Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 142.063
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación presentada por el Defensor Particular, Dr. Marcelo H. Caremi II. Por mayoría, hacer lugar al planteo de la defensa, sin costas; declarar extinguida la acción penal con respecto a A.T.I.N., y dictar su sobreseimiento respecto de los hechos que se le atribuyeron en este legajo.
III. Regular los honorarios del defensor particular interviniente, Dr. Marcelo H. Caremi (T° XXVI, F°300 del C.A.S.I.), por el desarrollo de su labor profesional en esta sede en la suma de quince (25) “Jus”.
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 7.5, 8.1 y 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.3 y 14.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 40, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 59 del Código Penal; 323 inciso 1, 450, 454, 459, 460 530 y 531, del Código Procesal Penal; 9, 16 y 31 de la ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 142063 (IPP 0500-34605-13) caratulada “A.T.I.N S/ RECURSO DE CASACIÓN (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 1 de julio del año 2025, los doctores Daniel O.
Testti, Matías J. Rouco y Andrea G. Schiebeler, Jueces del Tribunal de la Responsabilidad Penal Juvenil nº 1 del departamento judicial de La Matanza, resolvieron I) No hacer lugar a la extinción de la acción penal por prescripción por exceso del plazo razonable, II) Pronunciar veredicto condenatorio respecto de A.T.I.N., por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (artículos 45, 119, párrafo tercero del Código Penal), perpetrado en fecha y hora indeterminada, en el período comprendido del 21 al 28 de febrero del año 2006, en la localidad de V. L., partido de La Matanza, en perjuicio de A.N.R.T. y III) Diferir la cuestión relativa a la imposición material de la sanción penal (arts. 4 inciso 3° y 8 de la ley 22.278).
Contra dicha resolución, el Defensor Particular, Dr. Marcelo Hernán Caremi, interpuso el recurso de casación con fecha 5 de agosto de 2025.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El Tribunal de Casación conoce en la revisión de sentencias definitivas, o equiparables, en materia criminal, ya sea que la dicte el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o el Juzgado de Garantías del Joven. En el caso, se dictó veredicto condenatorio respecto de A.T.I.N., por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (artículos 45, 119, párrafo tercero del Código), perpetrado en fecha y hora indeterminada, en el período comprendido del 21 al 28 de febrero del año 2006, en la localidad de V. L., partido de La Matanza, en perjuicio de A.N.R.T. por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil nro. 1 del Departamento Judicial de La Matanza; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 22, 24 y 26 del CPP, tratándose de materia criminal, corresponde que intervenga el tribunal de casación.
Por lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP; arts. 61 y 62, ley 13.634).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
En primer lugar, el impugnante renueva su reclamo relativo a la insubsistencia de la acción penal. Critica el temperamento del Tribunal por acudir a normas de derecho interno para responder planteos de orden convencional, pues, en su oportunidad, citando los artículos 7.5 y 8.1 de la CADH, y 9.3 y 14.3 del PIDCyP hizo expresa referencia a la violación a juzgar en plazo razonable, y trajo a colación los cinco años en los que la causa estuvo paralizada desde la vista del artículo 338 del CPP, sin que en ese lapso se hubieran producido contingencias ni incidencias, sumado a que se trataba de un caso sencillo sin complejidades. En ese camino, cita las pautas establecidas por el TEDH seguidas por la Corte IDH y la CSJN “Genie Lacayo vs.
Nicaragua” entre otros, y asevera que aquí no existió ninguna situación para que la causa se demorara. Añade que el motivo de agravio se profundiza aún más, pues, a partir de la demora incurrida fallecieron dos testigos relevantes como una psicóloga y abuela de la víctima. En ese aspecto, contempla los 19 años desde que ocurrieron los hechos, la muerte de la licenciada Cappuccio y la señora Soban, aunado a que otros testigos no pudieron ser habidos, y dice que se vio impedido de ejercer su función y que, con cita del fallo de la CSJN “Benítez” se opuso a la incorporación por lectura de la declaración de la psicóloga, insistiendo en esta etapa sobre ello. Considera, que, en el contexto aludido, por la duración del proceso y la legislación internacional aludida correspondería declarar la nulidad de la sentencia.
Seguidamente, cuestiona la manera en que se descartó la aplicación del artículo 1° de la ley 22.278. Que se buscó certeza respecto a la fecha de los hechos, sin considerar que al momento de la denuncia se dijo que el damnificado tenía 4 o 5 años de edad, y cuando se postuló la inimputabilidad del acusado (el 30/8/2013), la denunciante, con patrocinio letrado, expuso que el mismo, a la fecha de los abusos contaba con16 años de edad. Que, a tal fin, usó como punto de referencia su cumpleaños al que habrían concurrido la víctima y su hermana, lo cual fue desmentido en el debate. Narra que debe tenerse en cuenta el tiempo transcurrido y que la víctima desde el 2006 al 2012 no mencionó los hechos, y luego sostuvo firmemente ese detalle del cumpleaños.
Respecto al día en que comenzaron las clases en el 2006, cuestiona las inferencias del Tribunal, como así también las conclusiones extraídas de los careos entre la víctima y su hermana con el imputado y hermana. Que apareció la misma arbitrariedad en torno al viaje en vacaciones del imputado que lo aleja de los hechos endilgados, lo cual fue acreditado por testigos y una foto que no tiene fecha porque en esa época la tecnología era diferente a la actual. Con todo ello, afirma que el damnificado mintió en un pasaje importante de la acusación como es la concurrencia al cumpleaños de su primo, y que por ello no puede aseverarse que el acusado fuera punible a la fecha de la presunta comisión de los hechos.
Asimismo, señala la absurda valoración de la prueba para acreditar la existencia del hecho. Que se ponderó la declaración de la víctima, pero sin contemplar el resto de las circunstancias que le quitaban valor. En torno a ello, indica que mediante la transcripción parcial y arbitraria de las diferentes declaraciones resultara dificultoso a la Sala aplicar adecuadamente la doctrina emanada del fallo “Casal” de la CSJN. Puntualiza que el Tribunal incumplió su deber de motivar su sentencia, efectuó una enumeración de la prueba acumulada, transcripciones parciales, prescindiendo de ponderar el acierto o no de las peticiones formuladas. Regresa a la declaración de la víctima y su valoración, y dice que se acreditó que mintió sobre lo que concurrió al cumpleaños del acusado y que le contó a su abuela de los abusos.
Agrega que debe tenerse en cuenta la situación familiar de violencia crónica que atravesaba y que resulta curioso que en el caso el supuesto agresor no acudiera a amenazas para perpetrar sus hechos. Suma a ello discordancia en los meses, pues, en el debate A., habló del mes de marzo. A su vez, enumera algunas carencias en la validación del testimonio (SVA) como producción desestructurada, cantidad de detalles, descripción de interacciones, detalles pocos usuales, entre otros. También entiende que resulta llamativo el comportamiento posterior del por entonces niño, puesto que pasaron 6 años de los hechos sin que nadie advirtiera nada. En relación al acusado, expone que resulta curioso que de un día para otro dejara de atacar sexualmente a sus primos.
Además, relata que por su peso corporal de ese momento debió hacerle daño, y sostiene que debe tenerse en cuenta que negó los hechos y se sometió a las pericias que se le indicaron. En este sentido, concluye que no existió un claro disparador para la revelación, nadie de su círculo íntimo sospechó nada y se comprobó que A. mintió. Por otro lado, indica que se le dio excesiva relevancia a los informes psicológicos que nunca pueden dar certeza de la ocurrencia de los hechos, y que existen estadísticas que detectaron historias falsas de abusos sexuales, mientras que trae a colación un precedente de este Tribunal de Casación en el que se hizo referencia a cómo se compatibiliza el principio de inocencia y la valoración de los jueces de las probanzas con las que cuentan, entre ellos las pericias psicológicas.
A partir de lo expuesto, solicita que se declare la extinción de la acción por excesiva e irrazonable duración del proceso; en subsidio la nulidad de la sentencia por violación al debido proceso y derecho de defensa en juicio, al valorar prueba testimonial dirimente sin control de la defensa, e impedir un adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio dada la excesiva e irrazonable duración del proceso; en su caso que se declare la inimputabilidad en razón de la edad de su defendido o, se revoque la declaración de responsabilidad por la arbitraria y sesgada valoración de la prueba, y en consecuencia se absuelva a su defendido.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi se pronunció por el rechazo del recurso de casación interpuesto.
i.- Cuestión previa. Prescripción por violación a ser juzgado en un plazo razonable.
El Código Penal prevé en el artículo 62 que: “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación … 2) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años…”, mientras que en el artículo 63 establece que “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse, mientras que en el 67, párrafos cuarto y quinto aparecen los actos interruptivos del curso de la prescripción de la acción penal: “… a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
Sentado ello, teniendo en cuenta que los hechos endilgados a A.T.I.N. fueron calificados como abuso sexual gravemente ultrajante, mediando acceso carnal –artículo 119 segundo y tercer párrafo del Código Penal que tiene una escala penal que parte en seis años hasta quince años de prisión o reclusión, tenemos que la acción penal se encuentra plenamente vigente.
En efecto, de acuerdo lo detalla el Tribunal, la fecha en que se ubicaron los hechos fue entre el 21 y el 28 de febrero de 2006, la radicación de la denuncia, se produjo el 16 de mayo de 2013, declaración del imputado a tenor del artículo 308 del C.P.P. el 2 de marzo de 2016, la requisitoria de elevación a juicio el 7 de diciembre de 2017-, la elevación a juicio el 4 de junio de 2018 y la citación a juicio el 7 de noviembre de 2019-, mientras que el veredicto condenatorio que ahora impugna fue dictado el 1 de julio de 2025.
Con todo ello, habiéndose producido múltiples actos interruptivos de la prescripción válidos, la acción penal se encuentra plenamente vigente. Sin embargo, ante ello, el defensor cree encontrar un camino alternativo en la violación al plazo razonable citando los artículos 7.5 y 8.1 de la CADH, 9.3 y 14.3 del PIDCyP y el 15 de la Constitución de la Provincia.
De todas maneras, en contra de lo sostenido por el impugnante, el Tribunal también abordó la cuestión desde esa perspectiva sopesando las “… innumerables contingencias e incidencias procesales en orden a la gravedad objetiva de los hechos atribuidos y planteos de diversa índole por los distintos actores del proceso (v.gr., incidencias por recusaciones diversas, incidentes de apelación, incidentes de competencia, incidentes de sobreseimiento, incidencias reiteradas en los términos del art. 326 del C.P.P., entre otros)…”, contemplando, además los lineamientos fijados por la C.I.D.H., en los casos “Genie Lacayo”, del 29-1-1997, y “Suárez Rosero”, del 12-11-1997, esto es: complejidad del asunto, actividad procesal interesado, conducta de las autoridades judiciales.
En esta temática, la Corte Interamericana, por un lado, ha dicho que “el principio de plazo razonable, al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la CADH tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente…” –“Suárez Rosero v. Ecuador”, sent. Del 12 de noviembre de 1997 (fondo), párr.70).
Sin embargo, también sostuvo que “…la función de los órganos judiciales no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que deben además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de la víctima o de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección de los derechos humanos…” –“Bulacio v. Argentina, sent. Del 18 de septiembre de 2003 (fondo, reparaciones y costas), Parrs. 114 y 115”-.
Dicho con otras palabras, lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones es compatibilizar los derechos e intereses en juego, de los imputados y los damnificados.
Acerca de lo sostenido por el defensor, en torno a que luego de la vista del artículo 338 del C.P.P. del 7/11/2019 la causa estuvo paralizada por cinco años, y que durante ese lapso no se produjo ninguna contingencia ni incidencia procesal, soslaya que justamente las complicaciones e inconvenientes fueron producto de la pandemia del COVID-19.
Luego, las aseveraciones referidas a que por las demoras incurridas sobrevinieron la muerte de dos testigos que aparecían como relevantes para su teoría del caso, más allá del temperamento procesal asumido por el Tribunal, me refiero a la incorporación por lectura de sus declaraciones, no encuentro que pueda ser el fundamento para la extinción de la acción o su insubsistencia, correspondiendo al órgano jurisdiccional resolver el hecho con la prueba disponible, pero no dar por terminado el proceso como pretende el recurrente.
Por lo tanto, en el entendimiento de que el impugnante insiste en sus propias razones, sin refutar las acertadas respuestas brindadas por los jueces del Tribunal, corresponde desechar por improcedente el pedido de extinción de la acción penal por prescripción o por violación del plazo razonable (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 7.5, 8.1, 8.2.h y 25 de la CADH, 9.3 y 14.3 del PIDCyP; 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
ii.- Valoración probatoria.
Con independencia de la garantía procesal que establece la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación. Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal tuvo por acreditado por acreditado que: “en fecha y hora indeterminada, en el período comprendido del 21 al 28 de febrero del año 2006, en el interior del terreno ubicado en la calle A. nro. xxxx de la localidad de V. L., partido de La Matanza, un sujeto del género masculino, de 16 años de edad, abusó sexualmente de A.N.R.T., de ocho años de edad, accediéndolo carnalmente vía anal y realizando tocamientos libidinosos que por el sometimiento existente por los roles que ocupaban dentro de una estructura familiar y la naturaleza de las acciones, resultaron ser gravemente ultrajantes”.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación.
Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario.
En muchas ocasiones -como en autos-, no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional ("entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados" conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 - Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 "Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación," sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Por ello, corresponde mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por esta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A-Quo reconstruya los hechos imputados con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 "Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación" del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 "Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación" del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
La palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba muy importante en el proceso penal, más aún en casos en los que el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso, situación que se acrecienta en circunstancias de convivencia y ante relaciones que suponen ser de cuidado y protección.
La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima pueden surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la víctima abusada, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuye a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios de abuso sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
En el caso juzgado contamos con una particularidad que no resulta menor, dado que se trata de dos víctimas que sindican a su primo A.T.I.N. como el que los agredió sexualmente, me refiero a los hermanos A.N.R.T e I.A.R.T, sin perjuicio de que, para la segunda el Juez de Garantías se declaró incompetente en razón del territorio, prosiguiendo el trámite sólo por el primero.
Considero que ello de alguna manera potencia la imputación, pues, en ambos jóvenes los psicólogos y peritos intervinientes encontraron indicadores de abuso sexual, descartando signos de fabulación o animosidad en su relato.
De acuerdo a la prueba rendida los hechos se produjeron en la quinta de la señora D. S. abuela materna del acusado y la víctima, quien de alguna manera lideraba la familia por cuestiones económicas y posicionamiento dentro del establecimiento educativo que administraban, en la que había cuatro casas –una para cada familia-. El grupo familiar es propietario del I. M. M. de V.
M., dentro del cual ejercen diversas funciones los integrantes de la misma, entre ellos, actualmente la víctima y el acusado. Se destacó la relación conflictiva entre toda la familia, saliendo a la luz el tema de los abusos sexuales de A. e I. quienes un tiempo antes le habían revelado a su progenitora sus vivencias, lo cual no hizo más que profundizar los conflictos. Sobre ello se expidió la madre de A. y hermana de A., madre del acusado, S. M. T. S., quien expuso que se enteró de los hechos a mediados del 2012, revelándoselos primero I. y unos días después A. Los sucesos se produjeron en vacaciones de verano cuando quedaban al cuidado de la abuela y en diciembre de ese mismo año comenzaron tratamiento psicológico con la licenciada Cappuccio.
Aseveró que quiso tocar el tema con su familia, pero fue imposible, negando que hubiera sido en momentos en que discutían temas económicos y expuso que finalmente radicó la denuncia en mayo de 2013.
Sobre la fecha en que se habrían producido los hechos, detalló que A. le contó que tenía 4 años cuando empezaron, y dijo no recordar si en el 2006 el imputado y su familia se fueron de vacaciones, como así tampoco si concurrió a algún cumpleaños de A.T.I.N., no siendo ello habitual.
Por su parte la víctima A.N.R.T., con 27 años de edad declaró en el debate y detalló que todos vivían en casas separada en la quinta de su abuela, la primera era la de su tía A., mamá de A.T.I.N., la segunda la de su abuela D. y la tercera, contigua a ésta, la suya. Recordó que desde los seis años de edad y por unos dos años más fue víctima de abuso sexual por parte de su primo, sucediendo ello en verano en su pieza o en otra parte de la vivienda. Mencionó uno en su cama en la que le pidió sexo oral y después le hizo bajar los pantalones “se acostó encima mío y me penetró”, mientras que el último de los cuatro que existieron fue en el lavadero de la casa del imputado detallando que lo hizo acostar en el piso y repitió la penetración.
Adujo que esa vez tenía ocho años, fue en el mes de marzo aproximadamente “no había tanto calor”, siendo después de su cumpleaños, aclarando que luego de ello no se repitieron más, se veían en algún evento familiar, pero se rompió el vínculo entre los diferentes grupos. Indicó que en esa época se llevaban bien entre los primos, y que A.T.I.N., al ser el más grande, los demás le hacían caso. Aseguró que le quiso contar a su abuela D. lo ocurrido y ésta le dijo “bueno vos no digas nada”, y años más tarde se lo confesó a su madre.
Asimismo, puntualizó que fue a cuatro cumpleaños de A.T.I.N., siendo el último el de 16, en su casa, en enero, acotando que lo recuerda porque en esa época es el suyo también, y que fueron con su mamá, hermana y hermanito. Dijo recordar el número de la torta que le quedó grabado.
Respondió que no sabía si su primo solía de irse de vacaciones en esos años y a la defensa le explicó que habló con su abogada sobre cómo era el proceso y que ésta le indicó que “sólo que diga la verdad de todo lo que te acuerdes y así lo hizo”.
Sin perjuicio de que la este proceso se limita a la porción de hechos con relevancia penal que tiene como víctima a A., su hermana, en calidad de testigo declaró también en el debate cuando ya contaba con 28 años de edad.
I.A.R.T coincidió con su hermano en que los hechos comenzaron como “un juego” que A.T.I.N. llamaba “ubi, ubi”, que primero fueron manoseos y luego paulatinamente llegó a accederla carnalmente por la vagina y el ano, y memoró que su hermano le contó que a él le tocaba el pitito, la cola, y jugaban a ese mismo juego. Ubicó la finalización de los abusos en el 2006, entre enero y febrero, usando como referencia el cumpleaños de su hermano, coincidiendo con éste en torno a los cumpleaños del acusado, deteniéndose en el de 16 por el número de “River”, al que concurrieron también su madre, tía A., su prima H. –hermana del acusado- y fue al aire libre.
Coincidió con su hermano en torno a que hablaron con su abuela de los hechos y ésta les aconsejó que no dijeran nada.
Como suele suceder en esta clase de delitos, el aporte de los psicólogos aparece como relevante, y no porque nos puedan indicar que el hecho efectivamente ocurrió, sino porque, aplicando diversas técnicas y procedimientos propios de su ciencia, detectan o descartan indicadores e informaciones para que el juez, junto al resto del material probatorio pueda tomar su decisión.
Como declaró la madre de A, unos meses después de tomar conocimiento de los hechos efectuó una consulta con una psicóloga Carmela Cappuccio con la que sus hijos hicieron tratamiento hasta que la profesional falleció un año antes del debate.
Durante la investigación, la profesional presentó una serie de informes que le fueron requeridos e incorporados por lectura. El 7-5-2013, la profesional detalló que la madre de I. y A. y de por entonces 16 y 15 años edad respectivamente, efectuó una consulta profesional, debido a que en medio de un conflicto familiar de larga data se enteró que sus hijos fueron abusados unos 8 años antes por su primo A.T.I.N. (de 22 años en ese entonces).
Que en la reunión acusaron a sus hijos de mentirosos, detallando que la relación entre S. y su hermana A. nunca fue buena, y que la abuela ejercía un rol dirigente, manejando a la familia con su herencia, siendo acusada de encubrir los sucesos denunciados.
Ante el relato de la madre, efectuó un psicodiagnóstico con los jóvenes empleando las técnicas de dibujo libre, persona, árbol, casa (con sus respectivos cuestionarios), pareja, familia Kinética, Bender y Cuestionario Desiderativo.
En lo que respecta a A., en el contexto de la entrevista, le dijo que tendría de 5-6 años cuando comenzaron los hechos, y terminaron cuando tenía 7/8, y siempre fueron en la casa de él y una vez en la pileta. Habló de ese juego llamado “uhi, uhi” y que le pedía que le hiciera sexo oral y lo penetraba analmente, sin recordar si tenía erección u orgasmo, pero sí que le dolía.
Explicó que era como una imposición “A.T.I.N. me decía que tenía que hacer lo que él me decía porque él era más grande y yo lo tenía que respetar”. Que tenía miedo que alguien los viera, y que una vez su abuela D. los sorprendió y A. le dijo que le había pegado y por eso lloraba.
Señaló la superioridad de edad del agresor, el respeto que le generaba a A., quien era tímido y cerrado, y que no lo vivía como algo placentero sino sucio, lo cual lo fue razonando con el paso de los años, cuando empezó a sentir culpa.
Expuso que trató de hablarlo con su abuela D.
quien le “que cerrara la boca porque si no iba a arruinar la relación familiar”, temiendo hablar con su mamá suponiendo que enojaría, y que recién en 2011 lo pudo comprender porque “hasta ese momento trataba de tener la mente en blanco”, acotando que con su hermana hicieron un pacto de no decirlo nunca, aunque él lo rompió al hablarlo con su abuela y recién en 2012 I. hizo lo propio con su mamá.
Admitió que se sintió aliviado cuando lo pudo develar y que siente mucho enojo y rechazo hacia A.T.I.N.
Se incorporó por lectura la declaración de la licenciada Carmela Lucía Josefa Cappuccio efectuada el 30-10-2014 –más adelante me referiré sobre la exclusión propiciada por el defensor-, quien reconoció el informe antes reseñado, y sobre los indicadores que detectó, explicó que tiene mucha experiencia en la temática lo cual le permite hallar síntomas no solamente verbales sino también corporales en una víctima de algún delito contra la integridad sexual, sumado a que efectuó un psicodiagnóstico para A. e I.
Mencionó la angustia y culpa por no habérselo contado antes a la mamá, reincidencia en sueños del episodio. Evocó que los acusaba de mentirosos y ello potenció su angustia.
Añadió que con el tratamiento los chicos comenzaron a describir los hechos con mayor claridad y precisión, iniciándose los mismos cuando A. cinco años y once meses y A.T.I.N. catorce años, arribando a esa conclusión por medio de preguntas y referencias, como grado al que iban, y ese detalle de que se produjeron durante tres veranos.
Respecto al último episodio, I. lo ubicó en L. F., y A. cuando tenía 8 años, mientras que en ese entonces A.T.I.N. tenía 16 años, y de a poco fueron finalizando “no les pidió más que jueguen a este juego”, aunque éstos ya se iban revelando a lo que les pedían.
Expuso que, si bien el imputado influía en ellos por su edad, A. era el que le hacía más caso.
En el final de su declaración detalló que los chicos con A.T.I.N., tenían una relación de respeto y miedo, siendo una relación de poder asimétrica, los trataba mal, en forma descalificadora.
Tuvo en cuenta el Tribunal el informe psicológico del licenciado Julio P. Cegarra, del C.T.A. de La Matanza del 5-12-2013 incorporado por lectura en el que surge que administró el Test de Bender y el Test de la Persona bajo la lluvia para ambos hermanos, y en lo que aquí concierne a A., quien estaba por cumplir 16 años, le contó que estaba haciendo tratamiento psicológico con la licenciada Carmela Cappuccio, y que le detalló los hechos de la misma manera que a los demás interlocutores con los que se entrevistó, y que habrían acontecido entre sus 7 y 9 años de edad.
En lo relativo a los puntos periciales informó que:
a) su discurso impresiona como lúcido, coherente y orientado en tiempo y espacio; b) presenta indicadores de abuso sexual infantil, siendo el principal de ellos su propio relato que, en líneas generales, resulta creíble; c) se han detectado indicadores de trastornos emocionales, que podrían estar asociados a diversas situaciones, incluido un abuso sexual infantil; d) A.N.R.T. ni se encuentra en condiciones de prestar declaración testimonial. Asimismo, valoró la pericia psicológica de la licenciada María Elisa Cella, Perito Oficial del Departamento Judicial La Matanza, del 5-12-2016.
La experta informé las técnicas administradas (Entrevista Diagnóstica; Test Guestáltico Visomotor –Bender-; H.T.P. (Casa, Árbol, Persona); Test de la Persona Bajo la Lluvia; Test del Árbol; Test de Frases Incompletas de Sacks; Cuestionario Desiderativo; Test el de Rorschach), y concluyó que “En estudio del presente caso, se encontraron convergencias y recurrencias de indicadores intra e intertest de una estructura de personalidad lábil con indicadores depresivos y de haber atravesado una situación de tipo traumática”, mencionando expresamente indicadores compatibles con haber sido víctima de abuso sexual como: la negación (mecanismo por el cual el sujeto se niega a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias subjetivas), la proyección (el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo atribuyendo incorrectamente a los demás sentimientos, impulsos o pensamientos propios que le resultan inaceptables); el retraimiento (mecanismo defensivo que consiste en el replegamiento sobre sí mismo y alejamiento de la realidad para refugiarse dentro del mundo de las fantasías, esta defensa le permite al individuo escaparse de la realidad dolorosa sin distorsionarla); y la evitación (implica escapar, retirar o posponer temas que resultan desagradables al yo ya que el afrontarlos supone experimentar una desagradable vivencia personal). No es un dato menor que la profesional no detectó indicadores compatibles con la fabulación.
Asimismo, la perito social, licenciada Elda Ivonne Allen, del C.T.A. el 4-12-2013 acompañó un amplio informe en el que hizo referencia a cómo funcionaba la familia extendida de la víctima, la manera en que se produjo el develamiento de los hechos, del daño que les produjo a los niños de que los catalogaran de mendaces, destacándose que el relato de los mismos, una vez más fue conteste con el que antes y después efectuaron ante otras personas, mencionando ambos ese “pacto de silencio” que hicieron.
En ese momento A. tenía quince años, usó la palabra violación, aunque primero fueron manoseos cuando estaba en la casa o en la pileta o en el parque y después empezó a penetrarlo, terminando los padecimientos cuando su primo cumplió los dieciséis. Corroboró que quiso buscar ayuda con su abuela –violando el pacto de silencio-, y que una vez su mamá le comentó “que pasaría si volvían a tener relación de familia con A.T.I.N., yo me negué”, y decidió confesarle todo. La profesional coincidió con los demás peritos en que el acusado habría ejercido poder sobre ambos niños de manera simultánea, favorecido por el entorno familiar, y que ambos hermanos se contaron mutuamente sus vivencias y acordaron de la manera aludida, mientras que el intento de revelación del joven con su abuela no tuvo el efecto deseado.
Con todo ello, me refiero a: el accionar del primo, la negación de la abuela y la escasa alerta familiar posicionaron a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad y generando un vínculo particularmente estrecho entre ambos, siendo que la revelación de lo sucedido no conllevó a una denuncia inmediata, apareciendo mezclado con temas familiares.
Desde el otro lado se encuentra la versión del imputado que niega enfáticamente las conductas endilgadas, sumado a la gente de su entorno que, además, aseguran que, en el periodo determinado en la base fáctica, aquél se encontraba de vacaciones en otro lugar, por lo que jamás podrían haberse producido.
A.T.I.N. relató que era un hombre de bien, honesto, que trabaja con chicos en una escuela desde hace muchos años y que no hizo nada de lo que se lo acusa, tratándose de una conspiración que comenzó cuando su abuela decidió desarmar los bienes, recordando el secuestro de su hermana y que, decían que la iban a devolver en pedacitos, habiendo muchos problemas de codicia con el tema de las propiedades y división de bienes.
Acusó a V. –pareja de su tía- de haberlo agredido en la calle y que su abuela lo discriminaba por ser gordo, llegando al extremo de pegarle con un palo en la mano por comer un postrecito, asegurando que en realidad todos son damnificados.
Exhibió foto y reprodujo audios de conversaciones recientes con su tía, en los que se saludaban por las fiestas, o se pedían favores, considerando que en realidad no pueden volver todo para atrás, pero que fue todo armado.
Finalizó diciendo que en la actualidad su madre y su tía están aliadas por la repartición de bienes y su tío que se quedó con el campo, mientras que a él le hicieron una cama.
El padre del acusado, R. M. A., contó que se enteró de la denuncia porque J. V. –pareja de la madre del damnificado-, lo increpó a la salida de la escuela y señaló que su hijo le negó la acusación. Indicó que en 2006 ya estaba separado de la madre de A.T.I.N., quien pasaba días con ambos, siendo que ese año se fueron de vacaciones a San Bernardo, acompañados también por la empleada doméstica M. R. y la hija de esta, permaneciendo la primera quincena de febrero y al finalizar fueron a su casa en Lanús hasta fin de mes.
Negó que los cumpleaños festejaran comunitariamente y narró que, en enero de 2006, A.T.I.N. con su hermana H., un compañero y su madre fueron a Mar del Tuyu, y después con él a la citada localidad hasta el 18-2-2006 en que volvieron a su casa hasta fin de febrero, unos días antes de comenzar las clases.
La madre del imputado, A. E. T., hizo referencia a la relación familiar disruptiva, mencionando a su madre como la que ejercía el poder promovía la confrontación, manteniendo ella una mala relación con su hermana, y que lo máximo fue la denuncia que derivó en este proceso. Nombró a la pareja de S., J. L. V., quien le pegó a su hijo llamándolo violador y que en sus palabras, manipulaba a su hermana. Recordó que por el año 2005/2006 habían sufrido el secuestro de su hija H. y por eso estaba viviendo con el padre. Coincidió con su ex pareja en torno a que fueron con sus hijos pasar la Nochebuena, Navidad y Año nuevo a Mar del Tuyu, y se quedaron hasta el 15-1-2006, y que el 2 de ese mes llegó un amigo de su hijo “D.”, y como al otro día era el cumpleaños de 16 le regaló una gorra de “River”.
Se exhibió la fotografía de fs. 175, incorporada lectura en la que se ve a su hijo con ese elemento en la cabeza, en momentos en que estaban reunidos en una pizzería.
Añadió que regresaron el 15 de enero, y primero dijo que A.T.I.N. se quedó dos días, pero después se corrigió y aclaró que el mismo día se fueron ambos con su padre a Lanús, y se quedaron con él padre hasta que empezaron las clases, los primeros días de marzo, o la segunda semana.
Negó que se festejaran los cumpleaños, y que ella nunca concurrió a uno de su sobrino, ni aquél a uno de A.T.I.N. Reconoció otra foto del egreso estudiantil del acusado, argumentando que sufría de obesidad de toda la vida, a los 16 años pesaba 150 o 170 kg, habiendo concurrido al programa de TV “xxx”. Indicó que A.T.I.N. no tenía relación con sus primos, se juntaba con sus amigos que incluso eran más grandes que él. En el final de su declaración, aclaró que, en la primera semana de marzo, del 3 al 5 o como mucho el 8 arrancaban las clases en esa época, y que “hasta una semana antes del comienzo su hijo estuvo con su padre.
La hermana del imputado H. T. A. T., relató que el tema de los abusos surgió en una reunión familiar convocada por su abuela por la separación de bienes a cada uno.
Coincidió con su familia en torno a lo que hicieron en las vacaciones de 2006, la foto en la pizzería el día del cumpleaños de su hermano y en que nunca hicieron un festejo con la familia ampliada. Detalló que hasta el 15-1-2006 se quedaron en Mar del Tuyu y ella se volvió antes, mientras que A.T.I.N. habrá estado un día en la quinta de su abuela y después se fueron con su padre a San Bernardo y cuando volvieron se quedaron en Lanús, hasta unos días antes que comenzaran las clases en que su hermano volvió con su mamá. Corroboró el viaje a Mar del Tuyu, la testigo M. R.
C., quien señaló que su hijo D. fue invitado a ese viaje, y lo hizo en micro el 2-1-2006 llevándole una gorra de “River” como regalo de cumpleaños a A.T.I.N., mencionando por su cuenta la existencia de una foto en una pizzería.
Ello fue también ratificado por D. S. S., aunque dijo que ese festejo de cumpleaños de su amigo, en realidad cumplía 18 o 19.
Finalmente, le respondió al Fiscal que después de regresar volvió a ver al acusado una o dos semanas más tarde, en su casa de San Justo, cuando estaban arreglando una pileta.
Cabe señalar que respecto al acusado se llevaron a cabo una serie de pericias en las que también se encontraron datos relevantes.
En el informe psiquiátrico-psicológico de parte del 10-4-2004, acompañado por el defensor anterior, se hace referencia al funcionamiento altamente disfuncional del grupo familiar, con gran índice de agresividad y la abuela de A.T.I.N. ejerciendo el poder y el dominio sobre los integrantes desde lo económico y afectivo.
El profesional negó en el examinados indicadores de perversión o conductas relacionadas con un perfil de abusador sexual, señalando que “Más allá de la veracidad de los dichos de los implicados lo que surge es que estos jóvenes hoy, niños antes son todos víctimas de una gran disputa familiar en donde no importa utilizar a los mismos a fin de obtener el beneficio buscado”.
Luego, la licenciada Ana Victoria Maimone, Perito Psicóloga de la Asesoría Pericial, efectuó dos pericias con el mencionado.
En la primera, enumeró las técnicas utilizadas:
Entrevista clínica psicológica individual semidirigida; Test Guestáltico Visomotor de Bender; H.T.P. (Casa, Árbol, Persona); Test de la Persona bajo la lluvia; Cuestionario Desiderativo; Test de Rorschach, y entre las conclusiones sobresale que observó un joven “…con dificultades en lo relacional afectivo, provocando una personalidad inmadura en este aspecto. Se ven indicadores coincidentes con rasgos de personalidad narcisista como manera de enfrentar al mundo”; “Se hallaron indicadores que develan que no anticipa adecuadamente las consecuencias de su acción y de oposicionismo”… “En el área psicosexual se hallaron indicadores de desajustes”, aunque aclaró que, teniendo en cuenta la bibliografía consultada permiten aseverar que los delitos sexuales se dan en las disímiles estructuras de la personalidad, por lo que la descripción de la personalidad del imputado no debería asociarse directamente a la verdad objetiva de los hechos sino confrontar con otras variables de la causa…”. En una ampliación que se le requirió detalló que el imputado tiene un perfil psicológico que podría hacerlo proclive a cometer conductas desajustadas en el área psicosexual.
En la segunda pericia, se repitieron los test y aparecieron las mismas conclusiones psicológicos, entre ellos escasa capacidad empática, indicadores de manipulación en los vínculos interpersonales y siendo quien intenta imponer las reglas de las situaciones que vive, volviendo a aparecer desajustes en el área psicosexual. Es dable señalar que la licenciada Maimone, de forma telemática, declaró en el debate y reiteró las cuestiones vertidas en sus labores periciales.
En efecto, rememoró los rasgos de personalidad narcisista, inmadurez, negación, desajustes (acción sin pensar), dificultad en el manejo de sus impulsos en situaciones de tensión; especificando que en la primera pericia psicológica se observó menor dificultad en la capacidad de inhibir su impulsividad que en la segunda, pero sí agresividad encubierta en la primera pericia.
Pues bien, de un análisis integralde la prueba rendida no advierto el estado de incertidumbre que denuncia la defensa, sea en torno a la existencia del hecho como así tampoco a la edad del imputado cuando los cometió.
Sobresale la persistencia del relato de A. quien ante diversos interlocutores mantuvo su relato verosímil, aunque, es justo decir con la ayuda profesional pudo ir sumando detalles de ataques como así también su ubicación temporal.
No puede sorprender ni criticarse que se extremaran los esfuerzos para determinar una fecha de ocurrencia, dado que una porción de los sucesos fueron antes de que el imputado cumpliera los dieciséis años de edad y por ende no era punible –artículo 1 de la ley 22.278-.
Aquí, I. y A. ubicaron los sucesos en tres veranos consecutivos, y ello no es casual puesto que se trata de una época en la que no había clases y permanecían más tiempo en sus casas, con esa circunstancia de tratarse de un solo terreno con una pileta que usaban durante ese periodo, siempre al cuidado de su abuela.
A. aseguró rotundamente que el último episodio fue después de que cumpliera 8 años de edad, esto es el 21 de febrero de 2006, y para esa época, A.T.I.N. contaba inexorablemente con 16 años, habiéndolo cumplido el 3 de enero de ese mismo año.
Sostiene la víctima y su hermana que concurrieron al cumpleaños del acusado, y menciona incluso a su madre, quien no lo recuerda, mientras que, desde el otro lado, los padres, hermana y allegados del nombrado lo desmienten categóricamente, y señalan que estaban de vacaciones y hasta mostraron una foto, sin fecha ni mayores referencias.
Por supuesto que el veredicto de condena no se sustenta por la concurrencia al cumpleaños, sino que se trató de una referencia aportada por el damnificado –y su hermana- para ubicar temporalmente los sucesos, aunque la familia de A.T.I.N., con una memoria prodigiosa detallan día por día lo sucedido varios años atrás.
En principio advierto que el acusado niega la imputación, pero no dice nada sobre ese festejo de cumpleaños, y cuando todos alegan al unísono que nunca había festejos en familia, se asemeja más a un acto reflejo de defensa sistemática que a algo de la vida real. Sucede que por ese entonces los problemas eran de los adultos y los niños, al menos durante el verano compartían tardes de pileta y si sus cumpleaños coincidían con ese periodo, hacer una torta y soplar las velitas no deja de ser algo cotidiano que se acostumbra en la mayoría de las familias. En el caso, A. e I. aseguran que estuvieron con su primo en ese festejo, pero, insisto, la condena pasa por otros carriles, de hecho, los sucesos fueron varios días después.
Luego, a pesar de que la gente del entorno del imputado recordara minuciosamente cada detalle de salida, permanencia en cada sitio y llegada, y que se pretenda afirmar que A.T.I.N. cuando regresó con su padre de San Bernardo a Lanús, no pasó ni un minuto a saludar a su mamá, a buscar ropa o por cualquier otra actividad, la vuelta definitiva de unos días antes del comienzo de clases resulta absolutamente compatible con ese periodo fijado entre el 21 y el 28 de febrero de 2006.
En definitiva, más allá de esa supuesta ausencia prolongada del imputado del sitio en el que vivía todo el año, aparecen bases sólidas como para ubicarlo en el lugar del hecho, esto es: su lugar de residencia habitual, dentro del periodo establecido en la base fáctica, dado que, en rigor de verdad se trata de un único hecho de abuso sexual el que aquí se investiga, y si regresó a su hogar unos días antes del comienzo de clases, fue en ese momento en que ello sucedió.
Por otro lado, respecto a lo sostenido por el defensor, en relación a que el Tribunal reprodujo de manera parcial o sesgada las diversas testificales producidas, en la medida que el interesado no acudió a la herramienta procesal de dejar constancia en acta de algún punto relevante de determinada declaración o acto que se produjo durante el debate (artículo 369 inciso 6°), mal puede regresar ahora sobre sus pasos denunciando genéricamente una arbitrariedad del órgano al momento de seleccionar la prueba, sin identificar ni siquiera alguna situación que hubiera modificado sustancialmente lo resuelto.
Asimismo, en lo atinente al pedido de exclusión probatoria de la declaración de la psicóloga de A., me refiero a la licenciada Carmela Capuccio, quien falleciera antes de que se celebrara el debate, en principio soslaya que el artículo 366 cuarto párrafo del C.P.P. permite la incorporación por lectura del testigo fallecido.
De todas maneras, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Benítez” en el que se dejó sin efecto una sentencia por vulneración de los artículos 8.2.f de la CADH y 14.3 del PIDCyP, atento a que prácticamente toda la prueba de cargo fue incorporada por lectura, lo que se debe determinar es si, aún prescindiendo de lo declarado por la licenciada Capuccio, contamos con otros medios de prueba para convalidar el relato de la víctima y por ende el pronunciamiento impugnado.
En ese aspecto, teniendo en cuenta lo declarado por A e I., su madre y peritos oficiales, es una circunstancia probado que los primeros dos efectuaron un largo tratamiento con la mentada profesional quien durante el proceso acompañó un informe en el que ni más ni menos mencionó lo que otros profesionales también hicieron, me refiero a la existencia de claros indicadores de abuso sexual en el damnificado y en la ausencia de signos de fabulación o animadversión, más allá de su legítimo deseo de que se hiciera justicia.
Lo mismo sucede con la declaración de la también fallecida D. S., quien durante la investigación negó que su nieto la hubiera alertado de lo que estaba sucediendo.
Una vez más, aquí ni siquiera se trata de una testigo de cargo, sino de la abuela de la víctima e imputado, quien si bien estaba al cuidado de ellos, a lo largo del debate quedó claro que los ataques sexuales se producían en la intimidad, lejos de los ojos de terceros. Párrafo aparte merece el pedido del defensor referido a que, por la demora en realizarse el juicio y la muerte de dos testigos, se debería declarar la nulidad del veredicto.
Con ello, teniendo en cuenta que, como dijera antes, la acción penal se encuentra vigente y que se debe resguardar los derechos del imputado y de la víctima, necesariamente debe resolverse el caso con la prueba disponible, y es eso lo que la defensa debe rebatir, y no buscar apoyo en otras cuestiones que no resultan dominables para cualquier de los seres humanos como lo es la fecha en que vamos a morir.
Lo relevante es que le declaración de A. se encuentra complementada por las pericias antes mencionadas, en las que en una y otra se encontraron indicadores compatibles con la situación investigada.
El psicólogo Julio P. Cegarra, del C.T.A., respondiendo a los puntos de pericia dictaminó que el discurso de la víctima impresionó como lúcido, coherente y orientado en tiempo y espacio, presentando indicadores de abuso sexual infantil, haciendo referencia a trastornos emocionales, que podrían estar asociados a diversas situaciones, incluido un abuso sexual infantil; la perita oficial, licenciada María Elisa Cella, detectó en el nombrado indicadores compatibles con haber sido víctima de abuso sexual como: la negación, proyección, el retraimiento, evitación, descartando a su vez signos de fabulación en su relato; la perita social, licenciada Elda Ivonne Allen, aseveró que con el accionar del primo, la negación de la abuela y la escasa alerta familiar colocaron a la víctima en una situación de vulnerabilidad, lo cual generó un vínculo muy estrecho con su hermana.
Por otra parte, considero que cada uno de los interrogantes que trae la defensa en su recurso, tienen una respuesta o explicación.
Sea por la diferencia de edad, las características propias de uno y otro, A.T.I.N. no necesitó emplear violencia para perpetrar sus hechos, bastaba su palabra, su mirada y la explicación de que era un juego para desplegarlo. Luego, el corte abrupto de los sucesos tiene que ver con que luego de ese último hecho abusivo comenzaron las clases y esa cotidianeidad de los veranos ya no fue tal. Recuérdese que se llevaban 8 años de diferencia, por lo que las actividades y rutinas no eran para nada coincidentes, siendo que, hasta la misma madre del imputado, casi al pasar contó que por el 2007/2008 puso un alambrado para separar las viviendas. En lo concerniente a que por su contextura física le hubiera resultado imposible llevar a cabo el ataque sexual, entiendo que para esa actividad y cualquier otra de su vida cotidiana, el acusado debía adaptarse a su contextura, y subirse arriba de A. no implica que no usara las manos o las mismas piernas para amortiguar y de esa manera desplegar su conducta.
Por otra parte, no puede sorprender que el develamiento fuera luego de 6 años, sobre todo si junto a su hermana se contenían mutuamente e intentaron olvidarlo, aunque cada uno por su lado fue resignificando sus padecimientos hasta que les resultó imposible silenciarlos.
Además, y aunque se lo quiera relativizar, mientras el perito de parte –sin informar técnicas ni procedimientos- negó en A.T.I.N. indicadores de perversión o conductas relacionadas con un perfil de abusador sexual, la perita oficial, en dos pericias y en el debate hizo especial referencia a desajustes en el área sexual, escasa capacidad empática, indicadores de manipulación en los vínculos interpersonales y siendo quien intenta imponer las reglas de las situaciones que vive, entre otras consideraciones.
Podrá decirse, con razón, que las características aludidas no deberían asociarse directamente a la verdad objetiva de los hechos, pero en el caso convive esa situación con el relato sostenido del damnificado y una abundante labor pericial que lo examinó y lo validó. Así planteadas, no es posible advertir el estado de incertidumbre denunciado en torno a la base fáctica y la edad del imputado al momento de comisión del hecho que se le endilga, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de A.T.I.N., con costas; regular los honorarios del defensor particular interviniente, Dr. Marcelo H. Caremi (T° XXVI, F°300 del C.A.S.I.), por el desarrollo de su labor profesional en esta sede en la suma de quince (15) “Jus” y tener presente la reserva del caso federal formulada (artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171 de la constitución provincial; 14, ley 48; 119 párrafo tercero del Código Penal; 1, 106, 210, 371, 373, 448, 450, 454, 530, 531, cits. y ccs., del Código Procesal Penal; 4 inciso 3° y 8 de la ley 22.278; 9, 16 y 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Abro respetuosa disidencia con el voto del colega que abre el acuerdo, doctor Maidana, puesto que, en mi opinión, el planteo de vulneración del plazo razonable (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 2, CADH.; 14.3.c, PIDCyP), resulta procedente.
Cabe señalar, en forma inicial, que la prosecución de un proceso indebidamente prolongado –más aun cuando es de naturaleza penal- conculcaría el derecho de defensa del acusado (conf. CSJN, “Mattei”, Fallos: 272:188), en tanto “debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener –luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre (…) que comporta el enjuiciamiento penal”.
Interesa recordar, respecto del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, que “(a)sí como el proceso debe cesar cuando la acción penal ha prescripto o cuando el hecho ya ha sido juzgado, debido a que estas circunstancias obstaculizan la constitución o continuación válida de la relación procesal, también la excesiva duración del proceso penal, en tanto violación de una garantía básica del acusado, conduce a la ilegitimidad del proceso, es decir, su inadmisibilidad, y por tanto, a su terminación anticipada e inmediata, único modo aceptable desde el punto de vista jurídico –pero también lógico e incluso desde la perspectiva del sentido común- de reconocer validez y efectividad al derecho tratado…” (Pastor, Daniel, “El plazo razonable en el proceso del estado de derecho”, Buenos Aires, 2022, pág. 612) –el subrayado no es del original-.
Debo agregar, en este punto, que el derecho invocado por la defensa es independiente de los plazos generales que el legislador ordinario impone teniendo en mira clases de casos, como lo serían los términos de prescripción de la acción penal (cfr. CSJN, Fallos: 342:584; 327:327; 346:319).
En ese orden de ideas, es prácticamente unánime la jurisprudencia que señala que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años, sino que depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso (cfr. CSJN, “Kipperband”, Fallos 322:360; “Barra”, 327:327; entre otros; SCJPBA, causa P. 132.556, sent. 21/05/2021; causa P. 134.955-RC y su acum. P. 134.886-Q, rta. 27/12/2022, voto del Dr. Torres, al que adhieren sus colegas).
En virtud de la indeterminación inherente a la garantía, el Máximo Tribunal Federal adoptó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme con el cual “…el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad de la causa, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso…” (caso n° 11.245, rto. 1/3/1996, párrafo 111; y “López Álvarez v. Honduras”, rto: 1/2/2006…” (conf. Fallos 330:3640).
Luego fue incorporado un cuarto criterio para examinar la razonabilidad del proceso, el “análisis global del procedimiento”, en el cual se tuvo en cuenta la duración total, desde los actos iniciales hasta el dictado de la sentencia definitiva (cfr. CSJN, Fallos: 335:1126 y 336:2184; casos “Genie Lacayo” y “López Álvarez v. Honduras”, de la Corte Interamericana).
II. Detalle del trámite del proceso.
Establecidos los estándares para evaluar la duración razonable del proceso, se debe consignar el detalle del desarrollo de la presente causa.
1. La denuncia inicial fue radicada el 16 de mayo de 2013.
2. El 23 de agosto de 2013 el Juzgado Correccional n° 2 declaró su incompetencia, en favor del Juzgado de Garantías del Joven departamental.
3. El 30 de agosto de 2013 el fiscal interviniente en el fuero especial consideró que el acusado, por la edad que tenía al momento de los hechos denunciados, era inimputable.
4. El 23 de septiembre de 2013 la particular damnificada solicitó que se les reciba declaración a las víctimas en cámara Gesell, para determinar la fecha de los hechos denunciados.
5. En la misma fecha, el juez de garantías del joven resolvió aceptar la competencia.
6. El 10 de octubre de 2013 el fiscal postuló que, más allá de su dictamen anterior sobre la inimputabilidad del acusado al momento de los hechos, se escuche a las víctimas en cámara Gesell.
7. El 29 de octubre de 2013 el magistrado decidió convocar a las víctimas a prestar declaración en cámara Gesell.
8. El 5 de diciembre de 2013 se agregaron los informes psicológicos de las víctimas realizados por la perita oficial interviniente.
9. El 6 de marzo de 2014 se les recibió declaración a las dos víctimas mencionadas en la denuncia inicial (A.N.R.F., e I.A.R.F.).
10. El 12 de mayo de 2014 el juez interviniente dictó el sobreseimiento del acusado “por los hechos anteriores al 3 de enero de 1990” (textual), y remitió la causa a la fiscalía, respecto del hecho ocurrido cuando el acusado tenía dieciséis (16) años de edad.
11. El 21 de mayo de 2014 el fiscal dispuso realizar una evaluación psicológica del acusado, la cual fue agregada el 18 de julio del mismo año.
12. El 13 de agosto de 2014 el fiscal dispuso ampliar la evaluación psicológica, informe que fue presentado el 27 del mismo mes y año.
13. El 31 de marzo de 2015 la particular damnificada solicitó que se realice un informe médico de las víctimas.
14. El 14 de abril de 2015 la defensa solicitó el sobreseimiento del acusado.
15. Entre el 25 de junio y el 25 de noviembre de 2015, se remitieron oficios reiteratorios al Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, pidiendo el envío de informes sobre los menores damnificados, los cuales finalmente fueron agregados a la causa.
16. El 2 de marzo de 2016 se le recibió declaración al acusado, a tenor del artículo 308 del Código Procesal Penal.
17. El 22 de abril de 2016 el fiscal interviniente solicitó el sobreseimiento del acusado (respecto del hecho que tenía como víctima a A.N.R.F.), y la incompetencia territorial (respecto del hecho que tenía como víctima a I.A.R.F.).
18. El 9 de mayo de 2016 la particular damnificada se opuso al sobreseimiento del acusado.
19. El 10 de mayo de 2016 la defensa adhirió al sobreseimiento solicitado por el fiscal, y se opuso a la declaración de incompetencia.
20. El 24 de mayo de 2016 el juez interviniente consideró que, al no encontrarse vencido el plazo contemplado para la instrucción, no era de aplicación el artículo 323 inciso 6 del Código Procesal Penal, motivo por el cual devolvió las actuaciones a la fiscalía para continuar con su tramitación.
21. El 6 de junio de 2016 el fiscal remitió nuevamente la causa al juez interviniente, a efectos de que se resuelva la solicitud de incompetencia territorial.
22. El 24 de junio de 2016 el juez declaró la incompetencia territorial, respecto del hecho que tenía como víctima a I.A.R.F.
23. El 18 de julio de 2016 el fiscal de cámara expresó que no compartía el pedido de sobreseimiento, motivo por el cual designó un nuevo funcionario para continuar con la investigación.
24. El 11 de agosto de 2016 se dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria, por el término de seis meses.
25. El 7 de septiembre de 2016 se dispuso la realización de nuevos peritajes psicológicos del imputado y la víctima, además de ordenarse la convocatoria de distintas personas a prestar declaración testifical.
26. Las evaluaciones psicológicas fueron agregadas el 5 de diciembre de 2016.
27. El 2 de enero de 2017 el nuevo fiscal solicitó el sobreseimiento del acusado, en aplicación del inciso 5 del artículo 323 del ritual, y en subsidio invocó el inciso 6 de la misma norma.
28. El 13 de febrero de 2017 la particular damnificada se opuso al sobreseimiento, y requirió la elevación a juicio de la causa.
29. El 23 de febrero de 2017 la defensa planteó la recusación del juez de garantías del joven n° 2 departamental (doctor Sergio Polti), que fue aceptada por el magistrado el 1 de marzo de 2017, y avalada por el magistrado del juzgado n° 1 del mismo fuero el 9 de ese mes y año.
30. El 23 de junio de 2017 el juez de garantías del joven n° 1 (doctor Gustavo Indovino), resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal, y elevó las actuaciones a consideración de la fiscalía de cámara.
31. El 17 de julio de 2017 el fiscal de cámara no compartió el pedido de sobreseimiento, entendiendo que correspondía requerir la elevación a juicio de la causa.
32. El 17 de noviembre de 2017 se dispuso recibir declaración al acusado, a tenor del artículo 317 del ritual, la cual se llevó a cabo el 6 de diciembre de aquel año.
33. El 6 de diciembre de 2017 el fiscal solicitó que se designe la audiencia prevista en el artículo 36 inciso 7 de la ley del fuero, y 334 del ordenamiento adjetivo.
34. El 12 de marzo de 2018 la defensa recusó al juez a cargo del Juzgado de Garantías del joven n° 1 (doctor Indovino), solicitó la suspensión de la audiencia, y en subsidio planteó el sobreseimiento.
En la misma fecha el magistrado hizo lugar a la recusación planteada.
35. El 20 de abril de 2018 la nueva magistrada interviniente designó audiencia para resolver sobre el requerimiento de elevación a juicio formulado, la cual se llevó a cabo el 23 de mayo de aquel año.
36. El 4 de junio de 2018 la magistrada resolvió no hacer lugar al sobreseimiento, disponiendo la elevación a juicio de las actuaciones.
37. El 30 de julio de 2018 la causa ingresó en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1.
38. El 4 de septiembre de 2018 se realizó una audiencia ante el juez de la causa, en presencia de todas las partes, quienes expresaron que continuaban en tratativas para una salida alternativa al juicio oral.
39. El 25 de enero de 2019 se dispuso nueva fecha de audiencia para el 23 de abril de ese año, a fin de tratar las alternativas al juicio oral.
40. El 17 de abril de 2019 la defensa expresó su voluntad de que se realice el juicio oral, por lo que solicitó que se deje sin efecto la audiencia señalada en el punto anterior.
41. El 7 de noviembre de 2019 se designaron dos jueces más para intervenir en la causa, se citó a las partes para que, en su caso, deduzcan recusaciones, y expresaran si estimaban necesaria la realización de una audiencia preliminar.
42. El 11 de noviembre de 2019 la fiscalía ofreció la prueba a producir e incorporar al debate. El 4 y el 18 de diciembre de ese año hicieron lo propio la particular damnificada y la defensa.
43. En las hojas 786/7 de la causa, se agregó una presentación realizada por la defensa el 18 de diciembre de 2019, mediante la cual solicitaba la exclusión del ofrecimiento de prueba de la particular damnificada.
44. En la hoja 787 bis consta un acta de audiencia realizada el 13 de junio de 2024, con la presencia del juez y el letrado defensor, en la que se dispone suspender la audiencia preliminar que se había dispuesto para ese día.
45. El 1 de agosto de 2024 el fiscal interviniente dejó constancia de haber tomado conocimiento de las actuaciones el 6 de junio de 2024, destacando que había asumido su cargo en agosto de 2020, es decir, con posterioridad al ofrecimiento de prueba que había realizado el funcionario del Ministerio Público Fiscal que intervino con anterioridad.
46. El 20 de agosto de 2024 el fiscal solicitó que se fije audiencia a fin de evaluar la salida alternativa o designar audiencia de juicio.
47. El 3 de abril de 2025 el tribunal interviniente dispuso remitir las actuaciones “ad-effectum videndi” a la fiscalía.
48. Finalmente, se dispuso fijar fecha de audiencia oral para el 23 de junio de 2025, proveyéndose la prueba oportunamente ofrecida por las partes.
49. El debate fue realizado en la fecha indicada, luego de lo cual el Tribunal dictó auto de responsabilidad el 1 de julio de 2025.
III. Evaluación del trámite del proceso.
De la reseña efectuada en el apartado anterior es posible advertir, en primer término, que el trámite dilatado de la causa durante la etapa preparatoria, que insumió más de cinco años (entre mayo de 2013 y junio de 2018), no podría explicarse por la complejidad en la investigación de los hechos denunciados, puesto que no surgieron mayores obstáculos o dificultades para la producción de la prueba, tanto la practicada por la fiscalía como la ofrecida por la defensa (ver, en ese sentido, apartado anterior, puntos 7 a 12, 25 a 27 y 32).
Cierto es que hubo dos requerimientos de sobreseimiento postulados por la fiscalía, no obstante lo cual, el trámite generado a raíz de ellos no superó los seis meses entre ambas incidencias (ver apartado anterior, puntos 20 y 23, 30 y 31).
Los planteos de recusación formulados por la defensa no tuvieron incidencia relevante en la dilatación del proceso, en tanto el primero de ellos fue resuelto en catorce (14) días, y el segundo en la misma fecha en la que fue deducido (cfr. apartado anterior, puntos 29 y 34). Lo mismo ocurre con la declaración de incompetencia territorial, ya que se vinculaba con un suceso distinto del que siempre permaneció como objeto procesal de este legajo (víctima A.N.R.F.). Ahora bien, la duración de la etapa del juicio insumió siete años, desde la recepción de la causa en el juzgado de responsabilidad penal juvenil, hasta el dictado del auto de responsabilidad (cfr. apartado anterior, puntos 37 y 49).
En ese lapso, hubo un período de cuatro años y seis meses en el que la causa no tuvo trámite alguno (cfr. apartado anterior, puntos 43 y 44).
En este caso, la extensión temporal de la inactividad procesal no puede ser explicada por las restricciones originadas por la pandemia por Covid-19 (marzo del año 2020), y las dificultades que ello generó en la administración de justicia.
Ello es así, puesto que, por un lado, la parálisis del proceso se inició cuatro meses antes y continuó cuatro años más, vale decir, excedió largamente el período que demandó la normalización de las actividades.
Por otro lado, se advierte que no hubo explicación alguna de parte del órgano jurisdiccional interviniente, sobre las razones de la parálisis del proceso: ni durante las actuaciones que se produjeron a partir del mes de junio de 2024 (fojas 787 bis y subsiguientes), ni tampoco en el momento del veredicto, al analizar el planteo de la defensa sobre la vulneración del plazo razonable (ver cuestión previa del veredicto). Si se tiene en consideración que la “debida diligencia de las autoridades judiciales” es uno de los factores a contemplar al momento de decidir sobre el tiempo razonable de duración del proceso penal (conf. apartado I de la presente), la dilación advertida en el trámite de este legajo, sin fundamentos atendibles, impide su adecuación a la “debida diligencia” señalada.
Interesa destacar, en este punto, que no es objeto de este pronunciamiento establecer o señalar responsabilidades de los funcionarios intervinientes, sino analizar el trámite del proceso estrictamente a la luz del derecho invocado por la defensa del acusado. En todo caso, si la dilación excesiva obedeció a un defecto en su actuación, o a una falencia estructural en la organización de la administración de justicia, o alguna otra circunstancia que no ha quedado explicitada en el legajo, eventualmente de corresponder se establecerá por los canales correspondientes (cfr. Fallos: 334:1302, voto del juez Lorenzetti).
IV. Consideración de la edad del justiciable.
A lo anterior cabe agregar, como un factor relevante en la evaluación de la procedencia del planteo de la defensa, que en este caso el hecho imputado es atribuido a una persona que, en ese momento era menor de edad, y que, habiendo transcurrido más de veinte años desde su posible comisión, no cuenta con una sentencia firme. En este punto, es importante tener en consideración las normas contempladas en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 40.2.b.iii), y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing, n° 20), como así también la Observación General n° 24 (año 2019) del Comité de Derechos del Niño, relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, en donde sostuvo: “El Comité reitera que el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la conclusión de las actuaciones debe ser lo más breve posible. Cuanto más largo sea este período, más probable es que la respuesta pierda el resultado deseado (…). El Comité recomienda a los Estados partes que fijen y respeten plazos con respecto al tiempo que pueda transcurrir entre la comisión de un delito y la conclusión de la investigación policial, la decisión del fiscal (u otro órgano competente) de presentar cargos y la decisión definitiva del tribunal u otro órgano judicial …” (párrs. 54 y 55).
En ese orden de ideas, cabe considerar que uno de los objetivos primordiales perseguidos por las diversas disposiciones que hacen al régimen de responsabilidad juvenil, es la reintegración social del adolescente infractor, aspecto que justifica en mayor medida una respuesta estatal lo más cercana posible al momento del hecho endilgado. Sin desconocer la finalidad preventivo general de la sanción penal, y el objetivo de afianzar la justicia en todo proceso penal, difícilmente aquel objetivo de reintegración social del adolescente pueda perseguirse razonablemente ante una persona que, actualmente, tiene más de treinta y cinco (35) años de edad.
En consonancia con lo anterior, he advertido con anterioridad la necesidad de profundizar aún más las implicancias que tiene el tiempo en los niños y cómo irradian, no solo respecto de los fines propios del F.R.P.J. las demoras temporales, sino, incluso, cómo el solo paso del tiempo afecta su propia comprensión y dimensión de lo sucedido, al punto que ha sido unánime y coherente en tal sentido la normativa internacional que conforma el corpus iuris de la infancia al sostener la necesidad de velar por un mayor acotamiento en la consideración de los plazos (corpus iuris, huelga recordar, especialmente incorporado en el art. 10 ley 13.298 y reconocido por nuestra C.S.J.N. in re “Maldonado”, fallos 328:4343, entre otros, en cuyo considerando 33 le otorga el rol de intérprete de la C.D.N. al Comité de Derechos del Niño) –conf. causa n° 123738 de esta Sala I, rta: 30/5/2023-.
De igual manera, en el marco normativo interno, la reciente ley sancionada n° 27.801 (que entrará en vigencia en septiembre próximo), contempla en su artículo 4 la finalidad de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
De allí que, la necesidad de una mayor celeridad en el trámite del proceso no solamente adquiere suma trascendencia por la especial condición de la persona imputada, sino además por los objetivos y principios que rigen en el proceso penal juvenil.
En resumidas cuentas, al momento del dictado del fallo impugnado, la duración del proceso había excedido el marco de razonabilidad establecido por la Constitución Nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las Convenciones Internacionales y normas internas que regulan los principios que rigen el proceso penal juvenil. En tales condiciones, entiendo necesario destacar que, en mi opinión, el caso conocido como “Bulacio”, de la Corte Interamericana de Justicia (“Bulacio vs. Argentina”, 18 de septiembre de 2003), cuya doctrina es de aplicación de acuerdo a lo resuelto por el Máximo Tribunal Federal (Fallos: 327:5668), no se asemeja a la cuestión debatida en esta causa, puesto que allí se encontraba comprometida la responsabilidad del Estado por la actuación ilegítima de sus agentes (policiales), extremos que no pueden ser asimilados a las características del hecho que constituye el objeto procesal del presente legajo.
Por esa razón, entiendo que corresponde hacer lugar al planteo de la defensa, sin costas; declarar extinguida la acción penal con respecto a A.T.I.N., y dictar su sobreseimiento respecto de los hechos que se le atribuyeron en este legajo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 7.5, 8.1 y 8.2, CADH; 9.3 y 14.3, PIDCyP; 40, Convención sobre los Derechos del Niño; 59, Cód. Penal; 323 inc. 1, 450, 454, 459, 460, 530 y 531, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Violini, dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación presentada por el Defensor Particular, Dr. Marcelo H. Caremi II. Por mayoría, hacer lugar al planteo de la defensa, sin costas; declarar extinguida la acción penal con respecto a A.T.I.N., y dictar su sobreseimiento respecto de los hechos que se le atribuyeron en este legajo.
III. Regular los honorarios del defensor particular interviniente, Dr. Marcelo H. Caremi (T° XXVI, F°300 del C.A.S.I.), por el desarrollo de su labor profesional en esta sede en la suma de quince (25) “Jus”.
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 7.5, 8.1 y 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.3 y 14.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 40, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 59 del Código Penal; 323 inciso 1, 450, 454, 459, 460 530 y 531, del Código Procesal Penal; 9, 16 y 31 de la ley 14.967. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia