Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, los agravios introducidos no habrán de prosperar.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas, y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
IV. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
V. Atento que el imputado de autos resulta ser dependiente de la Policía de Santa Cruz, comuníquese lo aquí resuelto, con los recaudos de estilo, a la Dirección General de Asuntos Legales de la mencionada institución, acompañando copia de la presente resolución a los efectos pertinentes.
VI. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.297 FOLIO N° 119/122 PROT. ELECT. JR101 445I.261
Río Gallegos, 30 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "T.B.M. S/ Lesiones Leves Agravadas –V.G.-“ - Expte. N° T-82392/25 - Apelación/Causa JR N° 10388/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 78/82, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado B.M.T., en orden al delito de “Lesiones Leves Doblemente Agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” (Arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Ochocientos Mil ($800.000). Que a fs. 94/99, la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 103, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que, en términos generales, la defensa argumentó que el auto dictado no se ajusta a derecho, resultando -a su juicioarbitrario, atentando contra el debido proceso, los principios de legalidad y congruencia y el derecho de defensa en juicio. Asimismo, sostuvo que se evidencia una manifiesta parcialidad de la A Quo, todo lo cual ocasionaría a su asistido un perjuicio procesal irreparable.
Seguidamente, se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
II. De los agravios referidos a la inexistencia de la conducta criminal imputada, la omisión en la valoración de la pericia psicológica de la denunciante, la calificación jurídica y el embargo: Que la defensa se agravió al sostener que en autos no habría existido un accionar doloso ni intención alguna de agredir a su ex pareja, afirmando que el golpe con la mesa se habría producido de manera accidental.
Asimismo, destacó la carencia de antecedentes penales del imputado, la ausencia de pruebas directas que acrediten de su presunta autoría y la falta de pericias que permitan corroborar la veracidad de los dichos de la denunciante.
Por otro lado, cuestionó que la Magistrada no haya valorado el informe psicológico practicado a la denunciante, señalando que en aquél se consignaron rasgos de inmadurez emocional, centramiento en sí misma, búsqueda de atención y superficialidad afectiva, circunstancias que -según sostuvo- habrían motivado la denuncia con el único propósito de perjudicar a su asistido.
A su vez, impugnó la calificación jurídica adoptada, por considerarla desproporcionada y gravosa. En tal sentido, manifestó que, al no encontrarse acreditados el dolo ni la responsabilidad subjetiva de su defendido, correspondería -a su criterio- revocar el procesamiento y disponer su sobreseimiento o, subsidiariamente, dictar la falta de mérito. Citó doctrina y jurisprudencia en sustento de sus argumentos.
Finalmente, cuestionó el embargo dispuesto sobre los bienes de su defendido, calificando el monto fijado como excesivo, arbitrario y carente de fundamentación.
III. Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que, iniciado el tratamiento de los presentes planteos, adelantamos que los mismos no habrán de prosperar. Ello así, por cuanto del análisis integral de las actuaciones surge que existen suficientes elementos de convicción que permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la materialidad de los hechos investigados como la participación atribuida al Sr. T.B.M.-
En efecto, la Magistrada fundó su decisión en un conjunto de elementos probatorios concordantes, entre ellos la denuncia judicial, los informes prevencionales, el acta de aprehensión, el acta de relato y el informe de riesgo confeccionados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), el certificado médico, la certificación actuarial de las causas en trámite entre las partes, y la pericia psicológica practicada a la denunciante, entre otras constancias incorporadas al legajo. Tales elementos, valorados de manera armónica y conforme las reglas de la sana crítica racional, resultan suficientes para sustentar, con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia, el procesamiento dispuesto. En particular, reviste especial relevancia la constancia médica de fs. 15, cuya constatación resulta compatible con el relato brindado por la denunciante, quien manifestó que, encontrándose en su vivienda junto al imputado y al hijo que poseen en común, y luego de una discusión previa, aquél habría propinado una patada a la mesa sobre la que se encontraba sentada, provocando que ésta se abalanzara sobre ella y la dejara atrapada entre la mesa y la silla, ocasionándole un golpe en la cadera. Dicho extremo encuentra corroboración objetiva en el examen médico, en el que se constató un hematoma en la región ilíaca derecha (cadera). En ese marco, la mecánica del hecho descripta por la damnificada, tanto en su denuncia como ante la OVD, permite sostener, prima facie, la existencia de un accionar intencional desencadenado luego de una discusión, encontrándose así reunidos elementos suficientes para inferir, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la existencia del dolo requerido por la figura atribuida.
De igual manera, la inexistencia de antecedentes penales del imputado, no resulta un elemento con aptitud para desvirtuar la existencia del hecho investigado ni la participación que, prima facie, se le atribuye.
Por otra parte, respecto de la pericia psicológica practicada a la denunciante, cabe señalar que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el profesional interviniente concluyó que la entrevistada presenta un relato de estructura lineal y estable, sin indicadores de fabulación, mendacidad o manipulación. De tal modo, las características señaladas por la parte recurrente no permiten, por sí solas, concluir que la denuncia haya sido formulada con el propósito de perjudicar al imputado, máxime cuando su relato encuentra corroboración en otros elementos objetivos incorporados a la causa.
A ello se suma que la OVD calificó la situación como de riesgo “alto”, dando cuenta de la existencia de indicadores compatibles con una dinámica de violencia progresiva en el vínculo de pareja.
En este punto, las constancias reunidas permiten advertir, prima facie, un contexto de violencia de género, a la luz de la dinámica de los hechos, en tanto el accionar del imputado denotaría el poder de superioridad, evidenciándose así una relación asimétrica de poder, exteriorizada mediante conductas de violencia psicológica y física dentro de la modalidad doméstica, conforme lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En ese marco, el abordaje de los hechos con perspectiva de género no constituye una facultad discrecional del juzgador, sino una obligación derivada de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellos la Convención de Belém do Pará, la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), así como de la Ley Nº 26.485 y su adhesión provincial mediante Ley Nº 3201.
Tales instrumentos imponen al Estado el deber de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de violencia de género, garantizando la amplitud probatoria.
Los tribunales al respecto, se han expedido sosteniendo que: “(…) Dada la amplitud probatoria contemplada en el art. 16, inciso i) de la Ley Nº 26.485, entendemos que la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de la intimidad de la pareja (…) el Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley citada, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (…)”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI – “R.C.J. s/ procesamiento” – 19/04/2013).
Ahora bien, dicha amplitud probatoria no implica una fexibilización del estándar probatorio ni una afectación de las garantías del imputado, sino que responde a la necesidad de erradicar valoraciones atravesadas por estereotipos y adecuar el análisis probatorio a las particularidades de este tipo de hechos. Ello, sin menoscabo del principio “in dubio pro reo”, en tanto se procura compatibilizar la debida protección de la víctima con el pleno respeto al debido proceso.
En este sentido, tratándose de hechos que suelen desarrollarse en el ámbito de intimidad del hogar, el relato de la víctima adquiere particular relevancia cuando, como ocurre en el caso, presenta coherencia y estabilidad y, a su vez, encuentra corroboración en elementos de prueba de carácter objetivo. Bajo tales premisas, se advierte que la A Quo valoró íntegramente las constancias reunidas, conforme lo previsto en los arts. 116 y 199 del código de rito, arribando fundadamente al juicio de probabilidad exigido, sin que se advierta vulneración alguna de las garantías constitucionales y convencionales invocadas por la defensa.
Ahora bien, en cuanto al encuadre legal asignado, esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
En función de ello, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, el agravio dirigido contra la calificación legal no logra conmover los fundamentos del decisorio recurrido.
Recordemos que en este instancia procesal: “ ...
basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014).
Finalmente, en relación con el monto del embargo decretado, cabe señalar que la Magistrada actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
A su vez, tampoco se advierte la falta de fundamentación invocada por la defensa, pues la Sra. Jueza explicitó los parámetros ponderados para establecer la suma de pesos ochocientos ($800.000), conforme surge de fs. 81vta/82 -considerando VI)-, precisando que la medida se encuentra destinada a resguardar la eventual pena pecuniaria, la indemnizacion civil y las costas procesales, teniendo en consideración los conceptos que estas comprenden.
En tal sentido, la jurisprudencia ha señalado que: "… conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En consecuencia, esta Alzada comparte los fundamentos expuestos por la A Quo, como también la cifra establecida, por lo que corresponde confirmar el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante T.B.M.
Por todo lo expuesto, los agravios introducidos no habrán de prosperar.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas, y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
IV. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
V. Atento que el imputado de autos resulta ser dependiente de la Policía de Santa Cruz, comuníquese lo aquí resuelto, con los recaudos de estilo, a la Dirección General de Asuntos Legales de la mencionada institución, acompañando copia de la presente resolución a los efectos pertinentes.
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VII. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 78/82, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
3. OFICIESE con los recaudos de estilo, a la Dirección General de Asuntos Legales de la Policía de Santa Cruz, acompañando copia de la presente resolución, conforme lo ordenado en el punto V) de los considerandos.
4. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia