Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 10.510
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Revocar la sentencia de fs. 285/295 y hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por la Sra. M. P. T. contra el demandado Sr. G. C., quedando sin efecto la regulación de honorarios contenida en la sentencia.
II. Condenar al demandado –Sr. G. C.-, a resarcir por el daño moral ocasionado a la actora –Sra. M. P. T.-, debiendo abonar a la misma, la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) en el término de 10 días de quedar firme la presente, más los intereses que deberán ser calculados desde la mora (10/6/2015) hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928).
III. Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido. (art. 68 y 274 del C.P.C.C.).
IV. En mérito a las omisiones advertidas en el dictamen pericial psicológico y que fueran valoradas en el considerando III.5.1), y en consideración a los antecedentes de similar cuestión valorada en exptes. Nro. 9554, 10168, 10847 y 10959 de esta alzada, hágase saber a la Lic. …
Expte. 10510; Reg. 125 (S) del 9/10/2018 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea.
En la ciudad de Necochea, a los días del mes de octubre de dos mil dieciocho, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "T., M. P. C/C., G. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señora Jueza Dra. Ana Clara Issin y el Señor Juez Dr. Fabián Marcelo Loiza, encontrándose excusado de intervenir el Dr. Oscar Alfredo Capalbo (v. fs. 312 y 314, pto I).
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a ¿Es justa la sentencia de f. 285/295?.
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. Con fecha 29 de Diciembre de 2017, el Sr. Juez de grado resolvió rechazar la demanda instaurada por T., M. P. C contra C., G, sobre daños y perjuicios. Impuso las costas a la actora vencida y reguló honorarios de los profesionales intervinientes.
El magistrado fundó su decisión en cuatro premisas; la prejudicialidad de los hechos resueltos en sede penal en relación a los hechos que individualiza como 1 y 2; la inaplicabilidad al caso de la legislación sobre violencia de género; la antijuridicidad del hecho declarado atípico en sede penal (individualizado como 3) y por último, la falta de acreditación del daño.
1. En primer lugar el magistrado valora que la demanda se basó en tres hechos principales que fueron objeto de la causa penal N° 9861 dictándose, con fecha 3 de abril de 2017, la absolución de G. C. por los delitos de lesiones leves y amenazas (fs. 308/313 vta. causa penal); decisión que fue más tarde confirmada por la Cámara de Apelaciones y Penal del Departamento Judicial de Dolores.
Refiere los hechos que fueron juzgados en sede penal, indicando que el Juez Correccional, en relación al hecho 1 –lesiones 8/6/2015- consideró que "no existe prueba alguna que pueda dar por acreditado el hecho tal y como fuera objeto de acusación y, menos aún, la participación que pudo tener C. en la producción del mismo". Respecto del hecho 2 - amenazas del día 8/6/2015- consideró que "en modo alguno se ha acreditado que el día 8 de Junio del 2015 y siendo las 17.30 hs. el Sr. C. se hubiera comunicado telefónicamente con la Sra. T. para amenazarla con "molerla a palos" en caso de que esta última denunciara las supuestas agresiones y amenazas sufridas" (fs. 309 de la causa penal). Finalmente, en cuanto al hecho 3 –amenazas- valoró que el magistrado penal descartó la acción típica del art. 149 bis del Código Penal, absolviendo al Sr. C., en virtud que las expresiones acreditadas como proferidas por el aquí demandado ("Esto es lo que quería ver... ya van a ver") no tuvieron entidad suficiente para tal fin (v. f. 290vta.).
Sobre ello, con cita jurisprudencial y doctrinal respecto de los alcances del artículo 1103 del C.C., aseveró que "...en esta sede no puede discutirse la existencia de los hechos 1 y 2, vale decir, las lesiones denunciadas y las amenazas supuestamente recibidas con fecha 8/6/2015. Es que las conclusiones a las que se llegó en la instancia represiva referidas a los hechos mencionados, acreditándose la inexistencia de ellos, obstan a que el suscripto pueda considerarlos, eventualmente, como ocurridos. A esto se suma que el relato contenido en la demanda resulta sustancialmente similar al denunciado por T. que diera origen a la investigación penal, y que allí fuera materia de análisis, prueba y sentencia. No existen otras circunstancias que rodeen a los hechos principales que permitan construir otra alternativa al suscripto. Dicho de otra manera, la versión de los hechos en esta instancia se encuentra abarcada por los hechos principales que se consideraron inexistentes en la esfera represiva" (f. 289vta.).
Agrega que aun cuando estos hechos pudieran revisarse, la prueba producida es la misma que la valorada en sede penal, con la única diferencia de la pericia psicológica que fue impugnada y que nada aporta para demostrar los hechos 1 y 2.
2. Seguidamente expresa que los alcances del art. 1103 del C.C. difieren en el caso del hecho individualizado como 3 –amenazas-, en tanto el juez penal tuvo por acreditado el hecho pero dictó la absolución por ausencia de tipicidad.
Describe el denominado hecho 3 indicando que "el día 10 de junio de 2015, siendo las 23.30 hs. aproximadamente, cuando la Sra. T. se encontraba dentro de su vehículo Peugeot 307, detenida en el semáforo de Av. 79 y calle 6 de esta ciudad, junto con su novio, el Sr. O., el aquí demandado se detuvo a la par y les gritó –conforme fuera acreditado en sede penal- “esto es lo que quería ver… ya van a ver" (f. 290vta.)
Luego a los fines de precisar el marco normativo que ha de regir la resolución del conflicto expresa que para encuadrarse la cuestión como violencia de género debe haber sido ejercida contra la mujer sobre la base de su sexo o género.
Transcribe las definiciones de violencia contra la mujer que contiene la legislación interna e internacional sobre la materia, para luego sin más argumentación concluir que "…no toda violencia es de género aunque la víctima sea una mujer" motivo por el cual -en su entender- debe "...descartarse de plano el encuadramiento del supuesto en examen en la órbita de la violencia de género, debiendo regirse la cuestión conforme el principio general de no dañar consagrado en el art. 1109 del Código Civil" (f. 291).
A los fines de determinar si se dan los presupuestos de la responsabilidad civil valoró que no corresponde ponderar la declaración de la Sra. A. G. –progenitora de la actorapor tratarse de un testigo excluido. Asimismo, otorgándole relevancia al testimonio del Sr. A. en orden a su imparcialidad, valora que corresponde realizar las mismas consideraciones que el juez penal dando por cierto que lo que dijo el Sr. C. fue “esto es lo que quería ver, ya van a ver”.
Sobre tales antecedentes y bajo los presupuestos de la responsabilidad civil, prosiguió afirmando que el hecho descripto como 3 carece de “antijuridicidad”. Así, específicamente concluyó que “Efectivamente, más allá del reproche moral que eventualmente pudiera hacerse al demandado en relación al hecho del 10 de junio de 2015, lo cierto es que su obrar –que no revistió tipicidad penal- tampoco lo hace responsable civilmente dado que lo que él expresara no tiene entidad alguna a tal fin” (f. 293)
3. Igual conclusión arriba respecto al daño pues, en su opinión, del plexo probatorio surge que “…no existe daño cierto acreditado por la accionante a raíz del evento denunciado. El daño físico ha sido descartado en sede penal y no puede ello ser objeto aquí de debate. Por su parte, el daño extrapatrimonial alegado no ha sido demostrado en esta causa" (f. 292).
Habiendo ya descartado el testimonio de la Sra. A. G., desestimó la pericia psicológica aseverando en relación a ésta última que “…no puede determinarse con exactitud la causa de ese “agravamiento del trastorno de ansiedad generalizado” que la perito adjudica al “evento que tratan estos autos”, no habiendo explicado la perito, por lo demás, a qué evento se refiere” (f. 292vta.).
Continúa su razonamiento subrayando que a la falta de acreditación del daño se suma la ausencia de relación causal entre el hecho del 10 de junio de 2015 y del relatado como sucedido el 11 de junio de 2015 –el que considera no probado- y los daños reclamados. Funda sus conclusiones en que no hay elementos que corroboren la versión de la actora y que los testigos son de “oídas”, que la prueba confesional nada aporta y que la documental fue negada por las partes; allí remarca que los correos electrónicos –cuyas capturas lucen en copia simple a fs. 21/24- carecen de virtualidad pues se ha omitido practicar la pericia informática tendiente a demostrar la autenticidad e inalterabilidad de los mismos (f. 294).
Argumenta además que la cercanía entre el estudio profesional del letrado que asiste al demandado y el local donde trabaja la actora justifican que el Sr. C. “…haya sido visto en algunas oportunidades circulando o estacionando su automotor frente al local de la actora” (v. f. 293vta.).
II. Tal decisión es apelada por la actora (f. 298) expresando agravios a fs. 317/329vta., los que merecieron réplica a fs. 331/336.
1. Plantea como primer agravio lo considerado respecto de los hechos 1 y 2 en atención a lo resuelto en sede penal. Expone que si bien la absolución en sede penal impide, en principio, que el juez civil reexamine la culpa y determine la responsabilidad de quien fue absuelto por el delito, el campo de la antijuridicidad es más amplio en sede civil y “se puede libremente declarar culpable al productor del hecho a los fines de la indemnización aun cuando para la jurisdicción represiva su autor haya sido absuelto o aun cuando ese mismo hecho no hubiere constituido delito penal” (f. 318).
Afirma que “…los hechos dañosos llevados a cabo por el demandado, no se reducen a los tres hechos que dieron lugar a la causa penal, sino que son innumerables e imposibles de detallar todos los acontecimientos desagradables que he tenido que afrontar y sobrellevar…” (f. 318). En apoyo a su versión cita distintos testimonios afirmando que el demandado “…tiene una personalidad capaz de llevar acabo los hechos que se le atribuyen”, “…que los testigos han presenciado episodios de violencia del Sr. C. hacia la actora”, que el mismo “…ha incumplido la prohibición de acercamiento que poseía” y que “…tales comportamientos han repercutido en la vida de la suscripta, condicionando su rutina y generándole sentimientos de temor, nerviosismo y miedo” (f. 319).
Expresa que si se analizan los hechos relatados, las declaraciones testimoniales, pericia psicológica, la declaración de la víctima que fue clara y concreta en todas las sedes y la medida de restricción ordenada en dos oportunidades respecto del demandado, existieron hechos antijurídicos que merecen reparación.
Afirma que estos hechos constituyen violencia de género, que se dan en la intimidad y debe facilitársele el acceso a la justicia pues resulta una persona vulnerable. Asegura que la prueba aportada fue armónica, sin versiones contradictorias y direccionadas a intentar acreditar los daños producidos por el actuar del Sr. C.
Seguidamente, transcribe distintos testimonios calificándolos como contundentes, precisos y uniformes remarcando especialmente la declaración del Sr. P. quien relata que la “…Sra. T. atendía con la puerta cerrada, que la notaba temerosa” (f. 320). Prosigue cuestionando las afirmaciones del juez relativas a la prohibición de acercamiento así como los argumentos vertidos respecto a la pericia psicológica, indicando que si aquella es analizada en el contexto de violencia “…se comprende claramente su resultado”.
2. En su segundo, tercer y cuarto agravio, critica la valoración de la prueba testimonial, en particular, la exclusión probatoria de su madre, Sra. A. G., cita en apoyo de su posición la incidencia respecto a la producción de esta testimonial, la cual fue resuelta favorablemente.
Cuestiona lo considerado respecto del hecho individualizado como 3) en sede penal, en especial la valoración de la declaración del testigo A. contraponiéndola con las declaraciones de la víctima, de la Sra. C. y la practicada en sede penal por el Sr. O. Asegura que los dos últimos testigos en sede penal textualmente manifestaron que C. dijo que “…la iba a matar. Que donde la vea por la calle la iba a moler a palos” (f. 322vta.) calificando a tales declaraciones como convincentes, concordantes y aptas parar generar convicción. De allí, cuestiona la apelante que, “…no se comprende porque V.S. le brinda más eficacia a una sola declaración por el solo hecho de considerarlo testigo imparcial que a las tres (3) declaraciones que fueron realizadas por testigos presenciales…” ( f. 322).
Continúa describiendo los cambios en su rutina diaria que surge de las declaraciones de los testigos, que evidencian el miedo padecido por la actora y que solo pueden ser conocidas por su círculo íntimo de familiares y amigos. Afirma que luego de sucedidos los hechos del día 10/06/2015 –en referencia al hecho 3-, fue a dormir a casa de sus padres porque tenía miedo de dormir sola; que al día siguiente concurrió al Juzgado de Familia solicitando una medida de prohibición de acercamiento tanto para ella como para su hijo, la cual fue más tarde renovada (f. 323). En suma, asegura que conforme las medidas tomadas no puede desconocer que el Sr. C. “infundió temor” en la Sra. T.
Explica que el demandado tuvo la habilidad de amedrentar a la actora y hacerle creer que cumpliría sus amenazas, enlaza con ello, que “… una persona que posee una medida de prohibición de acercamiento y de todas maneras decide estacionarse en frente del local comercial que posee la suscripta…“ configura una conducta atemorizante y capaz de generar miedo en la persona de la Sra. T. (f. 323vta.).
Luego afirma que tales conductas persistieron en el tiempo, fueron precisas, concretas y reiteradas y que “la defensa planteada por el demandado se basó en intentar acreditar la infidelidad por parte de la suscripta, una personalidad conflictiva de la misma, y una supuesta suma de dinero que el Sr. C. le prestó a la Sra. T., que pareciera más querer intentar justificar el actuar violento del Sr. C., que intentar probar su inocencia” (f. 326). Respecto a la ausencia prueba considerada por el juez, asegura que no se han valorado las respuestas del testigo P. quien manifestó que vio a la suscripta con efectivos policiales, ni la testimonial de la Sra. G. quien expresó lo mismo en su declaración del día 15/03/2017 siendo aquellos testimonios presenciales y no de “oídas” (f. 327).
3. En su quinto agravio cuestiona el rechazo de la demanda recordando la obligación del Estado de intervenir en esta clase de conflictos asegurando que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos. Luego, insiste sobre la valoración de la prueba especialmente en lo referido a la declaración de la víctima, cita jurisprudencia y remarca que atento la globalidad de los acontecimientos, los rasgos de la personalidad del demandado y la finalidad de evitar la repetición de actos similares; solicita se revoque la sentencia de grado y se haga lugar a la demanda en todos sus términos, con costas (f. 329).
III.- 1) Ingresando al tratamiento del recurso, lo decidido por el juez de grado en relación a los alcances del art. 1103 del C.C. respecto de los hechos de lesiones y amenazas que fueran individualizados como hechos 1) y 2), por los que el demandado fue absuelto en sede penal, resulta inconmovible.
En efecto, la prejudicialidad argüida no ha sido adecuadamente rebatida toda vez que en sede penal se absolvió al demandado por no haberse podido acreditar la existencia del hecho ni la participación del Sr. C. en los mismos, -f. 309 causa penal que se tiene a la vista- . Así fundada la absolución cobra vigencia en plenitud la prohibición contenida en el art. 1103 del Código Civil, para impedir que en sede civil se pretendan revisar tales hechos que han quedado configurados de una manera firme en aquella instancia de juzgamiento (conf. SCBA; doct. C. 96.925, sent. del 30-VI-2009; C. 94.839, sent. del 25-XI-2009; C. 96.027, sent. del 3-III- 2010; C. 88.487, sent. del 10-III-2010; C. 98.107, sent. del 14-IX-2011; C. 103.448, sent. del 30-
V-2012).
Cabe distinguir el alcance de tal prohibición, es decir, si la absolución se fundó, por ejemplo, en la atipicidad de la conducta del imputado, del supuesto donde tal decisión se decretó por la inexistencia del hecho o su autoría.
Es que, en este último caso después de la absolución del acusado “no se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución” (art. 1103 del C.C.). Así, se ha indicado que la noción de "existencia del hecho principal" a la que alude el art. 1103 del Código Civil se limita a las circunstancias fácticas atinentes a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa (conf. C.S.J.N., Fallos: 319:2336, consid. 6; 316:2824 cit., consid. 6) pues, lo que limita al juez civil es el hecho principal como dato fáctico o, mejor aún, como suceso histórico, circunscripto a sus características de tiempo, forma y modo (conf. SCBA; voto del Dr. Soria, C. 116.715, "Villalba, Juana Ramona contra ‘El Nuevo Halcón S.A.’ y otro. Daños y perjuicios", sent. del 10/6/2015).
En ese entendimiento, sólo cuando la absolución del acusado se funda: (i) en la inexistencia del hecho principal que se le atribuye, o (ii), en la ausencia de autoría ese pronunciamiento no puede ser revisado en la instancia civil (art. 1103 del C.C), en tanto sería volver sobre la cosa juzgada. Es esta también la solución que impone el primer párrafo del art. 1777 del Código Civil y Comercial.
De allí que, encontrándose firme la absolución del aquí demandado respecto de los hechos identificados como 1 y 2 de la causa penal por considerarse que no fue acreditada la existencia de los mismos ni la participación del demandado, su revisión en esta instancia violentaría las reglas mínimas de lógica y coherencia del sistema y escandalosa para nuestro régimen legal (SCBA, Ac. 33.554, sent. del 21-IX-1984; Ac. 55.404, sent. del 25-III-1997; Ac. 64.719, sent. del 23-II-1999; Ac. 76.148, sent. del 16-IX-2003; C. 98.961, sent. del 18-V- 2011; entre otras; ver fs. 308/313 dela causa penal citada, sentencia luego confirmada por la Cámara interviniente -fs. 406/414 del Legajo “C., G. s/Recurso de Apelación” que corre por cuerda-).
2. Despejada esta cuestión y antes de seguir avanzando, creo prudente realizar algunas consideraciones tendientes a subrayar algunos aspectos del conflicto traído. Ambas partes admiten que han tenido una relación sentimental que los unió durante aproximadamente 3 años, y los hechos que se traen a valoración en este proceso, se dan en el marco de la ruptura de dicha relación sentimental, lo que habría ocurrido en el mes de marzo del año 2015. (v. fs. 51/52 y 118vta.; v. fs. 209 resp. 1).
Con ese punto de partida, la actora describe que mientras duró la relación“…el demandado en reiteradas oportunidades ha demostrado una actitud obsesiva y violenta… siendo frecuente que la insultara, la empujara, y tenga actitudes de degradación hacia su persona...” (f. 51vta.). Luego cuenta que la pareja se distanció en distintas oportunidades alegando supuestas infidelidades del demandado pero “...días más tarde comenzaba a perseguir a la misma por la calle, llamarla infinidad de veces al día, ya enviarle interminables mensajes de texto con los fines de sugestionarla…” (f. 51vta.). Tal circunstancia provocaba que la actora bloqueara al demandado en su teléfono, como en las redes sociales, situación que – según afirma la actora- ofuscaba al demandado y generaba que el mismo se presentara en el lugar del trabajo de la Sra. T. Sin embargo,“…ante las promesas de cambio y los sentimientos de afecto que sentía por el Sr. C., retomaban el vínculo sentimental” (f. 51vta.). Luego explica que para el mes de Marzo del año 2015, el demandado le expresó su voluntad de no continuar el vínculo pues había decidido retomar otra relación sentimental, no obstante, tiempo después el Sr. C. volvió a llamarla a los fines de reiniciar su relación, frente a lo cual la Sra. T. expresó en reiteradas oportunidades su rotunda negativa, bloqueando nuevamente al demandado tanto en su teléfono como en la redes sociales (f. 52). Tal situación -asegura la actora- desencadenó gran enojo en el demandado y los hechos denunciados.
Así describe que, con fecha 8/6/2015, realizó una denuncia contra el demandado ampliándola con posterioridad y expuso los hechos luego calificados como Lesiones leves y amenazas, descriptos como ocurridos en el local comercial donde trabaja el día 8/6/2015 en horas de la tarde -identificados en sede penal como hecho número 1 y hecho número 2- y amenazas sucedidos el día 10/6/2015 en horas de la noche –identificado en sede penal como hecho número 3- (ver. fs. 52vta. y 54).
Estos hechos tal como surge del considerando anterior fueron debatidos en sede penal y dieron lugar al trámite de la causa n° 9861 del año 2015 ante el Juzgado Correccional n° 1 de esta ciudad; dicho proceso concluyó -ya iniciado el trámite de las presentes-, con la absolución del Sr. C. (fs. 308/313 de la causa penal citada, sentencia luego confirmada por la Cámara interviniente -fs. 406/414 del Legajo “C., G. s/Recurso de Apelación” que corre por cuerda-).
La actora en su demanda también relata que jamás hubo arrepentimiento del demandado quien a pesar de semejante situación continuó intimidándola mediante todos los medios posibles como, por ejemplo, el envío de e-mails (v. f. 54vta.) y que a petición de la actora, la Sra. Jueza del Juzgado de Familia n°1 de esta ciudad dictó una medida de restricción de acercamiento respecto del Sr. G. C. fechada el día 11/06/2015 y luego renovada por 60 días más (ver. fs. 5/6 y 205 del expte. 13.167 de trámite ante el Juzgado de Familia n°1 departamental que corre por cuerda).
Por su parte y luego de negar los hechos atribuidos, el demandado rebate la versión indicando que tuvo una relación sentimental con la Sra. T. “…normal que duró tres años”. Afirma que “Durante dicha unión afectiva, le brinde una ayuda económica para que pueda establecer su local comercial denominado H. ubicado en el centro de la ciudad de Necochea. En un determinado momento de la relación -explica el Sr.C.-, a raíz de una discusión propia de la pareja, ella se sustrae de tener todo contacto conmigo. Intente retomar la relación pero resultaron infructuosos los esfuerzos realizados manifestándome por un mensaje de texto que me había denunciado” (f. 119).
Seguidamente describe y niega cada uno de los hechos expuestos en sede penal, describe lo que a su entender son contradicciones de la actora (v. fs. 119 y 120) y concluye “Con relación a la Sra. T. no es necesario mencionar que se ha caracterizado a lo largo de su vida y especialmente en sus relaciones de pareja, por ser una persona conflictiva, engañadora y mentirosa…. Hay un claro propósito de intentar ganar dinero con relatos más que mentirosos y que resultan contradictorios con lo expresado en la causa penal que lleva el número 2860/15 y con la realidad de todos los hechos…” (f. 121vta.).
3. Así planteado el conflicto, ha de mencionarse que dentro del sistema normativo internacional, específicamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define a la violencia contra la mujer como: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada" (El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (A/RES/48/104).
Por su parte, y con mayor alcance, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -"Convención de Belem do Pará", ley 24632- señala: "Art. 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado", incluyendo como modalidad la violencia física, sexual y psicológica. (art. 2)
Sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que: “… la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es ‘una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres’, que ‘trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases’" ("Fernández Ortega y otros vs. México" sentencia de 30 de agosto de 2010 párr. 118).
En nuestro país, la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, en su art. 4 define a la violencia contra las mujeres como: "... toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes."
El decreto reglamentario de esta ley -1011/2010- respecto de la relación desigual de poder, como elemento constitutivo de esta violencia, establece que es “ la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombre y mujeres, que limitan total y parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas en cualquier ámbito en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” .
Asimismo ha de mencionarse que el art. 5 de la ley nacional al establecer los distintos tipos de violencia define a la violencia psicológica como aquella "que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.”
3.1. En base a ello, resulta dogmática la afirmación del juez de grado por la que desestima para el análisis de la cuestión el plexo normativo referido, al considerar sin ningún fundamento que "…no toda violencia es de género aunque la víctima sea una mujer"- f. 291- pues no es facultativo para el magistrado la aplicación de los principios y normas de este sistema protectorio. (art. 1,2,3 del C.C.C.)
Ello por cuanto amén de ser normativa vigente, existe un mandato convencional y constitucional de juzgar con perspectiva de género las controversias sometidas a la jurisdicción, a fin de materializar el derecho a la igualdad previsto tanto en la carta magna como en los pactos internacionales que forman el bloque de constitucionalidad (art. 16 y 75 inc. 22 de la C.N.; conf. Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1º y 2º; Pacto de San José de Costa Rica, arts. 1º y 24; Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2º, inc. 2º y 3º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2º), ver en ese sentido, SCBA C 118472 sent. del 04/11/2015).
Ha de destacarse que por imperativo constitucional la atención y resolución de los conflictos, en procura del efectivo goce de los derechos humanos desde la perspectiva de género, es un deber indelegable e insoslayable del Estado, en tanto le es impuesto en todas sus esferas y en todos los niveles de descentralización, y en caso de incumplimiento puede hacer pasible al Estado de responsabilidad internacional (arts. 2, 3, 4, 5 y cc. de la CEDAW, y 7, 8 Convención de Belem Do Pará).
De allí que son enteramente exigibles las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en la materia, y que conceptualizan a la violencia contra la mujer como constitutiva de "una violación de los derechos humanos y libertades individuales" y en consecuencia las normas convencionales como así también las regulaciones a nivel interno son de orden público (art. 1 ley Ley 26.485), debiendo seguirse los cánones interpretativos enunciados por la CSJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus efectos vinculantes (conf. Medina, Graciela “El valor de la jurisprudencia internacional para evitar la violencia contra la mujer”, en SJA 22/06/2016 , 1 • JA 2016-II, ver notas n°5, 6 y 7, caso CIDH "Gelman vs. Uruguay" sentencia del 24 de febrero de 2011 y en la supervisión de cumplimiento del mismo -resolución del 20 de marzo de 2013- , SCBA; C. 118.472, "G. , A.M. . Insania y curatela" y sus acumuladas C. 118.473, "G. J.E. Abrigo" y C. 118.474, "S. , R. B. y otro/a. Abrigo; sent. del 04/11/2015).
De lo expuesto surge que la concepción contenida en la sentencia de grado, no observa los estándares normativos referidos, ni sus principios jurídicos fundantes, ni el principio de efectividad en materia de derechos humanos (art. 2 CADH), ya que en casos como el presente es obligación juzgar desde este sistema protectorio de orden público, y para el supuesto que el juez considere que es un caso excepcional y por ende no comprendido, ello no sólo es de interpretación restrictiva, sino que la exclusión debe ser suficientemente motivada, lo que no surge de la sentencia. (arts. 1, 2, 3 del C.C.C.)
Finalmente resta señalar que desde el plano internacional se ha acuñado el concepto de “debida diligencia”, que impone obligaciones a los Estados, y un principio informante del derecho internacional de los derechos humanos que encuentra su consagración normativa en el art. 7 b) de la Convención Belem do Pará -deberes inmediatos de los Estados- , al prescribir que deberán "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” (SCBA C.118.472 del 4/11/2015) y es en este marco que se dará tratamiento a los agravios.
3.2. En base a tales principios y normas que obligan a examinar los elementos probatorios con una especial perspectiva y luego de un pormenorizado análisis de la prueba reunida en las actuaciones, adelanto la conclusión a la que arribo, en tanto interpreto que el conflicto que subyace en la litis excede el ámbito de la responsabilidad civil y pone en tela de juicio los derechos humanos de la actora y su anhelo de llevar adelante su proyecto de vida sin violencia. (art. 3 Convención Belem Do Pará, arts. 2 inc. b) y 16 ley 26485)
Ha de señalarse que en consideración a los estándares ya expuestos, asiste razón a la actora cuando critica la valoración que se ha realizado de la prueba, especialmente de la testimonial y de su relato. (art. 384 del C.P.C.C., art. 31 y cc ley 26485) Ello por cuanto, en supuestos como el presente, la valoración de la prueba debe regirse por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad ya que de este modo se procura la efectividad de las garantías de procedimiento en este conflicto de singulares características (Art. 16 inc. I, 31 Ley 26.485, 710 del C.C.C.).
Tal es el temperamento seguido por el Código Civil y Comercial al admitir como testigos en los procesos de familia a los parientes o allegados, pues son éstos quienes están en mejores condiciones de aportar información sobre el desarrollo de la vida en pareja, por ser quienes comparten su intimidad, es decir que de algún modo participan o conocen determinadas circunstancias por su vinculación con las partes, y que han sido denominados por un sector de la doctrina como testigos necesarios. (art. 711 del C.C.C., conf. Lorenzetti Ricardo “Código Civil y Comercial Comentado” T IV, pag. 597, Rubinzal Culzoni, año 2015; Ortiz, Diego “Procedimiento de Violencia Familiar, pag. 177, Ediciones Jurídicas, Bueños Aires, año 2008).
Sobre los principios que rigen la valoración de la prueba en esta materia se ha señalado que “De esa manera se abre camino del principio ¨favor probaciones¨ que procura facilitar la acreditación de los hechos que generan dificultad. La privacidad del ámbito de esta conflictiva justifica esta solución. Este favor probationem opera flexibilizando las reglas clásicas en orden a la admisión y valoración de la prueba e indica al juez que en casos de puntuales dificultades deberá facilitar la admisión de los elementos probatorios y también actuara como una pauta de mérito a la hora de darle eficacia” (conf. Ortiz, Diego O. “Procedimiento de Violencia Familiar”, pág. 177, Ediciones Jurídicas Buenos Aires, año 2018).
3.2.1. En especial, como bien afirma la apelante, resulta inadmisible la exclusión probatoria ordenada por el a-quo respecto del testimonio de la Sra. A. C. G. – progenitora de la actora-, pues no sólo no se ajusta a los principios que rigen la materia, sino que además el magistrado contradice, a partir de esa exclusión, una decisión ya tomada respecto de su admisión como testigo y en consecuencia abarcada por el principio de la preclusión y del debido proceso. (art. 18 C.N., 34, 36 del C.P.C.C.)
En efecto es el propio sentenciante quien al valorar la oposición realizada por el demandado a la producción de esta prueba testimonial, decidió sobre su pertinencia y admisibilidad en la resolución dictada el día 04/11/2016 (v. f. 143), por lo que tal exclusión deviene improcedente siendo tal testimonio conducente y valorable en esta instancia (art. 31 Ley 26.485).
Las mismas consideraciones corresponde realizar respecto del testimonio de la hermana de la actora - Sra. M. S. T.- y de quienes por ser amigas y tener conocimiento del vínculo entre las partes, declararon durante el proceso - Sra. M. M. C. y M. G.-, ya que son las personas más allegadas a la víctima las que pueden referir situaciones compatibles con las que caracterizan conductas como las que son objeto de valoración en el presente.
3.2.2. Asimismo, a diferencia de lo valorado por el juez de grado en relación a las declaraciones de la actora –v.f. 293- considero de relevancia los dichos de la misma en la causa penal, y que fueron contestes con los sostenidos al tiempo de formular su pretensión, ya que como la propia Corte Interamericana ha reconocido“…sus dichos constituyen un elemento probatorio fundamental en esta especie de procesos” (v. Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010, serie C No. 215 y caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010, serie C No. 216, cf. párr. 100 y 89 respectivamente)
Ello por cuanto, los dichos de la víctima son de vital importancia en tanto importan un relato en primera persona de los sucesos que la afectaron, y que, a los fines del presente, en modo alguno pueden quedar abarcados por la valoración que de los mismos hizo el juez penal en relación a la declaración prestada durante el debate. En esta labor habrán de corroborarse sus afirmaciones, desde la perspectiva ya expuesta, con el resto del material probatorio a fin de lograr la reconstrucción de los hechos en que funda su pretensión. Del mismo modo serán considerados los elementos obrantes en la causa penal ofrecida como prueba pues, como sucede en el caso, “…cuando ambos litigantes invocan aquellas constancias su valor probatorio queda admitido por ambas partes en calidad de hecho integrante de la relación procesal, en base a la regla moral que impone expresarse con verdad negando o admitiendo los hechos denunciados en la demanda”, (conf. Galdós, Jorge Mario en “Otra vez sobre el valor probatorio del expediente penal en sede civil…” publicado en LLBA 1997-515 y la jurisp. citada en pto. 3ro. de ese trabajo; ver también SCBA Ac. 38.338, La Ley 1981-D, 608 y SCBA, Ac. 48.651 sent. del 24/8/93, entre otros) o bien, ante su tácita admisibilidad derivada de su incorporación sin objeciones en sede civil (conf. este Tribunal en expte. 8713 reg. int. 23 (S) del 19/4/2012, con cita de la S.C.B.A., Ac. 79216, 24/9/2003 en el voto del Dr. Hitters. Este Tribunal, expte. 8857, reg. int. 86 (S) del 1/11/2012: ídem, expte. 8960, reg. int. 88 (S) del 6/11/2012; ídem, expte. 9627; reg. int. 52 (S) del 16/6/2014, entre otros)
4. Lo actuado en este proceso y en la causa penal que corre unida por cuerda, permiten tener por acreditado que el hecho individualizado como número 3 en sede penal no fue un hecho aislado, sino que el mismo se dió a partir de la modalidad del vínculo que las partes mantenían y en un contexto de persecución, hostigamiento e intimidación a la accionante por parte del demandado, en situaciones en que se producía la ruptura del vínculo sentimental.
4.1. En efecto la actora asegura que durante su relación con el demandado fue objeto de maltrato verbal y de acoso cuando se interrumpía la relación (v. fs. 51vta. y 318). Así en consonancia con los sucesos descriptos por la actora y que fueran reseñados en el considerando III. 2) de la presente, la Sra. M. S. T. -hermana de la actora- declara en sede penal que “…hace un tiempo cuando estaban realizando la mudanza del negocio de P., iban en la camioneta de G., con muchas cosas cargadas, dentro del vehículo se encontraban la dicente, G. y P.; que en determinados momentos ellos empezaron a discutir y él ofuscado salió raudamente en la camioneta, a una velocidad excesiva” (v. f. 164, causa n° 13167 de violencia familiar que corre por cuerda). En sede civil, la misma persona explica “…ahí tuvo una mala reacción, salió muy rápido con la camioneta, y nos llevó a otro local porque había una diferencia de tres cuadras entre uno y otro local. Yo lo viví con una situación violenta para mí.” (f. 216, resp. 4ta.).
Luego la declarante asegura que la actora sufría violencia psicológica de parte del demandado: “…la hostigaba con mensajes,.. Por ejemplo, alquilaba en un balneario cerca de nosotros para observarnos en el período que estaban separados. O pasaba por las casa de mis padres para ver si estábamos… y lo veíamos que pasaba” (f. 216vta., resp. 5ta.). En sede penal, la hermana de la actora sostuvo que “...cada vez que P. y G. terminaban la relación, éste la perseguía por todos lados, le mandaba mensajes continuamente;..” (v. f. 164 de la causa penal N° 9861)
Por su parte, la Sra. A. C. G. -madre de la actora- asegura que la relación entre las partes “…no era la mejor, que siempre tenían roces y discusiones” (f. 116vta. causa n° 13167 de violencia familiar que corre por cuerda) aclarando en sede civil, que su hija tuvo con el demandado “...una relación de noviazgo. Interrumpida varias veces”. Allí la declarante describe al demandado “…Yo lo veía como un acosador. Le enviaba mensajes continuamente, cuando no estaba con él” (resp. 2da. y 3ra. de f. 218).
A su turno en sede penal, la testigo M. G. “…recuerda que en una oportunidad P. había finalizado la relación con G.… y la persiguió a bordo de un cuatriciclo por dentro del parque, donde P. corre todos los días. Que presenció momentos en los cuales G. le hablaba mal a P., incluso groseramente” (f. 87vta. de la causa penal n°9861).
4.2. Luego, para fines de marzo del año 2015, cuando se dio por finalizada la relación sentimental entre las partes estas situaciones se agravaron. Así la testigo M. M. C. describe que con la ruptura, el demandado se puso “…violento hacia P., la seguía. Le mandaba emails seguido amenazándola” (resp. 9na., f. 243). Similar relato efectúa la hermana de la actora al asegurar que la Sra. T. recibía amenazas e indica en referencia al Sr. C.: “Mi hermana lo bloqueo con el celular y entonces le manda mail” (v. f. 216vta., resp. 8va.). En ese contexto de hostilidad, el hecho identificado como “número 3” en sede penal da cuenta que el demandado perseguía y acosaba a la actora, por lo que en modo alguno puede ser interpretado aisladamente.
En efecto el día 10 de junio del año 2015, -ya finalizada la relación entre las partes y con posterioridad a las denuncias por lesiones y amenazas que en sede penal no se tuvieron por acreditadas - en horas de la noche y luego que la actora, junto con sus amigas, saliera del cine Ocean sito en calle 83 entre 6 y 8 de esta ciudad, observaron que el Sr. C. las seguía en su camioneta primeramente hasta el domicilio de la Sra. M. G. y luego hasta el departamento de la Sra. C. (v. f. 119).
Da cuenta de ello la declaración de la Sra. C. quien asegura “…volvíamos del cine y nos estaba persiguiendo en la camioneta, este chico G., éramos cuatro chicas que veníamos caminando. Nos fuimos a mi departamento, y como seguía dando vueltas en la camioneta, P. no se animaba a irse sola, entonces llamó a un amigo para que la viniera a buscar. Cuando bajamos a la vereda, estábamos en 6 y 79, nos despedimos, P. se fue con su amigo, y en eso vemos a G. doblar por calle 6 en contramano le grita a P. que estaba adentro del auto...” (f. 243 resp. 10ma.).
Similar relato efectúa en sede penal la testigo M. G. quien ratifica que luego de salir del cine, en horas de la noche, del día 10 de junio del año 2015, el demandado las siguió hasta su domicilio en calle 22, continuando la actora y la Sra C. hasta el domicilio de esta última (v. declaración a f. 87 de la causa penal).
Ello, a su vez coincide con la declaración prestada en sede penal por el testigo O., quien expresa que “...el día miércoles 10 del corriente mes y año el dicente se encontraba en una peña, cenando con amigos, cuando alrededor de 23:30hs. recibió mensajes vía whatsapp de la Sra. T., quien le decía que el Sr. C. a bordo de una Toyota Hilux de color blanco la estaba siguiendo, que le cruzaba el auto delante de su auto y que el manifestaba que “la iba a matar, que donde la vea por la calle la iba a moler a palos”; asimismo P. le pidió si la podía ir a buscar al departamento de la amiga porque tenía mucho miedo, dado que C.
constantemente daba vueltas en la camioneta por el lugar…” y luego relata que habiendo concurrido al lugar junto con el Sr. A., “…esperó que P. bajara del departamento, y se subieron al auto de ella, un Peugeot 307 de color negro; P. conducía y el dicente iba en el asiento del acompañante; cuando estaban saliendo apareció C. en su camioneta Toyota y su puso a la par del vehículo en el que circulaban y comenzó a insultar a P. y luego amenazó a ambos…”(v. f. 46vta. de la causa penal 9861).
Tal relato es confirmado por el testigo A. A., que fue quien traslado al Sr. O.
hasta el departamento donde se había refugiado la actora esa noche (f. 230, resp. 4ta.) relatando que llegaron a buscarla, el Sr. O. tocó timbre en el edificio y “…bajó ella del edificio subieron al auto de ella, estábamos en el semáforo de Av. 79 y 6 apareció C. y dijo esto es lo que quería ver, ya van a ver y se fue” (f. 230vta. 20ma. resp.).
Adviértase que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este episodio confirman no sólo la modalidad persecutoria, sino la materialidad de la conducta intimidatoria del Sr. C. pues su sola presencia, -más allá de la versión que pueda tenerse por acreditada respecto de sus dichos-, demuestra una clara actitud desafiante y de hostigamiento, pues a pesar de tener conocimiento de haber sido denunciado ( así lo reconoce a f. 119) y tener reiteradas negativas de la actora a mantener contacto con el mismo, se aparece en horas de la noche persiguiéndola en la vía pública frente a sus amistades y con intención amenazante (art. 384 del CPC).
Asimismo, preguntado el testigo C. O. si había presenciado algún otro episodio de violencia, responde que sí y describe “…que un día afuera del negocio de P. llamado H., ubicado en calle XX entre XX y 61 de Necochea, no recuerda fecha exacta pero sí que fue en horas de la tarde, el dicente la estaba esperando arriba de su vehículo, que cuando Paula estaba ingresando al local, apareció C. a bordo de su camioneta color blanca, quien no advirtió la presencia del deponente, e insultaba constantemente a P., le decía “…TE VOY A MATAR”; que P. ingresó al local y C. se retiró…” (f. 47 y vta.de la causa penal 9861); dando cuenta de otro episodio de violencia verbal e intimidación.
Pero aún más, luego de ser denunciado y transcurridos los episodios antes descriptos, la conducta intimidatoria del demandado no cesó. Así lo indica el testigo R. O. E. P., encargado del edificio situado al lado del comercio donde trabaja la actora (f. 214, resp. 12da.), quien afirma haber visto al Sr. C. “…circulando en un auto gris sobre calle 66, es más estacionando en frente. En varias oportunidades, en más de una vez” (f. 214 resp. 9na.) y luego aclara en referencia al demandado “…Lo he visto circular en una camioneta blanca, que no recuerda la marca y después de los hechos de la agresión lo ví en un autos gris, Gol Trent” (f. 215, resp. 26ta.).
Consultado el mismo testigo sobre si tenía conocimiento de la medida de restricción de acercamiento dispuesta por orden judicial indica: “Y, aparentemente, si. Después de enterarme, lo he visto estacionado en frente del edificio, que está al lado del local de P.” (f. 214vta. resp. 18va.).
Otra situación similar describe en sede penal la madre de la actora, quien relata “Que unos días después de que P. hiciera la denuncia la deponente fue a buscarla al negocio, en calle XX entre XX y 61, a la hora de cierre, es decir a las 20:30hs.; que estaba estacionada en su vehículo en la mano izquierda de la calle y cuando P. estaba subiendo al mismo lado del acompañante, pasó C. raudamente en su camioneta Toyota Hilux de color blanco, pasándole a escasos centímetros del cuerpo de P., apenas alcanzó a subir al auto” (v. f. 64vta. 65 de la causa penal n°9861 que corre por cuerda).
Antes se seguir avanzando se estima relevante destacar que, como puede advertirse, de la simple lectura de los testimonios trascriptos, no se trata de testigos de “oídas” tal fue valorado en la sentencia de grado, sino de allegados -familiares y amigos- que han percibido por sus sentidos las diversas situaciones acaecidas dando cuenta del cuadro de hostigamiento e intimidación que padecía la accionante (art. 456 del CPC). Adviértase además que tales situaciones coinciden con lo expuesto por la actora, quien describe una metodología que se repite en los distintos relatos reseñados, dando cuenta del alto grado de verosimilitud de los mismos (art. 384 del CPC).
Asimismo es relevante señalar que el testimonio del Sr. P., vecino del local de la actora, lejos de poder cuestionarse resulta dirimente, no sólo porque se trata de un tercero ajeno -no es amigo ni familiar de las partes, v. f. 214 resp. 11va.- sino por la inmediatez con los eventos descriptos, así como la concordancia y certeza de sus apreciaciones las cuales se justifican en la circunstancia que el declarante depuso sobre hechos que ha percibido directamente por sus sentidos (arts. 384 y 456 CPCC).
Es que, como refiere el Dr. Devis Echandía, “…es indispensable que el testigo explique cuándo, dónde y de qué manera ocurrió el hecho, y cuándo, dónde y cómo lo percibió o conoció” (conf. “Compendio de la prueba judicial”, T. 2, pág. 42, Edición Rubinzal Culzoni). El Sr. P. en su declaración en el marco del presente proceso (fs. 214/215)
declara que una mañana ve a la actora abrir su local comercial con una oficial de policia y allí se enteró que había sido agredida por el novio –resp. 7ma.-.
Es elocuente lo relatado por este testigo respecto de las precauciones que la actora tomaba en atención a la situación por la que atravesaba, así al responder la pregunta décimo tercera –f. 214vta- expresa que “atendía con la puerta cerrada, casi siempre. Trataba de estar siempre acompañada por un familiar o con un conocido. Siempre la iban a buscar en el horario de cierre o cerraba antes del horario”, describiendo en la respuesta decimoquinta que “estaba temerosa, nerviosa, se la veía angustiada”.
Similar declaración efectúa M. S. T. quien relata “..mi mamá iba todas las tardes, cuando cerraba su propio local para acompañarla en el cierre. Tenía todo cerrado con llave”; aseverando que “…tenía miedo de andar sola. Para ir a entrenar, también era una complicación, tenía miedo que él la estuviera esperando” (f. 216vta. resp. 12da. y 15ta.). La testigo C. describe una situación análoga al indicar que “..tenía que cerrarse con llave porque se le aparecía este señor y lo hacía en autos diferentes para pasar desapercibido. Tenía que llamar a la mamá para no estar sola en el local” (f. 243vta., resp. 13ra.).
Lo declarado por el Sr. P. en relación a la presencia del Sr. C. en su camioneta o en el auto Gold Trent, en cercanías del local de la actora, coinciden además con las propias manifestaciones del demandado.
En efecto, con fecha 11/06/2015 y en el marco de un proceso por violencia familiar, la Sra. Juez de Familia departamental dictó una medida provisoria de restricción de acercamiento contra el Sr. G. C. respecto de la actora y su hijo, “…a su domicilio y demás lugares donde los mismos pudieren encontrarse, entendiéndose por tales el trabajo, recreación y/o esparcimiento en un radio de 300 metros y por el término de 60 días a partir de la notificación” (v. fs. 5/6, causa n° 13167 de violencia familiar que corre por cuerda). Sin embargo y a pesar de la orden dispuesta, en su presentación del día 23/06/2015 el Sr. C. manifiesta “…con relación a la medida de restricción decretada, que el letrado que me patrocina tiene su estudio jurídico en el local contiguo a un negocio comercial de la madre de la denunciante en autos. Por esta razón es que se deja aclarado que concurrirá al domicilio denunciado y constituido junto al Dr. A. R.” (v. f. 26, causa n° 13167 de violencia familiar que corre por cuerda).
Es decir, el demandado lisa y llanamente expresa que va a desobedecer la orden judicial decretada sin siquiera apelar la medida y dando un nuevo indicio de su actitud intimidante hacia la actora (art. 163 inc. 5 del CPC y arts. 5 inc. 2 y 31, segundo párr., de ley 26.485).
En ese sentido deben considerarse los mails impresos -que lucen agregados a fs. 21 a 24- los cuales, a pesar de no estar peritados, coinciden con el lenguaje “grosero” que describe la testigo G. y el testigo O., y apuntan a la supuesta deuda dineraria que el demandado enuncia tenía para con él la actora y para cuya acreditación dirigió la prueba, como si ello fuera relevante a los fines de justificar la persecución y el hostigamiento relatado por los testigos, y que es un indicio más para tener por acreditadas las conductas que la actora le atribuye. (arts. 163 inc. 5 del CPC y 31, segundo párr., de ley 26.485).
Esta actitud del demandado, descalificadora de la persona de la actora se advierte también en sus presentaciones en este proceso, y en las posiciones presentadas sobre cuestiones totalmente ajenas a litis y únicamente direccionadas a ofenderla en su fuero íntimo (v. f. 121vta. y f. 210 posición 5, 6, 7, 9 ) en franco soslayo de lo establecido en el art. 16 inc. h) de la Ley 26.485.
Del mismo modo, sobre tales cuestiones fueron preguntados los testigos con la evidente intención de agraviar a la actora. Así, pueden leerse preguntas como “qué tipo de mujer es la señora T.” o “qué estima social considera el testigo tiene la Señora T.” (f. 221vta. y 222) dando lugar a calificaciones como “mentirosa”, “trepadora” o “sin tener escrúpulos” o asegurando que es “deplorable” el concepto social de la misma (v. f. 222) que evidentemente lesionan la integridad de la Sra. T. y con la misma intencionalidad son interrogados los testigos S. (f. 224) y U. (fs. 227/228).
Pero aún antes de iniciarse el reclamo civil, el demandado orientó todo su esfuerzo defensivo en descalificar del modo más violento posible a la Sra. T. Tan es así, que el propio Juez Correccional al dictar su sentencia sobre los hechos objeto de reproche penal concluyó que la defensa del Sr. C. “…tuvo una actitud un tanto temeraria respecto de la Sra. M. P. T.; centrando todos sus interrogatorios sobre una supuesta deuda monetaria o de capital del Sr. C. para con ella… y que nada tenían que ver con los hechos que en este juicio se ventilaron ni fueron objeto de razonamiento por parte del letrado al momento de alegar sobre la prueba producida, haciendo hincapié de manera constante en las preguntas efectuadas sobre si la Sra. T. poseía deudas, tenía recursos suficientes para la apertura del local comercial…” (v. f. 312vta. causa penal n°9861).
4.3. En base a estos elementos probatorios analizados en forma integral y apreciados desde la perspectiva de género surge de modo indudable y más allá de lo resuelto en el fuero penal -en relación al hecho nro. 3-, que el Sr. C. luego de la ruptura del vínculo persiguió, hostigó e intimidó a la actora, y en este sentido acreditado el factor de atribución subjetivo. (arts. 1067, 1109 y cc. del C.C.)
De lo actuado se interpreta que las precauciones que la actora tomó –no correr sola por el parque, cerrar el negocio a distintos horarios o en compañía de terceras personas- dan cuenta no sólo de la situación de hostigamiento sino de su relación causal con el temor que la Sra. T. sentía, teniéndose por verosímiles las afirmaciones que la misma realizó respecto de su afectación personal. (art. 2 inc. b Ley 26.485, 901 y cc del C.C.,y 384 del CPC). En este sentido las conductas del demandado tienen entidad suficiente para constituirse en un supuesto de violencia psicológica y moral, lesionando la dignidad, integridad y libertad individual de la actora, y por ello, contrariamente a lo sostenido por el juez de grado, la conducta del Sr. C. es antijurídica. (art. 75 inc. 22 de la C.N., arts. 5.1, 7.1, 11 Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 1, 2 inc. a) 4 inc. b), c), e) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará” ley 24632, Reglas de Brasilia –nros. 19 y 20-, arts. 4 y 5 ley 26485, 1067 y cc del C.C.).
De allí que tal como se adelantara al inicio de la presente consideración la situación evidenciada en este proceso, y que enmarcó el tratamiento que al mismo se le dio en la etapa de investigación penal, con más las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia, importó una lesión a los derechos humanos de la actora y en particular, el de llevar adelante su proyecto de vida sin violencia (arts. 75 inc. 22 C.N. 3, 4, 7 y cc. Convención de Belem Do Para, arts. 2 inc. b), 3 inc. a), 16 Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales).
En ese contexto, teniendo en consideración que los episodios de violencia hacia la actora sucedieron durante la última etapa de la relación de las partes, se agravaron con su ruptura y se mantuvieron incluso durante la tramitación de sendos procesos judiciales, corresponde hacer efectivo el derecho de la actora a ser indemnizada por tales padecimientos, esto es por el daño producido en relación de causalidad adecuada con las conductas que fueran tenidas por probadas. (arts. 5 inc. 2, 16 y 35, Ley 26.485, 901, 902, 906 y cc., 1067, 1068, 1109 y cc del C.C.).
Sobre el particular ha de señalarse que la reparación de los daños a la víctima de violencia no sólo le es reconocido en general como a cualquier persona que sufre un daño, sino que se encuentra específicamente previsto en el art. 35 de la ley 26.485 y de modo particular se impone como obligación al estado la de proveer de recursos y procedimientos eficaces para asegurar el acceso efectivo al resarcimiento (art. 7 de la Convención de Belem Do Pará).
Especialmente la recomendación nro. 19 del Comité de la CEDAW, de modo concreto indicó que los Estados adopten todas las medidas jurídicas necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida contra ellas incluidas entre otras medidas jurídicas eficaces una indemnización. (art. 24 apartado t) ítem i).
Por lo expuesto corresponde revocar la sentencia de grado y dar tratamiento a los rubros reclamados, ya que no corresponde su reenvío a la instancia de grado en mérito a la competencia de este Tribunal. (art. 266, 272 del C.P.C.C.)
5. En esta labor ha de señalarse que los rubros Daño Emergente, Lucro cesante y Daño Físico -f. 59, pto. VII, 1., 2. y 3- fueron peticionados en demanda con sustento en las lesiones constatadas por el certificado médico de fs. 20, y directamente vinculados al “hecho n°1” juzgado en sede penal. Por consiguiente, en función de los efectos que en el caso tiene lo allí resuelto de conformidad con lo establecido en el art. 1103 del C.C. y que no pudo ser analizado en el presente, corresponde su desestimación.
5.1. Respecto al daño psicológico se ha sostenido que "supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, pero ya sea como situación estable o bien accidental y transitoria, implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación” (ZAVALA DE GONZALEZ, "Tratado de Daños a las personas. Disminuciones psicofísicas", tomo I Ed. Astrea, Bs. As., Año 2009 págs.110/111). Asimismo se han considerado como notas constitutivas del daño psíquico las siguientes: “1) Exigencia de un hecho traumático significativo en la historia vital del sujeto. 2) Constatación pericial de un síndrome claro y preciso (cuadro esencialmente desadaptativo y por ende psicopatológico). 3) Causal de limitación real del psiquismo. 4) Nexo causal o concausal debidamente acreditado. 5) Cronificado o jurídicamente consolidado”. (Castex Mariano “El daño en psicopsiquiatría forense”. Edit. Ad-Hoc Año 2010 pag. 31)
En este contexto y en atención a que el daño psicológico en su faz patrimonial consiste en su posible gravitación incapacitante, o en la necesidad de tratamiento terapéutico, para su determinación es de importancia la prueba pericial psicológica a fin de establecer la existencia de una afectación tal en la persona que la padece y derivada del hecho, que se traduzca en la necesidad de realizar un tratamiento.
En el caso, fue realizada una pericia psicológica respecto de la actora a fs. 262/264 respecto de la cual medió impugnación por parte de la demandada - fs. 266/267-. Sobre este medio probatorio ha de señalarse que el perito es un auxiliar del juez y el objeto pericial es ilustrar al magistrado a través de sus conocimientos técnicos específicos –art. 457 del C.P.C.C.-, por tanto debe fundar sus conclusiones, exponiendo los antecedentes de orden técnico tenidos en cuenta para alcanzar un determinado diagnóstico y en su caso, la indicación de algún tratamiento, a fin de que pueda evaluarse por el juzgador la coherencia interna del dictamen, observando las exigencias establecidas en el artículo 472 del C.P.C.C.
Siendo ello así ha de señalarse que la pericia de fs. 262/264, lamentablemente evidencia una serie de falencias de tal magnitud que la descalifican como medio probatorio válido a los fines pretendidos en el reclamo indemnizatorio por este rubro.
Ello por cuanto del dictamen pericial no surge una sola referencia a las circunstancias del caso y en consecuencia su relación con el diagnóstico que informó, ni la explicitación de éste dentro de las características de quienes padecen situaciones de violencia. (art. 474 del C.P.C.C. y art. 16 inc. i ley 24.685)
En autos, la psicóloga dictamina que la actora presenta: “Trastorno de ansiedad generalizado, agravado directamente por el evento que tratan estos autos caratulados. A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 6 meses. B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (algunos de los cuales han persistido más de 6 meses). Nota: En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas: 1. inquietud o impaciencia. 2. fatigabilidad fácil. 3. tensión muscular” (f. 262/263).
Sin embargo, la profesional no explica cómo observa que los trastornos que refiere los presente la actora, o cuáles de ellos observa, ni como se enlazarían causalmente con el episodio de autos.
En efecto, la perito expresa en relación a la actora como “Personalidad de base, estilo neurótico normal, en el cual podía disfrutar de sus actividades deportivas, atletismo y concurrir a su comercio, estos indicadores son los más estables de la personalidad y son previos y detectados por los test gráficos que dan cuenta de la estructura de personalidad previa y recursos defensivos adaptativos, sin miedo como actualmente luego del evento que tratan estos autos caratulados han provocado y ralentizado su capacidad de goce y recreación, familiar, social y laboral.”.
Pero estas afirmaciones no pasan de ser meras aseveraciones que al no explicar de manera fundada a qué episodios se refiere, y el impacto que los mismos tuvieron en la actora, en tanto omite describir y desarrollar las razones que abonan su criterio, no permite analizar la congruencia interna del dictamen de conformidad con los presupuestos que en orden a su validez establece el art. 472 del C.P.C.C. (art. 384, 474 del C.P.C.C.) Sobre el particular esta alzada ha sostenido que “No ha de olvidarse que el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos técnicos especiales. No puede consistir en una mera opinión del perito que prescinda del necesario sustento lógico-científico. Es en esa tarea de auxiliar respecto de quien es ajeno a su formación, que ha de explicitar todos aquellos elementos necesarios para seguir su ilación lógica de modo de poder efectuar al menos un análisis formal externo del desarrollo de su trabajo, habida cuenta que el artículo 474 el CPC prescribe que el juzgador deberá estimar la fuerza probatoria del dictamen teniendo en consideración los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, entre otras pautas. Tales recaudos no pueden ser desatendidos invocando una mera alusión al resguardo del secreto profesional.” (expte. 9554, reg, int, 44 (S) 29-05-2014, expte. 10168, reg. int. 97, 10/9/2015, expte. 10847 reg. int. 107 (S) 19/10/2017, expte. 10959, reg. int. 122 (S) del 30/11/2017).
Tampoco indica la perito de qué modo el tratamiento que sugiere va a coadyuvar en una mejoría de los síntomas que afirma agravados, agravación ésta que como se dijo, no quedó objetivada eficientemente (art. 474 del CPC).
A esta altura, debo señalar -con preocupación- que atento la problemática descripta, la perito designada debió extremar los recaudos indispensables para la adecuada materialización de su labor pericial, ya que como auxiliar de la justicia también se encuentra comprendida en el deber de debida diligencia en cuestiones de violencia de género, y en el contexto de los instrumentos internacionales referidos en el considerando III. 3), 3.1). Es que la vinculación de la pericia con las circunstancias de la causa tenían una especialísima importancia y resultaba por demás necesaria pues hubieran permitido no sólo dar cuenta de su grado de afectación psicológica, sino además reconstruir con precisión el contexto de situación que padeció la actora frente a su familia y grupo social permitiendo, de ese modo, determinar las consecuencias lesivas en relación a este rubro. (art. 474 del CPC y art. 16 inc. i Ley 24.685).
Las deficiencias advertidas en esta pericia no pueden quedar contrarrestadas con las declaraciones de los testigos quienes relatan los padecimientos de la víctima, en tanto la especificidad del daño psíquico para su configuración requiere de conocimientos técnicos específicos, teniendo en consideración que de las actuaciones tramitadas en el Juzgado de Familia tampoco surge informe del Equipo Técnico, por lo que cabe desestimar la procedencia de este rubro, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar en su faz extra patrimonial. (art. 384, 457 del C.P.C.C.).
Finalmente se considera necesario mencionar que omisiones como las que han sido advertidas en estas actuaciones, en función de la modalidad de esta profesional en la labor pericial ya han sido valoradas en similar sentido por esta alzada en expedientes nro. 9554, reg, int, 44 (S) 29-05-2014, 10168, reg. int. 97 (S) 10/9/2015, Expte. 10847 reg. int. 107 (S) 19/10/2017 y 10959 reg. int.122 (S) 30/11/2017, por lo que corresponde hacerle saber que en lo sucesivo deberá presentar los dictámenes en debida observancia de lo establecido en el artículo 472 del C.P.C.C. y a los fines previstos en el artículo 474 y en tanto la reiteración de este tipo de deficiencias podrían conducir a declarar inoficiosa su intervención y/o interpretadas como negligencia en el ejercicio de sus funciones. (art. 34 inc. 5, 35, 462, arg. art. 468, y cc del C.P.C.C., artículo 36 del Ac. 2728/96). Sin perjuicio de ello las deficiencias que surgen de la pericia psicológica deberán ser tenidas en consideración al tiempo de fijar sus emolumentos. (Ac. 1870 SCBA, ley 10.306)
5.2. En cuanto a la procedencia del rubro daño moral, este Tribunal ha entendido que en los “…casos donde se detecta la violencia de género el daño moral se acredita con el mero menoscabo en el espíritu de la víctima, no requiriendo más prueba que los hechos que exceden lo habitual.” (este Tribunal, expte. 9755; reg. int. 11 (S) del 21/02/2017).
Llegados a este punto y siendo que el reclamo de la actora se dirige, entre otros, al resarcimiento del daño extrapatrimonial, es oportuno recordar que frente a los elementos reseñados hasta aquí y que dan cuenta del accionar del demandado, el llamado daño moral debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica –daño ‘in re ipsa’-, incumbiéndole al responsable del hecho acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya toda posibilidad de daño moral (SCBA Ac. 78280 S, 18-6-2003; en idéntico Cám. Civ. Com. y de Gtías. en lo Penal de este Departamento Judicial, expte. N° 1.607 y sus acumulados; reg. int. 111 (S) del 19/11/96; íd. Esta Cámara expte. 7060, reg. int. 77 (S) del 24/8/06; íd. reg. int. 120 (S) del 29/11/07; expte. 22 reg int. 11 (S) 4/11/2008; Idem expte. 9371; reg. int. 110 (S) del 5/11/2013; expte. 9687; reg. int. 3 (S) del 3/2/2015; expte. 10023, reg. int. 45 (S) del 2/6/2015).
Ello así, pues el padecer violencia de género es sumamente lesivo para la esfera espiritual, la paz y la tranquilidad, y no necesariamente debe implicar una disminución de la capacidad, sino una lesión a los sentimientos más intimos de la persona, que en el caso han quedado debidamente acreditados –art. 1078 del C.C.- (conf. Ortiz, Diego O., ¿Por qué reparar por daños en violencia familiar?, 27/10/2016, en www.pensamientocivil.com.ar cita de Silvia V. Tanzi, “La violencia de género y los daños injustamente sufridos”, AMJA). No obstante ser de difícil apreciación pecuniaria, creo necesario realizar una acentuada apreciación de las circunstancias del caso, a fin de esclarecer de qué modo y con qué intensidad el hecho ha influido presumiblemente en la personalidad de la víctima y en su equilibrio espiritual.
En esa senda ha de señalarse que la actora padeció una afectación no solo de su integridad y dignidad, sino que también fue afectada en su libertad personal en tanto fue objeto de persecución y hostigamiento. Tal como surge de los testimonios del vecino del comercio donde la misma trabaja –Sr. P.-, de su madre, su hermana, y de sus amigas, -ya referidos- los mismos no sólo dan cuenta del temor y la angustia que la actora sentía con motivo de la conducta del demandado, sino que además tuvieron relevancia a fin de probar que la actora, para la realización de sus actividades cotidianas necesitaba, -en términos de su resguardo-, del acompañamiento de terceros, debiendo además modificar sus hábitos cotidianos.
Otro elemento revelador del miedo y la inseguridad padecida por la Sra. T. fue la medida de restricción de acercamiento solicitada respecto del Sr. G. C. y que fuera concedida con fecha 11/06/2015 y luego renovada por 60 días más (ver. fs. 5/6 y 205 del expte. 13.167 de trámite ante el Juzgado de Familia n°1 departamental que corre por cuerda). Por consiguiente, no puedo más que concluir que los sucesos descriptos y probados y calificados como violencia psicológica, configuraron una afectación de los derechos que protegen la integridad, dignidad, seguridad personal, paz, tranquilidad de espíritu, privacidad y libertad individual de la actora (este Tribunal expte. N°71, reg. int. 21 (S) del 12/03/2009. Ídem, expte. 8851, reg. int. 94 (S) del 13/11/2012; ídem expte.8980; reg. int. 76 (S) del 8/8/2013) debiéndose hacer lugar al daño moral (art. 1078 del C.C., en igual sentido art. 1738, 2do párr., CCyC).
Respecto a la cuantificación del daño moral, esta Cámara, aun antes de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la ha fundado en un doble orden de fundamentos: por un lado los precedentes de casos análogos y por otro los llamados placeres compensatorios (este Tribunal, expte. 8666. reg. int. 89 (S) del 15/11/2011; expte. 9556; reg. int. 114 (S) del 23/9/2014, expte. 9755; reg. int. 11 (S) del 21/02/2017).
Bajo esos parámetros, atento las circunstancias descriptas, entidad y gravedad de los hechos traídos en tanto lesionaron derechos humanos de la actora, las circunstancias que rodearon los acontecimientos, los distintos procesos y las vicisitudes íntimas que allí debieron ventilarse -art. 16 inc. f. de la ley 24.685-, el tiempo de duración de las medidas de protección dispuestas, y la edad de la víctima al momento de los hechos, así como los montos otorgados en casos similares, en uso de las facultades conferidas en el artículo 165 del C.P.C.C. creo prudente por ser razonable y ajustado a las particularidades del caso, fijar la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) en concepto de daño moral (arts. 1078 del C.C., en igual sentido, 1738, segundo párr. del CCyC y 35 Ley 26.485, 165 del C.P.C.C., CNCiv Sala C, expte. 64907 del 28/11/2017).
6. Por último, atento el progreso del resarcimiento, deberá tomarse como fecha de mora el día 10/06/2015 pues aquella coincide con el episodio denominado “hecho 3” probado en estos actuados, y que resultó representativo del contexto de violencia padecido por la actora.
Siendo ello así, a la suma de condena corresponde aplicar intereses, los que, desde la mora -10/6/2015- y hasta la presente, deberán ser calculados de conformidad con la doctrina legal que surge de la causa “Vera” (SCBA C. 120.536 del 18/4/2018) y “Nidera” (SCBA C. 121.134 del 3/5/2018).
En los citados pronunciamientos el Superior Tribunal Provincial consideró que al estimarse la indemnización a valores posteriores a la exigibilidad del crédito es congruente que los intereses devengados hasta ese momento sean liquidados a una tasa de interés puro que estima adecuado, en las actuales circunstancias, establecer en un 6 % anual siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 283:235; 295:973; 296:115, y más recientemente en 311:1249) y lo resuelto por la SCBA en distintos pronunciamientos (B.48.864 "Fernández Graffigna", sent. de 1-X-1983, Ac. y Sent. 1983-III-227, L.49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L.53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramírez", sent. de 19-II-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Provincia c.
Miguel", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011, entre otros) (conf. SCBA C. 120.536, citada). De este modo el Superior Tribunal Provincial consideró que “es prudente adoptar en la especie el aludido criterio consolidado por la jurisprudencia. Lo es porque el cálculo del crédito a valores actuales, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexatorias, se asemeja a ellas en cuanto evidencia una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación experimentadas a partir de la pasada década, sobre todo al promediar su segunda mitad.
Una etapa en la cual, en adición a lo ya señalado en orden a lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial, la agregación de distintos antecedentes normativos ha venido a reconfigurar el panorama regulatorio en la materia, morigerando la estrictez del régimen previsto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ratificado por la ley 25.561, con sus reformas) a favor de una creciente flexibilidad, por cuya virtud se abren paso considerables excepciones expresas que consagran la inaplicabilidad de tales textos -preferentemente para grandes operaciones financieras (v.gr. leyes 26.313; 26.547, art. 4; 27.249; 27.271, art. 6; 27.328, art. 31 inc. "d"; decretos PEN 905/2002, art. 2; 1096/2002, art. 1; 1733/2004, art. 1; 146/2017, art. 5)- o bien se modulan sus alcances prohibitivos (v. decreto PEN 1295/2002, derogado por el decreto 691/2016, cuyo considerando octavo alude al "aumento generalizado de los precios", entre muchos otros textos)” (conf.
SCBA C. 120.536, y 121.134 citadas).
De allí concluye en que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual “… en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito” (conf. SCBA C. 120.536, y 121.134 citadas).
En mérito a ello y siguiendo la doctrina legal del Superior Tribunal Provincial los intereses a aplicar al monto de condena deberán ser calculados desde la mora (10/6/2015) hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928) (SCBA, B 62488, 18/05/2016, “Ubertalli Carbonino, Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa”, C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" del 21-X-2009, Ac. 118615 “Zocaro”, 11/3,2015 C.. 119176 “Cabrera, del 15/6/2016). Por todo lo expuesto corresponde revocar la sentencia de fs. 285/295 y en consecuencia, hacer lugar a la acción por daños y perjuicios incoada contra el demandado, Sr. G. C., condenando a este último a resarcir a la actora, debiendo abonar a la misma en concepto de daño moral, la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) en el término de 10 días de quedar firme la presente, más los intereses considerados en el apartado 6) del considerando III.-
Las costas de ambas instancias, en atención al resultado del recurso deben ser impuestas al demandado vencido. (art. 68, 274 del CPC).
En consecuencia, a la cuestión planteada voto por la NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
En atención a como quedó resuelta la cuestión anterior corresponde: I)
Revocar la sentencia de fs. 285/295 y hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por la Sra. M. P. T. contra el demandado Sr. G. C., quedando sin efecto la regulación de honorarios contenida en la sentencia. II) Condenar al demandado –Sr. G. C.-, a resarcir por el daño moral ocasionado a la actora –Sra. M. P. T.-, debiendo abonar a la misma, la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) en el término de 10 días de quedar firme la presente, más los intereses que deberán ser calculados desde la mora (10/6/2015) hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928). III) Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido. (art. 68 y 274 del C.P.C.C.) IV) En mérito a las omisiones advertidas en el dictamen pericial psicológico y que fueran valoradas en el considerando III.5.1), y en consideración a los antecedentes de similar cuestión valorada en exptes. Nro. 9554, 10168, 10847 y 10959 de esta alzada, hágase saber a la Lic. Algañaraz que en lo sucesivo deberá presentar los dictámenes en debida observancia de lo establecido en el artículo 472 del C.P.C.C. y a los fines previstos en el artículo 474 y en tanto la reiteración de este tipo de deficiencias podrían conducir a declarar inoficiosa su intervención y/o interpretadas como negligencia en el ejercicio de sus funciones, (art. 34 inc. 5, 35, 462, arg. art. 468, y cc del C.P.C.C., artículo 36 del Ac. 2728/96). Sin perjuicio de ello las deficiencias que surgen de la pericia psicológica deberán ser tenidas en consideración al tiempo de fijar sus emolumentos. (Ac. 1870 SCBA, ley 10.306), todo lo cual deberá notificarse mediante cédula. V) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31 ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, de octubre de 2018.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: I) Revocar la sentencia de fs. 285/295 y hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por la Sra. M. P. T. contra el demandado Sr. G. C., quedando sin efecto la regulación de honorarios contenida en la sentencia. II) Condenar al demandado –Sr. G. C.-, a resarcir por el daño moral ocasionado a la actora –Sra. M. P. T.-, debiendo abonar a la misma, la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) en el término de 10 días de quedar firme la presente, más los intereses que deberán ser calculados desde la mora (10/6/2015) hasta la presente sentencia a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928). III) Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido. (art. 68 y 274 del C.P.C.C.). IV) En mérito a las omisiones advertidas en el dictamen pericial psicológico y que fueran valoradas en el considerando III.5.1), y en consideración a los antecedentes de similar cuestión valorada en exptes. Nro. 9554, 10168, 10847 y 10959 de esta alzada, hágase saber a la Lic. Algañaraz que en lo sucesivo deberá presentar los dictámenes en debida observancia de lo establecido en el artículo 472 del C.P.C.C. y a los fines previstos en el artículo 474 y en tanto la reiteración de este tipo de deficiencias podrían conducir a declarar inoficiosa su intervención y/o interpretadas como negligencia en el ejercicio de sus funciones, (art. 34 inc. 5, 35, 462, arg. art. 468, y cc del C.P.C.C., artículo 36 del Ac. 2728/96). Sin perjuicio de ello las deficiencias que surgen de la pericia psicológica deberán ser tenidas en consideración al tiempo de fijar sus emolumentos. (Ac. 1870 SCBA, ley 10.306), todo lo cual deberá notificarse mediante cédula. V) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31 ley 14.967). Notifíquese personalmente o por cedula (art. 135 CPC). Devuélvase (arts. 47/8 Ley 5827).
Dra. Ana Clara Issin Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia