Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 97826774-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Admitir parcialmente el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto a la repetición intentada por la parte actora y modificarlo en punto a los intereses (los que deberán ser calculados de conformidad con las pautas fijadas en el Considerando XIV de la presente) y a las costas, las que se distribuyen en ambas instancias en el orden causado (cfr. artículos 279 y 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.), y 2º) hacer saber, en cuanto a las apelaciones dirigidas contra los honorarios, que deberán readecuarse los emolumentos regulados conforme los términos del presente pronunciamiento.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 15791/2021 - TAGLIAFERRO, SUSANA NORMA (TF 97826774-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 25 de febrero de 2022.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 30 de diciembre de 2020 la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidad- hacer lugar al recurso de repetición intentado por la parte actora y, asimismo, ordenó a organismo fiscal que, en el término de treinta (30) días, practicara la liquidación de los intereses, de acuerdo a lo establecido en el Considerando VIII de tal pronunciamiento.
Impuso las costas del proceso a la vencida.
Para así decidir, en primer término el Vocal preopinante reseñó algunos de los antecedentes que dieron lugar al decisorio bajo examen, dentro de los cuales destacó los fundamentos vertidos por la parte actora al momento de interponer el recurso de apelación en los términos de los artículos 76, inc. “b”, 81 y 178 de la ley 11.683 y la contestación del traslado que evacuó la representación fiscal. En ese sentido, rememoró que la accionante había reclamado, ante la autoridad administrativa, que se reintegraran plenamente todas aquellas sumas de dinero que oportunamente le fueran deducidas de su haber jubilatorio, en razón de haber sido éste gravado con el Impuesto a las Ganancias. Refirió que -para sustentar su pretensión- había invocado lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “García, María Isabel s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
De tal modo, destacó la jurisprudencia de Fallos: 289:430;
292:447; 293:26 y 294:82, con el objeto de puntualizar que el haber jubilatorio al que refiere el artículo 14 bis de la Constitución Nacional perseguía sustituir el ingreso que poseía el peticionario como consecuencia de su labor, y que era el Estado quien otorgaría los beneficios de la Seguridad Social con carácter de integrales e irrenunciables.
Asimismo, refirió al pronunciamiento dictado por el Alto Tribunal en los autos caratulados “Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios” y, en particular, a lo prescripto en su Considerando V. Ello así advirtió que, en el caso, el haber jubilatorio de la actora se encontraba disminuido por varios topes y descuentos y, en especial, por el Impuesto a las Ganancias, tributo que había tachado de inconstitucional.
Sobre el punto, consideró afectados los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y “sustitutividad” (sic) que consagraba la integridad previsional por mandato constitucional y recordó que, si bien el Tribunal Fiscal de la Nación se encontraba impedido -a priori- de declarar la inconstitucionalidad de una ley (debido a la restricción impuesta por el artículo 185 de la ley 11.683), no resultaba menos cierto que dicho valladar no podía obstaculizar el pronunciarse sobre la afectación de principios constitucionales fundamentales que pudieran encontrarse en pugna con una norma y permitir, de dicho modo, inclinarse por la aplicación lisa y llana de tal principio liminar en tanto resultara apropiado para dirimir la controversia tributaria.
Citó el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y adujo que la doctrina y la jurisprudencia habían reconocido que los principios de proporcionalidad y “sustitutividad” (sic) devenían del artículo 14 bis de la C.N. en tanto los haberes pasivos debían garantizar, al igual que en la vida económicamente activa, las necesidades vitales del individuo de alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios para asegurar una vida digna.
Refirió a los artículos 2 y 82 de la ley del tributo a efectos de evidenciar a qué tipos de enriquecimientos la ley consideraba ganancias y a qué tipo de ingresos los calificaba como “de la cuarta categoría”. También aludió a la sentencia dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos “Calderale, Leonardo Gualberto c/ANSeS s/ reajustes varios”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Rechazó las consideraciones vertidas por la representación fiscal al momento de contestar el recurso de la actora por, en esencia, dos cuestiones: a) la circunstancia de que la accionante hubiera efectuado consumos con tarjetas de crédito y débito durante los años 2018 y 2019 no representaba un nivel de medida adecuado respecto de establecer una supuesta capacidad económica patrimonial y b) el hecho de que la actora hubiera egresado del país durante los años referidos carecía de toda vinculación con la falta de problemas de salud alegada por el Fisco Nacional.
En tal línea argumental, sostuvo que la lógica de concluir que la vulnerabilidad de un sujeto suponía que una persona en edad pasiva, y beneficiaria de un haber jubilatorio, debiera acreditar padecimientos en su salud para defender la integralidad del mismo no podía ser considerada. Ello, en tanto “[l]a integralidad de la jubilación [tenía] como fundamento que el ser humano, en su vejez, [pudiera] acceder a una vida digna mientras que, en la interpretación en crisis, la retención de parte de su haber no debería llevarse a cabo siempre que ese importe, retenido como impuesto, sea utilizado para la compra de medicamentos o pagar gastos de asistencia sanitaria […]”.
Asimismo, rebatió los argumentos de la A.F.I.P. destinados a remarcar que la accionante debería tributar sobre su haber jubilatorio por poseer saldos bancarios al final de cada período fiscal y ser titular de inmuebles. Al respecto, destacó que tales gastos y bienes (en conjunto con sus potenciales rentas) se encontrarían alcanzados por tributos de diferentes especies.
Abordó el concepto de “vulnerabilidad” desarrollado jurisprudencialmente por la C.S.J.N. y explicó que, al momento de iniciar el reclamo pertinente, la actora tenía 77 años de edad. Además, citó un pasaje del pronunciamiento emitido por la Sala IV de esta Cámara de Apelaciones en los autos caratulados “Iraha, Juana y otros c/EN - AFIP s/ proceso de conocimiento”.
Por otra parte, dispuso que los intereses vinculados a la repetición se determinarían desde la interposición del reclamo administrativo y hasta su efectivo pago, a la tasa de interés pasiva promedio que el Banco Central de la República Argentina publica mensualmente “[a] la sazón coincidente con lo dispuesto por la Resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda […]”.
Finalmente, estimó que debía rechazarse la petición actoral destinada a que la demandada cesara -para el futuro y de manera definitiva- la aplicación de la retención del tributo del caso sobre los referidos haberes, toda vez que ello excedía el marco de conocimiento otorgado por el artículo 81 de la ley 11.683.
A su turno, la Dra. Guzmán adhirió al voto del Vocal preopinante y agregó una serie de consideraciones vinculadas a demostrar la aplicabilidad al caso del precedente “García” y que los argumentos de la demandada dirigidos a impedir el progreso del reclamo -con sustento en la ausencia de vulnerabilidad en el caso bajo análisis- no podían ser tomados en consideración (páginas 372/380 del archivo en formato PDF agregado en la causa).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 16 de marzo de 2021 apeló la parte demandada, quien fundó su recurso el 9 de abril de 2021, el que fue contestado el 13 de agosto de 2021 por su contraria (páginas 404, 420/446 y 523/538 del documento en formato PDF agregado en la causa).
En primer término, destacó que la “gravabilidad” de los haberes jubilatorios surgía del artículo 79, inciso “c”, de la ley del tributo y sus modificaciones (actual artículo 82), habida cuenta de que con la modificación introducida por la ley 27.346 al artículo 32 de la primera ley referida (actual artículo 30) se había otorgado mayor tutela a las prestaciones de la seguridad social, diferenciándose a los jubilados y pensionados de los trabajadores activos, al contemplarse para aquéllos una escala de deducciones mayor.
Citó el artículo 82, inciso “c” de la ley del tributo para concluir que resultaba “[i]ndiscutible la naturaleza jurídica del haber previsional plasmada en el mismo […]”. En ese orden, advirtió que los ingresos que se percibían en concepto de haberes jubilatorios se encontraban CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y que, por ello, constituían una “renta” en los términos expuestos por la normativa aplicable. Refirió al precedente “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/AFIP s/amparo” emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando que allí el Alto Tribunal hizo lugar al recurso extraordinario articulado por el Fisco y revocó la sentencia dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que había considerado que los haberes jubilatorios no constituían una ganancia sino una prestación de disímil naturaleza.
Además, aludió al dictamen emitido por la Sra. Procuradora Fiscal en Fallos, 182:417 y 209:347 y en los autos “De Lorenzo, Analía Beatriz”, que refirió a la “teoría de la fuente” receptada por el artículo 2º de la ley del tributo. Al respecto, señaló que ella advirtió que “[l]os montos cobrados por los actores en virtud de sus respectivas jubilaciones son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones de la ley 20.268 reseñados, a lo que cabe agregar que la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial, a quien no compete considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro, sino que sólo le corresponde declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional (arg. Fallos, 223:233; 318:676, entre otros) […]”. Así, estimó indubitable que los ingresos por haberes jubilatorios constituían una “renta” en los términos de la normativa aplicable y recordó que, a los efectos del pago del Impuesto a las Ganancias, los aportes destinados al Sistema de la Seguridad Social no conformaban la base imponible del aquel.
Respecto del fallo “García” (ya citado) rememoró que el Alto Tribunal había puesto en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para el conglomerado de los jubilados en situación de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugara dichos factores con el de la capacidad contributiva potencial. De tal modo, recalcó no correspondía hacer lugar a la repetición solicitada ni al cese de la retención que su parte practicaba en uso de sus facultades de aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, por no haberse dictado una ley (en sentido formal o material) que hubiera receptado el criterio propuesto por la Corte Suprema.
Criticó el Considerando VII del voto del Dr. Marchevsky, toda vez que consideró que aquél se limitó a replicar la doctrina del fallo aludido en el párrafo que antecede, sin agregar ningún argumento válido como justificativo para equiparar las circunstancias de hecho y de derecho allí plasmadas con el presente caso. En igual sentido, criticó el Considerando II del voto de la Dra. Guzmán por considerar que la línea argumental seguida en torno a la vulnerabilidad de la jubilada no había sido introducida por su parte, sino por la actora, razón por la cual el Fisco, analizando exhaustivamente los lineamientos plasmados por el Alto Tribunal en “García”, recurrió a las bases de datos de su organismo a fin de evidenciar que las circunstancias fácticas invocadas por la accionante no eran idénticas con las de tal precedente.
Refirió a los Considerandos XXIII y XXIV del fallo aludido para demostrar, nuevamente, la inaplicabilidad de su doctrina al caso y expresó que su parte había analizado los consumos de tarjetas de débito y crédito, las salidas al exterior y la inexistencia de problemas de salud de la actora, precisamente, porque el Alto Tribunal lo había realizado en el pronunciamiento mencionado.
Por otra parte destacó que, aún si se pretendiera insertar la doctrina del fallo de la Corte en estos actuados, no se encontrarían dados los presupuestos para hacer lugar a la repetición intentada en la causa. En efecto, puntualizó la ausencia de problemas de salud que afectaran a la accionante y detalló algunos aspectos de la situación patrimonial de ella, dentro de los cuales destacó sus consumos con tarjetas de crédito y débito, diferentes acreditaciones, propiedades y salidas al exterior del país.
Sobre lo último mencionado, esgrimió que era “[n]otorio que [la actora poseía] una capacidad económica/patrimonial que se aleja[ba] CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II considerablemente de una hipótesis de vulnerabilidad, a la vez que [reforzaba] el principio de capacidad contributiva dentro de los cánones valorativos del legislador. En efecto, los importes retenidos por impuesto a las ganancias no [eran] extraordinariamente significativos en proporción a sus ingresos […]”. Así, analizó la incidencia del tributo del caso en relación a los ingresos de la accionante para concluir que solo representó el 9,10% en el período 2018 y el 2,46% en el período enero-septiembre de 2019.
Reiteró que los estándares fijados por el Máximo Tribunal en el fallo “García” para determinar el concepto de “vulnerabilidad” no se encontraban configurados en la especie y que el Tribunal Fiscal los había analizado “genéricamente”. Además, estimó erróneamente interpretados por el Tribunal de grado a los precedentes “Caderale” y “Avancini”, toda vez que ellos no establecían que debía considerarse la vulnerabilidad del jubilado con independencia de la situación concreta.
Criticó el Considerando I del voto de la Dra. Guzmán en cuanto hizo alusión al fallo “García” y a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y advirtió que la interpretación que el Fisco Nacional proponía en la causa se ajustaba a la propia jurisprudencia del Alto Tribunal.
Asimismo, consideró a la decisión impugnada como arbitraria y citó jurisprudencia y diversas publicaciones doctrinarias para sustentar sus dichos. En tal inteligencia, esgrimió que convalidar la postura de la repitente configuraría una conducta destinada a invadir las facultades de legislar sobre tributos, que eran de resorte exclusivo del Congreso Nacional “[y] del Poder Ejecutivo, art. 100, inc. 7) de la Constitución Nacional, y la A.F.I.P. por delegación quien [ejercía] las funciones de reglamentación (Decreto Nº 618/97, t.o. 12-07-97) […]”. Sobre el punto, destacó que la C.S.J.N. se había pronunciado en los autos “Bustos, Alberto Roque y otros c/E.N. y otros s/amparo” del 26 de octubre de 2004 y citó su Considerando 12. Además, estimó que la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal vulneraba el principio de legalidad en materia fiscal y reiteró que la situación configurada en estos actuados distaba completamente de aquella ocurrida en el expediente “García”.
Por otra parte, se agravió de la tasa de interés fijada por el pronunciamiento recurrido por considerar que debería aplicarse la tasa establecida por la Secretaría de Ingresos Públicos. En particular, citó lo prescripto por el artículo 768 del Código Civil y Comercial y destacó su inciso “b”, según el cual uno de los criterios para la determinación de la tasa aplicable es lo dispuesto por las leyes especiales.
Consideró vulneradas la ley 11.683 y las Resoluciones Nº 314/04 (MEyP) y 598/2019 del Ministerio de Hacienda, sus modificatorias y complementarias, que fijaban la tasa de interés aplicable en casos de repetición, por tratarse de una reglamentación propia de leyes fiscales federales que desplazaban a las disposiciones generales. Por ello, estimó aplicable lo dispuesto en el artículo 179 de la ley 11.683.
Refirió al artículo 8º de la Resolución 598/2019 y destacó que “[l]a tasa prevista por la Resolución N° 314/2004 (M.E. y P.) resulta[ba] igualmente aplicable a las situaciones jurídicas en curso de ejecución antes del 01/08/2019, fecha a partir de la cual [deberían] aplicarse las previsiones respecto de las tasas contenidas en la Resolución N° 598/2019 (MHA) por ser éste el límite temporal fijado por la propia norma para comenzar a surtir efectos […]”.
Citó jurisprudencia a efectos de sustentar su postura y concluyó que, de tal modo, resultaba claro que existía una ley especial que determinaba los interés legales aplicables al caso “[s]iendo éstos los establecidos por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dictadas en uso de las facultades conferidas por los artículos 37 y 52 de la Ley No 11.683 (t. o. en 1998 y sus modificaciones) […]”. Finalmente, se agravió de la imposición de costas a su parte señalando que era la actora quien las debía soportar y, en subsidio, solicitó que se distribuyeran en el orden causado.
