Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II · Causa 69726
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.
II. Confirmar -por los argumentos precedentes- el decisorio recurrido en todo cuanto fuera motivo de agravios.
Causa N°: 69726 .-
El 26 de octubre del corriente año, el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 resolvió no hacer lugar a la inclusión de T.S. en los regímenes de libertad condicional y salidas transitorias, ante ello, el defensor particular -doctor Luciano Zammito- interpuso recurso de apelación y;
I. Que, el recurso de apelación resultó interpuesto contra una resolución expresamente recurrible (cf. art. 498 del C.P.P.) y posee los requisitos de plazo y forma establecidos (cf. arts. 421, 441, 442 y ccdtes. del C.P.P.), como además, fue articulado por quien se encontraba legitimado a hacerlo. Consecuentemente, resulta admisible (cf. art. 446 del C.P.P.).
II. Que, conforme surge de la lectura de autos, el causante fue condenado el día 11 de noviembre del 2024 por el Tribunal en lo Criminal N° 1 en orden a los delitos de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad agravada por su comisión con violencia y amenazas y robo agravado en poblado y en banda -estos últimos dos en concurso ideal entre sí-, privación ilegal de la libertad agravada por su comisión con violencia y amenazas y robo agravado por su comisión con arma utilizada en forma impropia y en poblado y en banda -ambos también en concurso ideal-, privación ilegal de la libertad agravada por su comisión con violencia y amenazas y robo agravado en poblado y en banda -los dos en concurso ideal- y asociación ilícita, todos en concurso real -I.P.P.´s n° 09-00-5659-22, 5016-22, 5217-22 y 5568-22- debiendo responder como coautor penalmente responsable por el primero y último y como autor penalmente responsable por los demás, a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 42, 45, 54, 55, 163 inc. 2º, 141, 142 inc. 1, 167 inc. 2°, 166 inc. 1° y 210, todos del CP.; y arts. 210, 373, 375, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Que, conforme el cómputo de pena aprobado, la sanción penal impuesta vencerá el 14 de abril de 2028.
III. Que, en el pronunciamiento recurrido, el Juzgado de Grado decidió de la manera puesta en tela de juicio por considerar que el causante no se encuentra preparado -de momento- para acceder a la libertad condicional y salidas transitorias peticionadas.
En primer lugar, realza lo informado por la psicóloga de la unidad de aloje del causante y lo evaluado por la perito oficial de la Asesoría Pericial y señala que, a su criterio, es un indicador de déficit en la internalización de normas y pautas socialmente establecidas.
En relación al uso de los dispositivos tratamentales, arguye que del informe elaborado por la actuaria no se encuentra acreditadas las actividades.
En el área social, señala que el causante creció en un ambiente cuyos integrantes familiares también se encuentran relacionados con el delito, sumado a que el interno presenta trayectoria delictiva que se remonta desde su minoría, lo cual analizado en su conjunto concluye que, a su criterio, es un escenario poco promisorio para integrarse a la sociedad.
En otro orden, señala que las razones aportadas por el Superior en las resoluciones fechadas 31 de marzo de 2026 y 16 de junio de 2026, no aparecen -de momento- conmovidas por los nuevos informes criminológicos agregados al presente, por lo que entiende, que el causante no ha avanzado en el régimen de progresividad de la pena.
IV. Que la Defensa acude ante esta Alzada invocando como motivos de agravios que la resolución puesta en crisis ocasiona un gravamen actual y concreto al restringir dos modalidades de ejecución expresamente contempladas en el ordenamiento, mediante una fundamentación que resulta insuficiente.
En relación a los agravios relativos a las salidas transitorias, señala que hay un apartamiento infundado del informe criminológico favorable. En ese sentido, arguye que la conclusión favorable respondió a una evaluación que procuró compatibilizar las dificultades subjetivas registradas con una modalidad de progresiva reinserción.
En segundo lugar, señala que en el pronunciamiento recurrido, no se diferencia adecuadamente el alcance de la libertad condicional respecto de las salidas transitorias. Así pues, considera que la diferencia incide directamente sobre la intensidad del riesgo que debe evaluarse, la autonomía que se reconoce al condenado y las posibilidades efectivas de supervisión.
En ese orden, manifiesta que, una prognosis desfavorable para la libertad condicional, no determina necesariamente que también resulte inviable toda salida transitoria.
En tercer lugar, señala que hubo una omisión en la valoración de la eficacia de las medidas de protección. En esta línea, arguye que, el Acta N° 266/26 no se limitó a recomendar las salidas transitoria, sino que también propuso mecanismos para ejecutarlas de manera responsable.
Asimismo, indica que hubo un desconocimiento del valor de la conducta ejemplar y la ausencia de sanciones, lo cual a su criterio, son relevantes para evaluar su adaptación a reglas institucionales y su capacidad de cumplir obligaciones.
Agrega que el acta N° 265/26 respalda la necesidad de conceder las salidas transitorias, dado que considera provechoso para afianzar vínculos familiares y evaluar su responsabilidad en cada egreso y posterior reintegro.
En otro orden y, en relación a los agravios relativos a la libertad condicional, impugna el acta N° 265/26 por la insuficiente conclusión desfavorable, argumentando que el informe reconoce diversos aspectos positivos de la evolución penitenciaria del condenado, pero considera conveniente que previamente transite una etapa de salidas transitorias y profundice sus espacios educativos, laborales y terapéuticos.
En relación a la evaluación psicológica, menciona que conclusiones favorables fueron omitidas o insuficientemente ponderadas. Asimismo, señala que las técnicas proyectivas no permiten, por sí solas, establecer con certeza un pronóstico de reincidencia o incumplimiento y manifiesta que hay una inexistencia de una conexión suficientemente fundada entre los rasgos psicológicos y un riesgo concreto.
Por lo expuesto, solicita se revoque la resolución recurrida y se disponga la incorporación del causante en el régimen de libertad condicional. De manera subsidiaria, se revoque la denegatoria de salidas transitorias, disponiendo su concesión con los mecanismos de supervisión que considere adecuados.
V. Para comenzar, convendrá abrir un paréntesis para señalar que si bien le asiste razón a la Defensa en cuanto destaca que los regímenes de libertad condicional y salidas transitorias exigen requisitos de procedencia particulares, y con ello su análisis debe ser diferenciado, lo cierto es que en este caso en particular, la a-quo utilizó como base para denegar ambos regímenes elementos que, según su criterio, actúan en sentido contrario a las exigencias básicas que reclama cada uno de los institutos de trato.
Ahora bien, cerrado el paréntesis, diremos que desde un punto de vista normativo, la adecuada reinserción social -fin que preside la ejecución de la pena privativa de la libertad- se encuentra indisolublemente asociada al objetivo de "lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley" (cf. artículo 4° de la ley 12.256).
Los objetivos de la ejecución penal no consisten -en esto la doctrina acuerda sin disensos- en que el penado se convierta en un "ciudadano modelo". La expectativa, justa y razonable, consiste en que el penado adquiera la capacidad de respetar la ley como marco de organización de las libertades individuales.
Es así que los indicadores objetivos de riesgo bien pueden surgir de la evaluación de los rasgos de la personalidad del penado, en la medida que los mismos prevengan sobre su incapacidad de respetar las normas jurídicas en su carácter de criterios orientadores del contacto social. Este punto no tiende a la reforma o a la conversión moral del condenado, tampoco conlleva un ataque a la esfera de reserva protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por el contrario, su evaluación es necesaria dado que una liberación condicional (hecha efectiva antes del cumplimiento total de la pena impuesta) no puede disociarse de una prognosis relativa a la conducta que observará el penado cuando reingrese a la interacción social en el medio libre (cf. artículo 13 del C.P.); como salta a la vista, la noción de trascendencia a terceros está implicada en este juicio pronóstico.
Sentado lo expuesto, advertimos que no se observan cambios significativos que justifiquen mudar el criterio sostenido por ésta Alzada en su intervención de 12 de junio del corriente año, momento en que confirmamos la denegatoria de la libertad condicional del causante. En consecuencia, entendemos corresponde adelantar nuestra postura en el sentido de confirmar -respecto de esta parcela- lo resuelto en la instancia de origen, ello en base a los fundamentos y consideraciones que expondremos a continuación.
En este punto, observamos ciertas reservas de índole psicológico que obturan el progreso del beneficio en trato. Así, del informe psicológico efectuado por la Lic. Diana Jeandet, quien luego de entrevistarlo indicó: "... Se infiere un sujeto con una estructura de personalidad endeble con mecanismos defensivos inmaduros ante situaciones displacenteras o apremiantes del medio.. .".
En esta línea, se desprende del informe de la Asesoría Pericial Departamental realizado por la Lic. María Gisela Fracchia, lo siguiente: "... del análisis del material obtenido a través de las técnicas proyectivas administradas, se observan indicadores compatibles con dificultades en el manejo de la impulsividad, presencia de descarga pulsional, indicadores de agresividad y precariedad en los mecanismos defensivos. Dichos elementos sugieren limitaciones en la regulación emocional, especialmente ante situaciones vivenciadas como adversas o frustrantes, pudiendo emerger estados de ansiedad y respuestas poco elaboradas frente al conflicto (...) se infiere la persistencia de conflictos intrapsíquicos que requieren de un abordaje específico, a fin de favorecer una mayor elaboración emocional y fortalecimiento de recursos subjetivos. Se considera pertinente la continuidad de un tratamiento psicológico...".
En consecuencia, las conclusiones reseñadas ponen de manifiesto determinados rasgos de la personalidad del causante, particularmente vinculados con dificultades en el manejo y control de sus impulsos, que no pueden disociarse de la posible transcendencia a terceros en la medida que impactan sobre pautas a seguir en el marco de la interacción social.
En tales condiciones, consideramos que las dificultades señaladas adquieren entidad suficiente para incidir desfavorablemente en el pronóstico de reinserción social y, consecuentemente, en la evaluación de la procedencia del beneficio de trato solicitado.
A mayor abundamiento, en relación al uso de los dispositivos tratamentales, vinculados a los cursos de formación técnica y de oficios y del área de educación, se desprende del informe del actuaria -de fecha 26 de octubre de 2026- que, en la actual unidad de alojamiento, no cuentan con los certificados solicitados. Agrega que, en la página de legajo virtual de interno del servicio penitenciario bonaerense, se desprende " el interno no posee títulos asociados. El interno no posee oficios asociados ". Sin perjuicio de ello, el causante alega que dichos certificados habrían quedado en su anterior unidad de alojamiento, circunstancia no acreditada de momento.
Al respecto, consideramos resulta razonable lo dictaminado por el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad N° 11 de Baradero (Acta N°265/26) en cuanto estimó la inviabilidad de incluir al causante en el régimen de libertad condicional, toda vez que ello está apoyado en premisas que resultan idóneas, motivo por el cual, siendo que satisface la condición de razonabilidad, apartarse de su recomendación -en este caso- resultaría en un posicionamiento arbitrario. Sin perjuicio de ello, cabe poner de relieve que no se predica que el dictamen sea vinculante, sino que su trazado supera un control de razonabilidad y no se observan en él circunstancias que conlleven a poner en crisis su contenido.
Por todo ello, los argumentos en que sustenta su decisión el Juzgado de Ejecución son pertinentes y suficientes para sostener la decisión adoptada, por lo que corresponde confirmar el interlocutorio en crisis -respecto de esta parcela- en cuanto no hace lugar -por el momento-al otorgamiento de la libertad condicional.
VI. En otro orden, corresponde ingresar en el análisis de la cuestión planteada en torno a las salidas transitorias.
En ese sentido, es preciso advertir que conforme el criterio de esta Sala (causas 31.245 del 14/10/16, 31.541 del 22/11/16 y 31.668 del 16/12/16 -entre otras-), el acceso a las salidas transitorias no opera en forma automática cumplidos los términos legales, sino que la decisión final pertenece al órgano jurisdiccional, quién debe estimar prudencialmente si la propuesta de egresos anticipados armoniza con la trayectoria que viene recorriendo el interno y, sobre todo, con la meta final a la cual tienden estos.
De igual modo, corresponde destacar que la posibilidad de acceder a dicho régimen, se encuentra supeditada a la concurrencia de una serie de requisitos que establece la normativa aplicable al caso (cf. art. 100 ley 12.256).
Así, observamos que el causante tiene cumplido el requisito temporal exigido por el art. 147 de la ley 12.256, que no tiene causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente, cuenta con una conducta ejemplar (10) y registra buen concepto.
Sin perjuicio de lo expuesto, no podemos soslayar las conclusiones que emergen del informe psicológico reseñado en el Considerando V precedente, toda vez que presenta dificultades para controlar su impulsividad, indicadores de agresividad y precariedad en los mecanismos defensivos.
En esta línea, entendemos que la conveniencia indicada por el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Baradero (Acta N° 266/2026) no aparece sustentada en premisas suficientes; ante ello, consideramos acertado apartarnos de su recomendación.
Ante ello, los argumentos en que sustenta su decisión el Juzgado de Ejecución son pertinentes y suficientes para sostener la decisión adoptada, por lo que corresponde confirmar el interlocutorio en crisis en cuanto no hace lugar -por el momento- a la concesión de salidas transitorias (art. 210 del ceremonial).
VII. En otro orden, no soslayamos los indicadores favorables señalados por la Defensa, entre ellos la calificación de conducta que registra el interno y las actividades de formación de oficios -curso de electricidad- y educativas en las que actualmente participa. Sin embargo, tales circunstancias, valoradas conjuntamente con los restantes elementos analizados, no resultan suficientes para tener por acreditado, al momento de resolver, que el penado se encuentre preparado para acceder- de momento- a los régimenes invocados.
Por todo lo expuesto, citas legales y de conformidad con lo normado en el art. 106 y sigtes. del CPP; este Tribunal RESUELVE:
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.
II. Confirmar -por los argumentos precedentes- el decisorio recurrido en todo cuanto fuera motivo de agravios.
Regístrese. Notifíquese al Fiscal General, a la Defensa y al penado. Asimismo, hágase saber al Juzgado de Ejecución N°1 lo resuelto mediante el medio electrónico del caso. Oportunamente, bajen.
Firmas
Funcionario firmante: BALTAR Héctor Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: VALLE Humberto - JUEZ
Funcionario firmante: PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: GALLO Maria Trinidad - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1478-2026
Fin de la sentencia