Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando el recurso interpuesto a fs. 123, confirmando la sentencia en lo que fuera materia de agravios.-
TOMO CIV - SENTENCIA REGISTRO N° 3476 FOLIO N° 01/06 PROT. ELECT. A10131S.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintidós se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Eduardo Gabriel López con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "T. V. I. c/F. A. A. s/alimentos", Expte. Nº 12.509/18 (18.940/21), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Familia Número Dos, Secretaría Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud del recurso de apelación interpuesto por el accionado a fs. 123, contra la sentencia de fs. 115/121. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Carlos E. Arenillas, 2º) Dr. Eduardo Gabriel López y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Arenillas dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 115/121 que hace lugar -totalmente- al reclamo de alimentos, el demandado interpone recurso de apelación a fs. 123 y lo funda al PE...-2020, código de validación ... . Corrido el pertinente traslado, la parte actora contesta al PE...-2021, código de validación...
En lo que nos interesa, el a quo hizo lugar a la demanda deducida por la señora V. I. T. en representación de sus hijas menores G. F. y A. L. contra el señor A. A. F. y resuelve condenarlo a abonar el 40% de los salarios que por todo concepto -previos los descuentos de ley- percibe de su empleadora, con costas al vencido.-
El apelante plantea tres agravios: a) la cuantía de la cuota fijada, b) la falta de actualización de los datos considerados a fin de conocer sus condiciones actuales de vida y c) la falta de aplicación de normativa sobre derechos humanos que cita.-
III.a).- Respecto de la magnitud de los alimentos definitivos, aduce que ya no tiene el mismo salario que en mayo de 2019, ya que desde esa fecha “...revisto… en la categoría 15 del escalafón (la más baja)…”, cuyo sueldo neto al momento de presentación del recurso es de $28.555. Aduce que el artículo 659 del Código Civil y Comercial de la Nación fija un límite al quantum de la obligación alimentaria, que en este caso sería de hasta el 25% de su salario.- Razona que: “…de aplicar el 40% arrojaría una cuota de aproximadamente de $16.000.- siendo el 60% restante de $19.000 mensuales para vivir una sola persona, cuando la canasta familiar de 4 personas en esta provincia ronda los $100.000.- (pesos cien mil) incluyendo alquiler, lo cual arroja unos $25.000.- por persona.” (ver página 2 del recurso bajo estudio).- Discurre en consideraciones en torno al costo de una compra de supermercado y agrega que cuando se encuentre en mejores condiciones económicas con gusto pagará un porcentaje mayor al 25 % que ofrece.-
III.b).- Refiere que la sentencia se dictó luego de dos años de producida la prueba en autos, por lo que el magistrado debió evaluar las circunstancias actuales que lo rodean.-
Arguye que: “…este porcentaje va más allá de mis posibilidades económicas de hoy en día y de lo que el mismísimo CCCN me obliga a pagar, por ello es que yerra la sentencia y me causa agravio que se me condene en base a un argumento doctrinario no aceptado por el actual CCCN…” (cfr. página 3 del escrito de expresión de agravios).- Denuncia que la actora se ha convertido en adjudicataria de la vivienda en la que reside, habiéndola mejorado interior y exteriormente.-
III.c).- Cuestiona que no se hayan aplicado los artículos 23 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del art. 32 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.-
Solicita se rebaje la cuota alimentaria definitiva al 25% de su salario.-
Debo adelantar que se observa en el escrito de fundamentación del recurso una falta de correlación entre los agravios que se esgrimen y el contenido de la sentencia que se ataca, haciendo referencia sólo a parte del contenido de algunos párrafos, pero sin tomar todo el contexto en el que el juez razona, introduciendo normativa no alegada en el momento procesal oportuno y sin hacerse cargo de demostrar en qué influiría en relación a su caso.- Es el apelante quien debe demostrar los errores en que se ha incurrido al sentenciar y las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho fundando sus afirmaciones de acuerdo con la lógica, las pruebas producidas en autos y en concierto con la ley. Por ello es que no sólo debe indicar dónde existe el error invocado sino que también se deben señalar cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador, extremo éste, ausente en el escrito del apelante.- Estas carencias ponen el recurso al borde de la deserción, ya que debería contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que pretende derribar (cfr. art. 264 del C.P.C. y C.) No obstante ello, se habrán de tratar los agravios esbozados porque estamos ante un recurso ordinario -que debe ser abordado con un criterio de admisibilidad amplio- y porque es el que mejor se compatibiliza con la garantía de defensa en juicio (cfr. art. 18 de la Constitución Nacional).-
V. La obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad surge de los deberes atinentes a la responsabilidad parental. El art. 658 del Código Civil y Comercial de la Nación establece -en forma explícita- que la obligación de alimentar a los hijos menores recae sobre ambos progenitores, conforme a su condición y fortuna.- A partir de ello, y de lo que determina también el art. 659 del C.C. y C.N., podemos establecer una serie de parámetros que habrán de valorarse al momento de fijar la cuota alimentaria. A saber:
1. La situación económica y social del alimentante como del alimentado, apreciada a través de sus respectivas actividades y sistemas de vida.-
2. Las necesidades de los hijos menores, estimándolas -en la medida de lo posible- de acuerdo al nivel socioeconómico del que gozaron durante la convivencia de sus progenitores.-
3. La posición económica de la que gozaba la familia antes de su ruptura o de la que goza en la actualidad.-
4. La contribución que realiza el progenitor que tiene asignado el cuidado personal del hijo (progenitor conviviente) y la forma en que realiza dicha contribución.-
5. La edad que tiene/n el/los hijo/s al momento de fijar la cuota de alimentos.-
6. El hecho de que el progenitor que convive con el hijo, perciba ingresos mensualmente. Ello, si bien no libera al progenitor no conviviente al pago de la cuota alimentaria, constituye un elemento a tener en cuenta para fijar su importe.-
Así, el artículo 659 del C.C. y C.N. establece: “Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y las necesidades del alimentado.”.- Como puede apreciarse no existe referencia alguna que prohíba al magistrado fallar como lo hizo, ni que lo obligue a fijar el quantum que el apelante peticiona.-
Con iguales argumentos que despliega el señor F. podríamos preguntarnos cómo pretende que sus dos hijas vivan con los $16.000 de los cuales se queja si él mismo afirma que $19.000 le resultan insuficientes y que la canasta básica para una persona al momento de apelar es de $25.000.- Es criterio unánime que la obligación alimentaria paterna hacia los hijos vincula al progenitor aún cuando ello implique de su parte mayor esfuerzo. Tal carga no se ve alterada por la circunstancia de encontrarse también la madre obligada a contribuir, pues realiza un cotidiano aporte en especie derivado del ejercicio del cuidado parental, que en este caso, recae exclusivamente sobre la señora T., lo cual tiene una indudable incidencia económica. (cfr. art. 660 del C.C. y C.N.).- Los padres se hallan obligados en mayor medida a contribuir a los alimentos de sus hijos, aún mediante la realización de mayores esfuerzos.-
Es decir que aún cuando no se hubiera acreditado una mejoría en la situación económica del alimentante, lo cierto es que de los mismos argumentos del recurrente surge que el aporte que pretende realizar (25% de sus salarios) no podría solventar las necesidades de sus hijas.-
No debe perderse de vista que sobre los padres pesa el deber alimentario de sus hijos, mucho más estricto en la ley que el existente entre los parientes y ello se traduce no sólo en la obligación de proveer lo atinente a su asistencia integral, sino también en realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios a los fines de cumplir acabadamente con dicho deber emergente de la patria potestad. (cfr. art. 658 del C.C. y C.N.).- Insisto, más allá de la situación económica invocada por el señor F., éste no puede excusarse en la insuficiente cuantía de sus ingresos para dejar de cubrir las necesidades de sus hijas. Estará dentro de sus posibilidades -si lo estima pertinente- dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulte razonable, a buscar otras tareas remuneradas con las cuales poder completar lo que -argumenta- le faltaría para vivir. (cfr. Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, Ed. Astrea, Bs.As., 2006, pág. 223 y sgtes.). Por lo tanto, esta crítica debe ser rechazada.-
VI. A instancias de una medida para mejor proveer dictada por esta Excma. Cámara se cuenta con los últimos 12 recibos de haberes del señor F. y con un informe socio ambiental que sólo pudo realizarse en relación a las niñas y su madre, ya que el demandado no concurrió, ni coordinó con la asistente social asignada la entrevista a la que fue citado dos veces. Tampoco justificó su actitud. (cfr. PE...-2022, código de validación ... y PE...-2022, código de validación ...).- Claramente si pretendía agraviarse por la falta de consideración de sus actuales condiciones de vida debió aprovechar la oportunidad que dicha pericial le otorgaba.-
Estimo que con la información incorporada se obtuvo un panorama de la situación actual de las partes, con lo cual este hipotético agravio ha perdido vigencia.-
Asimismo, evaluados los recibos de salarios agregados, el costo de vida, las necesidades presumidas de una niña y de una adolescente, el cuidado unipersonal que se vio obligada esta madre a afrontar, se advierte que el porcentaje fijado resulta adecuado y debe ser confirmado.-
VII. En relación a la falta de consideración de los artículos 23 y 30 de Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se advierte -y el apelante no lo explica- cuál sería la influencia que dicha normativa tendría en el caso para priorizar la pretensión de un adulto joven (de alrededor de 32 años), sano y en condiciones de buscar alternativas remuneradas, en detrimento del bienestar de sus dos hijas menores de edad. Claramente este enunciado agravio no supera el test de suficiencia que establece el artículo 264 del C.P.C. y C.- Esta Cámara de Apelaciones no está obligada a hacerse cargo de todas las alegaciones del apelante y rebatirlas, máxime si no se las ha argumentado mínimamente.-
VIII. Por ello y oído que fuera el señor Defensor Oficial ante esta Cámara al PE...-2021 (CV ...) y al PE...-2022 (CV ...), se debe rechazar el recurso interpuesto a fs. 123, confirmando la sentencia en lo que fuera materia de agravios, con costas al apelante vencido, difiriéndose la regulación de honorarios correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 68 del C.P.C. y C. y 24 de la ley Nº 3330).- - - - - - - - -Por lo expuesto, Voto, pues, a esta primera cuestión por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. Arenillas dijo:
Atento el sentido de mi voto a la anterior cuestión propongo el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 123, confirmando la sentencia en lo que fuera materia de agravios; 2º) Imponer las costas de esta instancia al apelante vencido (cfr. art. 68 del C.P.C. y C.); 3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley Nº 3330); 4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. López por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 17 de mayo de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazando el recurso interpuesto a fs. 123, confirmando la sentencia en lo que fuera materia de agravios.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS PRESIDENTE EDUARDO GABRIEL LÓPEZ JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIÉRREZ MEYER SECRETARÍA
Fin de la sentencia