incumplimiento de los deberes de colaboración que se ponen en cabeza de determinados sujetos que deben facilitar el ejercicio de la función de control que incumbe al organismo aduanero. Ahora bien, va de suyo que las exigencias de exactitud son demandables en la medida en que el sujeto podía llegar a precaver en cualquier circunstancia de tiempo y lugar que la información suministrada es completa e inequívoca, ya que no resultaría razonable considerar que puede ponerse en cabeza de una persona una exigencia de cumplimiento [1] imposible . Por ello, puestos las cosas en su recto quicio, se advierte que es innecesario hacer un examen relativo a las razones que motivaron el incumplimiento del deber legal.
Así las cosas, encuentro que la justa comprensión del problema depende, en buena medida, del entendimiento previo del papel que desempeña la sanción administrativa y su fundamento en la justicia distributiva que, por oposición a la justicia “general” o “legal”, no está orientada al castigo o la sanción de los vicios, sino a la correcta adjudicación de los recursos. En efecto, la sanción penal tiene relación con la justicia general, aquella que lleva a los gobernantes a establecer — a través de la ley — las reglas de comportamiento virtuoso que deben ser observadas por los gobernados. Es, así, la modalidad justicia que, a través de la ley, fija las reglas de comportamiento que deben ser observadas y las sanciones que se derivan de su incumplimiento. Se trataba, por tanto, de una modalidad de justicia que, referida a la ilicitud de las [2] acciones humanas, tiene una clara vertiente subjetiva y culpabilista . En cambio, la responsabilidad sancionatoria administrativa, como se ha señalado, resulta vinculada, en realidad, a otra clase distinta de justicia, que tiene por objeto exclusivo el reparto e intercambio de las dignidades y de los bienes disponibles. No se refiere a una justicia atinente a los comportamientos o a las conductas impuestas por el poder público a los ciudadanos de un Estado, sino a una justicia objetiva, proyectada sobre las cosas y los objetos, sensibles, que a cada uno de esos ciudadanos pertenecen. Por consiguiente, el caso de la responsabilidad sancionatoria administrativa pertenece al ámbito de la justicia como virtud particular, en tanto trata de “dar a cada uno lo suyo”, y se serviría, para ello, del sistema de justicia distributiva. De esta manera, cabe consignar que la dinámica que caracteriza esta tipología de justicia se basa en tres elementos principales: el beneficio o la carga—la ganancia o la pérdida— que habría de ser objeto de distribución, las personas entre las que debía producirse el reparto y el criterio o mérito comparativo que determinaba la parte alícuota correspondiente a cada persona. La justicia distributiva adquiere, así, la forma de justicia proporcional basada en el mérito o la virtud de cada uno de los partícipes. Se consigue con ello una igualdad de ratios en la que cada cual debe recibir una cuota en proporción a su mérito respectivo.
Precisamente, en ese entendimiento del asunto, el obligado por la norma administrativa es responsable por su rol de garante, por introducir un riesgo comunitario, que obliga a dispensar una serie de recursos en exceso, para fiscalizar el cumplimiento de la norma preventiva. Desde esa perspectiva, la responsabilidad puede ser atribuida a quien se comprometió a garantizar el cumplimiento de la norma. No importa si la interrupción total o parcial del nexo causal fue realizada por un tercero, ni si tuvo culpa, habida cuenta de que se le atribuye la responsabilidad en virtud de que introdujo al medio social un riesgo del que se comprometió evitarlo. Desde tal perspectiva, el poder sancionatorio administrativo interviene en la esfera jurídica del obligado a través de la sanción. Para ello no requiere necesariamente que el sujeto realice una acción culpable. Aun sin el juicio de valor que comporta la culpabilidad es posible fundamentar la sanción administrativa.
Así las cosas, para el caso conviene también destacar que, obviándose la culpabilidad, el modelo sancionatorio administrativo se desliga de muchos de los institutos propios del ámbito del derecho penal, en virtud de que su naturaleza no es eminentemente punitiva, sino que existe la necesidad de obtener un comportamiento determinado del sujeto obligado por la norma administrativa. De allí que la culpabilidad no se ubica como principio que configura y da sentido al derecho administrativo sancionatorio a poco que se repara que la responsabilidad podría surgir por el hecho de ser garante del cumplimiento de la obligación y no por la conducta desplegada. En definitiva, resulta evidente que un sistema basado solamente en el principio de responsabilidad por culpa es difícilmente aceptable y sostenible ante el impacto que tiene la producción masiva de bienes y servicios.
Esta situación trae aparejado que las personas tengan la expectativa de que el orden jurídico los protege frente a la multitud de nuevos riesgos que el desarrollo ha llevado en esta nueva era (BECK, Ulrich, Risiko-Gesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Mein, 1986; ibidem., Risk Society, Towards a New Modernity, Sage Publication, London, 1992, (trad. por Mark RITTER); SIMÓN, Jonathan, “The Emergence of a Risk Society. Insurance, Law and the State”, Socialist Law Review, núm. 95, 1987, pp. 61-89). En ese orden de ideas, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, la introducción de este sistema de responsabilidad crea incentivos para fidelizar el cumplimiento de la norma e inducir niveles eficaces de la actividad.
Cuando se aplica la regla de la responsabilidad por culpa, el habilitado no es responsable si ejercita un nivel de cuidado que equivale o excede el deber de diligencia, se desentiende del riesgo restante y, por tanto, sobrepasa el nivel de la actividad que maximiza bienestar. Por lo contrario, la responsabilidad objetiva lleva al cuidado óptimo y a un eficiente control de actividad, dado que el habilitado en cada caso internalizaría el riesgo de responsabilidad en su totalidad (Cfr. NELL, Martin /RICHTER, Andreas, “The Design of Liability Rules for Highly Risky Activities - Is Strict Liability the Better Solution”, Working Papers on Risk and Insurance, Hamburg University, núm. 1, June, 2001, pág. 1).
De ello se sigue que el modelo sancionador administrativo y el modelo penal persiguen objetivos distintos. El primero hace foco en la prevención de riesgos al motivar que la actividad permitida se encarrile dentro de los márgenes habilitados por la autoridad administrativa. Se basa en la idea de la peligrosidad de la actividad desarrollada por el sujeto que ha [3] obtenido una habilitación para realizar la actividad riesgosa . Esta reglamentación mira al futuro pretendiendo que no se vuelva a incumplir la norma regulatoria. En sentido contrario, el derecho penal mira el pasado, interesándose en castigar a la persona que ha exhibido desinterés en el cumplimiento de la norma. En ese panorama va de suyo que el principio de culpabilidad ha de cumplir un rol trascendental en la configuración del sistema sancionador al legitimar la reacción punitiva.
Todavía podría agregarse que la culpa fundamenta la pena a través de tres principios básicos: el principio de personalidad de las penas, el principio de responsabilidad por el hecho propio y el principio de responsabilidad subjetiva. Frente a los mentados valores del derecho penal, ello significa que sólo pueden castigarse aquellas conductas que han puesto en peligro o lesionan determinados bienes jurídicos protegidos y cuya punibilidad depende de un principio de ejecución, el cual ha de deducirse según la estructura de cada tipo penal. En sentido contrario, el principio de lesividad es particularmente cuestionable en el ámbito administrativo, porque a diferencia del ámbito punitivo, podría sancionarse el [4] incumplimiento en sí mismo sin que se traduzca en lesiones que pusieran en peligro bienes jurídicos .
En el caso concreto de la figura examinada bastaría que exista la mera posibilidad de alguno de los riesgos que la norma quiere censurar, ya sea que se presenten de forma individual o conjunta.
Consecuentemente, en rigor de verdad, poco ha de interesarle al derecho administrativo sancionador si el obligado estuvo en condiciones de elegir entre realizar lo injusto o hacer una conducta conforme a derecho. El castigo administrativo puede imponerse más allá de la debida diligencia que en el caso concreto actuó el obligado por la norma regulatoria administrativa. La búsqueda de los factores que podrían justificar la imposición de responsabilidad objetiva lleva a recordar el viejo aforismo romano ubi emolumentum ibi onus. Según este, si una actividad desarrollada por el agente está dirigida a aumentar su patrimonio y si para conseguir este propósito produce daños a terceros, aunque éstos fueran ocasionados sin culpa del que lleva a cabo tal actividad, dichos daños han de ser resarcidos por el agente ya que constituyen el pasivo de las ventajas obtenidas exclusivamente por él. En particular, corresponde advertir que, si el agente pudiese transferir los costes de la actividad llevada a cabo a terceros, manteniendo simultáneamente los beneficios generados, se produciría un desequilibrio entre las esferas de ambas personas, que podría considerarse una violación de los principios de justicia distributiva. En términos más sencillos, si aquel que desarrolla una actividad peligrosa cumpliese siempre con la normativa aplicable, la autoridad administrativa no debería desplegar ninguna actividad para fiscalizar su cumplimiento. Como va de suyo que tal circunstancia solamente existe en un mundo idílico, la sanción aplicable se sustenta en el dispendio extraordinario que para los demás conlleva la fiscalización del cumplimiento de la regulación. La sanción concebida constituye el medio para establecer la distribución justa de las cargas entre las personas que no desarrollan actividades de riesgo y otros que sí.
Así, cabe revelar que la legitimidad del fin perseguido por la política sancionatoria administrativa y la necesidad de modular los principios punitivos es una imperiosa necesidad desde el punto de vista de instrumentar un sistema eficaz de [5] represión . De lo hasta aquí expuesto se colige con claridad que los presupuestos de imputación en el derecho administrativo sancionador tienen sus propias razones de justificación, ya que lo que se protege es el ejercicio de la función administrativa como instancia autónoma de protección, no requiriéndose la lesividad penalmente relevante de un cierto peligro para bienes jurídicos en particular. En ese estado de situación, resulta elocuente la inadmisibilidad de transpolar las estructuras de imputación al ámbito administrativo sancionador, toda vez que éste no se basa en el respeto a las libertades individuales. No debe olvidarse que el derecho administrativo simultáneamente es un orden jurídico de protección de prerrogativas públicas y garantías individuales. De tal manera que la legitimidad de la potestad sancionadora administrativa finca en la protección de los bienes de naturaleza colectiva que deben ser distribuidos proporcionalmente por la autoridad. Su misión no es proteger la libertad individual, por lo cual no puede pretenderse un sistema centrado en la protección de bienes concretos y basados en la atribución de responsabilidad subjetiva e individual. Es que siendo el derecho penal de aplicación excepcional, el ejercicio de la potestad punitiva resulta condicionado por la rigurosa observancia del principio de lesividad, por lo que se demanda un resultado tangible respecto del detrimento de un bien jurídico material que resulta afectado por una acción humana en concreto.
En efecto, sin dominio del agente del nexo causal no existe posibilidad de imputación de responsabilidad punitiva; en cambio, en el derecho administrativo aduanero sancionador se protege bienes de índole colectiva, entidades supraindividuales, tutelando el ejercicio de funciones estatales en sí mismas. Por consiguiente, se observa un in crescendo en las estructuras de imputaciones, advirtiéndose la posibilidad de mecanismos de imputación cercanos a la objetividad y de organizaciones vicariales, acorde a los fenómenos de delegación de control de riesgos difusos.
En ese sentido, conviene recordar que, bajo el yugo del Estado de Derecho, la potestad penal se justifica desde el concepto de bien jurídico y desde principio del daño. En sentido opuesto, la potestad sancionadora administrativa irrumpe para hacer frente a escenarios y escollos que no pueden ser afrontados desde la clásica teoría del delito, habida cuenta de que el ideal del derecho penal es la libertad, mientras que el derecho administrativo adopta como estándar el interés público. En razón de lo anterior es que la potestad penal solo puede tener cabida cuando la tipificación está dirigida a prevenir la afectación a la libertad de terceros. Bajo ninguna circunstancia resulta dable incurrir en prohibiciones penales que tengan meros fundamentos perfeccionistas, habida cuenta de que la censura penal solamente tiene asidero si se encuentra en juego la supervivencia de un bien jurídico.
En consecuencia, para que una prohibición penal resulte legítima debe verificarse un daño y una acción personal, ya que sólo resulta pasible el reproche penal por la conducta individual que cada sujeto realiza. En cambio, la potestad sancionadora administrativa considera relevante los meros incumplimientos a las disposiciones, habida cuenta de que el cúmulo de infracciones ya es por sí relevante para producir una frustración en los fines de la función administrativa. Al respecto, resulta elocuente que la suma de incumplimientos de igual naturaleza afecta de modo abrumador al interés público. En ese sentido, la situación comentada lleva aparejados cambios tajantes en la imputación de responsabilidad, donde conductas que en sí mismo no causan menoscabo alguno, sumadas a otras de igual característica, lesionan las condiciones del ejercicio de la función administrativa.
En tal inteligencia, corresponde recordar, en orden a la cuestión de que se trata, que el derecho penal es reacio a sancionar conductas que por sí mismos son insignificantes para poner en peligro a un bien jurídico. Los postulados liberales no condicen con la posibilidad de recurrir a la potestad punitiva para encausar procesos macrosociales o asignarle una orientación preventiva. Por el contrario, la potestad sancionadora administrativa guarda relación con el objetivo constitucional de proteger preventivamente a los bienes de incidencia colectiva. Es el caso, por ejemplo, de la protección ambiental o los derechos de los consumidores, habida cuenta de que sin una prohibición, reforzada por la sanción, de las conductas que causan daños por acumulación, la consecuencia natural sería una perturbación evidente de los intereses tutelados por la autoridad administrativa.
En tales condiciones, es un correlato necesario del sistema administrativo sancionador que no se tome en consideración como protagonistas excluyentes al principio de culpabilidad, ni el de proporcionalidad entre el grado de injusto de la acción y la sanción, ya que lo que justifica la imputación de responsabilidad del agente, no es sino el pronóstico de acciones futuras por parte de otros agentes.
En conclusión, los presupuestos de responsabilidad sancionatoria administrativa no exigen un reproche de culpabilidad basado en un hecho lesivo individual, toda vez que no están configurados en torno a la competencia por la propia autonomía individual con respecto al menoscabo de una esfera de libertad ajena.
VIII. La diferencia entre los declarado y lo verificado excede los porcentajes permitidos por la reglamentación pertinente (Decreto 343/2005 y Nota Externa DGA 62/2009). Una vez constatada la existencia de una declaración inexacta, de acuerdo con lo estipulado por el art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A., resta determinar si corresponde aplicar los límites de tolerancias formalizados a través del Decreto 343/2005 y oportunamente invocados por la actora. En efecto, esta última llegaría a afirmar que “…la descarga en la Argentina a los efectos de efectuarse el transbordo no obsta a que se considere que la mercadería se encuentra en tránsito internacional por la Hidrovía y, por consiguiente, amparada por el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía ya citado y por el decreto N° 343/2005”. En este sentido, continuaría manifestando que “[l]ógicamente, la manipulación de la mercadería y la imprecisión de las mediciones efectuadas tanto en la descarga como en la carga mediante el método draft hacen que existan pequeñas diferencias en cada una de las mediciones y operaciones. Estas diferencias son expresamente toleradas por la legislación (art. 959, inc. c), del CA), decreto 343/2005) hasta un porcentaje del 4% y por la jurisprudencia (hasta un porcentaje del 6%0) tanto en materia infraccional como en materia tributaria”.
Frente a dichos argumento, corresponde recordar que tanto el Decreto 343/2005 como la Nota Externa 62/2009 fueron instrumentos adoptados en su oportunidad con el objetivo de reglamentar lo expresamente estipulado por el art. 9 del primer Protocolo Adicional del Acuerdo de 1992 sobre “Asuntos Aduaneros”, donde se determina que que “[e]n los casos en que por las características de la carga o de los medios de transporte no sea posible la colocación de precintos, las aduanas tomarán medidas de control especiales, sin encarecer ni demorar las operaciones de transporte”. En este sentido, a través del art. 1° del Decreto 343/2005, se estipularía que “[en lo mencionados casos donde] se comprobare a su descarga que, en razón de sus condiciones intrínsecas o de circunstancias extrínsecas, se ha producido una diferencia en más o en menos de hasta el cuatro por ciento (4%) en la unidad de medida para graneles sólidos, y de hasta el dos por ciento (2%) para graneles líquidos o gaseosos, con relación a la cantidad declarada en el manifiesto internacional de carga – declaración de tránsito aduanero (MIC-DTA) del medio transportador, se justificará esa diferencia si se demuestra que los precintos de identificación de la mercadería oficializados por cada país firmante del [Acuerdo de 1992] se encuentran intactos al momento de la descarga”. En su parte final, el art. 1° aclarará que “[p]ara el caso de imposibilidad de precintado y para el caso de rotura de los mismos, es de aplicación lo normado en el Acuerdo antedicho”. Lo establecido por el Decreto 343/2005 sería complementado por la Resolución General 2181 del 26 de diciembre de 2006; instrumento mediante el cual se aclararía inter alia que “[l]as tolerancias establecidas en el Artículo 1º del Decreto Nº 343/05 no serán admisibles, cuando el medio transportador: a) [n]o se encuentre en condiciones técnicas de ser precintado; para luego determinar que “[e]l hecho de no poseer precintos deberá contar con una justificación técnica, a satisfacción del Servicio Aduanero…”.
Finalmente, en forma complementaria a lo mencionado hasta aquí, la Dirección General de Aduanas estipularía, mediante la Nota Externa 62/2009 del 1° de julio de 2009, que “[s]e considerarán incluidas en lo establecido por el Decreto PEN 343/2005, las operaciones de transporte de mineral de hierro a granel, sin precintar, realizadas en el marco del [Acuerdo de 1992]”. Para ello, se agregaría que “[p]revio al ingreso al territorio argentino del convoy transportador con la mercadería en trato desde cualquier país de origen, el operador fluvial deberá adelantar a la primera Aduana Argentina con jurisdicción en la Hidrovía, el manifiesto internacional de carga y demás documentos establecidos por el citado Acuerdo como así también, el acta de intervención de medición de la carga, confeccionada por un perito registrado ante la Aduana de Origen (Receita Federal del Brasil), el que deberá figurar en el listado de peritos autorizados comunicado previamente por medio electrónico por la Aduana en trato”.
De esta manera, a partir de una interpretación de la reglamentación mencionada con anterioridad, en dable considerar al cuatro por ciento (4%) estipulado por el Decreto 343/2005 como el límite de tolerancia aplicable a aquellos excedentes en más o en menos, que pudieran constatarse en todas aquellas operaciones de descarga de mercadería sólida transportada a granel por la Hidrovía Paraguay-Paraná, se encuentre o no oportunamente precintada. Consecuentemente, al ser la diferencia porcentual constatada en el presente caso (6,97%) mayor al límite de tolerancia mencionado con anterioridad (4%), la actora no quedaría eximida de responsabilidad alguna por la comisión de una declaración inexacta, de acuerdo con lo expresamente estipulado por el art. 954, inc. c), del CA.
IX. La determinación del alcance y aplicación al sub lite del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná. Una vez descartadas las consideraciones vinculadas con los porcentajes permitidos por la reglamentación pertinente, corresponde a continuación analizar los argumentos presentados por la apelante con relación a la deuda tributaria estipulada por el art. 1 de la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI del 27 de abril de 2021. En efecto, de acuerdo con uno de los fundamentos empleados por el Administrador de la Aduana de Rosario, “…resulta claro que los agentes actuantes establecieron el faltante de mercadería originado en las operaciones de trasbordo documentadas por el ATA, del cual deriva la inexactitud de los tránsitos presentados. En los términos del art. 310 del C.A. dicho faltante debe presumirse importado para consumo, con consecuencias tributarias que se concretan en el perjuicio fiscal exigido en la figura infraccional”. En virtud de la disposición citada, “[c]uando resultare faltar mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo”. No obstante, frente a dichos argumentos, la actora consideraría que, sobre la base de lo dispuesto por los arts. 4 y 9 del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, y lo establecido por los arts. 11, 12 y 17 del Protocolo Adicional al mencionado Acuerdo vinculado a “Asuntos Aduaneros”, la operación de trasbordo involucrada en el presente caso no debería encontrarse gravada. En efecto, como bien lo termina destacando el agente de transporte aduanero “…en el sistema del Acuerdo la posibilidad de aplicar gravámenes por mercaderías que estaban amparadas por el itinerario de la hidrovía depende solamente de la existencia de fraude. Lo mismo aplica para el caso de autos. Recordemos que el Acuerdo comprende el caso de los transbordos (de conformidad con el artículo 9 del acuerdo).
En primer lugar, corresponde resaltar que el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (en adelante “Acuerdo de 1992”) debe ser considerado como un tratado internacional, celebrado como un Acuerdo de Alcance Parcial en el marco del Tratado de Montevideo de 1980; instrumento, este último, mediante el cual se constituye la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Si bien, el citado Acuerdo, junto con sus Protocolos Adicionales, fue adoptado el 26 de junio de 1992, y finalmente aprobado por nuestro Poder Legislativo a partir de la ley 24.385 del 19 de octubre de 1994, su disposiciones comenzarían a tener vigencia en el ordenamiento jurídico argentino desde su entrada en vigor, es decir, a partir del 13 de febrero de 1995[6].
Al reconocerles una naturaleza convencional, en virtud de lo dispuesto por los arts. 27 y 75, inc. 22, de nuestra Constitución Nacional, tanto el Acuerdo de 1992 como su Protocolo sobre Asuntos Aduaneros, si bien deben respetar los principios de derecho público establecidos en nuestra Carta Magna, poseen una jerarquía superior a las leyes sancionadas por el Congreso Nacional. Lo dispuesto a través de la reforma constitucional de 1994 con respecto a la relación entre los tratados internacionales y las leyes nacionales representó una codificación de lo reconocido oportunamente por la CSJN a partir de 1992 (Fallos: 315:1492). A su vez, en lo que respecta a la determinación del alcance de las disposiciones de un tratado internacional, nuestro más Alto Tribunal ha llegado a afirmar “[…] que [los citados instrumentos] deben de ser interpretados de acuerdo [con] los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [de 1969], que consagran el principio de buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto y fin, razón por la cual sus disposiciones “no pueden aislarse sólo por su fin inmediato y concreto”, ni se han de poner en pugna destruyendo las unas de las otras, sino que, por el contrario, cabe procurar que todas ellas se entiendan entre si de modo armónico, teniendo en cuenta tanto los fines de las demás, como el propósito de las restantes normas que integran el ordenamiento jurídico, de modo de adoptar como verdadero el sentido que las concilie y deje a todas con valor, y de esta forma, dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 322:3193, considerando 7° y sus citas)” (Fallos: 377: 1451).
Al adentrarnos en el texto del Acuerdo de 1992 (instrumento constituido por total de 36 artículos y tres Protocolos), se observa en uno de sus considerandos preambulares el reconocimiento expreso de la necesidad de eliminar “…todas las trabas y restricciones administrativas, reglamentarias y de procedimiento…”, y de crear “para el efecto un marco normativo común, con el objetivo de desarrollar un comercio fluido y una operativa fluvial eficiente”. En este mismo sentido, mediante su art. 1°, el instrumento internacional establece como principal objetivo “…facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal en la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira)…”.
A su vez, a los fines de encontrarse en condiciones de poder cumplir con los propósitos mencionados, “[l]os países signatarios se reconocen recíprocamente la libertad de navegación en toda la Hidrovía…”, tanto para las embarcaciones de sus respectivas banderas como para aquellas que porten un tercer pabellón (art. 4), y se obligan a abstenerse de establecer impuesto, gravamen, tributo o derecho alguno sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación (art. 5). En lo que respecta a la igualdad de tratamiento, su art. 6 estipula que “[e]n todas las operaciones reguladas por el presente Acuerdo los países signatarios otorgan recíprocamente a las embarcaciones de bandera de los demás países signatarios idéntico tratamiento al que conceden a las embarcaciones nacionales en materia de tributos, tarifas, tasas, gravámenes, derechos, trámites, practicaje, pilotaje, remolque, servicio portuarios y auxiliares, no pudiéndose realizar ningún tipo de discriminación por razón de la bandera”.
En cuanto al reconocimiento efectivo de la libertad de tránsito por la Hidrovía a las embarcaciones, bienes y personas, se establece que los Estados signatarios se encontrarán facultados de cobrar únicamente la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados (art. 9); y se acepta la libertad de transferencia de carga, alije, transbordo y depósito de mercancías en todas las instalaciones habilitadas a dichos efectos (ibid., segundo párrafo). Paralelamente, con relación a la facilitación del transporte y el comercio, “…los países signatarios se comprometen a eliminar gradualmente las trabas y restricciones reglamentarias y de procedimiento que obstaculizan el desenvolvimiento…” de las operaciones de transporte de bienes y personas y de comercio (art. 16).
Finalmente, mediante su art. 34, se determina que “[n]inguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá limitar el derecho de los países signatarios de adoptar medidas para proteger el medio ambiente, la salubridad y el orden público, de acuerdo con su respectiva legislación interna”. Al llevar a cabo una interpretación integral de las disposiciones del Acuerdo de 1992 mencionadas con anterioridad, se observa que, a pesar haber acordado un compromiso tendiente a asegurar la libertad de navegación y tránsito mediante la abstención del establecimiento de impuestos, gravámenes, tributos o derecho alguno sobre el transporte, no se encuentra disposición alguna mediante la cual los Estados signatarios hayan renunciado expresamente a las facultades vinculadas con el control aduanero y a la imposición de las infracciones correspondientes.
La interpretación mencionada con anterioridad con relación a las disposiciones del Acuerdo de 1992 se vería confirmada no solo con lo expresamente determinado en el Protocolo Adicional al mencionado Acuerdo, vinculado con Asuntos Aduaneros (en adelante “Protocolo Adicional”), sino también gracias a lo manifestado oportunamente por nuestro más Alto Tribunal. En lo que respecta al Protocolo Adicional, luego de brindar algunas definiciones (art. 1°) y de especificar su ámbito de aplicación (art. 2), determina que “[l]as mercaderías transportadas en tránsito aduanero internacional al amparo del presente Protocolo, no estarán sujetas al pago de gravámenes a la importación o a la exportación eventualmente exigibles mientras dure la operación de tránsito, con excepción del pago de tasas por servicios efectivamente prestados”. No obstante, si mediante su art. 11 se reconoce que tanto el transportador como el operador de transporte multimodal habilitado pasan a ser responsables ante las autoridades aduaneras por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la aplicación del régimen de tránsito aduanero internacional, a través de su art. 12 se determina que el declarante pasa a ser el único responsable por las infracciones aduaneras que surjan de las inexactitudes de sus declaraciones. A su vez, el art. 22 del Protocolo Adicional, inserto en el Capítulo vinculado con las “Disposiciones generales”, especifica que “[n]inguna de las disposiciones del presente Protocolo limita el derecho de las aduanas, en caso de sospecha de fraude, a ejercer la visita, verificación de las cargas u otros controles juzgados convenientes”. De esta manera, gracias a la especificidad de las disposiciones transcriptas, las facultades sancionatorias o tributarias de los Estados signatarios, reconocidas expresamente por los ordenamientos jurídicos de cada uno de ellos, no se verían finalmente afectadas.
En cuanto a nuestro más Alto Tribunal, resulta oportuno recordar lo afirmado por este en su sentencia del 26 de noviembre de 2019, vinculado con los autos “Agencia Marítima Dulce SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”. En esta ocasión, la CSJN tuvo que determinar si la Agencia Marítima Dulce S.A., en ejercicio de sus funciones como agente de transporte aduanero, había incumplido el régimen de importación temporaria y si, como resultado de ello, se encontraba obligada al pago de una suma determinada en concepto de tributos por la mercadería involucrada, presuntamente importada para consumo. En dicha oportunidad, los hechos involucraban a tres barcazas de bandera boliviana que se encontraban integrando un convoy transportado por el remolcador Jan Connor y que ingresaban a la jurisdicción de la Aduana de San Nicolás, por la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuando el 2 de septiembre de 2011 aquellas sufrirían un siniestro, al ser abordadas por el buque de ultramar Bold Word, y quedarían, como resultado de ello, seriamente dañadas y hundidas próximo al km 350 del río Paraná. Gracias al procedimiento de salvataje y reflotamiento de las mencionadas barcazas, dos de ellas serían reparadas, en tanto que la tercera terminaría por ser desguazada. A pesar de ello, la Aduana procedería, el 1° de noviembre de 2012, a la interdicción sin derecho a uso de las dos barcazas reparadas por haber vencido el plazo de importación temporaria, de acuerdo con lo estipulado por los arts. 466 y 265, inc. c), del C.A.
Si bien el Tribunal Fiscal de la Nación terminaría por confirma la resolución dictada por el Administrador de la Aduana de San Nicolás (instrumento, este último, mediante el cual se intimaba al agente de transporte aduanero al pago de un monto igual a $ 1.126.584, en concepto de tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción al régimen de importación suspensiva), la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal revocaría lo decido por el a quo y, consecuentemente, dejaría sin efecto la exigencia tributaria contenida en la Resolución 333/13 (AD SANI). Para fundamentar su posición, esta última invocaría la doctrina emergente del precedente Tevelam (Fallos: 335:2549) y afirmaría, entre otros argumentos, que los arts. 260, 261 y 262 del C.A. morigeraban, y hasta eximían de la exigencia tributaria a quien no pudiera disponer de la mercadería por caso fortuito o fuerza mayor. Al llegar el caso a la CSJN, esta última terminaría por revocar la sentencia apelada. Entre los argumentos empleados para fundamentar su posición, haría referencia no solo al valor del respeto de los plazos estipulados para las mercaderías sometidas al régimen de importación temporaria, sino también a las diferencias existentes entre las circunstancias de hecho involucradas en el caso examinado y aquellas imperantes en el precedente Tevelam. Finalmente, en lo que respecta al sub examine, la Corte terminaría por afirmar que “….no obsta a tal conclusión la circunstancia de que las barcazas en cuestión navegaran al amparo del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, suscripto entre la República Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, aprobado por la ley 24.385, pues tal régimen tiene por objetivo “facilitar la navegación y el transporte comercial” (art. 1), pero sin que ello implique que las partes contratantes hayan renunciado de sus facultades propias en el control de la entrada y salida de las mercaderías de sus propios territorios” (nuestro subrayado). De esta manera, sobre la base del ejercicio hermenéutico efectuado sobre el Acuerdo de 1992 y su Protocolo Adicional, la apelante no se encuentra eximida de la responsabilidad tributaria atribuida como consecuencia del comportamiento infraccional incurrido.
X. Improcedencia de la liquidación del IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias. Luego de haber descartado la eximición de responsabilidad tributaria alguna como resultado de la aplicación del Acuerdo de 1992 y de su Protocolo Adicional, corresponde tratar los argumentos presentados por la apelante con relación a la percepción del Impuesto al Valor Agregado (en adelante “IVA”) y del impuesto a las Ganancias. En efecto, según lo manifestado oportunamente, “…en casos como el que nos ocupa, en los que se efectúa una liquidación de tributos a raíz de la determinación de un faltante en depósito supuestamente ocurrido hace varios años atrás, no corresponde efectuar la liquidación de las percepciones en Aduana [del impuesto] a las Ganancias y del IVA. Ello en virtud de que los adicionales establecidos por dichas normas deben incluirse en las declaraciones juradas anuales del Impuesto al Valor Agregado y el impuesto a las Ganancias del período fiscal en el cual se efectuó la importación definitiva y, para el caso del IVA, en la declaración jurada correspondiente al mes en el cual se generó el débito fiscal correspondiente a la importación definitiva. Dulce cumplió con su obligación fiscal de presentar las declaraciones juradas de IVA y de Ganancias para el período fiscal indicado y de pagar el saldo de las mismas. En virtud de ello, la facultad de la Aduana de percibir los tributos en cuestión para operaciones efectuadas durante dicho período se encuentran indiscutiblemente caducas toda vez que el pago extingue la obligación tributaria”.
Frente a dicha posición, cabe aclarar que tampoco correspondería percibir el monto mencionado en concepto de tributos adeudados (IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias) gracias a lo estipulado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/EN-DGA resolución 2590/06 (expte. 604.155/01) s/Dirección General de Aduanas” (sentencia del 26 de noviembre de 2019), donde esta última tuvo oportunidad de afirmar que “…a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”. A lo mencionado agregaría que “[e]stas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según la ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Como resultado de lo mencionado hasta aquí, se concluye que el monto reclamado en concepto de tributos adeudados no se ajusta a derecho y, por consiguiente, corresponde llevar a cabo los ajustes necesarios a los fines de excluir de su cálculo los conceptos mencionados con anterioridad. De esta manera, al eliminar los montos vinculados con el IVA Adicional [$ 158.511,386] y Ganancias [$ 47.553,416], el monto total en concepto de tributos debe quedar conformado según la siguiente liquidación:
Valor en Aduana: U$S 80.712,555 Concepto % Monto Derechos de Importación 20 1.614,251 Estadística 0,5 403,563 Base IVA: U$S 82.730,369 Concepto % Pagado IVA 21 17.373,377 Total – Tributos: U$S 19.391,191 Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI dictada en el expediente n° 601.998/02, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario el 27 de abril de 2021, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., se exige a la actora el pago de: a) un primer monto igual a $ 391.832,40, en concepto de multa y; b) un segundo monto igual a U$S 19.391,19, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA.
2. En base a los fundamentos manifestados en el considerando X de la presente, revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución citada en el punto anterior con relación a los siguientes rubros: IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución RESOL-2021-73-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI dictada en el expediente n° 601.998/02, dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario el 27 de abril de 2021, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., se exige a la actora el pago de: a) un primer monto igual a $ 391.832,40, en concepto de multa y; b) un segundo monto igual a U$S 19.391,19, en concepto de derechos de importación, tasa estadística e IVA.
2. En base a los fundamentos manifestados en el considerando X de la presente, revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución citada en el punto anterior con relación a los siguientes rubros: IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
[1] En ese sentido, el artículo 902 del Código de marras es elocuente: “No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en este Código”. Así, verbigracia, resulta claro que el transportista no tiene la posibilidad de constatar las características de la mercadería contenida en los bultos o contenedores cerrados, por lo cual el contenido de la declaración que supone la presentación del manifiesto sólo puede referirse a la cantidad de bultos, su volumen y su peso, siendo ello el motivo por lo que las diferencias punibles en esa etapa sólo se deben a los denominados faltantes o sobrantes. En cuanto a la descripción de la mercadería, la obligación del transportista sólo consiste en transcribir lo que ha sido declarado por el cargador, por lo que es irrazonable exigirle que haga una declaración en detalle de la mercadería que se encuentra en el interior de los contenedores o bultos, y menos que comprometan la posición que le correspondería a la mercadería en la nomenclatura aplicable.
[2] En orden a ello, cabe destacar que la exigencia de culpabilidad es propia de la filosofía liberal que signó la suerte de la legislación a partir del siglo XIX. El rol estatal esta signado por poner un límite a la autonomía individual. Así, se sanciona aquellas acciones perturbadoras para los bienes jurídicos de los demás. A este efecto, cada sistema legal, por una parte, otorgaba a todo miembro de la sociedad el derecho de preservar sus intereses sin que los otros los vulnerasen o pusiesen en peligro, y por otra, permitía que los derechos de los individuos fueran desarrollados de forma libre. Estas dos reglas llevaron a la erupción de un principio general de derecho de acuerdo con el cual el límite hasta el que una persona puede llevar a cabo una actividad se encuentra en la vulneración de intereses de otras personas. Esto se traducía en la imposición de la responsabilidad por culpa. En esa concepción del asunto, una persona sólo podía sea responsable por los actos que podía y debía evitar.
[3] Como paradigma de dicho razonamiento se podría señalar que una empresa obligada a brindar seguridad podría elegir la opción económica más ventajosa para prestar el servicio y sin que le pudiera endilgarse apartarse del estándar de diligencia exigible. Precisamente estamos ante un caso en el que se pone de manifiesto la necesidad de diferenciar el ilícito administrativo y el ilícito penal, pues esta última, por su gravitación en la esfera del individuo, no puede simplemente justificarse por necesidades de defensa social o por criterios preventivos generales. Ese límite infranqueable a la actividad punitiva del estado no siempre es de rigor en el ámbito sancionatorio administrativo, porque, así como el sujeto que tiene mayor capacidad contributiva debe afrontar una mayor carga impositiva, de la misma manera, todo aquel que obtiene la ventaja de realizar una actividad de riesgo ha de tomar también sobre sí los perjuicios que a ella van unidos para otros. Se puede decir que la persona que emprende una actividad permitida que puede crear o mantener una fuente de peligros para otros, carga sobre sí, por ello, una responsabilidad especial y, como consecuencia, ha de responder por el posible peligro.
[4] Así, por ejemplo, una empresa podría ser sancionada por no cumplir con las normas de higiene laboral aun cuando ningún trabajador sufriera un percance.
[5] Una compulsa permite advertir que los principios como las reglas, al tener vocación normativa, se manifiestan en mandatos, permisiones o prohibiciones que delimitan y exigen un determinado comportamiento. Sin embargo, difieren por la especificidad de sus órdenes, pues cabe señalar, en primer término, que los principios son normas que trascienden la mera descripción de un hecho jurídico, sino que sus enunciados sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; a poco que actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y pueden ser utilizados como fuente integradora del derecho. En cambio, las reglas strictu sensu constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen.
[6] En efecto, según lo estipulado por el art. 30 del Acuerdo de 1992, “[e]l presente Acuerdo y sus Protocolos Adicionales entrarán en vigor treinta (30) días después de la fecha en que la Secretaría General de la ALADI comunique a los países signatarios la recepción de la última notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones legales internas para su puesta en vigor y tendrá una duración de diez (10) años”. Teniendo en cuenta que la última notificación fue recibida 13 de enero de 1995, el Acuerdo y sus Protocolos Adicionales entraron en vigor el 13 de febrero de 1995.
Date: 2024.03.20 23:18:58 ART Date: 2024.03.21 15:27:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.21 18:11:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.21 18:11:54 -03:00
Fin de la sentencia