Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9149 FOLIO Nº 162/164 PROT. ELECT. JR101827I.242
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2024.-
La presente causa caratulada "T.D. S/ Daño y Amenazas” - Expte. Nº T- 74525/22- Apelación/Causa JR Nº 9305/24, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs.167/174, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado DFT en orden a los delitos de “Daño –dos hechos-, Amenazas –tres hechos-, Robo y Desobediencia –dos hechos- todo en concurso real” (Arts. 183, 149 bis, 164, 239 y 55 del CP); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000). Que a fs. 176/177vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 216 (código de validación 290225cd) no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
1. Plantea la defensa, respecto de la testimonial de la víctima, que al contarse sólo con sus declaraciones, sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez valorativa.
Asimismo, refiere que el testimonio brindado por JEN no aporta nada para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Explica que, si analizamos con detenimiento el mismo, podemos observar que describe escueta y genéricamente desavenencias de pareja, dinámicas que son características de relaciones en crisis, mas no especifica las incidencias en tiempo, modo y lugar, que concretamente respalden con algún grado de sustento probatorio los hechos que aquí se denuncian.
Abordando el presente agravio debo decir, que en las presentes actuaciones no se cuenta sólo con los dichos de la víctima, contrariamente, como lo expresó el a quo, el hecho imputado se hallaría acreditado, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, mediante el informe de evaluación del riesgo de fs. 06/08, las actas de inspección ocular de fs. 13/vta., y 83/84, la copia de medida de acercamiento de fs. 42/43, la cédula de notificación de fs. 100, entre otras, elementos que robustecen las variadas denuncias realizadas por la Sra. N. Que, entre las piezas probatorias analizadas por el magistrado se encuentra la declaración testimonial del Sr. JEN quien manifestó que en reiteradas oportunidades la Sra. MBN ha sido hostigada y amenazada por T, que él trabaja de noche, por eso el imputado aprovecha ese horario para acercarse a la vivienda de la damnificada, siendo ello coincidente con lo manifestado por ésta.
De igual modo, se ha dicho: “...bastará entonces, la comprobación de un mínimo de coincidencias que, como razones de hecho y de derecho, funden suficiente y objetivamente las conclusiones a las que arriban los jueces respecto de los aportes testimoniales para que la exigencia constitucional se encuentre satisfecha (conf. arts. 18 Ver Texto CN., 171 Ver Texto de la Const. prov. Buenos Aires y 106 Ver Texto del CPP. Buenos Aires), sin que resulte necesario a tal fin, que el acuerdo deba ser total y que incluya a todos los motivos en que se sostiene la decisión..." (TR LALEY 70013963). Por todo lo expresado, el planteo no podrá prosperar.
2. El presente agravio se sustenta principalmente en el delito de desobediencia, desarrollando sobre la tipicidad citando doctrina y jurisprudencia.
En consecuencia, plantea el recurrente que uno de los principios más importantes que imperan cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado es el de ultima ratio. Explica que este apunta a que el derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas “formales o informales”, añadiendo que si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso, y que para ello el Juez de Familia resulta competente para imponer las sanciones que estime pertinentes, autorizado por la Ley 26485. Así, la defensa considera que el a quo no ha valorado la prueba con contenido jurídico, limitándose a realizar una mera descripción de los elementos que se han colectado sin analizar de manera objetiva si la conducta delictual que se le enrostra a su defendido se adecua al tipo penal.
Ingresaré al abordaje del presente agravio recordando al recurrente que es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Postura asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras). Sin embargo, y a fin de evacuar dudas, advertimos que el a quo explicó de manera fundada cómo el incumplimiento por parte de T de la medida impartida por el Sr. Juez de Familia configura la tipicidad del delito del art. 239 del Código Penal.
Señaló el magistrado que el imputado tenía cabal conocimiento de las medidas de prohibición de acercamiento, surgiendo ello del acta de notificación de fs. 100.
Es dable mencionar la valoración realizada por el a quo a fs. 172: “...resulta irrefutable el hecho fáctico consistente en que el imputado, al momento de violar la disposición judicial que impedía acercase a una distancia 200 metros de la persona de la denunciante, se encontraba notificado personalmente de dicha resolución judicial; pese a ello, decidió presentarse en la vivienda de N, e incluso ingresar a la misma sin autorización (...). Conducta que fuera reiterada por el imputado el día 9 de abril de 2023, quien fuera aprehendido en el lugar de los hechos…”. Asimismo, el Sr. Juez tomó en consideración los reiterativos actos de hostigamiento y acciones delictivas que habría cometido el causante en perjuicio de N, indicando: “... con respecto al delito de desobediencia que se le imputa a T el mismo se encuentra acreditado con las diligencias llevadas a cabo por la preventora. (...) se dejó constancia en los informes prevencionales las manifestaciones de la damnificada sobre el desgaste y cansancio que viene padeciendo en virtud de la multiplicidad de hechos de los que fuera víctima, evidenciándose además de las probanzas recabadas el incremento de la violencia desplegada por el causante sobre N con el transcurso del tiempo, lo que refleja aún más la imposibilidad de la denunciante de continuar sosteniendo los procesos penal iniciados en contra del imputado…” (fs. 172/vta.). Que, ello es suficiente a fin de tener por probado que el imputado habría desacatado las prohibiciones impuestas.
En consecuencia, y en referencia al punto que objeta la vulneración del principio de mínima intervención, debemos remitirnos a lo dispuesto por el art. 32 in fine de la ley 24845, el cual dispone: “...cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal…”, y habiéndose acreditado el ilícito -con el grado de probabilidad requerido en este estadio procesal- entendemos que el fuero por el que se está tramitando la causa resulta ser la vía idónea en cuanto al bien jurídico que intentamos proteger, que en el caso de marras se refiere a la orden impartida por el Magistrado, medida dictada a fin de proteger la integridad de la víctima. Así las cosas, advertimos que existe prueba de cargo objetiva para tener por acreditada -con el grado de probabilidad suficiente- la autoría del imputado, habiendo el magistrado analizado dichas piezas a la luz de la sana crítica racional ajustándose a derecho (arts. 116º, 199º y 289º del C.P.P), por lo que el presente agravio no podrá prosperar.
3. Por último, señala la defensa que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000) resulta excesivo, en tanto que no escapa al conocimiento del a quo que el Sr. DFT le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como la imposibilidad del nombrado de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, lo que innecesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida un daño innecesario, por lo que solicita se revoque la resolución impugnada. Atento al presente agravio debo decir que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a DFT y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Quinientos Mil ($500.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 173vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el magistrado de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso DFT.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 167/174, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia