Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.319 FOLIO Nº 179/182 PROT. ELECT. JR101 467I.261
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.
La presente causa caratulada: "T.R.D. S/ INFRACCIÓN AL TÍTULO III DEL LIBRO II DEL C.P.", Expte. Nº 29509/24 - Apelación JR Nº 10393/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 107/112, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres de esta ciudad, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.D.T. en orden al delito de “abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por la edad de la víctima y la convivencia prexistente" (art. 45, 55, 119 primer y tercer párrafo y 119 inciso f) del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos dos millones ($2.000.000).
Que a fs. 114/116 la defensa apeló dicho auto motivándolo; a fs. 138 el recurrente sostuvo el recurso, y no habiendo presentado memorial de agravios, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Que la defensa señala la valoración de la prueba no puede agotarse en señalar la existencia de concordancias entre las distintas manifestaciones cuando tales tienen un origen informativo común; la multiplicación de referencias a un mismo relato no equivale, por sí misma, a la existencia de múltiples elementos autónomos de corroboración. En ese escenario, establece que la propia resolución reconoce que la niña no pudo precisar la cantidad de veces en que habrían ocurrido los hechos, pese a lo cual se tiene por acreditada provisoriamente una modalidad reiterada.
Entiende que el auto constituye una decisión provisional susceptible de modificación durante el avance del proceso. Sin embargo, precisamente porque produce consecuencias procesales y personales relevantes, tampoco puede sustentarse en una mera posibilidad; sino que la probabilidad exigida debe surgir de una evaluación crítica e integral de todos los elementos reunidos, incluyendo aquellos que favorezcan la hipótesis defensiva o disminuyan la fuerza convictiva de la hipótesis acusatoria.
Critica que la afirmación de que las cuestiones controversiales podrán esclarecerse en el debate no puede funcionar como mecanismo para desplazar hacia el juicio aquellas dudas que, por su entidad impidan alcanzar actualmente el grado de probabilidad requerido para procesar.
De lo contrario, el carácter provisional de la resolución terminaría sustituyendo el análisis que precisamente corresponde efectuar en esta etapa.
Destaca que la perspectiva de infancia constituye una pauta indispensable para evitar valoraciones estereotipadas o exigencias probatorias incompatibles con las características propias de las víctimas menores de edad, pero no modifica el estándar de responsabilidad penal ni permite invertir la carga probatoria. En su segundo agravio referido a la calificación legal, expresa que la figura de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa exige verificar la existencia de actos inequívocamente dirigidos a la consumación del acceso carnal y un comienzo de ejecución que exceda los actos propios de otras modalidades de abuso sexual. A su entender, la resolución debe justificar concretamente cuáles son los actos que permiten afirmar, con el grado de probabilidad, ese comienzo de ejecución y no limitarse a inferir la finalidad a partir de la naturaleza general de la conducta denunciada. Refiere que adquiere relevancia que la primera noticia del hecho proviene de la madre de la niña, quien relató que su hija le había manifestado que el imputado “intentaba introducir su miembro viril”, mientras que, al ser preguntada acerca de si había existido acceso carnal, respondió negativamente, indicando que se había tratado de “tocamientos”.
Detalla que el tipo exige un comienzo de ejecución objetivamente verificable; por ello, no basta con acreditar la existencia de tocamientos en zonas íntimas para concluir que esos mismos actos constituyeron simultáneamente tentativa de acceso carnal.
Apunta que esa exigencia resulta todavía más relevante porque el propio auto describe, respecto del episodio que utiliza para sustentar la tentativa, que el imputado habría intentado introducir su miembro viril y que la conducta no se habría concretado por la negativa de la niña.
Plasmados los agravios de la recurrente, y tomando atenta lectura del interlocutorio recurrido, adelantamos desde ya que consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría material en función de probabilidad requerida, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP. En este aspecto, la resolución dictada por el a quo cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género y de derechos de infancia. Ha explicado razonadamente tanto la materialidad de los hechos imputados como la autoría y la calificación jurídica atribuida a los sucesos investigados.
Con respecto al mérito de la prueba reunida, los planteos esgrimidos por el apelante no logran conmover el decisorio impugnado; toda vez que en autos se advierte que no se trató de la valoración de un elemento único sino de varios que interrelacionados entre sí, y a la luz de la sana crítica racional, los que le permitieron al magistrado arribar al auto de procesamiento recurrido.
El testimonio de la víctima recabado mediante la técnica de la cámara gesell resulta contundente al relatar cómo se habrían sucedido los hechos invasivos a su intimidad.
Por su parte, éste se ve reforzado mediante el testimonio de su progenitora, así como también el testimonio brindado por la lic. en psicología que atendió a la víctima a partir del hecho vivenciado, sumado a ello el informe de psicodiagnóstico de la víctima, del que se desprende que el relato de la joven posee una adecuada estructura lógica, elaboración inestructurada, evidenciando signos de angustia, tensión y ansiedad al momento de relatar los hechos motivo de investigación.
De la declaración de la joven víctima se pueden inferir razonadamente los hechos invasivos a su integridad sexual y el malestar que esto le generaba, sindicando sin contradicciones al imputado como autor de los mismos.
De esta manera, coincidimos con la instrucción al encontrar el plexo probatorio suficiente a los fines de atribución de responsabilidad, teniendo presente la probabilidad que reina en esta etapa.
En el auto recurrido, el magistrado analizó cada uno de los elementos que obran en la causa, asignándole a cada uno de ellos la valoración que consideró pertinente en función de la naturaleza de cada pieza probatoria.
Es criterio ampliamente reconocido que el testimonio brindado por el menor de edad damnificado constituye un elemento probatorio de especial relevancia y fuerza convictiva. Sin perjuicio de que su valoración no puede efectuarse de manera aislada, sino que debe ser valorado en forma integral y armónica con el conjunto de los elementos de prueba recopilados durante la investigación, conforme las reglas de la sana crítica racional.
Si bien los demás elementos obrantes en autos tales como la declaración de la progenitora de la damnificada, y el informe pericial no resultan ser elementos autónomos de corroboración del hecho investigado, revisten aptitud indiciaria de fuerte poder convictivo, en tanto permiten conferir sustento y corroboración al relato proporcionado por la damnificada.
Como fuera expresado por el magistrado, “...se han incorporado sendos elementos de información que concuerdan en la forma en que se habrían develado las agresiones denunciadas y a su vez, de las diversas instancias en las que verbalizó los hechos se refleja una coherencia y concordancia de las circunstancias. Ya sea cuando manifestó ante su madre, ante la psicóloga o ante los peritos oficiales del Cuerpo Pericial de Psicólogos”.
No podemos soslayar que estos delitos por lo general transcurren en lugares resguardados de la mirada de terceros. En palabras de los tribunales: “en materia de delitos contra la integridad sexual es casi imposible conseguir testigos directos del hecho, debe basarse el Juez en las declaraciones de la víctima, de las personas que tomaron conocimiento de lo acontecido a través de sus dichos y en las conclusiones a las que arribaran los expertos en las respectivas pericias, debiendo reconstruirse el hecho através de todo resto, vestigio o indicio (CJS, Tomo: 141:465;170:593;192:257). Justamente por eso, la declaración de la víctima adquiere suma importancia como señala el recurrente pero debe ser objeto de un riguroso análisis y se deben exponer los aspectos que determinan que le sea asignada credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa del acusado (CSJ; Tomo:119:269;186:663). (TR LA LEY AR/JUR/35353/2018). Es de esta manera, que si bien la progenitora de la víctima, no resulta ser testigo presencial del hecho denunciado, su testimonio corrobora que el imputado se encontraba de visita en su domicilio junto a su esposa, y que pernoctaban en dicha vivienda durante el tiempo que se encontraban de visita en la ciudad, en coincidencia con las circunstancias de tiempo y lugar del hecho expuestas por la damnificada.
Asimismo, relato de igual tenor fue el brindado por la joven ante las profesionales del CPP, pudiendo concluir las nombradas en su informe, que su relato resulta verosímil, no encontrando indicadores de mendacidad o que el mismo pudiera haber sido inducido por un tercero.
Por lo dicho, coincidimos con la instrucción al encontrar el plexo probatorio suficiente a los fines de atribución de responsabilidad, teniendo presente la probabilidad que reina en esta etapa.
En la presente etapa procesal es la probabilidad sobre la ocurrencia del hecho denunciado y la posible participación del sujeto sindicado como responsable, los parámetros necesarios para el arribo a una decisión de atribución de responsabilidad.
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
En cuanto a la probabilidad exigida y cómo la entiende la defensa técnica, podemos hacer mención que se encuentra establecido por nuestro ordenamiento legal, las distintas etapas del proceso penal y cómo debe aplicarse la ley en cada una de ellas. En la etapa de instrucción, es requerida la probabilidad acerca de la ocurrencia de un hecho típico y la culpabilidad del imputado. Pero en una siguiente etapa procesal, se debe constatar la certeza de esa culpabilidad.
Éste resulta ser el criterio sostenido jurisprudencialmente a nivel nacional, así como por esta Alzada. Es de esta forma que la jurisprudencia tiene dicho que "...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Por ello, la probabilidad positiva no será suficiente para la condena, pero ocupa un lugar central en la valoración probatoria a efectuar en la etapa de instrucción. En sí, este estándar sirve para afirmar el mérito probatorio necesario que justifique la realización del juicio oral, en el que finalmente se resolverá la contienda por ser la etapa central del proceso penal donde se enaltecen las garantías constitucionales que asisten al imputado. En resumen, de la etapa de instrucción solo puede esperarse una verdad meramente probable de la hipótesis acusatoria. Y será en la siguiente etapa – juicio oral- donde se evaluará si dicha probabilidad positiva alcanza el grado de certeza positivo que resulta indispensable para dictar una condena y aplicar una pena a la persona sometida a proceso." (CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV S., C. C. y otro c. C., E. F. s/ legajo de casación • 10/06/2022 Cita: TR LALEY AR/JUR/73631/2022).
Entendemos de esta forma, que el agravio de la defensa radica en una disconformidad con el criterio sustentado por la instrucción.
En cuanto a la perspectiva de infancia, como bien lo explicitaran los tribunales “... cuando se hace referencia a los menores de trece años, el alcance del bien jurídico posee una repercusión mayor toda vez que no se puede hablar de autodeterminación en este ámbito a edades tan tempranas. El desarrollo sexual de los menores es la piedra fundamental sobre la que se proyectará posteriormente esta autodeterminación. A esas edades no se carece de esta solo por el solo hecho de ser impúber, sino porque la ley penal debe asegurar que dicha persona adquiera las capacidades psíquicas, corporales y anatómicas funcionales necesarias para que la libertad sexual sea posteriormente aceptada como una expresión válida de su personalidad (conf. “Derecho Penal Sexual”; Aboso, Gustavo Eduardo; Ed. B de F., Ed. 2014, págs. 46 y sgtes.).”. (TR LALEY AR/JUR/163054/2021).
En esta línea, consideramos oportuna la incorporación de una mirada con perspectiva de infancia, atento las circunstancias que rodearon el caso, así como el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde establece la obligación de los Estados parte de adoptar toda medida tendiente a proteger la integridad física y psíquica del niño contra cualquier forma de perjuicio, incluido el abuso sexual. (CSJ; Tomo:119:269;186:663). (TR LA LEY AR/JUR/35353/2018). En función del agravio referido a la calificación legal, recordamos que esta Alzada entiende, y en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando, no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 9577/25, por citar algunas).
Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).
Por todo lo examinado, entendemos que la instrucción valoró correctamente las probanzas incorporadas a la causa, no resultando suficientes los planteos de la defensa técnica para revertir los fundamentos expuestos por el magistrado. Así, en un reciente fallo se sostuvo: “… la valoración conjunta de los testimonios y los informes periciales permite corroborar la materialidad del hecho y la intervención del acusado, considerando además la perspectiva de género y el interés superior del niño conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI; 15/12/2025; L., C. D. s/ Sobreseimiento; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/169790/2025).
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 107/112 de estos autos, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante S.N.E.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.
Fin de la sentencia