Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo 1. Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda por compensación económica interpuesta por la Sra. M… J… T… N… contra el Sr. P… M… d… H…. En consecuencia fijar en concepto de compensación económica a favor de la actora y a cargo del demandado la suma de $ 8.424.000, la que deberá ser abonada en un término no superior a los 20 días de quedar firme la presente. A la suma indicada deberán adicionarse intereses desde la fecha de promoción de la acción 1/10/2020 hasta la presente valoración a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión) 2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado en su calidad de vencido. 3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios fijada en la sentencia apelada en atención a lo aquí resuelto. 4. Diferir la regulación de honorarios para cuando obren pautas a tal fin. (31, 51 ley 14967)
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 15 días del mes de febrero de 2024 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "T… N… M… J… C/ D… H… P… M… S/ Accion Compensacion Economica"
Expte. 14005, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin, Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 13/7/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. El 13/7/2023 la jueza de grado dicta sentencia por la que resuelve desestimar la demanda interpuesta por la Sra. M… J… T… N… contra el Sr. P… M… D… H…, imponiéndole las costas a la actora. Asimismo, regula los honorarios profesionales sobre el monto reclamado en demanda.
Para así decidir, tuvo por acreditados los presupuestos formales: existencia de una relación de pareja matrimonial, sentencia de divorcio y acción interpuesta en tiempo.
Consideró la naturaleza jurídica del instituto, su concepto y alcances y conceptualizó con cita de doctrina y jurisprudencia los presupuestos sustanciales de la compensación económica de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del C.C.C. Señaló que el desequilibrio económico debe ser manifiesto e interpretó que “En el caso concreto, la desigualdad alegada por la Sra. T… N… no surge palmaria, ni evidente, sino que tampoco surge de forma ostensible ni posee entidad suficiente, ni fue acreditada debidamente en autos.”
Analizando la prueba producida y los escritos postulatorios, en los términos establecidos en el artículo 441 del C.C.C. y las pautas del artículo 442 del C.C.C. tuvo por acreditado que: a) la actora al tiempo de la celebración del matrimonio tenía 18 años de edad -año 1992- no se desarrollaba laboralmente ni estaba inscripta en una carrera; b) el demandado se desempeñaba como transportista y arrienda un predio rural que habría adquirido por sucesión -indicando la controversia sobre ello-; c) la actora según declararon los testigos se desempeñó como peluquera -aunque sin precisión de períodos en que ello ocurrió- y que de la documental surge su alta en la AFIP y tenía monotributo, y que se desempeñó de manera temporal en los períodos 1 y 2/ 2005 y 1/2007; d) ninguno de los cónyuges poseía bienes con anterioridad al matrimonio detallando como adquiridos durante la vigencia de la comunidad: dos inmuebles, un camión y acoplado y una serie de autos viejos, encontrándose controvertida la situación del predio rural de Ramón Santamarina; e) los hijos son mayores de edad y la actora tenía 45 años y el demandado 55 al tiempo del divorcio y 49 y 59 años respectivamente al tiempo de la sentencia; f) la actora -en la actualidad- trabaja como empleada doméstica y el demandado continúa siendo transportista y obtiene renta por el predio rural. Luego de afirmar que la situación de desequilibrio debe ser ponderada al momento de la disolución de la pareja, reitera que la actora al inicio de la relación, no poseía trabajo, ingresos, ni bienes y mencionando el expte. de trámite por la liquidación de comunidad considera que “la incorporación de patrimonio durante la vigencia del matrimonio ha beneficiado a la Sra. T… N…, incrementando su patrimonio, habiendo acuerdo respecto de la forma de liquidación de dichos bienes”. Desde allí interpreta que no surgen pruebas necesarias para acreditar el desequilibrio manifestado por la actora y que el resultado del acuerdo arribado en dicho expediente “puede abastecer la función compensatoria hoy pretendida”.
Señala que “la actora, ingresó a la relación sin un empleo -no surge vinculo de dependencia (excepción hecha de períodos informados 1 y 2/ 2005 y 1/2007), renuncia a empleos, incluso sin la idea de desarrollar una carrera u oficio, sin bienes a su nombre; ahora bien, al momento de la ruptura seguía sin desarrollar, a decir de la actora, tareas laborales ni cursar estudios, y si incorporo más de un bien en carácter de comunidad de ganancias, es decir que las posibles y eventuales diferencias en los patrimonios se deberán compensar en razón del reparto igualitario de los bienes y las cargas con base en su fundamento solidario.”
Afirma que “es la actora quien tenía la carga de demostrar los presupuestos necesarios para acreditar que la futura división de los bienes gananciales no logra recomponer el desequilibrio existente y en el caso de marras no surge tal acreditación”.
Luego de indicar que, si bien el cuidado de los hijos fue asumido prioritariamente por la actora, su valoración guarda relación directa con el deber de contribuir a las cargas del hogar en proporción a sus recursos y el cómputo del trabajo doméstico como aporte (conf. arts. 445 y 660 del C.C.C.). Señaló que no se ha acreditado que el demandado se hubiera desentendido y no participara en la vida de sus hijos.
Valora que la situación de vulnerabilidad alegada no surge palmaria y que los bienes ingresaron al patrimonio común por la actividad del demandado, señalando que se dividió de manera privada lo vinculado al camión Scania y al acoplado.
Aclara que es obligación de los jueces analizar y resolver con perspectiva de género “sin que ello implique desmedro por la igualdad de las partes en juicio y -concretamente en la materia patrimonial a la que nos abocamos en la causa de marras- tener en consideración que la compensación económica confiere protección especial a aquel miembro de la familia que queda en una situación de desventaja o de inferioridad a causa de la vida familiar que se extingue. Que desde esta óptica podría verse así a esta figura- y en razón de resultar ser la mujer la principal destinataria- como con perspectiva de género, tendiente a superar la dependencia económica de la mujer, pero no implica que resulte un medio idóneo para lograr la igualdad de los conyugues.”
Interpreta que “la actora al momento de la disolución del vínculo contaba con 45 años, edad que permite no solo una inserción laboral sino también el inicio de oficio, profesión o comercio y que- aun contando con la libertad de dar inicio a sus posibles postergaciones, no surge que haya elegido intentar emprender.”
Refiriéndose nuevamente a las pautas que valoró, reitera a modo de síntesis la situación de ambas partes durante la relación y su ruptura y destaca que los bienes de la comunidad ingresaron al patrimonio común por el aporte exclusivo del demandado.
En este sentido valora respecto de la situación de la actora que al inicio de la relación “no poseía bienes a su nombre, ni tenía inicio o desarrollo de estudios, carrera profesional, emprendimiento u oficio”, durante el matrimonio “ha desarrollado actividades laborales de manera esporádica, y se habría desempeñado como peluquera, no habiendo cursado estudios terciarios o universitarios; estuvo dedicada mayormente al cuidado de los hijos y el hogar; incorporo varios bienes inmuebles, muebles registrables, etc. integrantes de la comunidad y luego de la ruptura “manifiesta desempeñarse como empleada doméstica, ha percibido una suma de dinero en concepto de enajenación de un camión y acoplado; ha acordado la venta de dos inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, así como de un lote de vehículos”
Respecto del demandado, considera que al inicio de la relación “no poseía bienes a su nombre. No se ha acreditado la fecha de inicio de su actividad laboral”. Agrega que durante el matrimonio “desarrolló tareas como transportista; percibe una renta como consecuencia de la locación de un predio rural; incorporo varios bienes inmuebles, muebles registrables, etc. integrantes de la comunidad con su aporte exclusivo”. Indica que luego de la ruptura “siguió con tareas en rubro transporte; continúa habitando la vivienda asiento del hogar conyugal; adquirió el 50% de la propiedad de un camión y acoplado a la Sra. T… N…; ha acordado la venta de dos inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, así como de un lote de vehículos (v. expediente N° NE-1551-2021- (RGE=NE-1551-2021)”.
De este modo argumenta que “sin perjuicio de la debida valoración del proceso con una mirada de género, deviene necesaria la consideración de la equidad como lo justo, pero no como fórmula general de justicia sino como lo justo concreto y adecuado a las circunstancias particulares del caso: en autos concretamente la actora no ha acreditado su desequilibrio manifiesto y por el contrario la ruptura del vínculo le permite acceder a la disposición -una vez liquidada la comunidad- de su patrimonio.”
Finalmente concluye que “no se ha acreditado en autos la existencia de un desequilibrio económico manifiesto existente al tiempo de la separación y que subsista en la actualidad, que haya tenido por causa adecuada en el matrimonio y su ruptura, por lo que corresponde desestimar de la acción impetrada”.
II. Contra esta resolución interponen recurso de apelación ambas partes el 31/7/2023.
El demandado cuestiona en sus agravios la base regulatoria, señalando que no fue sustanciada y se omitió el cómputo de intereses sobre el monto reclamado. Califica así a la regulación de honorarios de prematura, solicitando se deje sin efecto (v. agravios de fecha 28/8/2023). La actora expresa sus agravios el 30/8/2023, los que merecieron réplica del demandado, quien solicita la deserción del recurso (v. presentación de fecha 15/9/2023)
En la fundamentación de la apelación, la accionante realiza una crítica a la valoración contenida en la sentencia respecto de los presupuestos de hecho y de la prueba analizados por la magistrada y se agravia del rechazo de la compensación económica.
Así, respecto a la consideración sobre la edad de la actora a la fecha de la separación y que ello le permite la inserción laboral o el inicio de una profesión, oficio o comercio señala que la magistrada “hace un análisis totalmente subjetivo y carente de fundamento fáctico”.
Indica que no cuenta con capacitación ni experiencia laboral, que contrajo matrimonio muy joven teniendo su primer hijo a los 18 años y el segundo a los 19 y que son muy escasas las posibilidades de acceder a un empleo a la edad que tenía al tiempo de la separación y que “Puede trabajar de empleada doméstica (de hecho, lo hace) con muy pocas posibilidades de obtener remuneraciones dignas y estables.”
Expone que dar inicio a un emprendimiento o comercio requiere contar con un ahorro y que tuvo que dejar el hogar conyugal “producto de los hechos de violencia psicológica y física que sufría por parte del demandado, y lo hizo llevándose sólo un bolso con un poco de ropa, muy lejos estaba su realidad de poder contar con ahorros. Prueba de ellos es el expediente sobre amenazas iniciado en sede penal, en el cual el Sr. P… M… d… H… fue condenado, caratulado "D… H… P… M… s/ AMENAZAS- VICT. T… M… J…" causa Nro. 14005 de trámite ante el Juzgado Correccional N1 de fecha 10 de agosto de 2022”
Agrega que el rol que asumió a los 17 años (sin finalizar los estudios secundarios) y tuvo dos hijos en los dos años subsiguientes, es propio “de la división de roles clásica de una familia de los años 90, correspondiente al modelo patriarcal (aún hoy vigente). Con esta realidad, pretende la juzgadora que la accionante tenga aspiraciones de emprendedora a los casi 50 años de edad, cuando durante 30 años de matrimonio, se ha dedicado al trabajo dentro su casa, vale recordar en este punto que la ley, no puede exigirles a las personas comportamientos heroicos y que la división de roles es propia del instituto que motiva la demanda.”
Critica la confusión que surge de la sentencia de la figura de la compensación económica con la liquidación de la comunidad en orden a su distinta naturaleza y fines que persiguen.
Luego cuestiona que habiéndose probado que durante todo el vinculo matrimonial asumió el cuidado de los hijos y las tareas del hogar y así considerado en la sentencia, se la obliga a probar aquello que el demandado no hizo, es decir ocuparse de la vida cotidiana de sus hijos. Indica que “resulta absurdo y fácticamente imposible la exigencia de su Señoría de probar la ausencia del progenitor en la vida cotidiana de sus hijos puesto que resulta imposible probar lo que alguien no hizo, mucho más si la exigencia es la prueba absoluta de ello. En tanto la misma exigencia no recae sobre el progenitor que tampoco pudo producir una sola prueba tendiente a probar que si participaba de la vida de sus hijos y el hogar.”
Cuestiona que la sentencia omite “tener en cuenta los trabajos domésticos como la mantención del hogar, llevar los hijos al colegio, ayudarlos con las tareas escolares, limpiar y cocinar no solo para sus hijos, sino también para su marido, en los pocos o eventuales momentos en que permanecía en el hogar.” Señala que la propia actividad del demandado tiene por característica ausentarse por largos períodos de la ciudad, afirmando que la actora “se ocupaba, no de forma prioritaria, sino exclusiva de la casa y sus hijos”.
Aduce que la valoración de la magistrada respecto a que los bienes ingresaron al patrimonio común por el exclusivo aporte como transportista realizado por el demandado “vuelve a poner a las claras el desvalor que le da su Señoría al trabajo dentro del hogar, poniendo énfasis en que el único trabajo valioso es el remunerado. Como si la actora se hubiera enriquecido casi de forma ilegítima con bienes que ingresaron a su patrimonio por el solo esfuerzo y producto del trabajo de su marido, desconociendo la idea de asignación o división de roles y de sociedad conyugal.”
Critica lo valorado respecto del desequilibrio económico aduciendo que la comparación es errónea en el tiempo que se realiza. Con cita del artículo 441 del C.C.C. señala que debe compararse la situación en la que estaba el cónyuge -que pide la compensación-, durante la vida matrimonial y la que comienza a tener luego del divorcio. Desde allí afirma que “es el divorcio o separación lo que debe producir un desequilibrio manifiesto de la situación de uno de los conyuges con causa en la ruptura. En ningún caso habla el legislador que debe evaluarse el desequilibrio antes de contraer matrimonio y después del matrimonio como realiza la juzgadora en la sentencia.”
Argumenta que por la naturaleza jurídica de la compensación económica “no se trata de las razones subjetivas por las cuales el peticionante de la compensación no trabajó, no estudió o no se capacitó laboral o profesionalmente durante el matrimonio, sino de la situación objetiva que se encuentra luego de la ruptura”. Al respecto indica que no tiene importancia “si aceptó las condiciones que el cónyuge le impuso o si se resignó al rol que el medio social y cultural le asignaba. Es que el instituto de la compensación económica no puede verse como un premio o castigo a quien trabajó fuera del hogar o estudió. Es precisamente al revés. Está previsto para quien no pudo hacerlo”.
En referencia a las pautas valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del C.C.C. la apelante afirma “ninguno de los dos tenía bienes, los adquirieron producto del esfuerzo común, dentro de un proyecto de familia, a lo largo de los 30 años que duró su matrimonio” y luego de referirse a los bienes adquiridos durante la unión expresa que “respecto de los gananciales, sólo han llegado a un acuerdo en dividir los de menor valor (el camión y los autos). Mientras que las propiedades continúan bajo el usufructo del accionado”.
Luego de reiterar algunas consideraciones realizadas en la fundamentación del recurso y respecto a la pauta de capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo expresa que si bien realizó un curso de peluqueria, no se desarrollaba como empleada de una peluquería sino que hacía algunas trabajos esporádicos en su casa “cuando la vida familiar, doméstica y el cuidado de sus hijos se lo permitía.” Agrega que la inscripción en la AFIP no prueba su capacitación laboral y que “el actor, 9 años mayor, se casó a los 28 años de edad y siguió durante su vida matrimonial desarrollándose y ganando experiencia en la actividad de transportista. Por lo que a las claras está que existe un desequilibrio entre ambas partes.” Finalmente aduce que “la atribución de la vivienda conyugal, le fue dada al Sr. D… H…, quien así lo solicitó en el escrito de divorcio” y desde la separación habita dicho inmueble y fue recién con el inicio del expediente de liquidación que el demandado comenzó a pagar el canon por uso exclusivo del inmueble. Afirma que la vivienda “es de carácter ganancial y si bien en oportunidad de audiencia conciliatoria se acordó la venta de las propiedades, eso jamás se produjo, ni siquiera fue posible acordar el martillero, precio y mucho menos poner un cartel de venta a la misma. Puesto que el demandado no lo permite.”
Concluye el agravio expresando que “Dada la extinción del matrimonio, habiendo la actora dedicado 30 años a las tareas del hogar y crianza de sus hijos, hoy se encuentra con una edad que le impide la inserción en el mercado laboral, sin capacitación, sin obra social, trabajando de empleada doméstica por hora, percibiendo un ingreso que con lo justo le alcanza para pagar un alquiler. Mientras que el demandado percibe los frutos de su trabajo como transportista, sigue recibiendo las rentas de sus campos, mientras ocupa el hogar conyugal y hace uso de los espacios descubiertos de la vivienda contigua.”
Por último cuestiona la imposición de las costas por haberse omitido considerar que cuenta con beneficio de litigar sin gastos y del monto elevado de los honorarios regulados.
Hace reserva del caso federal.
III. Inicialmente y a los fines de dar tratamiento a los planteos articulados ante esta instancia corresponde abocarse al acuse de deserción peticionado por el demandado al contestar la expresión de agravios, el que no es de recibo.
En efecto, la expresión de agravios, contiene una crítica concreta y clara de las partes del fallo que se consideran erróneas en torno a la valoración de los hechos y de la prueba. En este marco el escrito de expresión de agravios satisface los recaudos impuestos por el artículo 260 del C.P.C.C. para habilitar el tratamiento de la apelación por el Tribunal. (art. 18 C.N. y 15 C.Pcial).
Asimismo, teniendo en consideración las particularidades del caso la cuestión objeto de revisión debe ser tratada en base al orden público que surge del plexo normativo convencional y constitucional de aplicación que impone juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos las controversias sometidas a la jurisdicción. (arts. 1,2,3, C.C.C.) Ello en debida observancia del derecho a la igualdad y no discriminación previsto tanto en la ley fundamental de la Nación, como en los pactos internacionales que forman el bloque de constitucionalidad (art. 16 y 75 inc. 22 de la C.N.; conf. Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1º y 2º; Pacto de San José de Costa Rica, arts. 1º y 24; Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2º, inc. 2º y 3º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2º), arts. 2, 3, 4, 5 y cc. de la CEDAW, y 7, 8 Convención de Belem Do Pará). (conf. expte. 10.510 reg. int 125 (S) 9/10/2018, expte. 13247 reg. elec. 112 (RS) del 18/08/2022, entre otros, expte. 13737, reg. elec. 122 (RS) del 5/9/2023)
IV. Desde allí daré tratamiento a los agravios, los que han sido transcriptos en extenso, del mismo modo que la sentencia, en tanto la atenta lectura de las postulaciones de las partes, la valoración de lo actuado en el presente y lo decidido, así lo imponen. (v. MEDINA, Graciela; “Juzgar con perspectiva de género: ¿por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?”, DFyP 2015 -noviembre-)
Es pertinente destacar que este enfoque no es facultativo sino que es un deber para la magistratura. El marco de análisis posibilitará valorar si en el presente se reúnen los presupuestos de procedencia de la compensación económica en base a los principios que orientan este instituto, teniendo en consideración los contextos de desigualdad estructural, los específicos del caso de acuerdo a la prueba producida y las situaciones de violencia física y psicológica padecidas por la actora, que surgen de la causa penal nro. 14005 de trámite ante el Juzgado Correccional Departamental por el delito de amenazas y del expediente de violencia familiar nro. 25.780, y que no han sido ponderadas en la instancia.
1. En efecto “por imperativo constitucional la atención y resolución de los conflictos, en procura del efectivo goce de los derechos humanos desde la perspectiva de género, es un deber indelegable e insoslayable del Estado, en tanto le es impuesto en todas sus esferas y en todos los niveles de descentralización, y en caso de incumplimiento puede hacer pasible al Estado de responsabilidad internacional (arts. 2, 3, 4, 5 y cc. de la CEDAW, y 7, 8 Convención de Belem Do Pará).
De allí que son enteramente exigibles las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en la materia, y que conceptualizan a la violencia contra la mujer como constitutiva de "una violación de los derechos humanos y libertades individuales" y en consecuencia las normas convencionales como así también las regulaciones a nivel interno son de orden público (art. 1 ley Ley 26.485), debiendo seguirse los cánones interpretativos enunciados por la CSJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus efectos vinculantes (conf. Medina, Graciela “El valor de la jurisprudencia internacional para evitar la violencia contra la mujer”, en SJA 22/06/2016 , 1 • JA 2016-II, ver notas n°5, 6 y 7, caso CIDH "Gelman vs. Uruguay" sentencia del 24 de febrero de 2011 y en la supervisión de cumplimiento del mismo -resolución del 20 de marzo de 2013- , SCBA; C. 118.472, "G. , A.M. . Insania y curatela" y sus acumuladas C. 118.473, "G. J.E. Abrigo" y C. 118.474, "S. , R. B. y otro/a. Abrigo; sent. del 04/11/2015).” (v. este Tribunal expte. 10.510, reg. int. 125 (S), del 09/10/2018, expte. 13.758, reg. elec. 93 (RS) del 11/7/2023).
Claramente la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, en su art. 4 define a la violencia contra las mujeres y el Superior Tribunal Provincial sostuvo en referencia a la citada norma que “Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485). De allí se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial. (conf. SCBA 124589 "M. L. F. contra C. M. E. Acción de Compensación Económica" del 21/3/2022)
La relación desigual de poder como elemento constitutivo de la violencia ha sido descripta en el decreto reglamentario de la ley -1011/2010- como “ la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombre y mujeres, que limitan total y parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas en cualquier ámbito en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. (expte. 10.510; reg. 125 (S) del 9/10/2018, expte 12.116 reg. elec. 56 (RS) sent. del 22/6/2021, expte. 13737, reg. elec. 122 (RS) del 5/9/2023)
En el caso esta relación desigual de poder, tal como se verá, ha quedado claramente evidenciada.
1.2. El enfoque enunciado y los principios del instituto de la compensación económica - solidaridad familiar, intimidad y libertad en las relaciones familiares, de igualdad y no discriminación- no sólo orientan la labor hermenéutica, sino que la prescriben (arts. 1 y 2 del C.C.C.). Sobre el particular este Tribunal ha sostenido que “Los principios son normas que constituyen mandatos para la realización de un valor en su nivel óptimo.” Y que expresan “la orden cumplir con un mandato en la mayor medida posible” es decir que “establecen una dirección que debe cumplirse en la mayor medida posible.” (Lorenzetti, R. L. “Teoría de la decisión judicial” pp.139/140, Rubinzal Culzoni, 2008)” (expte. 11580, reg. int. 42 (S) 11-06-2019; íd. expte. 12588 reg. elect 6 (RS) 03-08-2021, conf. Kemelmajer de Carlucci Aida “Tratado de Derecho de Familia”, T. I, Edit. Rubinzal Culzoni, pág. 97, con cita de Robert Alexy “Teoria de los Derechos Fundamentales”)
En esta línea se ha sostenido que en “el sistema axiológico vigente (que cambió definitivamente el arquetipo sobre la igualdad decimonónica y avanzó hacia la igualdad real de oportunidades y de trato) no implica igualación o nivelación absoluta, sino garantía de equiparación de puntos de partida por medio de una legislación adecuada y un estado dinámico y proactivo orientado a generar modos de protección frente a las desigualdades que se den en la sociedad.” (conf. Kemelmajer de Carlucci Aida “Tratado de Derecho de Familia”, T. I, Edit. Rubinzal Culzoni, pág. 106)
2. Así establecido sucintamente el marco conceptual de abordaje y en atención a lo establecido en los artículos 441 y 442 del C.C.C. es necesario considerar, entre otros aspectos, el papel funcional del trabajo doméstico y de cuidado que la actora ha realizado durante la vida matrimonial, dándose tratamiento al reclamo desde las complejas cuestiones implicadas en la plataforma fáctica del caso.
Sobre el particular ha de señalarse que la perspectiva de género impone, “i) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres; ii) que estas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas, y iii) que ellas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión (Gamba, 2007)” (conf. Rodriguez Enríquez Corina “La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico?”, Revista Cepal 106, Año 2012; en similar sentido Chechile, Ana María Lopes, Cecilia “La compensación económica ante la finalización del proyecto de vida en común. Superación de la desigualdad estructural originada en los estereotipos de género” LA LEY 27/09/2021, 1 LA LEY 2021-F, 83).
El citado autor sostiene que “la ‘división sexual del trabajo’ —que comprende, por una parte, la distribución del trabajo productivo y reproductivo entre los hogares, el mercado y el Estado, y entre varones y mujeres, por otra— implica una subordinación económica de las mujeres, que se expresa en una menor participación en el trabajo remunerado (y mayor en el no remunerado), una peor participación en el mercado laboral (en términos de remuneración y condiciones de trabajo), un menor acceso a recursos económicos y, como consecuencia de todo lo anterior, un menor grado de autonomía económica” (conf. Rodriguez Enríquez Corina “La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico?”, Revista Cepal 106, Año 2012).
Específicamente la actora en ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, en su amplia dimensión sustantiva e instrumental, ha solicitado que sean consideradas estas cuestiones tanto al formular el reclamo como al tiempo de solicitar, ante esta instancia, la revisión de lo decidido a fin de remover las situaciones que estima como inequitativas. (arts. 8 y 25 de la CADH, CEDAW, Recomendación nro. 33, 100 Reglas de Brasilia v. SCBA Ac. 124589 "M. L. F. contra C. M. E. Acción de Compensación Económica" del 21/3/2022).
Del análisis jurídico del caso, realizado en base a los enfoques expuestos, surge, contrariamente a lo decidido en la sentencia impugnada, que han quedado debidamente acreditados los presupuestos sustanciales para la procedencia de la acción en los términos de lo establecido en los artículos 441 y 442 del C.C.C. Ello por cuanto se evidencia la existencia de un desequilibrio económico manifiesto que produjo un menoscabo económico en perjuicio de la actora, derivado de la relación matrimonial y su ruptura.
2.1. El Superior Tribunal Provincial ha sostenido que la compensación económica es “una acción de contenido patrimonial, derivada de las relaciones familiares, y que se estructura sobre un factor estrictamente objetivo: el desequilibrio económico causado. En otros términos, deja de lado toda otra consideración o imputación subjetiva.” (conf. SCBA 12589 21/3/2022)
Y “funciona como un correctivo jurídico de las desigualdades económicas familiares y que persigue autosuficiencia o independencia económica frente al futuro del excónyuge o exconviviente que ha quedado más vulnerable frente al otro luego de fracasado el proyecto de vida en común” (conf. Molina de Juan Mariel, "Compensaciones económicas para cónyuges y convivientes. Preguntas necesarias y respuestas posibles", www.colectivoderechodefamilia.com.)
En orden a su finalidad “Propicia la superación de la pérdida económica que la finalización de la vida en común puede provocar en alguno de los cónyuges, especialmente cuando los roles desempeñados durante la vida en común produjeron una desigualdad entre las capacidades de ambos para obtener ingresos, cuestión que incluso en el ámbito del derecho matrimonial el régimen económico matrimonial podría resultar incapaz de solucionar. (Pellegrini, María Victoria “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC 2017 (marzo)
En la misma línea se ha sostenido que “tiende a coadyuvar en la vida posconvivencial, para que ese miembro de la unión que sufre el desequilibrio pueda, por sí mismo, acceder a nuevas oportunidades (fundamentalmente de carácter laboral) que le permitan restablecerse de esa inestabilidad en que ingresa tras la ruptura de la pareja” (conf. Lloveras ob. cit, pag. 309)”. (Expte. 13448 reg. elec. 4 (RS) del 1/2/2023)
2.2. De lo actuado en el presente proceso, en orden a los presupuestos para la procedencia de este instituto (art. 441 del C.C.C.) y a las pautas a considerar de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del C.C.C surgen como hechos no controvertidos y como hechos probados relevantes que:
a) Las partes contrajeron matrimonio el día 18 de marzo de 1992 disolviéndose ese vínculo matrimonial por sentencia de divorcio el 10/8/2020, fijándose como fecha de extinción de la comunidad el 26/12/2019 (v. certificado adjuntado a la demanda del 16/7/2020 y sentencia expte. nro. 26724 tramitado ante el Juzgado de Familia nro. 1 Departamental). Es decir la unión duró 27 años y 9 meses.
b) La actora poseía 17 años al momento de contraer matrimonio con el demandado, quien poseía 28 años. Cinco meses después de celebrado el matrimonio nació el primer hijo de las partes –A… D… H… T…- el día 13 de agosto de 1992, naciendo el segundo hijo –B… D… H… T…- el 28 de marzo de 1995. (v. certificados de matrimonio y nacimientos adjuntados con la demanda del 1/10/2020 en el presente proceso);
c) Durante la unión la actora, quien no había finalizados sus estudios secundarios, se encargó de las tareas domésticas, de la crianza de los hijos y del cuidado del grupo familiar. Realizó un curso de peluquería en la liga de amas de casa y esporádicamente realizaba algún servicio de peluqueria en su domicilio, realizó tareas de temporada sólo tres meses durante el periodo 1 y 2 del 2005 y 1/2007, se encontró inscripta en la AFIP dándose de alta el 9/12/2014 en servicios de peluquería sin que se registren liquidados impuestos activos (v. oficio del 4/4/2022). Con posterioridad a la ruptura obran constancias de inscripción en el Monotributo Social -categoria A- el 1/5/2022-, no siendo aportante del sistema de autónomos ni del régimen simplificado de IIBB Arba por no estar alcanzado por exclusión por trámite (v. oficios del 5/8/ 2022 y 23/9/2022). El demandado desarrolló tareas remuneradas como transportista, actividad que mantuvo con posterioridad a la ruptura y arrienda un campo que integra un acervo sucesorio; (v. oficio del 10/8/2022, declaración testimonial de M… K… del 28/2/2023 rptas. 3 y 6, v. exptes. sucesorios nro. 28496 Juzg. Civ. y Com. nro. 1 y 29112 Juzg. Civ. y Com. nro. 2 de este Departamento Judicial)
d) Durante la vigencia de la comunidad adquirieron dos inmuebles y varios automóviles individualizados en el expediente de liquidación de la comunidad, distribuyéndose y liquidándose parcialmente los muebles registrables, encontrándose pendiente la venta de los inmuebles (v. informes de dominio agregados el 21/12/2021, documental adjuntada al presente el 4/8/2021 y acta audiencia del 26/10/2022, expte liquidación régimen comunidad nro. 1551, Juz. Familia nro. 2);
e) El demandado luego de la separación continúo residiendo en el inmueble ganancial que fuera asiento del hogar conyugal, sin abonar canon locativo hasta el mes de junio de 2021 (v. presentación y documental agregada el 25/6/2021). No obstante, que este canon -juntamente con la atribución de la vivienda- fue solicitado por la actora en el marco del divorcio, oponiendose el demando a esta pretensión (v. presentaciones del 28/7/2020 y 6/8/2020 expte. nro. 26724) y en el expediente de liquidación del régimen patrimonial (v. demanda del 6/4/2021 expte. nro. 1551);
f) La situación de violencia física y psicológica padecida por la Sra. T… hacia finales del mes de diciembre de 2019 y que motivó su retiro del hogar conyugal con unas pocas pertenencias, surge de la denuncia radicada el 29/12/2019 en el expediente de violencia familiar nro. 25780 y de lo actuado en sede penal. En función de los hechos denunciados, se dispuso medida de restricción de acercamiento del demandado respecto de la actora el 30/12/2019. La denuncia dio lugar a la investigación e imputación del demandado por el delito de amenazas ocurrido el 24/12/2019 y que concluyera en la condena del Sr. D… H… a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y sometido a condiciones. (v. sentencia 11/8/2022 causa nro. 14005 Juzgado Correccional nro. 1 Departamental)
En el marco de estas actuaciones, se realizó allanamiento en el domicilio donde la pareja residía y se secuestraron dos armas de fuego -una de ellas debajo de la cama matrimonial- y municiones en poder del demandado, que dio lugar al inicio de actuaciones penales por tenencia ilegal de armas de fuego. (v. fs. 33/35 causa penal citada).
3. Planteada de este modo la plataforma fáctica de acuerdo a la prueba producida, el presupuesto esencial para la procedencia de la compensación económica, esto es el desequilibrio económico manifiesto que produjo un empeoramiento en la situación de la actora derivado de la unión matrimonial y su ruptura, ha quedado acreditado. (arts. 441, 442 del C.C.C.).
3.1. El desequilibrio ha sido conceptualizado como "la falta de armonía entre las diferentes posibilidades patrimoniales de las partes en conflicto, en este caso, entre quienes han integrado una familia en calidad de cónyuges o convivientes". Su ponderación exige una comparación interna de la situación de los cónyuges y otra temporal que impone analizar la evolución patrimonial de los cónyuges durante la unión y su ruptura. (conf. Pellegrini Maria Victoria, “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC 2017 (marzo) ob. cit.).
Y debe producir un empeoramiento de la situación del cónyuge que reclama y en relación de causalidad con la unión matrimonial y su ruptura. Es decir, “no es suficiente cualquier desequilibrio: además debe ser perjudicial para un cónyuge o conviviente respecto del otro, de tal modo que implique un empeoramiento en su situación. Se trata entonces de un desequilibrio económico "calificado".” (conf. Pellegrini Maria Victoria, ob. cit.). La determinación del desequilibrio económico manifiesto sufrido por uno de los integrantes de la pareja exige realizar un análisis de la situación económica de cada uno frente al otro, que incluye también los bienes inmateriales y las posibilidades de desarrollo y revisar la evolución patrimonial de cada uno antes de comenzar la convivencia, durante su transcurso y al tiempo de la ruptura con una proyección razonable hacia el futuro (conf Molina de Juan, Compensación económica edit. Rubinzal Culzoni Editores, año 2019 pags. 123, 124, en similar sentido Pellegrini Maria Victoria, ob. cit.; Silva, Cristina I. Martínez Alcorta, Julio A. La compensación económica como factor de recomposición de oportunidades LA LEY 01/06/2020)).
Y si bien la existencia del desequilibrio económico es un requisito ineludible “su comprobación no se agota en la confrontación de los patrimonios de ambos en forma estática; exige una evaluación cuidadosa de las circunstancias causales que condujeron al menoscabo y sus consecuencias hacia el futuro.” (Molina de Juan, Mariel F. “Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas” cita TR LALEY AP/DOC/336/2016)
3.2. Siendo ello así, ha de valorarse que tal como surge de los hechos referidos, la actora al contraer matrimonio, en atención a su menor edad, carecía de bienes, no realizaba actividad remunerada alguna y era acreedora de la obligación alimentaria de sus progenitores (conf. art. 264, 272 del C.C). También que a los pocos meses de contraer matrimonio tuvo su primer hijo, dedicándose a las tareas de cuidado y domésticas, lo que continuó realizando luego del nacimiento del segundo hijo y con posterioridad, hasta la ruptura, sin que obre constancia de la finalización de sus estudios secundarios. La mayor edad de los hijos al tiempo de producirse la separación no incide en el rol que asumió durante la unión matrimonial. (art. 442 inc. a, b y c del C.C.C.)
Esta dedicación de la actora no fue un hecho controvertido por el demandado quien, al contestar demanda finalmente reconoció “No hay dudas que la actora se dedicó a la crianza de los hijos pero el demandado se encargó durante todo el matrimonio a mantener a la familia” (v. presentación del 22/6/2021).
En función de ello no son atinentes las valoraciones contenidas en la sentencia por las que se ingresa, a fin de justificar lo decidido, en un hecho no controvertido -tareas de cuidado y crianza realizadas exclusivamente por la actora-, sino que además se inobserva las reglas aplicables en la materia y según los estándares probatorios que impone el juzgamiento con perspectiva de género. (art. 710 del C.C.C., v. Yuba Gabriela “Enriquecimiento sin causa y valoración económica de las tareas de cuidado no remuneradas. Enfoque desde la perspectiva de género” TR LALEY AR/DOC/1643/2021)
Al iniciarse la vida matrimonial en la menor edad de la actora -más allá de los efectos emancipatorios que ello produjo-, ésta se encontraba evolutivamente atravesando el pasaje de la adolescencia a la adultez, sin posibilidad concreta de continuar sus estudios al asumir las tareas domésticas y la maternidad a los pocos meses de contraer matrimonio, con escasas posibilidades de formación en el pueblo de Ramón Santamarina, o bien para la realización de actividad laboral de acuerdo a los roles que fueran asumidos por los integrantes de la pareja. (art. 442 inc. b, c y d C.C.C.)
Si bien surge que la actora realizó una capacitación en peluquería en la Liga de Madres de la localidad en la que residían, ello no se tradujo en la concreta posibilidad de obtener y desarrollar una profesión u oficio que le posibilite obtener ingresos regularmente para sustentarse. Es decir carecía de autonomía económica.
En el sentido valorado las declaraciones de P… e I… (v. acta del 28/2/2023) no han de ser consideradas, en tanto no sólo carecen de las precisiones necesarias y de contextualización del testimonio, sino que expresamente refieren que lo declarado lo saben por comentarios. (art. 384, 456 del C.C.C.).
Al respecto debe destacarse como verosímil la afirmación de la actora por la que sostiene que se encontraba condicionada a realizar tareas laborales, no sólo por las tareas domésticas y de cuidado asumidas, sino por los celos del demandado, compatibles con el contexto de violencia que surge de las actuaciones penales y con el hecho acreditado que el demandado dormía con una escopeta debajo de la cama (v. informe de desgrabación de las amenazas fs. 61 causa penal y acta de allanamiento del 30/12/2019 de fs. 34/34 causa penal y fotografías de f. 39).
De la situación de violencia da cuenta específicamente el informe de alto riesgo obrante en las citadas actuaciones. (v. fs. 64 de la causa penal). Nótese incluso que la actora había radicado una denuncia anterior en contra del demandado por el delito de lesiones leves IPP 36295-04 en el año 2012 que fue archivada en los términos del artículo 268 del C.P.P. el 22/5/2012 (v. informe de f. 69 causa penal).
Allí las profesionales intervinientes del Centro de Asistencia a la Victima del Ministerio Público Fiscal -Lic. Rugura y Gutierrez- informaron que la relación, desde sus inicios, se caracterizó por la presencia de violencia física y psicológica ejercida unilateralmente por D… H… sobre la actora escalando a gran intensidad y cronificándose con el correr del tiempo. Indican que “En cuanto a la violencia psicológica, se habría manifestado con comportamiento humillantes, descalificaciones, insultos, gritos y control orientado a generar aislamiento de su red de amistades …”. Luego de referirse a la modalidad de violencia física ejercida sobre la actora informaron que la violencia que se describe en el informe “habría adquirido una modalidad cíclica con pedidos de disculpas y promesas de cambio luego de la agresión, que la entrevistada aceptaba con el afán de conservar la familia unida y ante el temor de no lograr sustentar económicamente a sus hijos por si misma, en tanto el único proveedor económico del grupo era su esposo.”
En este marco las consideraciones contenidas en la sentencia sobre el modo en que se ejercieron los roles y las posibilidades concretas de la actora de su desarrollo personal y laboral, se encuentran desprovistas de la valoración de hechos concretos acreditados en la causa y en sus vinculadas, y son contrarias al reconocimiento de los derechos de la actora, con sustento en los principios de igualdad, no discriminación y de vivir una vida libre de violencia.
Si bien ambas partes tuvieron diferentes posibilidades personales y económicas durante la unión, derivado de la asignación de roles durante la convivencia, es imprescindible ponderar que ello se enmarcó en un contexto de violencia física y psicológica, y como tal pasible de constituirse en condicionante de potencialidades futuras.
De allí que las inferencias que la magistrada realiza sobre las potencialidades de la actora de realizar estudios o iniciar un emprendimiento laboral y que pudiendo hacerlo luego de la separación no lo hizo, no pasan de ser más que meras afirmaciones dogmáticas, sin respaldo en las concretas circunstancias de la causa y en los datos que surgen de las brechas de género entre hombres y mujeres; cuestión ésta sobre la que se volverá.
Ahora bien, como se refirió, la norma prescribe la existencia de un desequilibrio económico que sea manifiesto y que provoque un empeoramiento de la situación del cónyuge que lo reclama. (art. 441 del C.C.C.).
El desequilibrio económico manifiesto que requiere el instituto “puede ser patrimonial —que se evidencia en torno a los bienes concretos que le quedan a uno de los miembros de la pareja— o bien puede representarse a en torno a las diferencias para acceder a recursos para la subsistencia. En este último caso “puede ocurrir que al momento de la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial no exista desequilibrio en el haber patrimonial, pero no obstante ello sea procedente la compensación económica, porque se verifica un fuerte desequilibrio en la capacidad de generar ingresos. Imaginemos el caso de un cónyuge que durante la vida del matrimonio se volcó principalmente al trabajo fuera del hogar, capacitándose y desarrollando experiencia laboral, y con motivo de ello logró generar altos ingresos mensuales —que los seguirá percibiendo luego de la ruptura —, mientras que el otro cónyuge renunció o postergó su capacitación, sus estudios o la posibilidad de hacer carrera laboral en alguna empresa, para avocarse principalmente al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar. Producida la ruptura, este cónyuge se encontrará muy afectado o disminuido en relación con su capacidad para generar ingresos, produciéndose claramente un desequilibrio económico en este aspecto" (conf. Chechile, Ana María Lopes, Cecilia “La compensación económica ante la finalización del proyecto de vida en común. Superación de la desigualdad estructural originada en los estereotipos de género” LA LEY 27/09/2021, 1 LA LEY 2021-F, 83 con cita de Beccar Varela, Andrés, “Cómo no se debe calcular la compensación económica”, RDF 2019-II, 181).
En lo concerniente al carácter del desequilibrio, siguiendo a la doctrina española se ha sostenido que “no basta que se produzca tal empeoramiento, que por lo demás en buena lógica se va a producir prácticamente siempre para ambos cónyuges, dada la necesidad de duplicar numerosos gastos que durante el matrimonio se satisfacían y compartían de manera conjunta, sino que es preciso que además uno de los cónyuges salga peor parado que el otro a consecuencia de la ruptura. El legislador está pensando, obviamente, en el frecuente supuesto de que uno de los cónyuges haya dedicado su tiempo y esfuerzo a atender las necesidades de la familia (a menudo con sacrificio de otras expectativas profesionales o laborales), mientras que el otro obtenía las rentas mediante el trabajo fuera del hogar. Al llegar la ruptura, y una vez cubierto el sostenimiento de la familia, este último queda en una posición económica mucho más favorable, pues sigue ejerciendo su trabajo o profesión, mientras el primero se encuentra con la pérdida de toda fuente de recursos económicos (que hasta entonces aportaba su cónyuge). Y esa situación es la que se pretende compensar: ésa es la idea que preside el resto de los perfiles de la institución, su cuantía, forma, duración, etc., han de venir siempre inspirados por su naturaleza compensatoria de un desequilibrio económico" (Pellegrini, Maria Victoria ob cit, con cita Molina de Juan Mariel "Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas", RDF, nro. 74, AbeledoPerrot)
Agrega la citada autora que “La forma de organización de la vida familiar incide fuertemente en la configuración de este instituto jurídico. En efecto, la elección de un modelo de desarrollo del proyecto familiar que hubiera implicado, por ejemplo, el ejercicio de roles fijos respecto de los miembros de la pareja puede configurar sin dudas una situación desequilibrante en términos económicos entre ellos: quien hubiera relegado o incluso disminuido sus capacidades productivas en función de asumir tareas de cuidado, se encontrará en una situación desventajosa respecto de aquel que pudo desarrollar su potencialidad productiva. En realidad, la situación de desequilibrio también se planteaba durante la vida en común, pero la ruptura pone en evidencia y genera una situación injusta entre ambos.” (conf. Pellegrini Maria Victoria, “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC 2017 (marzo) ob. cit.) y “el derecho debe venir en auxilio de aquél al que el divorcio coloca en peor situación.” (Molina de Juan Mariel “Compensación Económica”, Edit. Rubinzal Culzoni Editores, año 2019 pag. 12 -en Prologo de Aida Kemelmajer de Carlucci). Este ha sido el supuesto de autos de acuerdo a los hechos probados y en la misma línea de la doctrina citada se ha pronunciado la jurisprudencia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, causa 59882/2016 del 14/07/2020, Cita: TR LALEY AR/JUR/24362/2020; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, expte. 096070/2017/CA002 sent. del 13/12/2021 Cita: TR LALEY AR/JUR/193305/2021; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Sala Tercera causa nº 76.208 sent. del 22/7/2020; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores causa Causa N° 100.918 del 20/10/2022 Cita: TR LALEY AR/JUR/166118/2022; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, expte. 117887 sent. del 13/4/2020 Cita:
MJ-JU-M-125232-, entre muchos otros)
En supuesto análogo al presente se consideró que "Resulta palmario que durante el matrimonio la parte actora asumió un rol puramente doméstico basado en la crianza de sus hijos y la atención del hogar familiar que determinó que, tras la ruptura del vínculo luego de 23 años de vida conyugal, la misma no contase con una ocupación laboral remunerada para asegurar su propia subsistencia, que tampoco tuviera estudios terciarios o universitarios que facilitasen su inserción laboral y menos aún que dispusiese de activos (propiedades, títulos valores, dinero) que facilitasen su transición económica hacia un sistema de vida independiente.
Correlativamente, ese mismo rol fue el que le permitió al demandado dedicarse plenamente a su actividad laboral, crecer profesionalmente, mejorar su nivel de vida, etc. sin tener que atender a las tareas domésticas del hogar ni invertir un tiempo considerable en la crianza de sus hijos. Todo ello aduna mi convencimiento de que la separación de los esposos produjo un desequilibrio manifiesto respecto del cónyuge reclamante, que ese desequilibrio se tradujo en un empeoramiento de las condiciones de vida de la actora y que tal situación presenta como causa adecuada el matrimonio y, en particular, la forma en que las partes consintieron estructurar en la práctica el régimen de vida matrimonial. (conf.CCiv.. y Com., Pergamino, V.
L. A. c/ M. R. H. s/ materia de otro fuero”, 04/04/2019, publicado en TR LALEY AR/JUR/5440/2019, en igual sentido CCiv. y Com., Mercedes, sala I, “B. M. M. c/ C. C. G. L. s/ acción compensación económica”, 13/04/2020, publicada en TR LALEY AR/JUR/19466/2020; CCiv. y Com La Matanza en R.V.L c/S.S.G.M. s/ Acción compensación economíca, expte. 4290-2021del 26/10/2023, entre otros)
El rol desempeñado por la actora en la vida matrimonial se tradujo en la concreta posibilidad del demandado de desarrollar su actividad laboral obteniendo ingresos, la que continuó desarrollando luego de la ruptura y habitando la vivienda familiar sin abonar canon locativo -al menos hasta el mes de junio de 2021- ; es decir un año y medio después de finalizada la convivencia.
La accionante al tiempo de la ruptura carecía de ingresos y sin posibilidad concreta de obtener, ni en lo inmediato ni con posterioridad, los recursos suficientes que le permitieran no sólo alimentarse sino alquilar una vivienda. Ello en tanto tuvo que asumir el perjuicio de abandonar su domicilio, en el contexto de violencia ya señalado, sin que sus reclamos para que se le atribuya la vivienda familiar hubieran sido atendidos en los expedientes conexos en cada una de las oportunidades en que ello fue planteado. (art. 442 inc. f del C.C.C.).
Luego de la separación, en orden a lo establecido en el artículo 442 inc. d del C.C.C. es pertinente señalar que los conocimientos de la actora en peluquería, sin que obren constancias que demuestren que pudo desarrollar esa actividad regularmente y/o perfeccionarse no indican una posibilidad real de poder obtener ingresos en mérito a la edad de la actora al tiempo de finalización de la unión -aspecto éste que será posteriormente analizado-. De hecho, afirmó al articular el reclamo -en cuestión no controvertida- que obtiene magros ingresos para subsistir trabajando por hora en casas particulares.
Sobre ello se ha sostenido que “En general, la formación profesional condiciona las posibilidades de acceso al empleo, aunque no puede trazarse una relación directa entre ambos, pues la mera circunstancia de poseer título académico o profesional que potencialmente permite acceder a un trabajo no es de por sí suficiente para garantizarlo.” (Molina de Juan, Mariel F. “Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas” cita TR LALEY AP/DOC/336/2016)
En el caso, la situación de inequidad y de desequilibrio de acuerdo a los hechos acreditados es evidente, amén de la situación de violencia y desamparo que la actora padeció.
En el sentido que se viene valorando la pauta establecida en el artículo 442 inc. b del C.C.C “refleja la valoración del sacrificio realizado por uno de los miembros de la pareja en pos del proyecto común” (Molina de Juan, Mariel F. “Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas” cita TR LALEY AP/DOC/336/2016) y las razones dadas por el demandado al contestar la demanda para oponerse al progreso de la acción, en cuanto sostiene que el rol asumido por la actora fue libremente elegido y nada le impedía realizar actividades laborales -no obstante que esa afirmación no surge de lo actuado-, en nada incide, en tanto se trata de una pauta objetiva que debe ser considerada.
Es que “no interesa el motivo por el cual las partes decidieron la distribución de roles durante la vida en común. No se trata de juzgar las razones de una u otra dinámica ni procede únicamente en beneficio de aquel que se ha visto obligado a dedicarse a los hijos o el hogar. Lo que en verdad importa es que exista una relación causal entre la postergación personal durante la vida en común y el posterior menoscabo” (Molina de Juan, Mariel F. “Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas” cita TR LALEY AP/DOC/336/2016, en igual sentido Pellegrini, María Victoria “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC 2017 -marzo-).
En efecto “es este desequilibrio patrimonial causado por la pérdida de oportunidades o expectativas laborales o profesionales derivada de haber desarrollado las tareas de cuidado, que colocan a uno de los cónyuges o convivientes en una posición de desventaja patrimonial respecto del otro, que se intenta recomponer a través de la compensación económica. Ambos, en forma expresa o tácita, decidieron una determinada modalidad de funcionamiento familiar, pero ante la finalización del matrimonio o el cese de la unión, uno de ellos se encuentra perjudicado por esa decisión. De allí que las consecuencias de tal decisión —insisto, expresa o tácita, es irrelevante por qué desarrollaron determinados roles y con qué intensidad— deben ser soportadas por ambos: quien se perjudicó tiene derecho a ser compensado por quien se benefició. De este modo, el riesgo implícito al llevar adelante un modelo de organización familiar es soportado por ambos.” (Pellegrini, María Victoria “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC 2017 -marzo-)
Para el supuesto de evidenciarse que “existe desequilibrio patrimonial durante la vida en común, mientras continúe, se mantiene compensado, pero el quiebre y su finalización lo pone en evidencia. De allí que no resultan relevantes ni las decisiones individuales que llevaron a ese estado de situación, ni las conductas que provocaron el desenlace matrimonial: sólo es importante la constatación de la existencia de una ventaja patrimonial de un cónyuge respecto del otro/a a causa del proyecto de vida en común” (Pellegrini, María Victoria “Dos preguntas inquietantes sobre la compensación económica” en RCCyC 2017 -marzo-)
En el mismo sentido se ha sostenido que “Si los sacrificios realizados exceden los límites razonables del deber de contribución propio al proyecto de vida compartido y a causa de ellos se produce un desequilibrio económico manifiesto luego de la ruptura, no parece justo calificarlos como una obligación inherente a la vida familiar. El derecho tiene un papel central como regulador de esas situaciones e interviene a través de los mecanismos que operan en diferente tiempo: (i) durante la convivencia mediante la obligación de contribuir a las cargas del hogar y (ii) luego de la ruptura, con la compensación económica.” (Molina de Juan Mariel “Compensación Económica”, ob. cit pag. 71)
La citada autora sostiene que la compensación económica es una estrategia de dignificación de la mujer en tanto: “(a) reconoce el valor económico de su dedicación al hogar e hijos; (b) corrige o repara las consecuencias de sus postergaciones, y (c) le proporciona herramientas o recursos para su autosuficiencia.” (Molina de Juan Mariel “Compensación Económica” ob. cit. pag. 84).
Y en este sentido la compensación económica persigue la equidad como pieza de “enlace entre los principios fundamentales del derecho y la ley” y en este sentido “la equidad corrige las falencias” (conf. Molina de Juan ob. cit, pag. 83, en la misma línea Silva, Cristina I. Martínez Alcorta, Julio A. La compensación económica como factor de recomposición de oportunidades LA LEY 01/06/2020).
Es que lo que se procura con este instituto es equilibrar la situación de desventaja que la ruptura ocasiona al cónyuge perjudicado para colocarlo en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no haber mediado el vínculo matrimonial. En el caso, como ya se refirió las posibilidades de desarrollo profesional o laboral de la actora quedaron postergadas al asumir exclusivamente las tareas de cuidado y hogareñas (conf. CNCiv., sala H, “C. M. B. c/ R. L. A. s/ fijación de compensación económica”, 18/09/2019, TR LALEY AR/JUR/38525/2019.).
En el contexto que se viene analizando resta destacar que las tareas que la actora realizó en pos del proyecto común no sólo contribuyeron con su aporte al mantenimiento del hogar en los términos de lo establecido en el artículo 455 del C.C.C sino que además se evitó la contratación de terceras personas para el cumplimiento de esas tareas y las erogaciones que conlleva.
Contrariamente a lo que se infiere de las consideraciones realizadas en la resolución apelada, la actora durante la vida matrimonial trabajó, aunque su trabajo no fue remunerado, en tanto no obtuvo ingresos por ello. (art. 441, 442 del C.C.C.).
En este marco las argumentaciones contenidas en la sentencia al sostenerse que la actora ingresó a la unión matrimonial sin bienes y obtuvo un beneficio al liquidarse el régimen patrimonial por la existencia de bienes partibles a su finalización aclarando que ingresaron a la comunidad por el aporte exclusivo del Sr. D… H…, no son acertadas.
Por un lado, importan la invisibilización de las tareas domésticas y de cuidado realizadas por la reclamante durante la unión y el valor económico que las mismas poseen (v. en este sentido. Chechile, Ana María Lopes, Cecilia “La compensación económica ante la finalización del proyecto de vida en común. Superación de la desigualdad estructural originada en los estereotipos de género” LA LEY 27/09/2021, 1 LA LEY 2021-F, Pautassi, Laura C., “El cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato”, México, t. LXVIII, Nº 272, septiembre Revista de la Facultad de Derecho de diciembre 2018, Solicitud Opinión Consultiva a la CIDH realizada por el Estado Argentino el 20/1/2023 v. en https://corteidh.or.cr/opiniones_consultivas; Informe el Costo de cuidar: Brechas de Género en la economía Argentina (1er trimestre 2022) en www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero/, Informe de Brechas de Genero en la Provincia de Buenos Aires 2021 v. en https://gba.gob.ar, Investigación Cadenas Invisibles: Un análisis de las manifestaciones e impacto de la violencia económica en la vida de las mujeres del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, publicado en https://ela.org.ar/publicaciones-documentos/cadenas-invisibles/) Por el otro, implican una confusión del instituto de la compensación económica con la liquidación de la comunidad.
Y si bien ésta tiene incidencia a los fines de ponderar la procedencia del instituto no la desplaza, sin perjuicio de su consideración al tiempo de cuantificarse la compensación. En el sistema de comunidad de ganancias la liquidación pone fin al régimen de comunidad formado por los cónyuges al contraer matrimonio y los gananciales que se distribuyen poseen una causa jurídica independiente de los hechos que sustentan la procedencia de la compensación económica. Sobre la cuestión se ha señalado que “el Tribunal Supremo español sostuvo que el hecho de que la esposa sea adjudicataria de bienes como resultado de liquidarse la sociedad de gananciales, no implica la superación del desequilibrio económico existente, pues la liquidación sólo provoca la concreción del haber ganancial, es decir, que la esposa viera concretado en bienes y derechos determinados su haber que ya le correspondía, pues el desequilibrio tiene que ver con la dedicación a la familia y la pérdida de expectativas laborales o profesionales ajenas a que la esposa tuviera medios suficientes para subsistir (STS, 3/10/2008).
(Molina de Juan, Mariel F. “Comprensión y extensión del concepto de desequilibrio en las compensaciones económicas” cita TR LALEY AP/DOC/336/2016).
De lo actuado surge que la actora percibió por liquidación parcial de los bienes muebles registrables -camión y acoplado- la cantidad de U$S 12.500, permaneciendo aún indivisos los dos inmuebles, en uno de ellos reside el demandado; y respecto del resto de los bienes muebles registrables habiéndose acordado que serían adquiridos por el Sr. D… H…, no obra constancia de su instrumentación. En el proceso de liquidación, si bien las partes acordaron la venta de los inmuebles, éstos no han sido tasados, ni obra constancia alguna de oferta de compra. (v. expte. nro. 1551/2021 acta del 26/10/22).
De allí que no surgen elementos para sostener, tal como señala la sentencia, que el desequilibrio alegado por la actora podría eventualmente ser compensado con la liquidación de la comunidad, ni debe ser compensado allí, sin perjuicio -como ya se refirió- de la incidencia que la liquidación pueda tener al tiempo de la determinación de la compensación. Tampoco puede sostenerse en este caso, la carga de la prueba que se le impone a la actora, por no ser ello compatible con los estándares probatorios desde la perspectiva de género, en el contexto de desigualdad e inequidad palmario que afecta a la reclamante. (conf. CADH, Compendio: Igualdad y no discriminación. Estándares Interamericanos” (2019), pudiendo ser consultado online en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/) En consideración a las valoraciones que han sido realizadas hasta aquí, el reparto equitativo de los bienes gananciales no obtura, ni desplaza el desequilibrio existente, ni el derecho a la compensación económica, en tanto, en el supuesto que se analiza, se encuentran reunidos los presupuestos para su procedencia.
Finalmente la interpretación que la sentencia contiene sobre la escasa o nula incidencia que se otorga al tiempo de duración del matrimonio (27 años y 9 meses), la inexperiencia laboral de la actora derivada de los roles asumidos durante la unión y las tareas desempeñadas, la ausencia de formación profesional y su edad al tiempo de la separación (45 años), los hechos de violencia de los que fue víctima, soslaya la necesaria interrelación de estas concretas circunstancias de la causa en los términos de lo establecido en el artículo 442 del C.C.C..
En efecto, el entrecruzamiento de “todas estas circunstancias, desde la perspectiva de género, permite poner en evidencia al finalizar el proyecto de vida en común la injusticia que generó haber destinado el tiempo a tareas de cuidado no remuneradas.” (Chechile, Ana María Lopes, Cecilia “La compensación económica ante la finalización del proyecto de vida en común. Superación de la desigualdad estructural originada en los estereotipos de género” LA LEY 27/09/2021, 1 LA LEY 2021-F, 83)
Especialmente, se omite completamente el análisis contextual de esas pautas, invisibilizándose la consideración de las desigualdades estructurales y que inciden en las específicas del caso.
De ello dan cuenta los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, los consensos internacionales que han abordado la temática, los estudios sobre economía del cuidado, encuestas de uso del tiempo, y las investigaciones sobre las brechas de género en Latinoamérica, la República Argentina y la Provincia de Buenos Aires. (conf. Conferencias Regionales sobre la Mujer de America Latina y el Caribe: Consenso de Quito (2007), Consenso de Brasilia (2010), Consenso de Santo Domingo (2013), Estrategia de Montevideo (2016), Compromiso de Santiago (2020)
Compromiso de Buenos Aires (2022) consultar en www.cepal.org, Objetivo nro. 5 Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (Indec 2013); Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 (Indec 2022) consultar en www.indec.gob.ar/, Informe el Costo de cuidar: Brechas de Género en la economía Argentina (1er trimestre 2022) en www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero/), Anuario Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género Las brechas de género en las provincias argentinas en https://www.argentina.gob.ar; Inv. Cadenas Invisibles -ELA-, ya citada).
Estos instrumentos a la vez que constituyen herramientas para el análisis de la cuestión, en la necesaria consideración del trabajo no remunerado -doméstico y de cuidado-, las cuestiones de género vinculadas y su necesaria visibilización, aportan datos oficiales que contribuyen a realizar las ponderaciones y eximir de prueba sobre hechos notorios y de conocimiento público.
La consideración contenida en la sentencia para desestimar el reclamo, referida a las posibilidades de la actora -quien no posee capacitación-, de obtener un trabajo o realizar un emprendimiento a los 45 o 50 años de edad, cuando sólo en tres meses en el tiempo que duró la unión ( 27 años y 9 meses) realizó tareas fuera del hogar, importa una afirmación carente de respaldo alguno y meramente dogmática.
Ello por cuanto además de omitir considerar la vulnerabilidad de la actora por haber sido víctima de violencia, ninguna referencia o análisis realiza respecto de la dimensión económica de la inequidad de género en el mercado laboral y de ingresos.
En esta línea se señaló que “, la evidencia provista por las encuestas de uso del tiempo da cuenta que: “i) la cantidad de trabajo de reproducción social no remunerado (doméstico y de cuidados a otros) es superior al total del trabajo remunerado de hombres y mujeres, y ii) la distribución por género del trabajo (pagado y no pagado) presenta disparidades muy marcadas, comunes a todos los países” (conf. Rodriguez Enríquez, ob cit. con cita de Picchio A (2005)”La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida”. Barcelona, Editorial Icaria, pág. 25).
Así se destaca que, como consecuencia de la distribución asimétrica de roles y tareas, “las mujeres enfrentan el mercado laboral en condiciones marcadamente desiguales respecto a sus pares varones. Las brechas laborales incluyen la diferencia en la participación en la actividad, el empleo, el desempleo, la subocupación y la informalidad entre mujeres y varones, así como la segregación horizontal, es decir, la participación de mujeres y varones en distintos sectores de la economía” (Informe el Costo de cuidar: Brechas de Género en la economía Argentina (1er trimestre 2022) en www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero/)
Las estadísticas oficiales arrojan como datos en la Provincia de Buenos Aires para el primer trimestre de 2021 que la tasa de actividad de las mujeres era de un 48,9 % existiendo una brecha respecto de los varones de 20,4 %, tasa de empleo de las mujeres de un 44 %, existiendo una brecha de 20.1 respecto de los varones, y la existencia de una brecha por ingreso total individual de la mujeres respecto de los varones de un 34 %. Para el primer trimestre de 2023 la tasa de empleo para los varones fue de 66,5 % y para las mujeres del 48,1 % y el ingreso promedio marcaba un porcentaje inferior para las mujeres respecto de los hombres en una diferencia del 24,2 % (v. informes citados y Encuesta Permanente de Hogares. Primer Trimestre de 2023 del INDEC)
De este modo “Los datos expuestos son relevantes para mostrar el trasfondo de desigualdad existente en el plano laboral entre hombres y mujeres, que genera que esas desigualdades se reproduzcan y amplíen.” (conf. voto Dra. Kogan, SCBA 124589 sent. del 21/3/2022) y que en el caso quedó evidenciado en consideración a las serias dificultades de la actora de insertarse en el mercado laboral, y quien obtiene ingresos por sus trabajos por hora en casas particulares.
De allí que, y tal como se sostuvo en el referido voto, es preciso que en causas en las que se discutan situaciones económicas, como lo es la de una compensación “se tenga en cuenta que resolver con perspectiva de género implica no limitarse a la aplicación neutral de las normas internas vigentes sino de hacerlo a la luz de la Constitución y de las convenciones, observándose la realidad en concreto y situándola en el contexto en que se desarrolla”.(conf. voto Dra. Kogan, SCBA 124589 sent. del 21/3/2022) Desde los elementos reunidos, e interpretados en el contexto expuesto, queda probada la existencia de un desequilibrio económico manifiesto en perjuicio de la actora -respecto de su ex cónyuge- que produjo un empeoramiento de su situación derivado de la unión matrimonial y su ruptura y ello debe ser compensado. (art. 441, 442 del C.C.C.)
Es que al encontrarse indiscutido que la actora se dedicó exclusivamente durante 27 años y 9 meses al cuidado del hogar y sus dos hijos -ya mayores de edad-, sin posibilidad de capacitarse o realizar actividades laborales remuneradas y el demandado a su actividad laboral, la accionante se encuentra en desventaja respecto a su posibilidad de inserción en el mercado laboral y a la obtención de ingresos, conclusión esta que ha sido motivada a lo largo de la presente. (arts. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1º y 2º; Pacto de San José de Costa Rica, arts. 1º y 24; Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2º, inc. 2º y 3º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2º), arts. 2, 3, 4, 5 y cc. de la CEDAW y sus recomendaciones del Comité y 7, 8 Convención de Belem Do Pará, 1, 2, 3, 441, 442 del C.C.C. ).
Por estas consideraciones propongo al acuerdo revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda por compensación económica.
4. Ahora bien, declarada de este modo la procedencia de la acción ha de ingresarse a su cuantificación.
En demanda se estimó como pauta para la compensación “Los años de vida laboral que puedan quedarle a la actora, con más lo que podríamos considerar una jubilación”. Asi postuló el importe de un salario promedio mensual, calculado por un período de 15 años, la suma de $10.209.600, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más los intereses devengados desde el inicio de la acción (v. presentación del 1/10/2020).
Al oponerse al progreso de la acción, el demandado cuestiona que la actora omitió indicar la fuente del dato utilizado para realizar el cálculo en referencia al ingreso promedio de clase media y “No habiendo aportado así fundamento jurídico alguno que indique que tal formula es de aplicación al caso de autos, la misma no puede ser admitida.”
Señala que “El mecanismo optado para determinar el monto de la compensación económica resulta desproporcionado con reales recursos económicos con que cuenta mi mandante, llevándolo literalmente a la quiebra, en virtud de que le resultaría imposible conseguir dicha suma.” Solicita que en caso de hacerse lugar a la compensación económica “se fije un pago en cuotas para poder enfrentar el mismo sin llegar a la quiebra de mi mandante, y/o bien con la adjudicación de un porcentaje que le corresponde a esta parte sobre los bienes que componen el acervo conyugal.”
Y también en subsidio plantea que “dado la modalidad solicitada por la actora en demanda, entiendo que el parámetro de ingreso mensual será el valor de una jubilación mínima, y no el del ingreso de una familia de clase media, por cuanto el mismo es el que más se asemeja al fundamento de la compensación peticionada, y los antecedentes familiares aquí narrados, siempre con el propio límite impuesto por la actora de 15 años que le restarían de vida laboral activa.”
Así planteadas las postulaciones de las partes, se destaca que los arts. 441 y 442 CCyC no establecen la modalidad para el cálculo de la compensación, aunque las pautas ya analizadas han de ser tenidas también en consideración a los fines de la cuantificación.
Liminarmente es pertinente señalar que lo que se compensa no es un lucro cesante, ni recomponer salarios no percibidos durante el matrimonio, ya que durante la unión el desequilibrio, como se dijo, se encontraba compensado. Tampoco se cuantifica como una obligación alimentaria ni una indemnización de daños y perjuicios en función de la propia naturaleza del instituto (conf. Pellegrini Maria Victoria Una vez más, sobre cuantificación de la compensación económica LA LEY 13/06/2019, 8 LA LEY 2019-C, 325). Varios son los métodos para la determinación de la compensación económica pudiendo recurrirse a formulas matemáticas ponderándose factores objetivos, a la estimación judicial según las concretas circunstancias de la causa en la ponderación de factores subjetivos y de modo mixto (conf. Pellegrini Maria Victoria, ob. cit, Molina de Juan Mariel “Compensación económica ob. cit, pags. 205)
Calificada doctrina sostiene que debe considerarse primeramente la voluntad de las partes y en este sentido, de acuerdo al modo en que se trabó este aspecto de la controversia, se utilizará una metodología mixta para la cuantificación, teniendo en consideración el planteo de la actora en consideración a los subsidiarios realizados por el demandado, con los alcances que serán valorados. (conf. Molina de Juan ob. cit, pag. 197, 198) Así tomaré un periodo de 15 años, teniendo en consideración la edad de la actora al tiempo de la ruptura -45 años- y la edad jubilatoria planteada 60 años -en tanto no puede ponderarse más allá de las limitaciones que surgen del propio reclamo-. Sobre estos parámetros no media controversia según surge de los escritos postulatorios.
Tomaré para la realización del cálculo durante ese período el ingreso mínimo mensual que surge del salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha, por tratarse de una deuda de valor (art. 772 del C.C.C.) y que asciende a la suma de $ 156.000 y anualizado a la suma de $ 1.872.000 (conf. res. 15/2023 del Consejo Nacional de Empleo, productividad y salario mínimo vital y móvil).
La utilización de este dato oficial, que es mínimo, despeja el cuestionamiento que el recurrente realizó al contestar demanda por no indicarse al promoverse la acción, las razones del monto a computar como ingreso mensual. (https://www.boletinoficial.gob.ar/)
Ello así, en función de las dificultades de la actora para insertarse en el mercado laboral, emprender una capacitación luego de la separación -edad y carencia de recursos-, en especial referencia al tiempo que duró el matrimonio (27 años y 9 meses); las tareas de cuidado y domesticas realizadas; la ausencia de capacitación; que no le fue atribuido el uso de la vivienda y en consideración a los contextos analizados en el presente. (conf. art. 3 del C.C.C.)
La modalidad propuesta procura que el monto que se establezca guarde relación con la finalidad perseguida; es decir que, la actora quede en una situación de potencial igualdad de oportunidades respecto de las que hubiera tenido de no mediar vínculo matrimonial, o de haberse desarrollado éste de un modo distinto al analizado aquí; remediando el desequilibrio producido por la unión y su ruptura (conf. Pellegrini Maria Victoria, ob. cit.; Silva, Cristina I. Martínez Alcorta, Julio A. ob.cit. Cámara Civil y Comercial de Dolores, expte. 100918, sent. del 20/10/2022).
Sentadas así las bases para la determinación de la compensación económica y realizado el cálculo matemático -sueldo mínimo vital y móvil vigente por un lapso de 15 años- se llega a la suma de $ 28.080.000. A esta suma debe aplicarse un índice de corrección derivado de la incidencia de la liquidación parcial de la comunidad -ya referida- y la pendiente de liquidación sobre los inmuebles, estimándose ajustado a las particulares circunstancias del caso una compensación económica equivalente al 30 % de la suma indicada.
Realizado el cálculo arroja la suma de la suma de $ 8.424.000 la que se estima razonable para equilibrar el desajuste que ha sido probado y permitirá a la actora reacomodarse tras la ruptura, suma que deberá ser abonada en un término no superior a los 20 días de quedar firme la sentencia.
Resta señalar que de acuerdo a los ingresos que percibe el demandado, que se encuentran pendientes de realización dos bienes inmuebles que las partes se adjudicaron en un 50 % para cada uno, y teniendo en consideración los bienes que el demandado ha recibido por sucesión, la suma indicada no permite concluir que se lo coloque en situación de insolvencia, tal lo postuló al contestar demanda, Asimismo habiendo la reclamante solicitado la compensación en una suma de dinero, debe estarse a la modalidad pedida, sin perjuicio que en el marco de la ejecución de sentencia las partes acuerden una modalidad distinta, en función de los planteos realizados subsidiariamente por el demandado al contestar demanda y que no han sido sustanciados.
5. Respecto al pedido de aplicación de intereses, el demandado se opuso con fundamento en la naturaleza jurídica de la compensación económica y que el monto se determina en la sentencia a valores actuales por lo que no corresponde aplicar intereses, citando jurisprudencia en sustento a su postura.
Si bien se ha sostenido que la compensación económica no se identifica con la prestación alimentaria, ni con una indemnización de daños y perjuicios o por enriquecimiento ilícito -tal como lo sostiene el apelado-, lo cierto es que el menoscabo económico padecido por la actora se generó -en su perjuicio- al tiempo de la finalización del vínculo matrimonial y en relación de causalidad adecuada con la unión matrimonial y su ruptura de conformidad con lo que ha sido analizado.
Desde ese momento la actora es acreedora a la compensación que se corresponde con el valor del desequilibrio en función del empeoramiento de su situación -que en la presente se declara-; y el demandado el obligado al pago, por lo que no se encuentra óbice a la aplicación de los intereses moratorios desde que fue formulado el reclamo (arts. 768, 886 y cc del C.C.C.).
Tampoco el otro de los argumentos postulados por el demandado incide para la aplicación de intereses, en tanto es pacífica la jurisprudencia respecto a la fijación de intereses en las obligaciones de valor, sin perjuicio de la incidencia respecto a la tasa de interés a aplicar por haber sido cuantificada la compensación a valores actuales (conf. Pizarro, Ramón D. Los intereses en el Código Civil y Comercial LA LEY 31/07/2017, Calvo Costa Carlos, Derecho de las Obligaciones T. 1 Edit. Hamurabi pag. 263 y la doctrina citada art. 772 del C.C.C., v. SCBA C. 120.536 del 18/4/2018 "Vera" y C. 121.134 del 3/5/2018 “Nidera” entre muchos otros).
En atención a lo expuesto, al capital de condena deberán computarse intereses desde la fecha de promoción de la acción 1/10/2020 hasta la presente valoración a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 7, 768 Código Civil y Comercial conf. SCBA C. 120.536 del 18/4/2018 "Vera" y C. 121.134 del 3/5/2018 “Nidera” entre muchos otros).
En atención a como se resuelve queda desplazado el recurso de apelación de la parte demandada en lo vinculado a la base de cálculo utilizada para regular los honorarios, los que deben dejarse sin efecto y diferirse su tratamiento para cuando obren pautas a tal fin. (art. 274 del C.P.C.C., 31, 51 de la ley 14967)
Las costas de ambas instancias en atención al resultado del recurso deben ser impuestas al demandado en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Voto por la NEGATIVA La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ANA CLARA ISSIN DIJO:
En atención al resultado de la votación de la cuestión anterior corresponde: 1. Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda por compensación económica interpuesta por la Sra. M… J… T… N… contra el Sr. P… M… d… H…. En consecuencia fijar en concepto de compensación económica a favor de la actora y a cargo del demandado la suma de $ 8.424.000, la que deberá ser abonada en un término no superior a los 20 días de quedar firme la presente. A la suma indicada deberán adicionarse intereses desde la fecha de promoción de la acción 1/10/2020 hasta la presente valoración a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión) 2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado en su calidad de vencido. 3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios fijada en la sentencia apelada en atención a lo aquí resuelto. 4. Diferir la regulación de honorarios para cuando obren pautas a tal fin. (31, 51 ley 14967)
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 15 de febrero de 2024.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo 1. Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda por compensación económica interpuesta por la Sra. M… J… T… N… contra el Sr. P… M… d… H…. En consecuencia fijar en concepto de compensación económica a favor de la actora y a cargo del demandado la suma de $ 8.424.000, la que deberá ser abonada en un término no superior a los 20 días de quedar firme la presente. A la suma indicada deberán adicionarse intereses desde la fecha de promoción de la acción 1/10/2020 hasta la presente valoración a la tasa del 6 % anual y desde allí hasta el efectivo pago mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso. (conf. normas jurisprudencia y doctrina primera cuestión) 2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado en su calidad de vencido. 3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios fijada en la sentencia apelada en atención a lo aquí resuelto. 4. Diferir la regulación de honorarios para cuando obren pautas a tal fin. (31, 51 ley 14967)
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Dra. Rocio Muñoz (Pat. parte actora)
Dr. Facundo Chico (Ap. parte demandada)
Fin de la sentencia