Abriendo la norma
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8901 FOLIO Nº 009/015 PROT. ELECT. JR101579I.242
Río Gallegos, 26 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada “T.S. S/ DENUNCIA" Expte. Nº T-9320/16, Apelación Nº 9027/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 350/351vta. obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de la localidad de Puerto San Julián, quien en el punto 1-) ordenó el sobreseimiento de S.W., en orden al delito de “Abuso Sexual Simple” (arts. 119 del Código Penal y 317 y 319 inc. 5º del C.P.P.).-
Que a fs. 355/360 la defensa complementaria apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 371 es mantenido el recurso (código de validación: 36ª779b6), no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P..-
Que a fs. 368/369 obra dictamen de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa complementaria se agravió del sobreseimiento por dos razones: B) Resolución contraria a la prueba producida; y, C) Los derechos de la víctima.-
Que en relación al primero de los agravios sostiene que lo resuelto por el Magistrado de la causa, en concordancia con lo peticionado por el Sr. Agente Fiscal, no se ajusta a las constancias rendidas en las presentes actuaciones.-
Aclara que tanto la historia clínica presentada (hospital de Río Gallegos) como el informe citado respecto de los autos “H.S. s/ Exhibiciones Obscenas y Daño Expte. H-7.060/14” de fecha 21 de Octubre de 2014, no dan cuenta de forma alguna que el imputado tuviere alterada/, disminuida/, menguada/, reducida su capacidad de comprensión, o que no pudiera “comprender la criminalidad del hecho ni dirigir sus acciones” al momento de cometer el ilícito que se le endilga, que data del año 2016.- Refiere que a fs. 246/247vta. luce informe pericial que reza “…Presenta un diagnóstico de esquizofrenia, según historia clínica del Hospital Distrital de Puerto San Julián, donde se indica que tuvo tres brotes perdiendo la orientación en tiempo y espacio. No obstante al momento de la entrevista se encuentra estable y tomando la medicación indicada por el médico tratante, su criterio de realidad no está alterado, así como tampoco su juicio y percepción…4- Si al momento del hecho pudo tener capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones:…Quien suscribe no se puede expedir acerca de cómo se encontraba S.W. en el momento del hecho, sin embargo se puede expresar a que ha tenido varias internaciones relevadas en la historia clínica, descompensaciones psicóticas entre ellas, en Puerto San Julián donde habría producido un incendio en el campo…”.- Es decir, sostiene, la psicóloga interviniente da cuenta que el sujeto se encuentra estable, que su criterio de realidad no está alterado como así tampoco su juicio y percepción y da a entender que la existencia de los “brotes psicóticos”, tres, resultaron hechos particulares donde “perdió la orientación en tiempo y espacio”. Por tanto exceptuando estos tres brotes el imputado se encontraba con capacidad plena.-
Indica la apelante que la existencia de diagnóstico de salud mental (esquizofrenia) y la existencia de brotes psicóticos aislados bajo concepto alguno pueden derivar de forma directa, como ha pasado en los presentes, en la inimputabilidad de un hecho ocurrido en el año 2016.-
Añade que estos meros indicios probatorios no relevan al Magistrado y al Fiscal actuantes de su obligación de determinar si al momento de cometer el hecho específico, objeto de la investigación que nos ocupa, el imputado actuaba con capacidad plena, lo cual no ha ocurrido en los presentes, limitándose a realizar una argumentación dogmática sin fundarse en las constancias de autos.-
Sostiene que la capacidad de las personas se presume, a saber, toda persona es plenamente capaz hasta que un Juez disponga lo contrario en proceso de Determinación de Apoyos y Salvaguarda, no existiendo acompañado en los actuados Resolutorio firme que disponga en tal sentido respecto del imputado, que tenga relación directa con el hecho particular, sino que nos encontramos ante meros indicios de la existencia de una patología previa.- Entiende la recurrente que la postura adoptada por los encargados de determinar la verdad de lo acontecido, resultaría un antecedente peligroso, pudiendo resumirse éste en los siguientes términos: si una persona cuenta con diagnóstico de salud mental y tuvo varias intervenciones médicas estaría libre para realizar actos ilegales, sin importar cuántos años pasen, pues se presumirá la falta de discernimiento sin admitir prueba en contrario, por lo que siempre llevará a la inimputabilidad.- Agrega que si ampliamos la novedosa postura adoptada, cualquier persona que haya sido internada de forma involuntaria con alteración de su capacidad y no ubicación espacio temporal, habrá de ser declarada inimputable en todos los conflictos que le surjan con la ley penal en lo sucesivo.-
Finaliza este agravio sosteniendo que, a tenor de todo ello, no existiendo constancia directa alguna que permita poner en duda la capacidad plena del imputado al momento de cometer el hecho específico de la investigación de autos y lo dispuesto en la resolución atacada, a saber: “…encontrarse verificada la participación del imputado S.W. en la presente causa…”, corresponde revocar el Sobreseimiento dispuesto y ordenar se llame a indagatoria al imputado como ha sido requerido por el recurrente desde el mes de septiembre del año 2019.- Que en lo atinente al segundo de los agravios sostiene que no se aprecia en lo resuelto por el Magistrado de la causa que, previo a disponer el sobreseimiento del imputado, se haya escuchado a la víctima o a sus tutores/representantes legales, por lo que nos encontraríamos ante el incumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable (Ley Nº 27.372, que regula los Derechos y Garantías de las persona víctimas de delitos, a la cual adhirió nuestra provincia por Ley Nº 3666), aclarando que es de plena aplicación dado que es de orden público.- Finaliza el escrito recursivo entendiendo que, al no apreciarse que los funcionarios actuantes hayan interpretado o ejecutado las disposiciones de la ley de marras “del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la víctima”, tal como lo dispone dicho plexo normativo, y sin perjuicio de lo plasmado en el anterior punto de agravio, corresponde revocar el resolutorio de Sobreseimiento por silenciar a la víctima del delito contra su integridad sexual.- Que tras haberse ordenado desde esta dependencia a fs. 367 correr en vista las presentes actuaciones a la Fiscalía ante esta Alzada, para que se expida en relación a la prosecusión de la acción penal, a fs. 368/369 obra su dictamen.-
Allí la Sra. Fiscal expresó que luego de un minucioso análisis de las constancias probatorias, puede afirmar, al igual que lo sostiene la parte apelante, que el imputado al momento de materializar el hecho investigado (23 de diciembre de 2016) podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Resaltando el principio que la capacidad se presume, salvo que se pruebe lo contrario.-
Entiende que es vital para arribar a tal afirmación lo vertido por la denunciante. De su relato al iniciar las actuaciones no surge que el mismo se encontraba desorientado en espacio o tiempo, ni atravesando algún brote producto de la esquizofrenia que padece. La madre de la niña, de tan sólo tres años, refiere que el día de los hechos escuchó ruido en la habitación de su hija y que, cuando ingresó a la habitación, la vió con la bombacha y el pantalón bajos, las piernas abiertas sobre la cama boca arriba, y frente a ella se encontraba el imputado que tenía los pantalones bajos en la parte delantera. Quien al escuchar los gritos de la denunciante, se acomodó la ropa y se retiró de la casa.- Añade que en igual sentido se expresó el padre de la niña, de cuyo relato surge que el imputado hacía una semana estaba viviendo en su casa y que, luego del hecho, no lo vió en la ciudad, no surgiendo ningún indicio de falta de comprensión de la criminalidad del acto, ni de imposibilidad de dirigir sus acciones.
El hecho de haberse retirado, de haber huído luego de que se lo haya encontrado materializando el hecho investigado, es indicio de que tenía conocimiento de que estaba realizando un hecho delictivo. El que no tiene comprensión, no necesita huir, porque desconoce estar materializando un hecho reprochable.- Luego de transcribir la parte pertinente de la pericia psicológica realizada al imputado obrante a fs. 246/247vta. (la cual se omite transcribir a efectos de evitar reiteraciones innecesarias, ya que fue volcada párrafos arriba al momento de citar los agravios de la apelante), refiere la Sra. Fiscal que con posterioridad se incorpora informe pericial de fecha 21 de octubre de 2014, en autos caratulados “H.S. s/ Exhibiciones Obscenas y Daño”, Expte, Nº 7060/14.
Que allí los peritos integrantes de la junta interdisciplinaria establecieron “…requiere permanecer internado y contar con una evolución clínica, teniendo en cuenta sus antecedentes de consumo de alcohol de larga data, así como psiquiátrica, a los fines de estabilizar su sintomatología psicótica aguda…”. Sugiriendo los profesionales que sea internado en el Centro de Salud Mental, y luego afirmaron que el Sr. H. presentaba distorsionada su capacidad para comprender y dirigir sus acciones al momento de los hechos investigados, y que al realizar la pericia se encontraba desorientado temporoespacialmente. Habiendo permanecido internado desde el 21/10/2014 hasta el 20/01/2015 (fs. 286/340vta.), tiempo en el que recibió el tratamiento adecuado y fue compensado, dándole el alta correspondiente y asignándole el tratamiento respectivo (fs. 343).- Agrega que al momento de resolver el sobreseimiento por inimputabilidad el magistrado sólo valoró los informes periciales, sin tener en cuenta las testimoniales de las cuales no surge ningún indicio de alteración en las capacidades intelectuales y volitivas del imputado.-
Ello aunado a la circunstancia de que una de las pericias valoradas fue realizada con anterioridad al hecho investigado –dos años antes- y al tratamiento psicológico psiquiátrico que recibió el imputado en el Centro de Salud Mental, en el cual fue compensado y dado de alta -2015-; y la otra pericia no afirma ni niega la capacidad del imputado para comprender la criminalidad del hecho y dirigir sus acciones, al tiempo que hace mención que el mismo se encuentra orientado en espacio y tiempo.- Considera que, en virtud de los argumentos mencionados, le asiste razón a la parte apelante, ya que si bien el imputado padece de una patología psiquiátrica, el hecho de padecerla no genera per se la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, dado que compensado (sin estar en un “brote”) tiene plena capacidad y por lo tanto no se encuentra dentro de los supuestos de inimputabilidad contemplados en el art. 34 inc. 1 del Código Penal.- En consecuencia, la Sra. titular del Ministerio Público, solicita se revoque el sobreseimiento por inimputabilidad, debiendo continuar las presentes según su trámite.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. Pues bien, yendo al tratamiento de la petición de la defensa complementaria, en el sentido que la resolución de sobreseimiento por inimputabilidad sea revocada, entendemos que, en concordancia con la opinión vertida por el Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, ella debe prosperar.-
Así, no habiéndose realizado un análisis integral de la prueba recopilada (fundamentalmente por haber sido soslayadas las declaraciones testimoniales sin haberse hecho ningún reparo sobre el por qué de tal determinación), y no siendo categóricos los informes psicológicos-psiquiátricos y documental adjunta (en el sentido que al momento del hecho que aquí se investiga el imputado no pudo tener capacidad para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones), la resolución atacada no puede erigirse como debidamente fundamentada, puesto que ofrece reparos serios a la luz de dichas circunstancias, y por ende no puede ser convalidada.- Es que la capacidad se presume, la inimputabilidad debe probarse, siendo que dicha acreditación no debe dejar lugar a dudas, debe ser certera, evento que aquí no ocurrió.-
En forma conteste se ha sostenido que: “…A partir de la valoración integral de la prueba, conforme las pautas de la sana crítica —artículos 241 y 263 del CPPN—, no puedo concluir que el imputado no tuvo la capacidad cognitiva para actuar en forma libre y autónoma ni para comprender los injustos cometidos (artículo 34 inciso 1° del CP). Ello así, toda vez que el nuevo informe producido por los peritos oficiales no ha arrojado una conclusión certera para descartar - con el grado de convicción que demanda un temperamento como el adoptado— que el encausado careció de toda capacidad de culpabilidad penal al momento de la comisión del hecho. … La desvinculación procesal del imputado, en el estado actual de las actuaciones, resulta improcedente, puesto que no se ha alcanzado la certeza negativa requerida para arbitrar el sobreseimiento por inimputabilidad... En definitiva, los peritos oficiales no pudieron arribar a una conclusión categórica que avale la decisión…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala I; “E. A., S.N.”; 20/04/2023 Cita Online: AR/JUR/51412/2023).- Asimismo que: “…La desvinculación procesal del imputado resulta prematura, puesto que no se ha alcanzado la certeza requerida para arbitrar el sobreseimiento por inimputabilidad….” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala VII; “V., J.E. s/ Procesamiento Abuso Sexual”; 19/06/2020 Cita Online: AR/JUR/31800/2020).-
En efecto, de las constancias de autos surge que el Sr. Juez de instrucción no valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en el que los hechos habrían acontecido.-
De esa manera no dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, apareciendo a mi criterio fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual el agravio deberá prosperar.-
Sin perjuicio de ello, y como lo señala la parte recurrente, la instrucción tampoco cumplimentó dar la obligada intervención a la pretensa víctima previo a dictar la resolución, máxime siendo que esta cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado, afectando ostensiblemente sus derechos y garantías protegidos por disposiciones de orden constitucional y leyes específicas.-
Esta dependencia ya se ha expedido en el sentido de que dicha omisión descalifica la decisión como acto jurisdiccionalmente válido (Resolución inscripta al TOMO CVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS, REGISTRO Nº 7226, FOLIO Nº 124/127, PROT. ELECT. JRS1 004IV.224, de fecha 31 de mayo de 2022, causa “TM S/ ABUSO SEXUAL”, Expte. N° 6661/14 - Apelación JR N° 7254/21).-
III. En atención a que el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto San Julián arribó a una decisión que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso respecto del imputado, por el delito de "Abuso sexual Simple" (arts. 119 del Código Penal), por considerarlo inimputable conforme el art. 34 inc. 1° del CP y 319 inc. 5° del CPP, llegando a un grado de certeza por tratarse de un pronunciamiento que desvincula desde su dictado y para siempre a la persona sindicada como autor/a del hecho ilícito (en los términos del art. 318 del CPP); a los fines del saneamiento del proceso –en orden a los fundamentos vertidos precedentemente-, deviene inexorable su apartamiento en la intervención en estos autos, debiéndose dar la debida participación al subrogante legal que por disposición reglamentaria corresponda.- En virtud de ello corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
IV. En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juzgado de Recursos , tras el análisis de la presente causa venida a estudio, nos vemos compelidos a exhortar al Sr. Juez hasta aquí interviniente en el sentido de extremar los recaudos para evitar dilaciones en las tramitaciones de las causas.-
Así, y sólo por citar las más significativas, surge que la investigación estuvo literalmente detenida durante los siguientes períodos: desde el día 04/07/2018 (ver fs. 101vta) hasta el día 11/07/2019 (ver fs. 102); desde el día 14/12/2021 (ver fs. 250, recepción de exhorto) hasta el día 08/06/2022 (ver fs. 251); desde el día 04/07/2022 (ver fs. 257/vta., recepción dictamen fiscal) hasta el día 23/05/2023 (ver fs. 258/259, resolución de nulidad); y desde el día 23/08/2023 (ver fs. 270, providencia) hasta el día 25/04/2024 (ver fs. 274, providencia).- Sólo en estos lapsos la causa estuvo paralizada por más de 36 meses, es decir más de tres (3) años, a lo que se debe adicionar el dato que arroja la constancia de fs. 250, esto es que el exhorto remitido por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras al juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de Puerto San Julián en fecha 12 de febrero de 2021, conforme orden de carga Nº 08/21, no hubo de ser retirado por persona alguna de tal dependencia al día 02 de diciembre de 2021, habiendo llegado efectivamente al Juzgado instructor de la presente investigación el día 14 de diciembre de 2021, es decir 10 meses después.- Esta brecha temporal de más de 46 meses (prácticamente cuatro (4) años resulta aún más alarmante si referenciamos que desde que se ordenó la primera providencia (27/12/2016, ver fs. 22) hasta que se recepcionó efectivamente el expediente en esta alzada tras la apelación de la defensa complementaria (03/07//2024, ver fs. 366) transcurrieron ocho (8) años y siete (7) meses, lo que implica que en el 45% del tiempo que insumió esta investigación no se hizo nada.- Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la presente instrucción se suscitaron situaciones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación (léase pandemia, libramiento y reiteración de exhortos a la localidad de Las Heras por las demoras en su diligenciamiento, etc.), no se logra comprender, y tampoco se encuentra justificado, los períodos de tiempo señalados a modo de ejemplo durante los cuales la causa permanecía paralizada por meses, cuyo acumulado, que arroja años, muy lejos está de plasmar la debida diligencia reforzada que nos exigen los estándares internacionales en este tipo de delitos.- Sin hesitación alguna podemos aseverar que nos encontramos frente a una instrucción deficitaria tras años de iniciada, que se agrava por el estado de vulnerabilidad de la pretensa víctima y el tenor del hecho denunciado.-
Incluso se evidencia la ausencia de requerimiento fiscal alguno tendiente a la prosecución de las presentes actuaciones pese a las circunstancias expuestas, como asimismo la falta de articulación de oficio, tras ser notificado de una resolución nula de nulidad absoluta (ver. resolución de fs. 252 y constancia de notificación de fs. 253). Ello amén de no haber sido convalidado ante esta instancia por la Sra. Fiscal el dictamen de sobreseimiento total y definitivo por inimputabilidad propugnado en la instrucción, tras haber peticionado se haga lugar a la revocación del resolutorio apelado por la defensa complementaria (ver fs.349/349 y 368/369, respectivamente).- A este respecto, no podemos dejar de mencionar, que es deber del Estado Argentino, y en lo que nos toca, de la Justicia Penal, la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidad Internacional frente a las obligaciones asumidas también en materia de perspectiva de género.- Ante un acto de violencia contra una mujer (máxime niña de muy corta edad), resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, ello teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.- En virtud de lo normado por la CADH, se deben adoptar medidas particularizadas y especiales ante la ocurrencia de un acto de violencia física y/o sexual, surgiendo una obligación estatal reforzada de debida diligencia.-
Conforme lo establecido en la Convención de Belém do Pará, en los casos en los que una mujer o niño sea víctima de violencia, en particular violencia o violación sexual, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso, y después del mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.- La Argentina asumió compromisos internacionales en materia de Niñez y de violencias de género al suscribir la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la primera y segunda de ellas con jerarquía constitucional.- A través del recorrido por dichas Convenciones, como también por los principios, reglas y fallos del Sistema Interamericano, encontraremos la relevancia que se le imprime a las medidas de protección en el marco de investigaciones y procesos judiciales dirigidas, tanto a las personas que padecen violencias de género como también a quienes podrían aportar testimonios fundamentales.-
Consecuente con lo referido, nuestra CSJN ha dicho que: "...Cuando la Nación ratifica un tratado que firmo con otro Estado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...". (LALEY, 1992-C, 543).- En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i). (Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21 y Nº 7997/22).- Pues bien, a las claras está que esto no ha ocurrido.-
Una lectura mínimamente responsable del expediente al momento de ordenarse las medidas y un diligente control de sala hubiesen reducido drásticamente los exagerados tiempos insumidos en esta investigación.-
Es claro que situaciones como esta, atentan contra el acceso a la justicia y el eficiente servicio que se debe prestar a la comunidad.-
Incluso impacta negativamente también en la organización del trabajo de esta Alzada, al tener que dar trámite prioritario a expedientes procedentes de ese Juzgado que ingresan con posterioridad a los de otras dependencias de la Circunscripción Judicial pero que al detentar varios años de instrucción y/o con delitos próximos a prescribir, nos vemos compelidos al alterar el orden correspondiente a su análisis al momento de resolver.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Sr. Juez hasta aquí interviniente que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.- En ese mismo orden se hace saber que quien asuma la investigación deberá extremar los recaudos para imprimir la debida celeridad en la tramitación de esta causa, atento el tiempo transcurrido y lo dispuesto al respecto por nuestro CPP y tratados internacionales.-
V. Asimismo, en función de lo expuesto en el acápite IV), y teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y lo normado por los arts. 59, 62 y ccss. del C.P.P.; y arts. 78 incs. d), e), f) y j) y 75 inc. d) y e) de la Ley Nº Uno Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, deviene inexorable remitir copia de la presente resolución al Sr. Fiscal ante el Excmo. T.S.J. a los fines que estime corresponder (conf. art. 71 inc. e) y f) de la Ley Nº 1 Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz). -
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Agente Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 350/351vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden, debiendo continuar los autos según su estado.-
2. APARTAR al magistrado Titular de la presente investigación, debiendo continuar con la misma el/la Subrogante legal que corresponda, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. HACER SABER al Sr. Juez hasta aquí interviniente y a quien asuma como subrogante legal lo referido en el punto IV) de los Considerandos a los fines allí indicados.-
4. HACER SABER al Sr. Fiscal ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz el contenido del punto IV) de los considerandos que preceden.-
5. LIBRAR OFICIO a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y Servicios Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de comunicar lo aquí resuelto en los puntos II) y III). Al tal fin remítase copia de la presente. -
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia