Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción · Causa 18.747/20
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar la excusación deducida por el señor Juez de esta Excma. Cámara de Apelaciones, Dr. Eduardo Gabriel López.-
2Declarando desierto el recurso interpuesto por el Sr. V. A. a fs. 1752.-
3Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la Sra. C. A. T. a fs. 1752.-
4Haciendo lugar al recurso deducido por L. H. y L. N. A. a fs. 1751 y 17152.-
5Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Santa Cruz a fs. 1758.-
6Revocando los puntos III y IV de la sentencia obrante a fs. 1712/1732 que se compondrán positivamente de la siguiente manera: Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. C. A. T. y, en todas sus partes, a la promovida L. N. A. y L. H. A. Condenar a la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y AL SR. J. T. G. a abonar a la Sra. T. la suma de Pesos Diecisiete Millones Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Quince con Cincuenta y Tres Centavos ($17.412.615,53) y a sus hijos la suma de Pesos Un Millón Cien Mil ($1.100.000), todo ello con más los intereses calculados a tasa pura (6%) desde el momento del hecho -17 de mayo de 2004- y hasta la fecha de la sentencia -21 de septiembre de 2018- y a tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde esta última fecha y hasta su efectivo pago; Rechazar la demanda promovida por el Sr. V. A. por derecho propio, eximiéndolo del pago de costas.- …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Primera Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 18.747/20 Sentencia: 3486 Actor: T. C. A. y otros Demandada: G. J. y otros Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 27/06/2022 Texto: TOMO CIV - SENTENCIA REGISTRO N° 3486 FOLIO N° 86/114 PROT. ELECT. A101 41 S.221 En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil veintidós se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Diego M. Lerena con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "T. C. A. y otros c/G. J. y otros s/daños y perjuicios", Expte. Nº 21.226/07 (18.747/20), venidos del Juzgado de Primera Instancia Número Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 1751 y 1752, por la parte demandada a fs. 1758, contra la sentencia de fs. 1712/1731 vta. y su aclaratoria de fs. 1765/1767 vta. Asimismo, vienen a tratamiento los recursos de apelación interpuestos a fs. 1750, 1753, 1762, 1785, 1786 y 1813 contra la regulación de honorarios profesionales realizados en la sentencia de grado. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Diego M. Lerena, 2º) Dr. Carlos E. Arenillas y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Corresponde aceptar la excusación deducida a PE21... código de validación ...?, Segunda cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Tercera cuestión: ¿Son justos los honorarios regulados en la instancia anterior?, Cuarta cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Lerena dijo:
I. Que mediante PE21..., código de validación ... el Sr. Juez de esta Excma. Cámara de Apelaciones Dr. Eduardo Gabriel López, se excusa de intervenir en estos autos a tenor de lo prescripto por el art. 30 del C.P.C. y C., por encontrarse comprendido en la causal prevista por el art. 17, inc. 7º, del mismo texto legal, por lo que corresponde sea admitida dicha excusación.-
- - - - - - Por lo expuesto, Voto pues, a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. Lerena dijo:
I. Viene apelada por las partes la sentencia en la que se dispuso “HACER LUGAR PARCIALMENTE, a la demanda incoada por C. A. T., V. G. A. -ambos por derecho propio y en representación de su hijo L. N. A.-; y L. H. A. ... y por consiguiente condenar a la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y AL SR. J. T. G. al pago de la suma de …$4.870.000,00…”; “RECHAZAR los rubros daño moral -pretendido por V. G. A. L. N. A.; y L. H. A.-; y daño futuro-.” (v. fs. 1731 y vta.) y “CONDENAR a los demandados perdidosos al pago de las costas y costos del presente proceso en virtud del principio de la derrota en juicio.” (v. fs. 1767 y vta).-
A fs. 15/23 la Sra. C. A. T., por sí y en representación de sus hijos -L. H. A. y L. N. A.-, dedujo formal demanda de daños y perjuicios contra el Sr. J. T. G., la Provincia de Santa Cruz y el Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz, por un total de $7.486.200.-
Fundó su petición en el siniestro acaecido el 17 de mayo de 2004, en ocasión de encontrarse a bordo de un vehículo de propiedad del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Cruz, transportada en comisión de servicio.-
Relató que, producto del accidente, sufrió lesiones de tal gravedad que concluyeron en una paraplejia placida irreversible, con pérdida de función motora y parálisis de miembros inferiores.-
Cuantificó los rubros incapacidad sobreviniente, daño moral, daño estético, daño psicológico y daño futuro. Ofreció prueba.-
A fs. 31 compareció el Sr. V. G. A. y adhirió a la demanda por los rubros que hacían a su derecho, en calidad de conviviente y progenitor de L. y L..-
A fs. 43/45 contestó demanda el Sr. J. T. G. y a fs. 326/342 vta. hizo lo propio la Provincia de Santa Cruz.-
A fs. 424/425 vta. se admite el hecho nuevo denunciado por la parte actora.-
En lo que aquí interesa, el Sr. Juez de grado tuvo por acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil y, luego de subsumir los hechos al régimen de previsto en el art. 1113 del Código Civil, condenó al Estado Provincial y al Sr. J. T. G. a abonar a la Sra. T. las indemnizaciones en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, fijando para todos los rubros un interés a tasa pura -6%- desde el momento del hecho hasta la fecha de la sentencia y desde allí y hasta su efectivo pago, un interés a tasa activa promedio mensual aplicada por el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos.- Hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz.-
Rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por las accionadas respecto de la pareja de la damnificada, sin perjuicio de lo cual rechazó la pretensión indemnizatoria de aquél y de sus hijos menores.-
Condenó en costas a las accionadas vencidas (v. Aclaratoria) y reguló honorarios.-
El Sr. V. G. A. apeló la sentencia a fs. 1752 y fue notificado de la colocación de autos en Secretaría para expresar agravios mediante SNE, código de validación ..., el día 7/9/2021.-
Sin embargo, según se desprende de la certificación obrante a PE...-2021 código de validación ..., el recurrente omitió hacer valer sus derechos en tiempo oportuno, por lo que corresponde se declare la deserción del mentado recurso (cfr. arts. 258 y 265 del C.P.C. y C.).-
En consecuencia, declárase firme y consentido lo resuelto por el a quo en el punto IV del fallo en cuanto rechazó el único rubro pretendido por el Sr. A. .-
A continuación el elenco de fundamentos con que se han mantenido vivos los recursos interpuestos por la Sra. T., sus hijos y el Estado Provincial. (PE... - código de validación ...).-
IV.a).- Agravios de la parte actora:
La parte actora se agravió de la suma fijada en concepto indemnización por incapacidad sobreviniente a la que calificó de exigua y carente de razonabilidad. Dijo que la decisión del a quo no estuvo apoyada en fundamento fáctico ni jurídico y que ello se contraponía con lo prescripto en el art. 1746 del C.C. y C.N. Al respecto, señaló el yerro en la interpretación del material probatorio, puntualmente lo que surgía de las testimoniales de fs. 1113, 1115, 1125, 1173, 573/575 vta., 1214/1216, 1663/1664 y de la prueba pericial de fs. 69/71 y 113/123, de la que resultaría acreditada una incapacidad del 65%.- Acto seguido, cuestionó la deducción de los gastos por accidente y sostuvo que las prestaciones que el juez tuvo por probadas eran debidas por el Estado en virtud de la Ley de Riesgos de Trabajo, y que el tratamiento que correspondía acordar a tales erogaciones ya fue resuelto en antecedente de esta Excma. Cámara.-
En tercer lugar, criticó la inclusión del daño psicológico dentro del rubro daño moral e insistió en su autonomía y procedencia en virtud del informe emitido por la Lic. María Inés Delgado a fs. 57/67 del Expte. Nº 90.405/11 por el que tramitó el oficio ley Nº 22.172 y del certificado de fs. 1168.-
Misma réplica mereció el tratamiento unificado del daño estético, pues entendió que no había sido ponderada la irreversibilidad de su condición y la consecuente dependencia de la silla de ruedas, todo lo cual alteraba la apariencia física que tenía con anterioridad al accidente.-
En quinto orden, en lo que hace a sus derechos, los hijos de la Sra. T. se refirieron al rechazo del rubro por ellos pretendido, en tanto no se habrían ponderado sus edades al momento del hecho y las privaciones a las que se vieron sometidos por causa de su acaecimiento. Todo lo cual surgiría de las testimoniales de fs. 1214/1216 y 1663/1664.-
Finalmente, la Sra. T. invocó agravio derivado de la cuantía del rubro daño moral y remarcó que, habiéndose estimado como comprensivo del daño psicológico y estético, resultaba de escaso valor. Dijo la recurrente que los informes de que sirvió el a quo databan del año 2004 y que el marco de situación se había modificado con la regresión de la evolución denunciada como hecho nuevo. Se refirió también a la procedencia de una satisfacción sustitutiva, citó prueba testimonial y dictamen pericial.- IV.b).- Agravios del Estado Provincial. (PE... - código de validación ...).-
El codemandado invocó perjuicio derivado del exorbitante monto fijado en concepto de daño moral, por entender que aquel no se encontraba fundado ni se exponía el método utilizado para su determinación.-
En segundo lugar cuestionó que en los considerandos de la sentencia se rechazara la indemnización pretendida por el Sr. V. G. A. y que luego se lo haya incluido en la parte dispositiva como acreedor de la reparación reconocida.-
También se dijo agraviado de la condena en costas pues entendió que al codemandante A. debieron serle impuestas las derivadas del vencimiento en juicio.-
Por último, se agravió de la regulación de honorarios a los letrados intervinientes por haberse determinado en base a porcentajes.-
Delimitada que ha quedado la materia traída a revisión de esta Alzada, estimo oportuno formular una breve introducción acerca del inveterado derecho de la víctima a obtener la reparación plena de los daños injustamente sufridos (cfr. art. 1740 del C.C. y C.N.) y el ineludible deber de los jueces de dictar sentencias razonablemente fundadas (cfr. art. 3 del C.C. y C.N.).-
En este orden de ideas, esta Cámara de Apelaciones tiene dicho que si bien la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho dañoso (en este caso el Código Civil en su redacción anterior), las consecuencias no consumadas al momento de la entrada en vigencia del nuevo texto, como son los daños cuya reparación aquí se reclama, se encuentran -a los fines de su graduación- por él alcanzadas (cfr. art. 7 del C.C. y C.N.) (cfr. esta Cámara Tº LXXXVIII - Sentencia - Rº 3173; LXXXIX - Sentencia - Rº 3185; Tº XC - Sentencia - Rº 3205; Tº CII - Sentencia - Rº 3454).- Por cierto, la reforma que en materia de responsabilidad civil ha sufrido el ordenamiento de fondo, impulsada -entre otras cosas- por el proceso de constitucionalización del derecho de daños, no hizo más que receptar positivamente la premisa de construcción pretoriana de la persona humana como centro del sistema de reparación.-
Pues bien, a partir de estas modificaciones, el paradigma normativo es el siguiente: aquel que sufre un daño injustamente, tiene derecho a una reparación plena -entendida como la mayor aproximación posible a la situación anterior al hecho- sea por el responsable directo o indirecto de su causa, a través del pago de una indemnización en dinero o en especie.-
Esta transformación, enraizada en el principio constitucional del alterum non laedere o de no dañar al otro (cfr. art. 19 de la Constitución Nacional), tuvo su origen -como se dijo- en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del dictado del fallo “Santa Coloma” (308:1160; 5/08/1986) y desde entonces, reforma del Código mediante, es materia de construcción permanente. En este contexto, se estima oportuno destacar un reciente pronunciamiento de nuestro tribunal cimero, en el que además de recapitular el universo de derechos y garantías que deben considerarse tutelados por el sistema de Responsabilidad Civil, refiere a la importancia de los criterios objetivos para cuantificar las indemnizaciones.
Puntualmente dijo que: “...resulta pertinente recordar el derecho que tiene toda persona a una reparación integral de los daños sufridos. Este principio basal del sistema de reparación civil encuentra su fundamento en la Constitución Nacional y está expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, 5° y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (…) ...dicha reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse.
(…) La consideración de criterios objetivos para determinar la suma indemnizatoria en cada caso no importa desconocer la facultad propia de los magistrados de adecuar el monto de la reparación a las circunstancias y condiciones personales del damnificado habida cuenta el margen de valoración de que aquellos gozan en la materia (artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sino recurrir a pautas meramente orientadoras que permitan arribar a una solución que concilie de la mejor manera posible los intereses en juego y evite -o cuando menos minimice- valoraciones sumamente dispares respecto de un mismo daño sin motivos razonables y/o de entidad que lo justifiquen.” (cfr. "Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P.
Acuña y otros c/Campos, Enrique Oscar y otros s/daños y perjuicios (acc.trán. c/les. o muerte), 2/9/2021" - Fallo 344:256).- Precisamente, siendo que el bien jurídico tutelado es la persona humana -su dignidad e integridad física, psíquica y moral- está claro entonces que la plenitud preconizada por la norma no puede lograrse sino a través de la razonada fundamentación del juez llamado a determinar el alcance y cuantía del daño resarcible en el caso concreto, a fin de dar a la víctima ni más ni menos que lo que le corresponde.- En palabras del Dr. Lorenzetti: “una reparación eficaz impone la exigencia de abandonar parámetros abstractos -elaborados para un sujeto medio e hipotético- para otorgarle pleno sentido a la reparación del daño conforme a la dimensión concreta de los perjuicios sufridos por la víctima.
Solo de tal modo la tutela resarcitoria cumple con el principio cardinal, base de todo sistema jurídico, de la inviolabilidad de la persona humana” (fallo citado).- La sentencia que a revisión se trae exhibe un farragoso compendio de apreciaciones subjetivas y dogmáticas, sostenidas a ultranza aunque sin correlato en la prueba ni en parámetro de cuantificación cierto. Estos defectos -debo decir- aniquilan toda posibilidad de determinar si la indemnización reconocida es realmente justa y equitativa.-
A ello debe adunarse la falta de adecuación del pronunciamiento a los numerosos precedentes de esta Cámara de Apelaciones y de tribunales nacionales en materia de daños, en los que se ha promovido el empleo de parámetros de cuantificación objetivos -fórmulas matemáticas- por ser los que mejor compatibilizan con los principios de la reparación plena, además de brindar certeza y transparencia a la decisión que se arriba, como fin último del sistema republicano.- Esta circunstancia conduce -inexorablemente- a revocar la sentencia dictada en la instancia anterior y a componer positivamente el fallo, a la luz de los fundamentos que a continuación se exponen.-
En tanto no han sido objeto de crítica por los recurrentes, llega firme a esta instancia la concurrencia -en los hechos- de los presupuestos de la responsabilidad civil (daño, antijuridicidad, factor de atribución y relación de causalidad) respecto de los demandados Estado Provincial y G. J., la subsunción normativa a las previsiones del art. 1113 del C.C. y la falta de legitimación pasiva del Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz.- Por el contrario, se controvierte ante esta Alzada el quantum indemnizatorio determinado, el rechazo de la pretensión de los hijos de la víctima, el modo en que han sido impuestas las costas y los honorarios regulados en consecuencia.-
V.A.- Incapacidad sobreviniente.-
Al respecto, preciso es recordar que la indemnización por incapacidad sobreviniente está destinada a reparar la disminución en la aptitud productiva de la víctima y también en su capacidad vital, ambos detrimentos originados como consecuencia del evento dañoso. En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 1746 prescribe: “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.”.- A partir de ello se recogen dos mandatos.
El primero: que en caso de incapacidad sobreviniente, la reparación de los perjuicios patrimoniales debe fijarse teniendo en cuenta no solo la capacidad productiva de la víctima sino también aquellas actividades económicamente valorables, por las que puede no haber recibido contraprestación pero que, con motivo de la incapacidad, reportaran gastos para su realización por terceros; el segundo: que su cuantificación debe realizarse de conformidad a parámetros objetivos, vinculados con los conceptos de capital y renta.- En este sentido, esta Excma. Cámara tiene dicho que: “…no puede prescindirse de la aplicación de la fórmula matemática sin incurrir en arbitrariedad, teniendo en cuenta que es resultado de un mandato donde el legislador optó claramente por un sistema concreto.” (cfr.
“Avilez Nancy Esther y otro c/Estado Provincial s/daños y perjuicios”, Expte. Nº 10.372/03 (14.989/14), sentencia registrada al Tº LXXXVIII - Sentencia - Rº 3173, del 10-11-2016).- Esa es la regla de oro, sentada la cual este Tribunal viene propiciando la utilización de la “fórmula de valor presente (VP) de una serie de ingresos futuros variables” (cfr. Acciarri, Hugo Alberto, “Elementos de análisis económico del derecho de daños”, 1ª ed., Buenos Aires, 2015, Ed. La Ley, pág. 293), pues se erige como una herramienta superadora de las impulsadas hasta el momento y se expresa de la siguiente manera: Donde, [“A1...An”] corresponde al ingreso implicado para el período anual 1...n =ingreso por porcentaje de incapacidad; [i], corresponde con la tasa de descuento para cada período anual computado, [e1...en], corresponde a la edad al momento en que debería percibirse cada suma correspondiente al ingreso anual A1...An y [“P”] refiere a la probabilidad de que en el período A (de A2 hasta An) se perciba un ingreso incrementado -positiva o negativamente- respecto del ingreso del período precedente (An-1).- Muy recientemente y a propósito de la declaración de inconstitucionalidad del art. 1746 del C.C. y C.N. por parte de un juez de primera instancia, Acciarri dijo: “No falta quien sostenga que puede "hacer justicia" sin apelar a fórmulas, olvidando que los jueces no hacen justicia, en cuanto virtud o valor moral, sino algo mucho más modesto, pero de importancia institucional enorme: aplican normas jurídicas, cuya creación se delegó a otras personas, ante la falta de acuerdo sobre qué es y qué no es justo.
Necesitamos leyes porque no pensamos igual y necesitamos que, quien las aplique, juegue ese rol en el juego de la república. Y no contrabandee su criterio personal de justicia (ni ceda a su comodidad o su pereza) en su tarea… Las fórmulas, sencillamente, no hacen más que comunicar, del modo más apropiado posible, las fases de ese razonamiento, sus magnitudes y relaciones. Del mejor modo que los seres humanos encontraron para expresar ese tipo de razonamientos… Expresar el razonamiento que concluye en cantidades en fórmulas no es una restricción inadecuada (a los jueces y juezas), sino un modo humilde y transparente, de comunicar las bases reales y precisas de lo que hicimos.” (cfr. Acciarri, Hugo A., El artículo 1746 del Cód.
Civ. y Com. no es inconstitucional. Y las fórmulas matemáticas no son un animal peligroso del que cuidarse, sino un modo adecuado de transmitir información”, Publicado en: SJA 25/02/2022, TR LALEY AR/DOC/388/2022).- Siendo claro el imperativo que debe guiar la labor judicial, ha quedado en cabeza de esta Alzada revertir los disvaliosos efectos de la sentencia apelada y obtener, mediante la aplicación del criterio legislativo, la reparación de las consecuencias patrimoniales derivadas del hecho dañoso, a cuyo fin se propone la utilización de las siguientes variables:
V.A-i).- Porcentaje de incapacidad.-
Este parámetro fue obviado por el Magistrado de grado, aun cuando se encontraba reunida evidencia concreta acerca de su configuración y sin justificativo mediante.-
Al respecto, ha quedado probado que, a raíz del siniestro, la accionante sufrió una lesión medular que derivó en una paraplejía en miembros inferiores irreversible. Asimismo, surge de la documental que, al momento del hecho dañoso la Sra. T. tenía 32 años (v. fs. 149); dos hijos de 1 y 8 años de edad y que se desempeñaba como Jefa... dependiente de la Subsecretaria... de la Provincia de Santa Cruz (v. fs. 1284/1285), percibiendo una remuneración bruta de $945,56 (v. fs. 171).- Ante este cuadro de situación no encuentro virtud alguna en la comparación -poco feliz- que realizó el a quo respecto al desarrollo personal y profesional de diversas personas con discapacidad, todo lo cual revela un reduccionismo extremo frente la pretensión resarcitoria de la Sra. T... .-
Por cierto, la evaluación de la incapacidad denunciada por la accionante, lejos de hallarse condicionada al éxito y reconocimiento de personas del ambiente del deporte, político y de la ciencia, dependía -más bien- de la ponderación de elementos objetivos y de evidencia concreta sobre las condiciones personales de la víctima, los padecimientos por ella sufridos y las consecuencias perjudiciales derivadas del hecho, bastando para ello remitirse a las actuaciones agregadas a fs. 1263, consistentes en el Expte. Nº 90.405/2011, por el que tramitó el oficio Ley Nº 22.172 Nº 1590/11, que tengo a la vista.- Según se desprende de aquel expediente, la Sra. T. fue entrevistada por diversos especialistas, entre los cuales se encuentra el médico psiquiatra Adrián Gros, quien a fs. 69/72 vta. elaboró el informe del que se destaca, por su relevancia, lo siguiente: “EXAMEN NEUROLÓGICO: La actora necesita usar silla de ruedas para desplazarse.
La sensibilidad se explora mediante las pruebas habituales; tanto la superficial como la profunda (táctil, termoalgésica, vibratoria, propioceptiva) están abolidas (anestesia)… refiere anestesia en miembros inferiores, incontinencia urinaria (usa pañales permanentemente), problemas para la evacuación intestinal, con insensibilidad para la función de orinar (requiere cateterismo para extraer orina), e insensibilidad sexual…padece de una paraplejía fláccida de ambos miembros inferiores lo cual implica una parálisis (motora) e insensibilidad totales y permanentes. La lesión es irrecuperable, es decir que no existe a la fecha tratamiento para revertir su estado… debido al traumatismo raquídeo a nivel D11 y secuelas -parálisis y anestesia-, el porcentaje de incapacidad parcial y permanente es del 90% (Fuente: Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, de acuerdo a Ley 24.557).”.- A su turno, la médica neuróloga -Dra.
María Gabriela Ferretti- advirtió entre otras cosas, la existencia de lesiones, atrofia, disminución en el tono muscular y ausencia de todas las modalidades sensitivas de miembros inferiores y ausencia de reflejos osteotendinosos. Asimismo, determinó que la paciente no podía mover sus piernas ni manejar sus caderas, lo que le condicionaba la formación de calcificaciones heterotópicas, ulsera por presión o decúbito, infecciones urinarias, absceso/fístula glútea y disfunción total en la esfera sexual.- Al ser consultada sobre las posibilidades de recuperación de la actora, la profesional expresó: “En atención al tipo de lesión medular completa (grave)… los estudios muestran una posibilidad de recuperación de tan solo un 2 a 3%.. el transcurrir del tiempo va en detrimento de las posibilidades de recuperación motora y sensitiva, por lo que a diez años del accidente y sin recuperación alguna, se puede determinar que las posibilidades de recuperación tienden a ser nulas”.- Por último, ante el interrogante sobre el grado de incapacidad concluyó: “Según el Baremo General para el fuero Civil de José Luis Altube-Carlos Alfredo Rinaldi a la fractura de columna dorsal operada con paraplejia residual le corresponde una incapacidad del 65%.” (v. fs. 121, Expte.
Nº 90.405/2011).-
De allí resulta que, ambos registros periciales son contestes con la existencia de verdaderas secuelas incapacitantes y, en lo que aquí interesa, estas fueron reconocidas por la Comisión Médica en el informe de fecha 13 de septiembre de 2010, en el que los profesionales establecieron que la Sra. T. tenía una incapacidad total y definitiva del 85% (v. fs. 75 del Expediente Administrativo Nº .../2004 caratulado como “Ministerio de Economía y obras Públicas s accidente de trabajo Sra. T. C. A.”).- Es desconcertante que, pese a la mayor contemporaneidad de todos esos dictámenes (2010, 2013 y 2014), en ocasión de fallar, el magistrado se haya valido -al solo fin de fustigar el argumento de la incapacidad total y permanente alegado por la actora- del documento obrante a fs. 1094 y de lo que estimó oportuno llamar “concepto moderno de discapacidad en el mundo”, cuando en la realidad dicho menoscabo y su importancia se encontraban ampliamente acreditados.- A partir de ello y de la evidencia colectada, la cuestión estriba en determinar a cuál de los porcentajes de incapacidad ha de estarse y propondré a tal fin la utilización del 85%. Primero, por guardar proporción adecuada con las estimadas por los peritos intervinientes, en base a la documental y examen físico de la Sra. T., nada de lo cual ha sido impugnado por las partes. Segundo, por haber sido el que dio fundamento al pago de la indemnización por accidente de trabajo ante su empleadora, mediante Disposición Nº 732/2010 (v. fs. 99 del Expediente Administrativo Nº .../2004).- V.A-ii).- Ingreso implicado para el período anual.-
En relación a este punto debo decir que, si bien el magistrado analizó parte del legajo laboral de la actora, lo cierto es que sólo se sirvió de ello para sostener que no correspondía hacer lugar a la pérdida de chance, pues la empleadora “en ningún momento se distrajo de su obligación de abonarle los salarios”.-
Empero, está claro que el presente no es un reclamo de naturaleza laboral y como ya he dicho, la indemnización por incapacidad sobreviniente está destinada no solo a reparar la disminución en la aptitud productiva sino también en la capacidad vital de la víctima, ambos detrimentos holgadamente probados.-
Aquí corresponde también hacer referencia a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el que dijo: “...la indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. Este daño específico se debe indemnizar aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Ello es así pues dicha disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso de que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando… en el ámbito del trabajo incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance" cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos: 331:570 y sus citas)." (cfr.
"Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris c/Prevención ART S.A. s/accidente - inc. y cas.", 10/08/2017, Fallo 340:1038).- Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que las partes no han sido claras en cuanto a la evolución de los ingresos de la Sra. T., teniendo en cuenta que, al momento del accidente, detentaba el cargo de Jefa... dependiente de la Subsecretaria... de la Pcia. De Santa Cruz, del que fue desafectada para ingresar al régimen de prestación de servicios y finalmente recibir el pase a planta permanente. Tampoco han producido prueba a fin de acreditar las diferencias salariales que pudo haber experimentado entre los períodos de actividad y de pasividad, ni sobre los ingresos contemporáneos a la sentencia, todo lo cual conduce a utilizar, como parámetro de referencia, el salario mínimo vital y móvil determinado por el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.- Ello se compadece también con el principio de reparación plena pues no podría admitirse que, merced del transcurso del tiempo que irroga la tramitación de los procesos, la suma originariamente estimada se vea licuada por las distintas variables y circunstancias económicas de nuestro país.
En este orden de ideas, no altera el principio de congruencia ni existe riesgo de arbitrariedad cuando el Magistrado -en la operación de selección de las variables- acude a los hechos acreditados y a la probabilidad de que ellos puedan mantenerse en el futuro.- Por lo demás, debe tenerse en cuenta que estamos en presencia de una deuda de valor y que el daño debe estimarse al momento de la decisión, aunque siempre con el fin de restituir a la víctima al estado anterior al acaecimiento del hecho que lo origina.-
Pues bien, de parangonar -aunque solo a fines ilustrativos- la proporción que guardaba el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha del accidente respecto de la remuneración de la Sra. T. en la misma época, surge que esta última era 2,7 veces mayor que la primera ($945,56, según consta a fs. 171 y $350, establecido por Decreto Nº 1349/03).-
En este sentido, haciendo mérito del cargo ostentado por la Sra. T. al momento del hecho, parece razonable fijar como variable el equivalente 2,7 veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia -septiembre de 2018- y que fue determinado por Res. Nº 3/18 en la suma de $10.700, lo que deriva en un ingreso comprometido de $28.890.-
V.A-iii).- Tasa de descuento.-
En este punto estimo razonable aplicar el criterio plasmado por esta Alzada en los antecedentes citados y ratificado muy recientemente en el fallo en autos caratulados: “Bonasso Maximiliano Andrés c/Lamas Martin s/ordinario (daños y perjuicios)”, Expte. Nº 12.742/09 (17.982/19) sentencia registrada al Tº CII - Sentencia- Rº 3454, proponiendo la utilización de una tasa de descuento del 4%.-
V.A-iiii).- Edad de la damnificada.-
Al momento del hecho, la edad de la Sra. T. era de 32 años (F.N.: .../.../1971) y se considerará una expectativa de vida hasta los 80 años.-
Sobre esta base cuantitativa, se tendrá en cuenta una diferencia promedio anual proyectada a producirse entre los 32 y los 40 años ($319.234,50), y los siguientes incrementos esperados -con una probabilidad del 100% de que acontezcan- del 30% de esos ingresos entre los 41 y 50 ($415.004,85) y otro a entre los 51 y 60 ($539.506,31).-
Ahora bien, desde los 61 a 70 años, con un 50% de probabilidad de que efectivamente se produzca, se prevé un incremento del 30% ($ 620.432,25) y de los 71 a 80 años, con un 30% de probabilidad de que ocurra ($707.832,27);
Edad Inicial para el cómputo 32 Porcentaje de incapacidad 85.00% Tasa de descuento 4.00% Indemnización VP ingreso inicial constante $6.766.217,01 Indemnización VP incrementos probables $2.974.256,52 Indemnización (ingreso const + incr probable) $9.740.473,53 Desde/Hasta Periodos anuales IAP (Ingreso Anual Proyectado) PROBABLES Incrementos IVE Valor esperado Ingreso IVE=IAPxProb II Ingreso implicado II=IVE x incapacidad 32 40 8 375.570,00 100% 375.570,00 319.234,50 50 10 488.241,00 100% 488.241,00 415.004,85 60 10 634.713,30 100% 634.713,30 539.506,31 70 10 825.127,29 50% 729.920,30 620.432,25 80 10 1.072.665,48 30% 832.743,85 707.832,27 Trasladadas estas variables a la hoja de cálculo que antecede resulta factible fiscalizar tanto los datos como el resultado, y analizar la representación gráfica de ellos y de la evolución prevista para el ingreso de la víctima. Allí, para cada año de edad del accionante la columna de la derecha representa el ingreso anual proyectado y la columna de la izquierda el valor esperado del ingreso (considerando aquí la probabilidad de que se produzca la variabilidad de las ganancias para cada franja temporal).- De este modo, se arriba a un capital total representativo de rentas frustradas de $9.740.473,53.-
Empero, teniendo en cuenta que bajo el presente agravio se mensuran también aspectos relativos a la “pérdida de chance” y demás perjuicios económicos no vinculados directamente a la productividad laboral de la actora pero sí con el costo que implica su sustitución, considero que la suma obtenida en el párrafo anterior debe ser incrementada en un 30% pues ello se compadece con la importancia e irreversibilidad de las secuelas determinadas en las pericias médicas analizadas, las intervenciones quirúrgicas a que debió ser sometida y el tiempo de recuperación, la asistencia y cuidados profesionales que su condición requiere, la propensión a la aparición de lesiones cutáneas (escaras), ulceraciones e infecciones en la zona afectada y los costos que su tratamiento implica, el quebranto en su vida de relación, particularmente en el seno familiar, con su pareja y sus hijos, quienes contrariamente al orden natural de la vida son los que proveen a su cuidado, todo de lo que resulta un adicional de $2.922.142,00.- Por los motivos expuestos, propongo la admisión del agravio deducido por la actora, elevando la partida en tratamiento, hasta la suma de $12.662.615,53. con más los intereses determinados en el fallo de primera instancia.-
V.B).- Daño moral, daño estético y daño psicológico.-
De acuerdo a lo que surge de la sentencia apelada, el magistrado de la instancia anterior estimó adecuado justipreciar bajo el rubro daño moral, las indemnizaciones peticionadas por la Sra. T. en concepto de daño psicológico, daño estético y daño moral propiamente dicho, fijando una suma total de $4.750.000.-
Esta cifra es cuestionada por ambas partes, una por considerarla excesiva, la otra insuficiente, no obstante, ninguna de las dos obtendrá el resultado pretendido pues -adelanto- la decisión debe ser confirmada.-
Es de destacar que la Sra. T. se queja del acogimiento de la acción por encima de sus pretensiones, pues según se extrae de la liquidación por ella practicada, al demandar cuantificó el daño moral, el daño psicológico (a su persona) y el daño estético en la suma total de $3.000.000. En tal entendimiento, la exigüidad con la que ahora califica al monto de condena debe considerarse infundada.-
Asimismo, he de desestimar lo manifestado por la demandada en cuanto a la presunta desproporción entre la cuantía reconocida y la entidad de los daños padecidos por la actora, pues el criterio de evolución en que se basa -afín con lo expresado por el a quo- ha sido ya descalificado, por no compadecerse con el verdadero cuadro de situación en que se encontraba la actora en tiempo más cercano a la sentencia.- Sin perjuicio de ello, es conveniente mencionar que sí resultan atendibles los cuestionamientos referidos al modo en que han sido abordadas las distintas pretensiones, teniendo en cuenta que la evidencia colectada ameritaba el tratamiento separado de los rubros detallados en la demanda, en particular, la que surgía de la prueba pericial practicada en extraña jurisdicción (v. fs. 57/68; 69/72vta.; 113/123 del Expte. Nº 90.405/2011), el dictamen de la Comisión Médica a fs. 75 del Expediente Administrativo Nº .../2004 y la prueba testimonial.- Ahora bien, no obstante el sesgo en la apreciación de la prueba que horadó la labor del Magistrado, debe estimarse que los perjuicios invocados por la actora bien pueden ser subsumidos dentro de las consecuencias no patrimoniales a que refiere el art. 1741 del C.C. y C.N. y que, además, las sumas reconocidas resultan realmente adecuadas con la gravedad de los padecimientos y secuelas que presenta la víctima, en la órbita estética, psicológica y moral tal como se explicará a continuación.- Al respecto, esta Excma. Cámara ha sentado criterio en cuanto que conceder más de lo pedido no importa incongruencia por ultra petita pues el magistrado se encuentra autorizado a estimar el quantum indemnizatorio en atención a la índole de la afección sufrida, y no queda obligado por la suma requerida pudiendo ser ésta mayor o menor a la reconocida. (cfr. Tº LXXXVIII - Sentencia - Rº 3173).-
En efecto, es por la naturaleza no patrimonial de este concepto que su traducción en términos económicos deviene sumamente dificultosa y, en definitiva, la decisión depende de la prudente ponderación que efectúe el sentenciante, con un criterio de equidad.-
En el caso concreto, la existencia cualitativa del daño psicológico y la necesidad de tratamiento encuentran solvencia en elementos que quedaron excluidos del fallo impugnado sin que mediare justa razón para ello. El más importante quizás, el exámen de psicodiagnóstico realizado por la Lic. María Inés Delgado en noviembre de 2012 de que se extrae: “…la Sra. T... vivenció un accidente… que repercutió ampliamente en su personalidad de base y en su estado anímico… El impacto ocasionado por el accidente y el cambio de vida que debió transitar, la llevaron a una desestructuración que se evidencia en la falta de cohesión de su identidad, el bloqueo en las asociaciones mentales y distorsiones de su imagen corporal, al igual que el surgimiento de sentimientos de inferioridad, inseguridad e inutilidad. Se observan indicadores de trauma… falla en la elaboración de la situación traumática vivida, como también un proceso de duelo patológico por la pérdida de la movilidad y sensibilidad de sus miembros inferiores, asociando eso último con aspectos de su identidad femenina que también tuvo que renunciar… se percibe en su discurso un elevado nivel de desesperanza, aspecto que la ha llevado a realizar tres intentos de suicidio. En todo el protocolo se observan indicadores de un estado de ánimo depresivo… La escala de desesperanza de Beck es un predictor de riesgo de suicidio, dado que indaga acerca de la visión de futuro. El resultado es 11, siendo el rango de 9 a 14 de riesgo moderado de suicidio” y concluye: “... siguiendo la clasificación del DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desordenes Mentales) la Sra. T. presenta un TRASTORNO ADAPTATIVO MIXTO, con ansiedad y estado de ánimo depresivo, de tipo crónico moderado F43.24. El diagnóstico expuesto requiere de un abordaje psicoterapéutico y psiquiátrico adecuado con el objetivo de ayudarla a elaborar aspectos de la experiencia traumática… y que al día de hoy le provocan angustia.” (v. fs. 60/62). La profesional sugiere duración mínima del tratamiento y estima un costo por sesión de $150, que se percibe desactualizado.- Es por ello que, a fin de justipreciar el monto indemnizatorio correspondiente a este rubro, he de ponderar lo dictaminado por la Comisión Médica a fs. 75 del Expediente Administrativo Nº .../2004, que dice: “Se evalúa su estado psicológico arribando a una incapacidad del 6% por RVAN con componente depresivo moderado”.-
En tal contexto, se estima que, por daño psicológico debe fijarse la suma de $584.428,40, en tanto responde al 6% del monto determinado por incapacidad sobreviniente.-
En cuanto al daño estético, son realmente concluyentes los detalles brindados a fs. 117 del expediente tramitado por Oficio Ley Nº 22.172 y las fotografías que lucen en el sobre de fs. 124, en tanto dan cuenta de numerosas cicatrices, a saber: en cara anterior de abdomen, a nivel inguinal, en las piernas, rodillas y talones. Además de la existencia de lesiones contemporáneas al momento de la evaluación física (2014).- En este punto corresponde meritar además que, por la irreversibilidad de la paraplejía, se encuentra probado que la Sra. T. deberá utilizar una silla de ruedas para movilizarse durante el resto de su vida, tal como lo viene haciendo desde el año 2004.-
Sin perjuicio de lo expuesto, en lo atinente al daño estético, esta Cámara ha adscripto al criterio de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto que aquel no constituye un perjuicio autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso (Fallos 305:2098; 321:1117, entre otros).-
Por su parte, en cuanto al daño moral y la dificultad que presenta estimar el grado de alteración espiritual que causa el acaecimiento de un hecho a una determinada persona, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la provincia tiene dicho que: “Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano, lo cual no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente...” (cfr. “T. S. R. c/Sanatorio San Juan Bosco S.A. s/daños y perjuicios”, Expte. Nº T-15.896/96 (T-1.822/11-TSJ); Tº XVI - SENTENCIA - T.S.J.S.C., Rº 557; Fº 3.151/3.159, sentencia del 18-09-2013).- En el caso en cuestión y de acuerdo a lo que se viene relatando no resulta difícil apreciar el grado de afección moral sufrido por la actora, teniendo en cuenta su edad, su condición de madre, esposa e hija, su jerarquía laboral y el contexto en que ocurrió el hecho dañoso.-
En lo particular, no encuentro elemento más destacable que el relacionado con las alteraciones esfintereanas y la disfunción total en la esfera sexual que la afecta desde los 32 años de edad (v. fs. 70 vta. y 120, expediente Nº 90.405/2011).-
A ello debe seguirle, aunque no por revestir menor relevancia, el distanciamiento que sufrió respecto de su hijo de tan solo 8 años, a raíz de su traslado e internación en la provincia de Buenos Aires, con más la imposibilidad de brindarle los cuidados diarios y asistirlo en todos los órdenes de la vida, tarea que debió ser encomendada a una tía.-
De los propios dichos de la actora a fs. 58 del expediente Nº 90.405/2011 surge que cuando volvió a su casa no había infraestructura adaptada para una silla de ruedas y que su marido debía cambiar sus pañales y los de su bebé. Expuso que su hijo más grande dejó de sonreír desde entonces y que no siente las caricias de su pareja.-
En la misma oportunidad narró que recibía asistencia para entrar y salir de la bañadera. Dijo expresamente: “…fantaseo con volver a usar tacos, ir al gimnasio…”.-
A fs. 71 vta. del expediente Nº 90.405/2011 surge que la Sra. T. “...presenta angustia crónica, desánimo y pocos deseos para vivir, temerosa para salir a la calle y pocas iniciativas para realizar las tareas cotidianas de su casa. Refiere presentar dificultades para sostener el sueño, siendo interrumpido el mismo por pesadillas de tipo traumático y en oportunidades aparecen imágenes tipo flashes del accidente.”.- A fs. 72 de las mismas actuaciones se desprende: “La actora se encuentra hipobúlica, con poca iniciativa y estimulación propia necesitando para realizar las tareas cotidianas (asearse, organizar su casa, alimentarse, trasladarse y dormir) la ayuda de terceros indispensable para su subsistencia.”.-
Asimismo, pueden citarse las declaraciones testimoniales recabadas en autos, a saber: C. I. V., a fs. 573/575 vta. dijo: “C. ahora está muy flaca… está muy deprimida… no puede salir mucho de su casa… no puede acompañar a sus hijos a la escuela… L. … hasta el día de hoy él le echa en cara que se haya ido de viaje de comisión y haya quedado así por doscientos pesos,… L. tiene ocho años…la cuida y la acompaña,...”. Principalmente, se destacan las respuestas a las preguntas 24º y 25º sobre la vida familiar de la actora antes del accidente, a las que la testigo contestó: “…C. manejaba la casa en ese tiempo porque el marido se iba al campo por su trabajo, entonces llevaba a sus hijos a la escuela, a L. a la guardería, a L. lo llevaba al Boxing, se ocupaba mucho de su abuela, era la encargada de llevarla al doctor, de realizar las compras, su abuelita tiene una pierna amputada, entonces ella la ayudaba mucho… iba al gimnasio, era una persona muy activa, le gustaba caminar por la ría.”.- A fs. 1158/1159 vta., el testigo C. R. V. dijo conocer a la Sra. T. desde antes del accidente y aseguró que: “...era completamente distinta.” y que: “...si bien ya tiene bastante manejo de la silla de ruedas, la mayoría de las cosas las debe hacer con la ayuda de su marido, como ir al baño, bañarse.” Asimismo dijo: “…es muy difícil verla porque no quiere atender a nadie, está todo el día en la cama.”.- Finalmente, a fs. 1214/1216 el Sr. C. L., al ser preguntado sobre el modo en que la Sra. T. se desenvuelve en su vida, dijo: “Con mucha dificultad a raíz de que tiene que estar en la silla de ruedas, tienen que llevarla al baño, bañarla y ponerla dentro de la bañera y sacarla de ella, no puede desplazarse de ninguna manera y a raíz de lo delicado de su salud perdió fuerza”. Luego, respecto de sus aflicciones dijo: “Las preocupaciones que tiene es de los hijos, el marido, la casa… tiene las aflicciones de toda mujer cuando no puede hacer absolutamente nada y es dependiente para todo”.- Del repaso de la prueba reunida surge diáfana la existencia de un profundo y grave menoscabo en la autonomía de la Sra. T., en su intimidad y en los diversos roles que desempeñaba a nivel familiar y social, en su mayoría insustituibles por la intervención de un tercero y, por ende, de incidencia incalculable en términos de mercado.-
Todo ello conduce a que la suma destinada a repararlo deba ser valorada con criterio de equidad y atendiendo al alcance con que ha sido justipreciada por quien lo sufre cotidianamente.-
En este orden de ideas, y si bien la cuantía reclamada por estos dos conceptos -daño estético y moral- pudo haber sido considerada excesiva al tiempo de la interposición de la demanda, lo cierto es que a la fecha de la sentencia aquella devino realmente insuficiente, máxime teniendo en cuenta que la entidad del perjuicio quedó develado luego de producida la prueba de autos.-
Debo referirme entonces al criterio de cuantificación seleccionado por el legislador, pues conforme se desprende del art. 1741, el monto de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales debe fijarse contemplando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, lejos ello de vincular las decisiones futuras de la víctima sino al solo efecto de proveerla de una cuantía que responda cierta y proporcionalmente al menoscabo sufrido.- En precedentes de esta Excma. Cámara a que me he referido más arriba, se han citado ya las directrices ensayadas por el doctrinario Rodolfo Martin Zavala González para ponderar estas satisfacciones (v. Zavala de González, Rodolfo M., “Satisfacciones sustitutivas y compensatorias”, RCyS 2016 [noviembre], 17/11/2016, 38, TR LALEY AR/DOC/3436/2016).-
Entre sus postulados, el mencionado jurista indica que “el daño moral no se cuantifica, sino que se cuantifica la satisfacción”. En tal sentido, afirma que lo que hay que medir en números no es el daño sino las satisfacciones que puede lograr cada indemnización. En idéntico sentido, señala que es menester “individualizar la satisfacción proporcional (y después cuantificarla)”, por cuanto la norma presupone individualizar los medios de goce a conceder e identificar los bienes con los cuales se va a suministrar el consuelo.- Y ello, en razón de que: “En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba 'el precio del dolor' para aceptarse que lo resarcible es el 'precio del consuelo' que procura la 'mitigación del dolor de la víctima a través de los bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias'; se trata 'de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado', de permitirle 'acceder a gratificaciones viables', confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena.” (cfr.
Galdós, Jorge Mario, en Lorenzetti, Ricardo Luis [Director], Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, pág. 503).- En el sub lite, la actora no ha individualizado bienes concretos que consideraría aptos para procurar su consuelo y ello tiene sentido pues, al momento de interposición de la demanda este parámetro de cuantificación no estaba previsto. En tal entendimiento, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 166 del C.P.C. y C. y dentro de los marcos de la razonabilidad y prudencia, este suscripto considera apropiado fijar la indemnización teniendo como referencia el precio de plaza actual de un automóvil adaptable para personas con discapacidad, el cual tiene un precio de venta asignado para un automotor marca Audi, Modelo Q3, Version Quattro TFSI Advance (180cv) (http://www.acar.org.ar), en $8.025.525, conforme surge de la conversión de su valor en dólares estadounidenses (u$s 67.300) al momento del dictado de esta sentencia -junio 2022- según el precio de venta minorista de dicha divisa ($119,25).- Debe destacarse que para la eventual adquisición del automotor la actora se encontraría amparada por el beneficio reconocido mediante ley Nº 19.279, que le acuerda una bonificación de hasta el 50% del precio (cfr. art. 3), resultando así que la suma reconocida en la instancia anterior se ajusta a los parámetros de cuantificación exigidos por el nuevo texto legal, deviniendo absolutamente oportuna su confirmación.- Por todo lo expuesto, considero que por daño psicológico corresponde asignar una indemnización de $584.428,40, mientras que por daño moral, comprensivo del daño estético, se estima justa y equitativa la suma de $4.165.571,60, todo lo cual compone la suma originalmente reconocida y deriva -ahora- de una apreciación razonable de los elementos probatorios arrimados a la causa.-
V.C).- Reparación pretendida por los hijos.-
Bajo este apartado propiciaré el acogimiento de los agravios de los hijos de la víctima, L. H. y L. N., ambos de apellido A. y, en consecuencia, el reconocimiento total de los daños no patrimoniales por ellos reclamados.-
Oportunamente, la pretensión fue deducida por la Sra. T. en representación de sus hijos menores, quienes habiendo adquirido la mayoría de edad durante la sustanciación del pleito, apelaron la decisión del a quo de excluirlos con fundamento en el derogado art. 1078 C.C.-
Sucede que el magistrado de la anterior instancia, pese a haber advertido que al momento de fallar se encontraba vigente el nuevo Código Civil y Comercial (v. fs. 1716 vta.), optó rechazar la pretensión de L. y L. por aplicación de la norma derogada, sin dar razón a este contradictorio parecer.-
Precisamente, así como la cuestión relativa a la independencia de la acción civil respecto de la penal fue resuelta a la luz de lo previsto por el art. 1774 y sgtes. del C.C. y C.N., la planteada por los hijos de la Sra. T., en tanto consecuencia de una situación jurídica existente (cfr. art. 7del C.C. y C.N.), debió serlo de conformidad a lo normado por el art. 1741 del C.C. y C.N., que reconoce el derecho de los descendientes a reclamar la reparación de daños no patrimoniales derivados de la grave incapacidad de los ascendientes, como son los que los coactores invocan.- En relación a ello el Dr. Adrián Gros dijo: “Los hijos menores padecen afecciones psicológicas relacionadas directamente con el estado de salud de su madre, la paraplejia y estado depresivo grave de la misma (secuelas del accidente de autos)… Las afecciones psicológicas de los menores están estrechamente relacionadas al estado físico y psíquico de su madre… Los menores requieren tratamiento psicoterapéutico individual.” (v. fs. 77 y vta. del Expte.
Nº 90.405/2011).- Coinciden con este cuadro de situación los testimonios de la Sra. C. I. V. y los Sres. C. R. V. y C. L... . Por caso, la primera señaló: “L. es un adolescente que tiene muchos problemas de conducta a raíz de que tuvo ese accidente… L. es un nene con muchos miedos,… es un niño muy tímido, retraído…”. Más adelante, al ser indagada sobre las aflicciones de los hijos, dijo: “De L. es si alguna vez volverá a caminar su mamá, que es lo que le prometieron, de L. es que no se muera su mamá porque la vio muy deprimida”. Por último, sobre la adaptación de los niños a la vida en Buenos Aires, expresó: “Fue muy difícil al principio, porque C. estaba internada en el Fleming, y ellos vivían en... con su abuela, L. era un bebé de un año y meses y L. extrañaba su escuela, estudiaba en el Colegio..., le costó muchísimo adaptarse a su nueva escuela, tampoco entendía mucho la situación de C. y no se animaban a decirle que ella no podría caminar, cuando se enteraron, a los tres meses aproximadamente, fue muy duro para ellos.” (v. fs. 573/575).- A su turno, el Sr.
V. depuso sobre el vínculo de la Sra. T. con su hijo mayor y dijo: “...es una relación complicada, es un adolescente y tiene una relación conflictiva, ambos hijos sufrieron el desarraigo de C., no se si tanto con ella pero sí en los ámbitos de sociabilización, colegio y demás. De los dos hijos L. es el más distante de C. Todo esto a partir del accidene, ya que después del accidente C. no los ha casi visto durante un año, estuvo mucho internada y no la podían ver, después la trasladan acá y a la familia la trasladaron mucho después.”. Luego, sobre el más pequeño resaltó: “...no se le despega a C. También está con tratamiento psicológico porque tiene miedo de no volver a verla, cuando sufre el accidente L. … queda al cuidado de unas tías y de la abuela, y está muy pendiente de su madre a diferencia de L.”.
Asimismo, destacó graves problemas de inserción y sociabilización en ambos. (v. fs. 1158/1159 vta.).- Por su parte, el Sr. L., al ser preguntado por la adaptación de los menores luego de haberse mudado de ciudad, dijo: “La adaptación no es buena, sabe que extrañan, ello por el desarraigo que tuvieron y lo demuestran con el estado de ánimo muy malo.”. Se expresó también respecto del vínculo de la Sra. T. con uno y otro hijo y señaló: “…se vincula bien, pero está en un estado muy depresivo. L. es el mayor y repitió el año escolar, por lo afligido que está, a pesar de que es un chico inteligente.”. En cuanto a L. dijo: “...él está en un estado peor que el del hermano mayor, porque se encierra como en un estado de mutismo.” Finalmente destacó que: “La gran preocupación de los menores es el estado de salud de la madre.” (v. fs. 1214/1216).- Ha quedado probado que, luego del accidente, la actora debió encomendar el cuidado de sus hijos a terceros y que, a los fines de recibir adecuado tratamiento, debió mudarse con ellos a otra ciudad, alterando su centro de vida.
Surge también indubitado que aquello repercutió en la esfera de desarrollo escolar y social de los niños y también en el vínculo materno-filial. Por último, está acreditado que el estado de salud de la Sra. T., específicamente lo relativo a su estado anímico, incrementó los miedos y preocupaciones de los hijos, socavándoles la plenitud de la infancia y adolescencia.- Estos padecimientos dan cuenta de la existencia de un verdadero perjuicio en la esfera extrapatrimonial de los coactores, derivados de las graves secuelas incapacitantes de la Sra. T. determinadas, a partir de este pronunciamiento, en un 85%.-
Sucede que, deducida la pretensión antes de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento, tampoco obra especificado, respecto de los coactores, bienes concretos que se considerarían aptos para procurar su consuelo y, a diferencia de lo que ocurre con la madre, no es posible determinar de qué manera proveerles un placer compensatorio. Precisamente, porque no puede perderse de vista las edades actuales de L. y L. y la innegable variación que sus intereses habrán experimentado a lo largo del tiempo, todo lo cual dificulta la tarea de hipotetizar sobre el destino que habrán de darle sumas demandadas.- Ahora bien, está claro que este magistrado no puede apartarse del criterio legislador para la cuantificación del daño moral, sin embargo ello no empece a que, al momento de precisarlo, pueda acudir a otros elementos -como es la suma demanda- en razón de situación del damnificado.-
Al respecto se ha dicho que: “Es un error considerar que cuando el juez complemente fundadamente el estándar que fija la ley -del cual no puede prescindir- con otros aditamentos que contribuyan a modularlo de manera más precisa y concreta, en función de la real situación del damnificado, se esté apartando o soslayando la solución legal… lo lógico es que a partir de aquel razonamiento inicial que ella propone -procurar placeres compensatorios a una persona media- el juez pueda y deba necesariamente ajustar su razonamiento a la realidad del caso concreto. Porque está juzgando casos concretos y no situaciones abstractas.” (cfr. Pizarro, Ramón D., Cuantificación judicial de la indemnización del daño moral. Las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, LA LEY 23/09/2020, TR LALEY AR/DOC/2371/2020).- En tal entendimiento, estimo adecuado ponderar especialmente la suma peticionada en la demanda y fijar, a favor de L. H. y L. N., ambos de apellido A., la suma de $1.100.000 con más los intereses determinados en la sentencia de primera instancia para los demás rubros indemnizatorios.-
V.D).- Costas al codemandante vencido.-
El Estado Provincial entiende que los litisconsortes de la Sra. T., en tanto resultaron vencidos en sus pretensiones, deberían cargar con las cosas generadas por su intervención en el proceso o bien soportarlas en proporción al éxito obtenido por cada litigante.-
Ahora bien, la procedencia de esta pretensión recursiva sólo podrá ser analizada en lo concerniente al Sr. V. G. A. pues, a partir de lo resuelto en el apartado anterior, los hijos de la Sra. T. revisten ahora la calidad de vencedores.-
En tal contexto, sobre la participación del Sr. A. en el proceso han de formularse dos aclaraciones: 1) que su comparecencia no se limitó al ejercicio de su propio derecho sino que además se orientó también a la legítima defensa de las prerrogativas de sus hijos menores, y que éstas -a la postre- fueron reconocidas; 2) que si bien la pretensión deducida por derecho propio fue rechazada, la ínfima proporción que aquella representa frente al capital de condena impiden calificarlo como parte vencida.- En tal entendimiento, corresponde confirmar la decisión adoptada por el a quo en materia de costas, las que deberán ser soportadas, en su totalidad, por la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y el SR. J. T. G.-
Por todo lo expuesto, corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Sra. C. T. y, en todas sus partes, el deducido por L. H. A. y L. N. A., rechazando el recurso promovido por la Provincia de Santa Cruz, con costas a esta última por el principio objetivo de la derrota.-
En consecuencia, se compone positivamente el fallo de primera instancia haciendo lugar, parcialmente, a la demanda incoada por la Sra. C. A. T. y, en todas sus partes, a la promovida L. N. A. y L. H. A.; condenando a la Provincia de Santa Cruz y al Sr. J. T. G. a pagar a la Sra. T. la suma de $17.412.615,53 y a sus hijos la de $1.100.000, todo ello con más los intereses calculados a tasa pura (6%) desde el momento del hecho -17 de mayo de 2004- y hasta la fecha de la sentencia -21 de septiembre de 2018- y a tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde esta última fecha y hasta su efectivo pago; rechazando la demanda promovida por el Sr. V. A., eximiéndolo del pago de costas (cfr. art. 68 del C.P.C. y C. in fine).- - - - - - - - - - Por los fundamentos expuestos, Voto pues, a la segunda cuestión PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la tercera cuestión el Dr. Lerena dijo:
Sin perjuicio de los recursos de apelación deducidos por los letrados beneficiarios y por la parte condenada en costas, tratándose de una cuestión de orden público, he de declarar la nulidad de la regulación de honorarios efectuada en la anterior instancia por no responder a los parámetros establecidos en la ley Nº 3330.-
En efecto, conforme surge del art. 18 de esa ley: "Los honorarios de los abogados de la parte que resultare vencedora, total o parcialmente, por su actividad durante la tramitación del asunto o proceso en primera instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria serán fijados entre el dieciocho por ciento (18%) y el veintitrés por ciento (23%) del monto del proceso previamente actualizado, en base a la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento comerciales,... Los honorarios del abogado de la parte vencida serán fijados entre el trece por ciento (13%) y dieciocho por ciento (18%) del monto del proceso previamente actualizado…".- Esto quiere decir que, a partir de la aplicación de los porcentajes máximos y mínimos sobre el monto del proceso o sobre el valor de bienes de apreciación pecuniaria, según corresponda, la regulación de honorarios debe arrojar un resultado económico expresado en moneda nacional y no un nuevo porcentaje no previsto en la ley o, lo que es peor aún, a aplicarse sobre una base incierta.-
Es que en el presente caso no surge siquiera cuantificado el monto base para la regulación y por ende, la legalidad y razonabilidad del resultado a que conduciría este nuevo porcentaje deviene realmente indeterminable.-
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que la ley arancelaria establece en sus arts. 72 y 74 la obligación de notificar los emolumentos personalmente o por cédula al domicilio real del cliente, bajo pena de nulidad. Ello significa que el legislador privilegió el conocimiento cabal del cliente respecto de los honorarios regulados, expectativa que solo puede concretarse si estos se expresan en un valor determinado, es decir en un resultado económico en moneda nacional, no así si constituye un porcentaje de un monto base que desconoce.- En atención a lo expuesto y de conformidad con lo preceptuado por el art. 278 del C.P.C. y C., corresponde adecuar el monto de los honorarios regulados en la instancia anterior, estableciendo como base para su cálculo el monto de condena, con más los intereses determinados en la sentencia, que arrojan al 21 de septiembre de 2018 un total de $34.458.824,63.-
Sobre esa base y haciendo mérito del carácter en que intervinieron los profesionales de una y otra parte, de acuerdo a los parámetros establecidos en el art. 18 de la Ley de Aranceles, para los letrados de la gananciosa los estipendios han de determinarse entre un mínimo de $8.683.623,81 (34.458.824,63 x 18% + 40%), y un máximo de $11.095.741,53 (34.458.824,63 x 23% + 40%).-
Por la parte perdidosa, los honorarios profesionales han de fijarse entre el monto mínimo de $4.479.647,20 (34.458.824,63 x 13%) y el monto máximo de $6.202.588,43 (34.458.824,63 x 18%).-
Ahora bien, el cuadro arancelario que arriba se detalla me conduce a efectuar un análisis económico de la decisión a adoptar, pues debo sopesar que, el monto mínimo de honorarios para los apoderados de la parte gananciosa -actualizado al día de la fecha- asciende a $23.563.647,11 y podría correlatarse en una regulación de honorarios, por la actuación en esta segunda instancia, mayor a $3.000.000, sin que la desproporcionada cuantía que resulta de sumar ambos importes pueda considerarse razonablemente fundada en la importancia de la labor desarrollada, o en el resultado obtenido.- Ante este panorama y en ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 1255 y 730 del C.C. y C.N., deviene justo y oportuno el desplazamiento de los parámetros fijados en la ley de aranceles y la consecuente determinación de una retribución equitativa, fijando como tope para la regulación de los honorarios de los/las letrados/as de la parte actora gananciosa, el equivalente al 25% del monto del proceso, esto es: $8.614.706,16.- Asímismo, teniendo en consideración que por dicha parte han intervenido distintos letrados, se hace saber que el monto ha de distribuirse entre todos ellos (cfr. art. 21, ley Nº 3330) de acuerdo a las etapas cumplidas (cfr. art. 59, ley Nº 3330).-
Que los Dres. A. A. B. y R. L. L. intervinieron como apoderados sólo en parte de la primera etapa (interposición de demanda a fs. 15/23 y hasta fs. 65 y vta.). Luego de ello se presentaron como apoderados la Dra. M. M. T. (v. fs. 74) y el Dr. R. I. (v. fs. 82). Dicha participación se mantuvo durante la segunda etapa, en la que se incorporó por un breve lapso el Dr. J. P. G. (v. fs. 432 y 483) y, en calidad de patrocinante suscribió tres cédulas (v. fs. 454, 455 y 456). La Dra. T. hizo su última intervención durante la etapa de prueba (v. fs. 1228) y luego de ello el Dr. I. se presentó con el patrocinio de la Dra. A. M. G. (v. fs. 1234). En la tercera etapa se mantuvo únicamente la intervención del Dr. I.- En tal entendimiento, dada la naturaleza del juicio, importancia, calidad y eficacia de los trabajos realizados, corresponde regular a los Dres. A. A. B. y R. L. L., en forma conjunta, la suma de $1.435.784,36, con más el I.V.A. si correspondiere.-
Por su parte, a la Dra. M. M. T. se le regula la suma de $1.423.944,36 y al Dr. R. I. la de $5.731.297,44, ambos con más el I.V.A. si correspondiere.-
Por último, al Dr. J. P. G. y a la Dra. A. G., se estima justo fijarles la retribución mínima establecida en la ley arancelaria, por haber intervenido en calidad de patrocinantes en los actos procesales indicados, en el equivalente a 8 JUS, esto es -al 21 de septiembre de 2018- la suma de $11.840 para cada uno, con más el I.V.A. si correspondiere.-
En lo que respecta al litisconsorcio pasivo, en el presente proceso intervinieron: 1) por el Sr. J. T. G., los Dres. D. C. M. y J. L. P.; 2)Por el Estado Provincial los Dres. C. J. R., E. G. L. y A. B. A.; 3) Por el ISPRO las Dras. S. Z., M. V., S. A. S., V. N. A. y A. B. G.-
Resulta que, en relación a la citada en garantía, ha llegado firme y consentida a esta instancia la imposición de costas por su orden, atento que la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el ISPRO se fundó en el incumplimiento por parte del asegurado de la carga de denunciar el siniestro y/o la interposición de la demanda a la aseguradora, todo lo cual se declaró inoponible a los accionantes.- En tal contexto, no habiendo mediado condena en costas a la parte contraria, la regulación de honorarios a las apoderadas del ISPRO deviene improcedente en virtud de lo normado por el art. 2 de la ley Nº 3330.-
Mismo temperamento corresponde adoptar respecto al Fiscal de Estado y los letrados apoderados de la Provincia de Santa Cruz, por ser parte vencida en costas (Ley Provincial Nº 3.438).-
Resta entonces que me expida sobre los honorarios de los Dres. D. C. M. y J. L. P. que intervinieron en calidad de patrocinantes en distintas etapas del proceso, sin que ninguno de ellos haya producido el alegato propio de la tercera. Por lo que, dada la naturaleza del juicio, importancia, calidad y eficacia de los trabajos realizados le corresponde a cada uno de ellos la suma de $746.608, con más el I.V.A. si correspondiere (cfr. art. 21, ley Nº 3330).-
Para los honorarios de la segunda instancia debe estarse a lo establecido por el art. 24 de la ley N° 3330, en cuanto dispone: "Por las actuaciones correspondientes a segunda o ulterior instancia, se regulará del veinticinco por ciento (25%) al treinta y cinco por ciento (35%) de la cantidad que se fije para los honorarios en primera instancia. Si la sentencia apelada fuere revocada en todas sus partes en favor del apelante, el honorario de su letrado se fijará en el treinta y cinco por ciento (35%). Los porcentajes anteriores se aplicarán, una vez actualizado el monto regulado en primera instancia de acuerdo a las pautas de los Artículos 18 y 29 de la presente ley.".- Bajo esta premisa, a la determinación estipendial fijada en el apartado que antecede ha de aplicársele la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina hasta el momento de la determinación de los emolumentos en la segunda instancia.-
Así, teniendo en cuenta el resultado del recurso de apelación y que la base de cálculo actualizada al día de la fecha asciende a la suma de $15.560.701,80, corresponde regular los honorarios del Dr. R. I., por su intervención en esta instancia, en la suma de $4.668.210,54 con más el I.V.A. si correspondiere.-
En cuanto a la regulación de honorarios de los letrados apoderados de la Provincia de Santa Cruz, por ser parte vencida en costas, declárase improcedente (Ley Provincial Nº 3.438).-
- - - - - - - - - Por los fundamentos expuestos, Voto pues, a la tercera cuestión por la NEGATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El Dr. Arenillas por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta tercera cuestión.- - - - - - - - - VIII.- Obiter dicta.-
Agotada que ha quedado la materia impugnada, entiendo oportuno referirme a la reprobable metodología de fundamentación utilizada por el magistrado de la instancia anterior cuando, al abordar el tratamiento de la pretensión resarcitoria de una víctima de accidente de tránsito, con secuelas de evidente gravedad, decide acudir al recurso de la comparación sin ninguna perspectiva humanitaria ni de género y, como si esto fuera poco, a conceptos que realmente sorprenden por su inactualidad y a normas derogadas, sin correlato en los pronunciamientos que, en materia de cuantificación del daño, ha dictado esta Cámara y confirmado el Tribunal Superior de Justicia.- Debe advertirse que en el fallo apelado, si bien el a quo reconoció la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y -en efecto- determinó que en materia de prejudicialidad penal era aplicable el art. 1774 del C.C. y C.N., al adentrarse en los rubros pretendidos por la Sra.
T. y sus hijos escogió un rumbo incierto, sustituyendo todo el sistema de responsabilidad civil por un criterio propio.- Así, el magistrado, luego de disertar de manera genérica acerca de conceptos tales como “personas absolutamente incapaces o absolutamente discapacitadas” o “persona CON discapacidad” y de las barreras actitudinales o comunicacionales que podrían -presuntamente- influir en las limitaciones físicas, se aventuró a concluir sin más que: “para poder afirmar que una persona posee una discapacidad total, absoluta y permanente significa que la persona prácticamente tiene que estar postrada, en coma, en un centro médico” (v. fs. 1721 vta. primer párrafo).- Esta premisa -vale decir- carente de todo rigor científico, se percibe absolutamente desconectada del concepto de daño resarcible y de los principios que inspiran al sistema de responsabilidad civil (entre los que se encuentra el de reparación plena y el de integridad de la persona humana de los que ya hable al inicio del presente estudio) y fue utilizada -pura y exclusivamente- para acoger el argumento defensivo del Estado Provincial y relativizar la pretensión actoral.
De ello me persuado al leer el siguiente párrafo: “Una persona con discapacidad física, en este caso producto de una paraplejía puede realizar una gran cantidad de actividades, tanto en lo social, familiar como laboral y bajo ningún punto de vista puede ser considerada como una persona incapaz, total absoluta y permanente.”.- Estas afirmaciones no son otra cosa que meras apreciaciones subjetivas, despojadas de la razonabilidad que el pronunciamiento jurisdiccional requiere y de la ponderación de los hechos probados en el proceso.-
En verdad, el magistrado no hizo referencia a prueba concreta ni a ningún estudio que le permitiera formular tales aseveraciones, sino que pretendió que ello se colija de los numerosos ejemplos de personas que, pese a padecer parálisis en sus miembros inferiores, han triunfado en la ciencia, el deporte y la política, tal como lo señalara la demandada a fs. 332 vta. cuando se refirió al caso de la Sra. G. M.- Esto merece especial mención, pues si bien al momento de contestar el emplazamiento de ley la demandada pudo -y de hecho lo hizo- efectuar un paralelismo entre la situación de la actora y la de otra mujer, madre y -si se quiere- funcionaria pública, que fue víctima de severas lesiones a causa de un accidente de tránsito, lo cierto es que, al tiempo de la sentencia, el juez no debió obviar el sinnúmero de elementos probatorios que demarcaban concretas y notables diferencias entre el caso de la Sra. T. y el de la ex Vice Jefa de Gobierno porteño (vgr. su contexto socio-económico; su formación académica) y que, sin lugar a dudas, la hacían incomparable con el Sr. Stephen Hawking y demás celebridades citadas.- De cualquier manera, me resisto a pensar que el común denominador a que el juez atribuyó trascendencia haya sido la silla de ruedas, porque eso revelaría un menosprecio extremo a la situación descripta por la actora y avalada por los profesionales en su condición de mujer, trabajadora, madre de dos niños pequeños y sostén de familia.-
En efecto, las generalizaciones y comparaciones en que incurre el juez resultan verdaderamente humillantes y carecen de toda perspectiva de género, pues para el reconocimiento de una reparación sensible era clave apreciar la profundización de la vulnerabilidad a que se vio sometida la Sra. T., a raíz del evento dañoso. Y en esto debo ser enfático, es necesario entender que no existe aún una igualdad real entre hombre y mujer (formal y sustancial), es por ello que la plenitud del resarcimiento exigía ponderar que los derechos involucrados eran los de una mujer joven y madre que, a propósito de un accidente automovilístico, sufre una gran discapacidad que la afecta en todas sus instancias vitales.- Al respecto, cabe destacar el art. 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, referido especialmente a las mujeres: “1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.”.- No parece ocioso recalcar que el juez no ha hecho un mínimo esfuerzo para garantizar el goce de tales derechos, siquiera se refirió a la regla del art. 1746 C.C. y C.N. y se limitó a determinar, en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente, una suma elegida al arbitrio, sin describir el proceso que lo llevó a dicho resultado ni las variables utilizadas para su cálculo, si es que hubo alguno.- Esta circunstancia reviste suma gravedad pues importa la asunción -desenfadada- por parte del juez de un aparente acceso personalísimo a algún procedimiento superior para lograr resultados correctos. Un procedimiento que no se podría describir en una sencilla, transparente y democrática fórmula (cfr. Acciarri, op. cit.).-
El magistrado tampoco fundó la cuantía reconocida por daño moral y desconoció la modificación introducida por el nuevo ordenamiento en materia de legitimación activa para reclamar las consecuencias no patrimoniales (cfr. art. 1741 del C.C. y C.N.), rechazando la acción promovida por los hijos de la Sra. T. en virtud de una norma derogada.-
Por último, optó por referirse al Sr. A. como concubino, concepto este peyorativo que fue eliminado del nuevo texto legal y reemplazado por el de conviviente.-
Estos defectos, de innegable entidad, impidieron al juez emitir una decisión razonablemente fundada y a la víctima del daño obtener una indemnización que se compadezca con el principio de reparación plena. Por ello, corresponde hacer saber al magistrado de la instancia anterior que, en lo sucesivo, deberá adecuar sus pronunciamientos a la ley vigente, a los antecedentes de esta Cámara de Apelaciones y del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y -sin excepción- a los estándares de género y de derechos humanos de orden público nacional e internacional.- Atento que las anomalías constatadas gravitan de manera disvaliosa sobre el desempeño de su deber de magistrado, corresponde remitir copia de la presente y de las partes pertinentes de autos al Excmo. Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento y efectos, de conformidad con las atribuciones que le confiere a esta Excma. Cámara de Apelaciones el art. 46, inc. 5 de la Ley Uno (t.o. ley 1600) de la Provincia de Santa Cruz.- Asimismo, a fin de integrar el proyecto para el análisis y difusión de las decisiones que involucran los derechos humanos de las mujeres, remítase copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia.-
- - - - - - - - - - A la cuarta cuestión el Dr. Lerena dijo:
Atento el sentido de mi voto a las anteriores cuestiones propongo el dictado del siguiente pronunciamiento: 2º) Declarar desierto el recurso interpuesto por el Sr. V. A. a fs. 1752; 3º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la Sra. C. A. T. a fs. 1752; 4º) Hacer lugar al recurso deducido por L. H. y L. N. A. a fs. 1751 y 152; 5º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Santa Cruz a fs. 1758; 6º) Revocar los puntos III y IV de la sentencia obrante a fs. 1712/1732 que se compondrán positivamente de la siguiente manera: Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. C. A. T. y, en todas sus partes, a la promovida L. N. A. y L. H. A. Condenar a la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y AL SR.
J. T. G. a abonar a la Sra. T. la suma de Pesos Diecisiete Millones Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Quince con Cincuenta y Tres Centavos ($17.412.615,53) y a sus hijos la suma de Pesos Un Millón Cien Mil ($1.100.000), todo ello con más los intereses calculados a tasa pura (6%) desde el momento del hecho -17 de mayo de 2004- y hasta la fecha de la sentencia -21 de septiembre de 2018- y a tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde esta última fecha y hasta su efectivo pago; Rechazar la demanda promovida por el Sr. V. A. por derecho propio, eximiéndolo del pago de costas; 7º) Declarar la nulidad de la regulación de honorarios de primera instancia, determinando que por la labor desarrollada en esa etapa corresponde a los letrados de la parte actora, Dres.
A. A. B. y R. L. L., en forma conjunta, la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($1.435.784,36), Dra. M. M. T. la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Veintitrés Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($1.423.944,36), Dr. R. I. la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta y Ún Mil Doscientos Noventa y Siete con Cuarenta y Cuatro Centavos ($5.731.297,44), Dr. J. P. G. y Dra. A. G., la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Cuarenta ($11.840) para cada uno, en todos los casos con más el I.V.A. si correspondiere; a los letrados de la parte vencida, Dres. D. C. M. y J. L. P. para cada uno de ellos, la suma de Pesos Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ocho ($746.608) con más el I.V.A. si correspondiere; 8º) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida (cfr. art. 68 del C.P.C. y C.); 9º) Regular los honorarios del Dr.
R. I., por su intervención en esta instancia, en la suma de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Diez con Cincuenta y Cuatro Centavos ($4.668.210,54) con más el I.V.A. si correspondiere; 10º) Efectuar un severo llamado de atención al Sr. Juez de grado, Dr. Marcelo H. Bersanelli, quien en lo sucesivo deberá adecuar sus pronunciamientos a la ley vigente, a los antecedentes de esta Cámara de Apelaciones y del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y -sin excepción- a los estándares de género y de derechos humanos de orden público nacional e internacional, ello de acuerdo a lo advertido en los considerandos de la presente; 11º) Remitir copia de la presente y de las partes pertinentes de autos al Excmo.
Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento y efectos. A tal fin, líbrese oficio; 12º) Remitir copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia; 13º) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta cuarta cuestión.- - - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 27 de junio de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Aceptar la excusación deducida por el señor Juez de esta Excma. Cámara de Apelaciones, Dr. Eduardo Gabriel López.-
2. Declarando desierto el recurso interpuesto por el Sr. V. A. a fs. 1752.-
3. Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación promovido por la Sra. C. A. T. a fs. 1752.-
4. Haciendo lugar al recurso deducido por L. H. y L. N. A. a fs. 1751 y 17152.-
5. Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Santa Cruz a fs. 1758.-
6. Revocando los puntos III y IV de la sentencia obrante a fs. 1712/1732 que se compondrán positivamente de la siguiente manera: Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. C. A. T. y, en todas sus partes, a la promovida L. N. A. y L. H. A. Condenar a la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y AL SR. J. T. G. a abonar a la Sra. T. la suma de Pesos Diecisiete Millones Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Quince con Cincuenta y Tres Centavos ($17.412.615,53) y a sus hijos la suma de Pesos Un Millón Cien Mil ($1.100.000), todo ello con más los intereses calculados a tasa pura (6%) desde el momento del hecho -17 de mayo de 2004- y hasta la fecha de la sentencia -21 de septiembre de 2018- y a tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde esta última fecha y hasta su efectivo pago; Rechazar la demanda promovida por el Sr. V. A. por derecho propio, eximiéndolo del pago de costas.-
7. Declarando la nulidad de la regulación de honorarios de primera instancia, determinando que por la labor desarrollada en esa etapa corresponde a los letrados de la parte actora, Dres. A. A. B. y R. L. L., en forma conjunta, la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($1.435.784,36), Dra. M. M. T. la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Veintitrés Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($1.423.944,36), Dr. R. I. la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta y Ún Mil Doscientos Noventa y Siete con Cuarenta y Cuatro Centavos ($5.731.297,44), Dr. J. P. G. y Dra. A. G., la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Cuarenta ($11.840) para cada uno, en todos los casos con más el I.V.A. si correspondiere; a los letrados de la parte vencida, Dres. D. C. M. y J. L. P. para cada uno de ellos, la suma de Pesos Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ocho ($746.608) con más el I.V.A. si correspondiere.-
8. Imponiendo las costas de esta instancia a la parte demandada vencida.-
9. Regulando los honorarios del Dr. R. I., por su intervención en esta instancia, en la suma de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Diez con Cincuenta y Cuatro Centavos ($4.668.210,54) con más el I.V.A. si correspondiere.-
10. Efectuando un severo llamado de atención al Sr. Juez de grado, Dr. Marcelo H. Bersanelli, quien en lo sucesivo deberá adecuar sus pronunciamientos a la ley vigente, a los antecedentes de esta Cámara de Apelaciones y del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y -sin excepción- a los estándares de género y de derechos humanos de orden público nacional e internacional, ello de acuerdo a lo advertido en los considerandos de la presente.-
11. Remitiendo copia de la presente y de las partes pertinentes de autos al Excmo. Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento y efectos. A tal fin, ofíciese.-
12. Remitiendo copia de las presentes (previa anonimización) al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género dependiente del Tribunal Superior de Justicia.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
Fdo: Carlos E. Arenillas - Presidente, Diego Lerena - Juez, ante mí: Norma E. González, Jefe de Despacho a cargo de Secretaría.-
Protocolización electrónica: A10141S.221 Tomo: CIV Sentencia: 3486 Folio Nº: 86/114 Secretaria: 1
Fin de la sentencia