Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.08 09:12:53-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C= AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Fecha: 2026.06.08 09:13:10-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.056 FOLIO Nº 141/145 PROT. ELECT. JR101 203I.261 Río Gallegos, 08 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “T.N.A. S/PTA. INFR. ART. 119 CPA”, Expte. Nº 10.470/25, Apelación JR Nº 10.162/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 15/36 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de N.A.T., en orden al delito de “abuso sexual con acceso carnal, en calidad de delito continuado, agravado por haber sido perpetrado por quien se encontraba encargado de la guarda" (art. 119 -párrafos 3º y 4º inc. b) del CP) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000).
Que a fs. 39/44 del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 53 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuaron presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios de la recurrente respetando el orden propuesto en el escrito de apelación.
1. Del mérito de los elementos de cargo. Valoración parcial de la prueba. Errónea valoración del testimonio en cámara Gesell por falta de fiabilidad: En primer lugar, la defensa se agravia planteando la duda razonable acerca de la inocencia de su asistido en razón que la a quo omitió considerar la prueba de descargo de significativa relevancia como lo son los testimonios de la esposa del imputado y su hijo mayor de edad, quienes estaban siempre presentes, uno u otro, mientras CM visitaba la casa de T.
Sostiene que la Jueza a fs. 244vta., hace referencia al testimonio de T. simplemente para decir que el relato no conmueve su convicción, omitiendo discrecionalmente el testimonio del hijo mayor de ambos, que refuerza los dichos de su madre en el sentido que T. nunca estaba solo en la casa con CM, por lo que no podría haber cometido el delito que se le enrostra.
Agrega que dicha omisión de valoración configura una violación al principio de valoración integral de la prueba e imparcialidad judicial evidenciándose una selección arbitraria del material probatorio.
Si bien la defensa aclara que no desconoce el valor probatorio del testimonio de las presuntas víctimas de delitos de índole sexual, exige que el mismo sea analizado con mayor estrictez en razón de las contradicciones en que incurre respecto de la edad que tendría al tiempo de los supuestos hechos que denuncia, inconsistencias en sus dos cámaras Gesell, discordando en las fechas en que habrían comenzado a suceder los hechos (a los 6 años en la primera declaración y a los 8 o 9 años en la segunda). A su vez señala que CM en su relato inicial le habría dicho a su hermana G. que los hechos ocurrían desde los 11 años. Es por ello que se agravia que se hayan tenido en cuenta los relatos de CM, su progenitora y su hermana y no se ponderara el testimonio de la esposa del imputado. Del mismo modo se agravia de la valoración parcial del informe psicológico practicado a T., del que surge que posee rasgos perversos en su personalidad integral pero que no aplican particularmente al área de la sexualidad, forzando de esa forma una interpretación de culpabilidad cuanto menos cuestionable. Por último se agravia de la errónea valoración del único elemento de cargo, es decir, el testimonio de la pretensa víctima, obtenido en dos cámaras Gesell, sin efectuar un análisis crítico sobre las condiciones de producción de dicho relato ni de su fiabilidad.
Destaca que en la primer declaración, la cámara Gesell careció de registro de audio, lo que motivó la realización de una segunda audiencia aproximadamente seis meses después. La defensa sostiene al respecto que no resulta un dato menor ni meramente formal, sino que lo acontecido afecta sustancialmente los resultados obtenidos en una y otra ocasión, circunstancia que fue minimizada por la a quo en el resolutorio, concluyendo que no había inconsistencias relevantes entre ambas. Advierte un posible riesgo de contaminación del relato e influencias por el paso del tiempo, por la intervención de terceros o por el propio desarrollo del proceso judicial. Es por eso que desestima que ese segundo testimonio de la pretensa víctima pueda ser tenido como “una reproducción fiel y espontánea” del recuerdo originario, sino que aparece como una reproducción posterior potencialmente influenciada por factores externos, lo que debilita sensiblemente su valor de convicción.
Igualmente se agravia que se haya introducido de manera indirecta información sobre lo relatado en la primera cámara Gesell, a través del testimonio del perito interviniente, por no poder controlar la prueba. Concluye que el relato de CM ha ido variando desde el día de la denuncia inicial de su madre hasta el momento, respecto de lo dicho a G., a su novio, a su madre y a las psicólogas intervinientes, agraviándose por cuanto esto debió ser evaluado integralmente por la jueza con el resto de la prueba producida.
Por ello, frente a pruebas contradictorias, solicita prevalezca el principio in dubio pro reo, toda vez que el razonamiento incriminatorio cae en un sesgo de confirmación, acomodando la imputación a la hipótesis que validaría el presunto abuso.
Iniciando el análisis de este primer agravio, adelantamos que no prosperará.
Ello en razón que la defensa no logra argumentar la duda razonable que alega respecto a la imposibilidad que ocurrieran los hechos investigados, a partir de la valoración de los testimonios de la esposa e hijo mayor de edad del encartado.
Sucede que, en concordancia con lo expresado por la Sra. Jueza Subrogante, el presente caso se enmarca dentro de la violencia contra la mujer y particularmente, tiene por víctima a una niña/joven mujer que reviste a la vez, la calidad de víctima y testigo. Con lo cual, los operadores judiciales nos vemos obligados a aplicar la perspectiva de derechos de infancia y de violencia de género a la hora de merituar las pruebas obrantes en el legajo, con la consecuente aplicación del principio de amplitud probatoria y la debida diligencia reforzada. Y ello, en modo alguno vulnera los derechos y garantías del imputado.
En otras palabras, resulta imperante la aplicación del marco internacional de derechos humanos y las leyes nacionales de protección integral de la mujer y los NNyA. Los pilares incluyen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará a nivel internacional, y la Ley 26.485 en Argentina, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia, garantizando una vida libre de ella. Asimismo, resulta aplicable la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y su correlato provincial Ley 3062, la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y las “100 Reglas de Brasilia” sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Con relación a la valoración de las declaraciones testimoniales de L.E.T. (obrante a fs. 222/223 de los autos principales) y de E.E.T. (a fs. 225/226 de los autos principales) –esposa e hijo del causante, respectivamente-, observamos que, a pesar de la discordancia de la defensa, la Sra. Jueza Subrogante a fs. 244vta. –de los autos principales-, brindó los motivos por los que concluyó que el relato de L.E.T., no logra conmover la convicción generada por los elementos de cargo, citando expresamente la piezas probatorias en que lo sustenta. Es por ello que advertimos que resulta una decisión debidamente motivada.
Y si bien no se pronunció concretamente respecto de la declaración del joven E.E.T., hijo del encartado, esta Alzada ha venido sosteniendo de manera invariable en reiterados pronunciamientos que los Magistrados de Primera Instancia gozan de la facultad de seleccionar las pruebas producidas conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa. (Autos caratulados: "Incidente de Apelación en autos: M.M.A. S/ Tentativa de Homicidio“, Expte. N° 84.014/26 - Apelación/Causa JR N° 10.156/26, del 03/06/26, por citar el más reciente, a modo de ejemplo).
En este sentido, el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar a ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá -según criterio fundado- para tener por acreditado -con la probabilidad requerida en respectiva instancia- algún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver.
De ello inferimos que, la circunstancia que, la declaración del joven E.E.T. no haya sido expresamente valorada por la a quo, no permite concluir, por sí sola, que se hubieran vulnerado los principios de igualdad entre las partes, del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, en razón que al ser una pieza probatoria legalmente introducida en la causa, podrá ser objeto de valoración en caso de alcanzarse la vista del art. 329 del CPP, donde deberán meriturarse nuevamente la totalidad de las probanzas en miras a la elevación a juicio. Tampoco se concuerda con la defensa en que haya un sesgo de confirmación en la actividad valorativa desplegada por la Sra. Jueza Subrogante, ni direccionamiento o parcialidad en la ponderación de plexo probatorio.
Veamos uno a uno sus planteos defensivos. Pues bien, con respecto a la valoración de la declaración de la niña/joven víctima, mediante la técnica de cámara Gesell, se comparte la conclusión a la que arriba la Instrucción, en el entendimiento que, de la valoración en conjunto de: la denuncia formulada por la Sra. D.V.S.M. -mamá de la víctima-, la declaración testimonial de la Sra. L.D.M. – Directora General de la Oficina de Protección Integral de NNyA, las actas labradas por la OPIDNNyA, la declaración testimonial de la Sra. M.F.B. –personal de guardia de la Oficina de Protección Integral-, las capturas de pantalla, las declaraciones testimoniales de G.B.M. –hermana de la víctima- ante la División Oficina de la Mujer y la Familia, el acta de constatación, la declaración testimonial de D.V.S.M., la pericia de psicodiagnóstico de la víctima, la declaración testimonial de la Lic. S.E., la declaración testimonial de la Lic. M.F.R., y la denuncia de la Sra. D.V.M., ante la Fiscalía de Primera Instancia -por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; sería posible razonadamente tener por robustecido el relato de la víctima, tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditados los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
Este Sr. Juez de Recursos entiende que resulta una tesitura alejada a la perspectiva de derechos en materia de infancia y a la naturaleza de los delitos investigados pretender que la víctima, una niña/adolescente, exprese de manera precisa y determinada fechas y edades de cada uno de los hechos invasivos a su integridad sexual que denuncia.
Es por ello que rechazaremos el agravio que pretende introducir contradicciones en el testimonio de la damnificada, por cuanto en lo sustancial mantiene sus dichos, esto es, que habría tenido que soportar en un tiempo a determinar pero presumiblemente entre el mes de marzo de 2020 y febrero de 2025 inclusive, desde que tendría aproximadamente entre 8, 9 y 12 años, abusos sexuales con acceso carnal de parte de su “padrino”, el aquí imputado, en circunstancias en que visitaba el domicilio del encartado y en momentos en que la Sra. L.E.T., se ausentaba del inmueble y quedaba al cuidado exclusivo de N.A.T..
Con relación a la valoración de los puntos de la pericia psicológica del imputado, esta Alzada no observa que la Sra. Jueza Subrogante se hubiera extralimitado en sus funciones, en razón que hubo de justipreciarla de manera conjunta con el resto de los elementos obrantes en el legajo, resultando relevante que N.A.T. no posee indicadores de enfermedades mentales al momento de la evaluación, encontrándose en condiciones de atravesar el proceso judicial que se lleva en su contra.
Retomando la valoración del relato de la víctima, la defensa se agravia por cuanto estima que no se efectuó un análisis crítico de las condiciones de producción ni de su fiabilidad. Al respecto, rechazaremos el planteo toda vez que entendemos que excede a la damnificada la circunstancia que no se hubiera grabado el audio de la primer cámara Gesell, siendo una falla grave del perito interviniente, quien debe extremar los recaudos para que sea esa –en lo posible-, la única vez en que la niña sea escuchada ante los estrados judiciales y sus dichos queden registrados en debida forma, a los efectos de su reproducción en el resto de las instancias procesales.
El hecho que se haya realizado una segunda cámara Gesell seis meses después, no implica en sí mismo, que la víctima haya podido ser influenciada por terceros, dejando de constituir una “reproducción fiel y espontánea” de su relato. Máxime cuando obran en la causa otros elementos probatorios que, confrontados con su testimonio, lucen contestes y concordantes, pudiendo válidamente tener por reforzado su valor conviccional.
Del mismo modo rechazaremos el agravio relativo a que se vulneraron los derechos de defensa al introducir -de manera indirecta-, información sobre lo relatado en la primera cámara Gesell, por medio de la recepción de la declaración testimonial de la Lic. S.V.E.. Ello por cuanto, es sabido que los peritos toman apuntes de lo acontecido en la recepción de los testimonios de los NNyA bajo esta modalidad, resultando sumamente útiles y enriquecedores tanto al momento de elaborar los informes periciales como una vez citados a juicio oral. Para despejar toda duda sobre la verosimilitud de sus constancias, cabe señalar que en aquél momento, estuvieron presentes además de la víctima y la perito, la Sra. Secretaria Actuante del Juzgado de Instrucción, la letrada adjunta de la Fiscalía de Instrucción y quien en ese momento era la defensa técnica del encartado, el Dr. S..
Por todo lo analizado, este primer agravio queda descartado.
2. De la calificación legal: En segundo lugar la defensa se agravia por insuficiencia probatoria para tener acreditado el acceso carnal. En efecto, sostiene que no se ha practicado examen médico alguno que permita corroborarlo. La negativa a su realización se dispuso a fs. 109 sin fundamentación suficiente, exclusivamente en la aplicación del protocolo de la UFEM por haber transcurrido cierto tiempo desde el acaecimiento de los hechos investigados, que carece de carácter vinculante y no puede restringir el derecho de defensa.
Por lo tanto, frente a la falta de corroboración entre el relato de una mecánica de hecho violenta y la falta de evidencia física ante la consulta médica, la defensa postula el debilitamiento del plexo cargoso para sostener la agravante del acceso carnal.
Asimismo se agravia por improcedencia o indebida aplicación del delito continuado, ya que no puede presumirse sino que debe ser probado en el caso concreto.
Igualmente advierte la insuficiencia probatoria para tener acreditada la calidad de guardador, puesto que la calidad de padrino no implica, por sí sola, una posición de guarda y no se ha demostrado en autos la convivencia, la responsabilidad efectiva de cuidado, autoridad o vigilancia sobre la menor. En suma, plantea que la resolución recurrida incurre en un error de subsunción jurídica al tener por configurada la agravante sin acreditar los presupuestos fácticos y jurídicos que la tornen procedente.
Pues bien este agravio no prosperará, toda vez que esta Alzada viene sosteniendo de manera invariable desde el año 2022, en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal resulta ser provisoria y mutable, con lo cual no causa estado.
Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
3. De la prisión preventiva: En tercer lugar, la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido por ausencia de riesgos procesales concretos.
Plantea que la resolución no acredita en forma concreta el peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, limitándose a invocar a fs. 248 la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva con fundamento en la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos no acreditados. Asimismo se agravia de la ausencia de valoración que el imputado cuenta con arraigo, ya que posee domicilio fijo, núcleo familiar estable, inserción social acreditada, lo que descarta cualquier riesgo de fuga, pudiendo suplantarse por una medida alternativa, menos gravosa, que igualmente garantice los fines del proceso.
En definitiva apela la medida dispuesta ya que importa un adelantamiento de pena incompatible con el principio de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva.
Que analizando este tercer agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria. Mucho menos que constituya un adelantamiento de la pena.
Debemos recordar al recurrente que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334).
Observamos que la Magistrada en el considerando IV) aportó los argumentos por los que entiende que, en función de la naturaleza del hecho investigado, y teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria prevista para la figura penal endilgada, en caso de recaer condena en la presente causa, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Advertimos igualmente que la Instrucción justipreció la gravedad del delito investigado en función de las constancias probatorias de las que se desprende de manera clara el contexto de aprovechamiento de la relación desigual de poder entre los involucrados, en el cual el imputado habría accedido carnalmente a la menor cuando ésta habría tenido entre 8 o 9 años de edad y hasta los 12 años, en circunstancias en que quedaba bajo su exclusivo cuidado.
Asimismo la a quo explicó que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia, con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de la víctima que se proyecta sobre el proceso, tratándose de una joven que reviste la condición de víctima y testigo, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado.
Se concuerda con la Instrucción que el hecho reprochado se enmarca dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila, surgiendo la vulnerabilidad de C.V.M.M.., de manera ostensible a lo largo de los elementos de cargo reunidos.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, he de coincidir con la Magistrada que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarla de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal, máxime cuando se encuentran constatadas las graves consecuencias que sucesos como los investigados traen aparejadas en el desarrollo madurativo, debiéndose velar por el Interés Superior de la Niña, pretensa víctima de violencia sexual. Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Es de destacar lo resuelto por la CIDH en el sentido que: “…los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al art. 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía. …” (CorteIDH. López Soto. Sentencia de Septiembre de 2018).
Del mismo modo he de poner de resalto que: “… No haber detenido al agresor representa una violación del estado de proceder con la debida diligencia para proteger a la víctima / los derechos del autor del delito no pueden dejar sin efecto los derechos humanos a la vida y a la integridad física y mental de la mujer…” (cedaw 5/2005 y /2203).
Se advierte, por ende, que a pesar del loable intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada. En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva por resultar ajustada a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 15/36 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia