Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35939-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto es improcedente el recurso interpuesto en tanto constituye una mera reedición de las objeciones formuladas en etapas previas, sin hacerse cargo de rebatir cada una de las cuestiones que fueron detalladamente analizadas por el Tribunal Fiscal 6º) Que, cabe recordar que la valoración del Tribunal Fiscal con relación a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, de ningún modo el actor ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión. Por ello se desestima su recurso.
7Que, toda vez que no hay agravios concretos sobre los intereses, la multa y las costas corresponde su confirmación.
8Que, en cuanto a la liquidación y pago de la tasa de justicia, pase al Representante del Fisco a fin de que se expida en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el pto. 10, in fine, de la acordada 20/92.
Por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN).
—SALA IV-
CAF 36970/2023 TAGLIAFERRI ANDRES ARIEL (TF 35939-i) C/DIREC- CION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO Buenos Aires, febrero de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 437/442 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar, con costas, la resolución de la AFIP-DGI mediante la cual se había determinado de oficio el IVA de los períodos 12/2007 a 7/2008 y se había intimado su pago con más los intereses resarcitorios y multa.
Para así resolver, efectuó las siguientes consideraciones:
1. La cuestión traída a decisión giró en torno a si el contribuyente había explotado el local de la calle San Juan 201 de la Ciudad de Mar del Plata, como sostuvo el Fisco, para de ese modo atribuirle los costos de la actividad.
2. En el caso, además de recurrirse a datos ciertos, obtenidos tanto del actor como de terceros, no se siguieron las presunciones legales contenidas en el art. 18 de la ley 11.683, sino que se recurrió a la medición indiciaria.
3. El legislador entendió necesario implementar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. Su validez, entonces, depende de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa.
4. El actor no expresó agravio alguno respecto del método seguido por el Fisco, por lo que debía analizarse la prueba ofrecida y producida en autos, a fin de derribar la tesis fiscal. En este orden de ideas, si bien cada medio de prueba es susceptible de valoración individual, lo cierto es que para llegar a la certeza de los hechos discutidos, generalmente resulta necesario analizar varios simultáneamente, en la medida en que guarden correspondencia entre sí.
5. Del análisis de los elementos probatorios colectados durante el procedimiento seguido ante el organismo se desprende un razonamiento congruente sobre la titularidad de las actividades realizadas en el local de la calle San Juan 201. En efecto, más allá de la documentación que acreditó la fecha de constitución o inscripción de Carmela Sabores SRL, lo cierto es que el local se encontraba a nombre del contribuyente, el suministro eléctrico y el personal contratado también, pues era el propio Tagliaferri quien los había declarado bajo su CUIT hasta septiembre de 2008, fecha en que concuerdan las declaraciones juradas del formulario AFIP 931 y el convenio suscripto por el Ministerio de Trabajo. En consecuencia, recién a partir de ese momento correspondía considerar consumada la transferencia del fondo de comercio a la firma Carmela Sabores SRL.
2. Que, el actor interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia y expresó agravios a fs. 452/476, los que fueron contestados por su contraria a fs. 492/500.
Sostiene, en primer lugar, que no explotó el negocio ni ejerció actividad en el local de la calle San Juan 201 de Mar del Plata durante los períodos 12/2007 a 7/2008 ya que, según informó, cedió y transfirió la actividad comercial que desarrollaba a su ex pareja, la señorita Natalia González, el 8/6/2006, según acuerdo de transferencia suscripto por ambos.
Afirma que no corresponde que se le atribuyan los montos de energía eléctrica que la AFIP tomó en cuenta para excluirlo del Régimen Simplificado ni el costo de los empleados.
Arguye que las pruebas acreditan que su parte transfirió el fondo de comercio a la Srta. González y que fue ella quien lo explotó y a quien se le debe reclamar cualquier deuda impositiva que eventualmente pudiera existir.
En efecto, aduce que en el caso la realidad económica indica que la transferencia del fondo de comercio efectivamente existió y se produjo el 8/6/2006, por lo cual los hechos generadores de la obligación tributaria, IVA (períodos 12/2007 a 7/2008) no se le pueden atribuir a su parte.
3. Que, conforme surge de autos, el actor interpuso recurso ante el Tribunal Fiscal contra la determinación de oficio de su obligación tributaria frente al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos diciembre de 2007 a julio de 2008, con más intereses y multa.
Sostuvo, en síntesis, que la información recabada por el Fisco para excluirlo del monotributo hacía referencia al local ubicado en la calle San Juan 201 de Mar del Plata en el que funcionaba una panadería denominada “Carmela Sabores” que no era explotada por su parte.
A tales fines ofreció prueba documental, informativa, testimonial y pericial caligráfica.
4. Que, el Tribunal Fiscal desestimó su recurso, toda vez que los agravios no lograban encontrar respaldo en probanzas fehacientes, por lo que resultaban meras consideraciones dogmáticas que no conmovían los fundamentos volcados por el Fisco, quien había reunido indicios serios, precisos y concordantes que confirmaban que era el contribuyente la persona que llevaba a cabo las operaciones en el domicilio de la calle San Juan de la ciudad de Mar del Plata.
—SALA IV-
CAF 36970/2023 TAGLIAFERRI ANDRES ARIEL (TF 35939-i) C/DIREC- CION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO Para ello valoró las pruebas ofrecidas, a saber: respecto de la pericia caligráfica, la perito concluyó que las firmas registradas en los recibos de haberes no correspondían a Ariel Tagliaferri, Natalia González ni Irma Pierrestegui. Esto desvirtuaba la afirmación de que los recibos eran firmados por la Sra. González. En cuanto a la prueba testimonial, el 21/9/2015 se le dio por decaído el derecho a su producción.
Por otra parte, la prueba informativa de fs. 337/371 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Pcia de Buenos Aires nada aportaba al respecto. No puede dejar de considerarse que, tal como lo puntualizó el Tribunal Fiscal, el acuerdo firmado en el Ministerio del Trabajo (por el cual varios empleados pasaron a trabajar a nombre de Carmela Sabores SRL) fue suscripto recién el 26 de agosto de 2008, dos meses después de haberse iniciado la fiscalización, y en él se deja constancia que Ariel Andrés Tagliaferri dejará de prestar la explotación comercial del negocio dedicado a panadería-pastelería que lleva el nombre “Carmela”, ubicado de Mar del Plata, asumiendo dicha explotación a partir de septiembre de 2008 la firma Carmela Sabores SRL.
Cabe asimismo resaltar, en cuanto a lo manifestado por el actor, que el 8/6/2006 cedió la actividad comercial de la calle San Juan 201 a la Sra. González (según copia certificada presentada ante la inspección), que no se cumplió con la obligación de publicar el acuerdo de transferencia del fondo de comercio, de conformidad con lo previsto por el art. 7º de la ley 11.867 por lo que no es oponible a terceros, y que según lo informado por la Municipalidad de General Pueyrredón el 22/4/2010, dicho local se encontraba a nombre del actor, no registrándose comunicación alguna del cese de actividades ni del cambio de dueño. Ello sumado a la titularidad del contribuyente del suministro de energía eléctrica de dicho domicilio y a que presentó declaración jurada del Régimen Nacional de Seguridad Social con nómina de entre 8 y 10 empleados hasta el 9/2008, hechos que permiten inferir que dicho acuerdo no se cumplió.
Por otra parte, el Tribunal Fiscal también ponderó que la utilización, resguardo y protección de la CUIT y su Clave Fiscal son de exclusiva autoría y responsabilidad del usuario, por lo que resultaba razonable el criterio fiscal relativo a que si hubiese existido el apoderamiento de las instalaciones y el uso de su clave fiscal el contribuyente debió haber tomado los recaudos necesarios para evitar su uso por otro sujeto.
En cuanto a la testimonial obrante en las actuaciones administrativas, el a-quo les restó valor probatorio habida cuenta que algunos testigos declararon haber trabajado para el actor y otros para la Sra. Gónzalez o para ambos y además era el Sr. Tagliaferri bajo su CUIT quien declaraba a dicho personal.
Frente a estas circunstancias, el Tribunal Fiscal concluyó que, más allá de la documentación en donde se acreditaba la fecha de constitución o inscripción de Carmela Sabores SRL, lo cierto era que el local se encontraba a nombre del contribuyente y el suministro eléctrico y el personal contratado también, pues era éste quien los declaró bajo su CUIT hasta el mes 9/2008, fecha en que concuerdan tanto las declaraciones juradas del formuladio AFIP 931 como el convenio suscripto por el Ministerio de Trabajo, por lo que recién a partir de ese momento es que podía considerarse consumada la transferencia del comercio.
5. Que, el actor en su recurso se limita a reiterar las manifestaciones realizadas en presentaciones anteriores, sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por dicho organismo.
Cabe enfatizar que la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que pudiese contener, punto por punto, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho, y el escrito debe bastarse así mismo. Ello implica el estudio de los razonamientos del juzgador, resaltando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas e indicando las bases jurídicas.
Por lo expuesto es improcedente el recurso interpuesto en tanto constituye una mera reedición de las objeciones formuladas en etapas previas, sin hacerse cargo de rebatir cada una de las cuestiones que fueron detalladamente analizadas por el Tribunal Fiscal 6º) Que, cabe recordar que la valoración del Tribunal Fiscal con relación a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, de ningún modo el actor ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión. Por ello se desestima su recurso.
7. Que, toda vez que no hay agravios concretos sobre los intereses, la multa y las costas corresponde su confirmación.
8. Que, en cuanto a la liquidación y pago de la tasa de justicia, pase al Representante del Fisco a fin de que se expida en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el pto. 10, in fine, de la acordada 20/92.
Por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68, primera parte del CPCCN). Regístrese, notifíquese, pase al Representante del Fisco y oportunamente devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY —SALA IV-
CAF 36970/2023 TAGLIAFERRI ANDRES ARIEL (TF 35939-i) C/DIREC- CION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia