Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8324 FOLIO Nº 097/100 PROT. ELECT. JR101199I.231
Río Gallegos, 11 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “T.E.S. S/ LESIONES AGRAVADAS Y AMENAZAS” Expte. Nº T-72301/21, Apelación Nº 8007/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 52/55, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, Dr. F.Z., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de S.E.T, en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con Amenazas” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1, 55 y 149 bis del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000).- Que a fs. 58/61 y vta. la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 71 sostuvo el recurso (cód. validación 2be3a23b) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la parte recurrente argumentó que la resolución dictada causa a su defendido un perjuicio irreparable.-
Que, en el apartado III) EL PROCESAMIENTO DEBE SER REVOCADO, la defensa se agravió, pues indicó que el remedio procesal interpuesto encuentra sustento en la duda que emerge del presente sumario en cuanto a la existencia del hecho que se le imputa al Sr. T., entendiendo -a su modo de ver-, que se ha afectado los principios de congruencia y contradicción.-
Cuestionó que el resolutorio se funde en el certificado médico -Dr. J.L.S.-, pues dijo que, si bien acredita la existencia de lesiones, ello no significa que éstas fueran realizadas por el Sr. T. -fs. 08-.-
Asimismo, expresó que la declaración de la pretensa víctima, no resulta una prueba de cargo exclusiva para arribar al estado de certeza que nuestro ordenamiento exige.-
Hizo referencia que el hecho se hubiera encuadrado en la figura del art. 80 inc. 1 del Código Penal -Lesiones Leves Agravadas por la relación de pareja-, pues no puede sostenerse que entre su asistido y la damnificada mediare una "relación de pareja" en los términos previstos en esa norma legal.-
Expresó, que no se ha tomado en consideración el descargo de T., en el sentido de la denuncia realizada, la ausencia de elementos de cargo que sean dignos para sostener el procesamiento dispuesto, sumado a que no se ha realizado una valoración lógica y congruente.-
En relación a las supuestas amenazas, dijo que tampoco existen mínimos elementos de cargo que permitan atribuir responsabilidad a su defendido, más allá de las declaraciones de la víctima, no existiendo pruebas de que haya sido su defendido el que realizó las amenazas.-
Solicitó que se revoque el resolutorio y en consecuencia, se dicte el sobreseimiento del Sr. T.E.S..-
Por último, en el punto IV) APELA EMBARGO, la apelante pidió la reducción del monto consignado en la resolución en crisis de manera tal de asegurar los gastos derivados de costas procesales y honorarios.-
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Adelantamos que los agravios deducidos por la defensa técnica, serán desestimados.-
En efecto, ingresando al tratamiento del agravio, vinculado a la ausencia de prueba que determine la posibilidad cierta que los hechos acontecieron del modo descripto por la pretensa víctima, cabe recordar que el auto de procesamiento, contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, siendo elementos suficientes para su dictado, aquellos que permiten orientar el proceso hacia la base de juicio (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).- Así las cosas, en el resulta de la resolución apelada -fs. 52 vta.-, se enumeraron los elementos probatorios valorados por la instrucción para tener por acreditados -con el grado de precariedad que caracteriza esta instancia- la materialidad de los hechos enrostrados y la presunta autoría en cabeza del encartado.-
En tal sentido, se inició con la denuncia formulada por la presunta víctima por ante la Comisaría de la Mujer y la Familia -fs. 06/07 y vta.-, donde describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los episodios que la habría afectado el día 17/11/2021, siendo las 07.30 hs. en la intersección de las calles xxx y xxx del Bº xxx, de la ciudad de Río Gallegos, donde el imputado habría interceptado a su ex-pareja Sra. M.V.A., habiéndola amenazado de muerte y posteriormente, le habría agredido físicamente.- Dicha versión, encuentra correlato en el certificado médico policial adunado al sumario -fs. 08-, donde el Dr. J.L.S. -médico policial Comisaría de la Mujer y la Familia- constató: "...Contusión edematosa peri-orbicular bilateral a predominio izquierdo.
Refiere dolor post traumático a nivel cervical posterior y en región supra púbica...", habiendo certificado allí mismo el carácter de las lesiones, el estado de conscienca, la ubicación en tiempo y espacio, el uso de otras sustancias prohibidas, el tiempo de curación y el tiempo de incapacidad. Asimismo, al final del aludido certificado médico, dispuso en observaciones, evaluación psicopatológica de la pareja por reiteración de los eventos.- Es preciso destacar que, análogos elementos, fueron considerados suficientes por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para condenar a un imputado, con mayor razón lo serán, para disponer el procesamiento. Allí, en lo pertinente, se sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…”.
(CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O. V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021).- En nuestro caso, la víctima declaró -en sede policial y en la OVD-: "...cuando me dirigía caminando por calle xxx y xxx del Bº xxx, hacia la casa que compartía con mi ex pareja, al llegar a dicha intersección, me interceptó E., el cual venía caminando, notándolo en estado de ebriedad, siendo que al consultarle que estaba haciendo allí comenzó a gritarme diciéndome: "...VOS TENES QUE VOLVER CONMIGO Y SI NO QUERES TE VOY A ACUCHILLAR...", asimismo, me propinó un golpe de puño en el rostro y cabeza, luego me tomó del cabello y me dio un puntapié en el abdomen, mientras me expresaba: "...TE VOY A TERMINAR MATANDO...", observando que en ese momento él me quitó del bolsillo de la campera mi celular, xxx, luego pude safar de él, y me fui corriendo hasta llegar a la División Comisaría Séptima...", en tanto el informe médico constató las lesiones en su cuerpo compatibles con una acción de ese tipo -fs. 08-.
Debo recordar aquí que esta Alzada ya se ha pronunciado en anteriores pronunciamientos acerca del valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, indicándose que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.-
A todo ello se aduna el informe psicológico realizado a la Sra. A.S.M.V., por el Lic. Damián Ricardo -Cuerpo Médico Psicológico Excmo. Tribunal Superior de Justicia- incorporado a fs. 36 vta., quién indicó: "...Se evidencia un pobre concepto de sí, ansiedad, inmadurez afectiva, apareciendo sentimientos de inseguridad y necesidad de apoyo. Tiende a tener dificultades con el control de los impulsos y la autoregulación emocional y conductual...; "...Se observa que la entrevistada durante el tiempo de relación refiere que ha minimizado y naturalizado la violencia, aunque ha logrado realizar la denuncia..."; "...El grado de vulnerabilidad descripto anteriormente, la inestabilidad emocional y el compromiso de sus recursos hacen que su autodefensa o autoprotección no sean efectivas..."; "...Se observan indicadores de una modalidad vincular conflictiva y hostil con el imputado. Existen altos montos de tensión permanente en la convivencia, de forma que existen permanentes desequilibrios anímicos y explosiones de agresividad de ambos. Los escasos recursos de la nombrada no parecen eficientes para disminuir el estrés...".- Lo expuesto, echa por tierra el primer argumento desplegado por la defensa, acerca que las pruebas resulten insuficientes, pues conforme lo ha venido sosteniendo esta Alzada en numerosos pronunciamientos, tales como: apelaciones nros. 7516/22, 7746/22, 7799/22, por citar algunos; los elementos reseñados resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP..-
Así, entendemos, yerra la recurrente al señalar que el pronunciamiento se base íntegramente en los dichos de la víctima, pues el repaso efectuado, evidencia lo contrario, habiéndose considerado otros elementos de juicio. Pese a ello, en el caso bajo estudio, a la luz de los delitos atribuidos, fue fundamental el testimonio de la víctima. Ello así, pues: “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…”. (Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017, pág. 111).- De igual manera, surge que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuídos al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio; debiendo además señalar que, justamente una de las características de la violencia de género resulta ser el hecho que tales circunstancias se manifiestan en el ámbito de intimidad de la pareja (en el presente caso, siendo interceptada la víctima en la intersección de dos calles y a la mañana muy temprano-07.30 horas aproximadamente), por lo que la obtención de testigos presenciales, u elementos probatorios no es una tarea sencilla, siendo fundamentales los dichos de la víctima.- Habiéndose superado el cuestionamiento relativo a la autoría de las lesiones, y encontrándose a salvo los principios constitucionales argüidos por la defensa, el presente agravio no tendrá acogida favorable.-
II. Ahora bien, en cuanto al agravio incoado en el recurso presentado, referido al encuadre legal, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras.- Por consiguiente, tampoco prosperará.-
III. En relación al cuestionamiento relativo a la valoración de la declaración indagatoria del imputado por parte del juez, cabe considerar que el magistrado entendió que la versión otorgada por el referido es distinta a los hechos investigados, y que al cotejar con los distintos elementos de prueba obrantes en la causa, éste no fue más que un vano intento por mejorar su comprometida situación procesal, y que por otra parte, el imputado tampoco individualizó ante que dependencia realizó la exposición que mencionó en el acto procesal estipulado en el art. 278 del C.P.P.; criterio que se comparte; con lo cual, no tendrá favorable acogida.-
IV. Ahora bien, en relación a la acreditación en autos del delito de amenazas, basada en el contexto y el relato de la damnificada, se ha dicho: “El procesamiento por el delito de amenazas debe confirmarse, pues los obrados exhiben suficiente información para asumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado agredió verbal y psicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes infundiéndole temor, tanto a ella como sus hijos menores, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Formosa; 18/10/2018; “S., M. A. s/ amenaza concordante con violencia de género”; RDP 2019-6, 1307; TR LALEY AR/JUR/89185/2018).- Lo manifestado, otorga fuerza de convicción a los dichos de la damnificada y habilita, en principio, a tener por corroborada la amenaza denunciada. Sobre el punto, la jurisprudencia ha sostenido que las amenazas vertidas en un contexto de tales características, constituyen hechos de violencia contra la mujer, por lo que deviene aplicable la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención Belém do Pará- (Cámara Federal de Casación Penal; Sala II, causa n° 16.379 “V.”, rta. 16/04/2013, voto del Dr. Alejandro W. Slokar); razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento.-
V. Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que en el punto IV) del considerando -fs. 54 vta.-, el magistrado dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).- Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, por ende, el monto no se vislumbra como inadecuado.-
Finalmente, entendiendo que hay pruebas suficientes que sustentan la resolución cuestionada, y que la misma se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P., corresponde confirmar íntegramente el auto de procesamiento.-
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 52/55, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia