Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.321 FOLIO N° 188/190 PROT. ELECT. JR101 469I.261
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada "T.R.T. s/ Desobediencia" Expte. N° 8122/23 - Apelación/Causa JR N° 10418/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 96/101, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Conjueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Puerto Santa Cruz, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado R.T.T. en orden al delito de “Desobediencia” (Arts. 239 del Código Penal), en tanto que en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000). Que a fs. 105/106, la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo- y, siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 140.
Que de la lectura de las presentes actuaciones, se advirtió una posible nulidad en virtud de no haberse valorado el descargo del imputado en su declaración indagatoria con el resto del plexo probatorio analizado por la A Quo, encontrándose involucradas cuestiones de orden público que impiden el avance de la causa hacia la siguiente etapa procesal.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que, en términos generales, la defensa cuestionó que el auto recurrido parta de la premisa de que el imputado conocía la medida cautelar dispuesta y que, en consecuencia, debió retirarse del lugar, considerando que su permanencia constituiría una manifestación dolosa de incumplir una orden judicial. Sin embargo, sostuvo que dicha conclusión no encontraría respaldo suficiente en las constancias de la causa ni en el derecho aplicable.
En tal sentido, argumentó que el tipo penal atribuido exige dolo directo, por lo que la mera presencia física o coincidencia ocasional en un local de acceso público, al que la denunciante habría ingresado con posterioridad, no resultaría suficiente para configurar la conducta reprochada, máxime cuando -según afirmó- no habría existido contacto ni intención alguna de acercamiento por parte de su asistido.
Al respecto, destacó que el imputado, al efectuar su descargo, manifestó haber ingresado primero al lugar y que la denunciante habría hecho caso omiso de su presencia, y que habría continuado bailando a sabiendas de que aquel se encontraba allí. A criterio de la defensa, tal circunstancia evidenciaría la ausencia de temor por parte de la denunciante. Asimismo, señaló que su asistido reconoció haber dirigido unas palabras a la pareja de la denunciante, aunque aclaró que ello habría ocurrido como respuesta a una provocación previa de este, tras lo cual decidió retirarse del lugar.
Por otra parte, sostuvo que el procesamiento se encuentra sustentado exclusivamente en los dichos de la denunciante, sin otros elementos testimoniales que permitan corroborarlos. En particular, señaló que el personal policial interviniente no recordaría lo sucedido, mientras que el acompañante de la denunciante no habría prestado declaración testimonial.
En función de ello, sostuvo que la sola permanencia en un lugar público, en ausencia de una intención deliberada de incumplir la medida impuesta, no resultaría suficiente para configurar el delito atribuido, pues lo contrario implicaría establecer una forma de responsabilidad objetiva, incompatible con los principios que rigen en materia penal. A su vez, cuestionó las características de la medida cautelar, señalando que llevaba ocho (8) meses de vigencia, sin establecer un plazo concreto ni una delimitación precisa respecto de los lugares públicos alcanzados por la prohibición. Entendió que tal circunstancia habría generado incertidumbre acerca de su alcance y contribuido al carácter fortuito del encuentro entre las partes. Citó jurisprudencia y doctrina en respaldo de sus argumentos.
Finalmente, la defensa cuestionó el vencimiento del plazo de la instrucción, conforme lo previsto por el art. 197 del C.P.P., señalando que el término se encontraría ampliamente cumplido sin que se hubiera solicitado prórroga ni se advertiría una complejidad probatoria que justificara la demora.
II. Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que, analizados los agravios impetrados por la parte recurrente, y advirtiéndose la existencia de un vicio que obstaculiza el avance de la causa hacia la siguiente etapa procesal, juzgamos conveniente iniciar el análisis por la posible nulidad derivada de la omisión de la Sra. Conjueza de grado de valorar el descargo formulado por el imputado en el acto de declaración indagatoria.
En este sentido, cabe recordar que esta Alzada – siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (Apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros).
En el caso que nos ocupa, el imputado brindó una versión exculpatoria de los hechos (fs. 66/67), la cual no fue merituada por la Magistrada al resolver su situación procesal. Que, al respecto, la doctrina señala: “ … el objetivo de la declaración indagatoria se cumple cuando el imputado puede hacer los descargos o aclaraciones respecto a cada uno de los hechos objetos de imputación" y por ello, es la exposición del imputado, valorada en concreto, la que brinda la pauta cabal de la efectiva comprensión de la intimación dirigida y de si su defensa pudo ser ejercida plenamente.” (Romero Villanueva, Horacio J.; Principios de intimación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; SJA; 07/11/2018; AR/DOC/3348/2018).
En nuestro caso, no existió esa valoración concreta que propugna la doctrina, consecuentemente, su defensa no pudo ser ejercida.
En el orden nacional, se tiene dicho: “ El procesamiento del imputado debe anularse, en tanto adolece de un vicio de fundamentación, ya que no puede ser considerado como suficientemente motivado si no se valora la declaración indagatoria de aquel, cuya recepción es requisito ineludible para el dictado del acto atacado, conforme lo prescribe expresamente el art. 307, Cód. Proc. Penal.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I; 17/04/2024; CCC 66500/2023/1/CA2; DPyC 2024 (agosto), 239; TR LALEY AR/JUR/73593/2024).
Que, oportunamente consultada en otra causa, la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial hubo de pronunciarse en favor de la nulidad del auto de procesamiento, en los casos en que no se hubiera merituado el descargo del imputado (Dictamen protocolizado al Tomo: XXXIX; Registro: 10056; Folio: 098/100).
Que, en virtud de conocerse de antemano el criterio sostenido por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras sobre la cuestión aquí debatida, se estimó innecesario correr nueva vista de los presentes actuados, por cuanto ya se contaba con su posición en un supuesto sustancialmente análogo (autos caratulados: “L.M. s/ Robo” Expte. Nº 20910/22, Apelación JR Nº 9496/25).
En aquella oportunidad, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “el derecho a ser oído implica la posibilidad del imputado de hablar y de ser escuchado por el Juez. Ello no significa que el juzgador deba expedirse sobre cada palabra dicha por el imputado, pero sí tiene la obligación de realizar un análisis de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por éste”. Asimismo, señaló que “...al apelarse la sentencia de grado el apelante debe saber por qué motivos no fueron atendidas sus afirmaciones y así podrá criticar de manera precisa y concreta la sentencia atacada (...) al surgir palmariamente que en el auto de procesamiento que no fueron valorados, analizados ni cotejados los extremos vertidos por el imputado al ejercer su derecho de defensa, es que considero que tal instrumento debe ser declarado nulo…”
A mayor abundamiento, este Juez de Recursos adoptó el citado criterio en las causas caratuladas: “F.L. s/ estafa” Expte. Nº 19009/20, Apelación Nº 7941/22, “N.A.M. s/ lesiones leves y amenazas calificadas” Expte. Nº 19454/21, Apelación Nº 8497/23, y “Fiscalía de Pto. Sta. Cruz s/ req. instrucción (R.)” Expte. Nº 3611/19, Apelación Nº 9887/25, por citar algunas. Que, finalmente, no puede dejar de señalarse que el vicio aquí advertido no fue puesto de manifiesto por la parte recurrente, pese a que hizo expresa referencia a la versión brindada por su asistido en el acto de indagatoria. Ello no obsta, sin embargo, a la facultad-deber de esta Alzada de examinar de oficio la existencia de nulidades que comprometan garantías constitucionales y revistan carácter de orden público.
Que el vicio señalado no sólo priva de fundamento al auto de procesamiento sino que, además, lesiona gravemente el derecho de defensa del imputado, de modo que, en función de lo explicitado, declararemos –de oficio- la nulidad absoluta del auto apelado.
III. Ahora bien, al haber resuelto la Magistrada sobre el fondo del asunto de la investigación llevada a cabo, en desapego a las normas que amparan las garantías constitucionales del debido proceso, en virtud de las facultades conferidas a esta Alzada por el art. 165 del C.P.P., se torna inexorable apartar a la Sra. Conjueza de grado, debiendo intervenir el subrogante legal que corresponda. A tal efecto, deberá comunicarse lo resuelto, con los recaudos de estilo, a la Secretaría de Superintendencia del Excmo. T.S.J, acompañando copia de la presente resolución.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
ABSOLUTA del auto de fs. 96/101, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden y, en función de ello, DECLARAR ABSTRACTOS los agravios que componen el escrito recursivo. 2°)- APARTAR de su intervención en estos autos a la Sra. Conjueza de grado, Dr. I.B., por los motivos explicitados en el punto II) de este resolutorio.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4º)-OFICIESE con los recaudos de estilo, a la Secretaría de Superintendencia del Excmo. T.S.J. informando lo aquí resuelto, acompañando copia de la presente resolución, conforme lo establecido en el punto III) de los considerandos que anteceden.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia