Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a B. H. C. T., de demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden al delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal, previsto en el artículo 189 bis del Código Penal, por no haberse acreditado con el grado de certeza el tipo penal en análisis.
2Hacer CESAR todas las restricciones procesales oportunamente impuestas a B. H. C. T. durante el proceso.
LIBRO: CII REGISTRO: 3492 FOLIO: 017/020
Río Gallegos, 04 de septiembre de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal de la Dra. Yamila Jennifer Bórquez, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "C. T. B. H. S/TENENCIA DE ARMA DE FUEGO SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL” Expte. Nro. 8654/24 y resolver la situación procesal de B. H. C. T., de apellido materno T., hijo de B. A. y de M. N., argentino naturalizado, nacido el ** de xxxxxx de 1969 en la ciudad de XXXX -Chile-, soltero, alfabeto, empleado, con domicilio en XXXXX N° ***** de esta ciudad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº ********, quien se encuentra asistido por su defensor particular, el Dr. Daniel Esteban Gordillo; representa la acusación estatal la titular de la Fiscalía ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic. Y;
Que en el requerimiento de elevación a juicio fiscal de fs. 208/212 se le imputa a B. H. C. T. que “...con fecha 2 de enero de 2022 en el domicilio sito en xxxxx Nro. **** de esta ciudad, habría tenido en su poder y sin la debida autorización legal un (1) arma de fuego tipo revólver calibre punto 22 corto marca Olympic 6 sin número de serie visible cargada con ocho municiones, la cual habría sido secuestrada en el interior de su vivienda en ocasión de realizarse allanamiento en las presentes actuaciones por el Juez subrogante Dr. Fernando Zanetta el día 2 de enero de 2022 a las 19:35 horas...”.
De posterior trámite ante esta judicatura, a fs. 230/231 vta. se incorporó la propuesta de Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito remitida desde la Fiscalía ante esta Cámara, en la que su titular estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden al delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal (art. 189 bis del CP), correspondería imponer un monto de pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP), además del pago de las costas procesales (art. 29 inc. 3ro del CP). Que a fs. 245 como 261/vta, tanto el imputado como su defensor aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Sra. Fiscal de Cámara, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Asimismo, a fs. 262/265 vta. se incorporaron los alegatos interpuestos por el Dr. Gordillo, en los que en primer término sostuvo que los resultados emergentes del acta de allanamiento se utilizaron en forma parcial sin analizar su origen, por cuanto -en concordancia con lo manifestado por su defendido durante su declaración indagatoria- el revólver hallado durante la diligencia de allanamiento practicada se encontraba en la mesa de luz de la habitación del padre del imputado.
En segundo término, arguyó que del informe balístico de fs. 101/108 surge la calidad de revólver de fogueo del elemento secuestrado, que por su naturaleza no dispara proyectiles, lo que torna innecesaria su inscripción o la necesidad de contar con una habilitación para su tenencia, sino que requeriría una simple inscripción en los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados que conllevaría “una mera infracción administrativa”.
Cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara; de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado B. H. C. T.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? A la primera cuestión, el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho imputado, la autoría y, en su caso, qué calificación jurídica le cabe?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que como punto de partida para el análisis de la pesquisa se entiende pertinente comenzar por los resultados del allanamiento practicado en el domicilio de B. C. T. el día 2 de enero de 2022, que tuvo como motivo la presentación judicial que ese día radicó su expareja A. M. F. —plasmada en las actas agregadas a fs. 2 y 20—, en la que manifestó, además de denunciar otros hechos que habría sufrido a manos del nombrado, que el imputado le había dicho en varias oportunidades que su padre, junto a quien convivía, tenía una pistola en su casa.
Así, del acta de resultado de allanamiento agregada a fs. 27/31 surge que, entre otros elementos que no resultan de interés para la presente, en una de las habitaciones del domicilio sito en la calle xxxxxxxx Nro. **** de esta ciudad se halló “un arma de fuego de puño corta, tipo revólver calibre .22 corto, marca Olympic 6 [...] color negro con cachas de plástico con diseño romboidal”, sin número de serie visible, con un tambor giratorio de ocho alveolos, cada uno “con un cartucho a bala calibre .22 corto”, ello además de “una caja de cartuchos de fogueo calibre .22 corto” que contenía cuarenta y ocho unidades.
Librado que fuera el correspondiente pedido de informe a la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a fs. 109 se informó que el imputado de autos no se encontraba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías y que la búsqueda de datos del revólver era de imposible cumplimiento “por carecer de número identificatorio”.
Asimismo, en el informe balístico N° 42/22 incorporado a fs. 101/108 se concluyó que el elemento examinado “es apto para producir disparos, con un funcionamiento normal y estado de conservación bueno”.
Completan el plexo probatorio incorporado por el instructor el acta de declaración testimonial de la denunciante de fs. 79, el informe pericial psicológico de la damnificada de fs. 81, el pericial informático de fs. 141/146 y el de la División de Investigaciones de fs. 151, que no aportaron datos de utilidad para el esclarecimiento del hecho aquí juzgado.
En contraposición a lo que surge del acta de allanamiento, tanto al momento de ejercer el imputado su defensa material de fs. 158/159 como en los alegatos de la defensa se sostuvo que el revólver había sido hallado en la mesa de luz de la habitación de su padre. Tal afirmación no coincide con lo consignado en el acta, en la que se dejó constancia de que el arma y las municiones fueron encontradas en el placard del dormitorio allí individualizado.
Sin embargo, esa divergencia respecto del lugar específico en el que se encontraba el elemento no resulta suficiente, por sí sola, para resolver la cuestión que plantea la defensa acerca de quién ejercía su tenencia. Tampoco puede extraerse una conclusión determinante de las dificultades de movilidad que, según los dichos de la denunciante, presentaba el padre del acusado, pues esa circunstancia no permite descartar, sin otros elementos, que pudiera ejercer una relación de custodia o disponibilidad sobre el objeto.
En cualquier caso, aún cuando pudiera tenerse por acreditado que el elemento secuestrado se encontraba dentro de la esfera de disponibilidad del acusado, resta determinar una cuestión anterior y decisiva para establecer si esa conducta resulta penalmente relevante en los términos de la acusación: si las constancias incorporadas permiten afirmar, con el grado de certeza requerido para una sentencia condenatoria, que el objeto secuestrado constituía un arma de fuego comprendida en el artículo 189 bis del Código Penal.
En este punto adquiere particular relevancia el informe balístico de fs. 101/108. Corresponde precisar que el decreto 395/75, reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, define en su artículo 3 inciso 1 como “arma de fuego” aquella que “utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia”.
La cuestión, entonces, no se agota en establecer si el mecanismo del elemento secuestrado funcionaba ni si era capaz de producir una detonación. Para su subsunción en la figura atribuida resulta necesario determinar si se encontraba acreditada su aptitud para lanzar un proyectil.
Sobre este aspecto, el informe pericial presenta ciertas imprecisiones que impiden asignar a su conclusión el alcance categórico que, aisladamente considerada, podría sugerir la expresión “apta para producir disparos”.
En efecto, al describir las operaciones realizadas, la perito consignó que “para las pruebas de aptitud fueron utilizadas dos municiones de las que se encontraban en el SOBRE B”. Ese mismo informe había individualizado previamente el contenido de dicho sobre como una caja con cuarenta y ocho “cartuchos de fogueo punto 22 corto”, cuya presentación llevaba además la inscripción “FOGUEO”.
De tal modo, la experiencia efectivamente documentada permite establecer que el mecanismo del arma accionaba normalmente y que producía la detonación de los cartuchos de fogueo utilizados en la prueba. Sin embargo, el dictamen no precisa si la expresión “apta para producir disparos”, empleada en sus conclusiones, comprende específicamente la aptitud del elemento para expulsar un proyectil por el cañón o si refiere al funcionamiento mecánico constatado mediante aquellos cartuchos.
La distinción no es menor. En la propia pericia se explicó que los cartuchos de fogueo no cuentan con proyectil y que las armas diseñadas para ese tipo de munición producen esencialmente un efecto sonoro. Frente a ello, hubiera resultado relevante que el informe explicitara cuáles eran las características técnicas concretas del elemento examinado que permitían sostener su aptitud para lanzar un proyectil.
No se trata de desconocer la conclusión de la profesional ni de sustituir su conocimiento técnico por una valoración propia del Tribunal. Se trata, simplemente, de determinar cuál es el alcance probatorio que puede asignarse a las operaciones que el propio dictamen describe.
En ese sentido, no consta que se hubiera realizado una prueba de disparo con alguno de los ocho cartuchos a bala que también habían sido remitidos para estudio, ni se describieron comprobaciones relativas al eventual paso de un proyectil a través del cañón. Tampoco se consignó la existencia o inexistencia de alteraciones o modificaciones que pudieran resultar relevantes para determinar si el elemento, cualquiera hubiera sido su configuración original, se encontraba en condiciones de utilizar munición con proyectil.
La propia perita dejó asentado, además, que de considerarse necesario podía practicarse un examen más exhaustivo mediante un mecánico armero, con desarme completo del arma y análisis de todos sus componentes. Esa aclaración no invalida las conclusiones alcanzadas respecto de su funcionamiento mecánico y estado de conservación, pero sí permite advertir los límites del examen practicado en cuanto aquí interesa.
Por ello, de la pericia no puede extraerse válidamente que el arma estuviera imposibilitada de disparar proyectiles, porque esa circunstancia tampoco fue establecida. Pero, del mismo modo, la ausencia de una afirmación en tal sentido no permite tener por demostrado lo contrario. La aptitud para lanzar un proyectil constituye un extremo que debía surgir positivamente acreditado de la prueba producida.
La conclusión pericial según la cual el revólver era “apto para producir disparos” debe, entonces, ser valorada conjuntamente con la metodología expresamente consignada en el mismo informe. Y, bajo esa lectura integral, la prueba permite afirmar que el mecanismo funcionaba y que pudo detonar cartuchos de fogueo, pero no proporciona elementos suficientemente precisos para concluir que el objeto examinado se encontraba en condiciones de lanzar un proyectil a distancia. La circunstancia adquiere especial relevancia en el presente trámite, en el que la sentencia se dicta conforme al procedimiento previsto en el artículo 517 del Código Procesal Penal y sobre la base de las constancias incorporadas a las actuaciones. No corresponde completar mediante inferencias aquello que el informe técnico no determinó ni atribuirle conclusiones que no aparecen sustentadas en las operaciones allí documentadas.
En consecuencia, aun cuando se encuentre acreditado el hallazgo del revólver y de las municiones en el domicilio allanado, las constancias reunidas no permiten tener por probado, con el grado de certeza necesario para sustentar una condena, que el elemento secuestrado reuniera una de las características esenciales exigidas para ser considerado “arma de fuego” en los términos de la normativa aplicable. En esas condiciones, no se encuentra acreditado uno de los elementos objetivos necesarios para subsumir la conducta atribuida a B. H. C. T. en el delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal previsto en el artículo 189 bis del Código Penal.
Por ello, frente a la insuficiencia probatoria existente respecto de dicho extremo, corresponde adoptar una solución absolutoria.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
El Tribunal dijo:
Que, conforme lo concluido al tratar la cuestión anterior, no se ha acreditado con el grado de certeza requerido que el elemento cuya tenencia se atribuyó a B. H. C. T. reuniera las condiciones necesarias para ser considerado un arma de fuego en los términos exigidos por el artículo 189 bis del Código Penal.
En consecuencia, corresponde absolver al nombrado en orden al delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal por el que fuera acusado. En su mérito, deberán cesar todas las restricciones procesales a él oportunamente impuestas.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 385 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. ABSOLVER a B. H. C. T., de demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden al delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal, previsto en el artículo 189 bis del Código Penal, por no haberse acreditado con el grado de certeza el tipo penal en análisis.
2. HACER CESAR todas las restricciones procesales oportunamente impuestas a B. H. C. T. durante el proceso.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila –presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance –juez- Dra. Yamila Bórquez –juez subrogante- ante la Dra. Fernanda Tuñón –secretaria-.
Fin de la sentencia