III. Que, asimismo, el 8 de julio de 2021 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió aprobar la liquidación de intereses presentada por la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II representación fiscal en los documentos IF-2021-23110381-APN- DTD#JGM y IF-2021-23110286-APN-DTD#JGM (sin perjuicio de los accesorios que correspondieran hasta su efectivo pago) y reguló los honorarios correspondientes a los Dres. Juan Pedro Uralde (en la suma de $49.802, equivalentes a 11,98 UMA) y Carlos Marco Luizzi (en la suma de $5.533, equivalentes a 1,33 UMA) (páginas 468/470 del PDF agregado en la causa).
IV. Que el 13 de julio de 2021 los Dres. Liuzzi y Uralde interpusieron recursos de apelación contra el pronunciamiento del 8 de julio de 2021, por considerar exiguo el monto que les fue regulado en concepto de honorarios. Asimismo, el 14 de julio de 2021 la representación letrada del Fisco Nacional apeló la regulación referida, por estimar elevados los emolumentos en cuestión (páginas 472 y 475/476 del archivo PDF agregado en la causa).
V. Que, así las cosas, corresponde destacar que de la lectura de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge, en lo sustancial, que:
a) El 26 de julio de 2019 la accionante solicitó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos que se le reintegraran “[t]odas las sumas de dinero que oportunamente [le] fueran deducidas de [su] haber jubilatorio en razón de haber sido gravado del impuesto a las ganancias, solicitando el cese – para el futuro y de manera definitiva – de la aplicación, y su consecuente retención, de dicho impuesto sobre los referidos haberes […]”.
Al respecto, expresó que cobró la primera liquidación de su haber jubilatorio en el año 2003 y que dicho beneficio se había visto afectado y reducido en razón de la retención que se le practicaba con fundamento en el tributo del caso. En ese sentido, recordó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 23, inc. “c”, 79, inc. “c”, 81 y 90 de la ley 20.628 que efectuó la C.S.J.N. en el fallo “García” -a cuyos términos remitió- y calificó como ilegítimas las retenciones que se le realizaban. Finalmente, acompañó copia de su Documento Nacional de Identidad y una captura de pantalla de la página “Mis Retenciones” del sitio web de la A.F.I.P., de la que surge que a la Sra. Norma Susana Tagliaferro (CUIT 23-04497752-4) se le retuvo el Impuesto a las Ganancias entre los años 2018 y 2019 (cfr. páginas 108/110, 112, 114 y 116 del archivo en formato PDF acompañado en la causa).
b) El 7 de enero de 2020 la Administración Federal de Ingresos Públicos rechazó el reclamo de la actora con fundamento en su improcedencia legal y formal. Ello así, reseñó los términos de la presentación actoral, recordó que los alcances del precedente “García” se restringían únicamente a las partes intervinientes en dicho caso, así como el tratamiento diferenciado que otorgaba la ley del tributo a los jubilados y la potestad privativa que poseía el Congreso de la Nación para modificar o derogar las leyes tributarias.
Finalmente, indicó que la vía procesal idónea para reclamar la restitución de los gravámenes que se consideraran ingresados de modo erróneo era la acción de repetición prevista por el artículo 81 de la ley 11.683 y que las deficiencias de la presentación actoral impedían considerar que se hubiera ocurrido por dicha vía (páginas 231/232 del archivo en formato PDF agregado en la causa).
c) En las páginas 240/273 del documento en formato PDF agregado en la causa obran constancias emitidas por el Fisco Nacional, vinculadas a diferentes acreditaciones, consumos con tarjetas de crédito, declaraciones juradas, movimientos migratorios, propiedades y diferentes retenciones, entre otras vinculadas a la actora, dentro de las que se verifica efectivamente que la ANSeS retiene sobre el haber jubilatorio de la actora el tributo del caso y que la suma retenida asciende (entre los períodos 2018-2019 y una fracción del período 2020) a $347.541,53 (ver página 273 del PDF referido).
d) Finalmente cabe destacar que, frente al pronunciamiento detallado en el punto “b” del presente Considerando, el 30 de octubre de 2019 la actora interpuso, en los términos de los artículos 76, inciso “b”, 81 y 178 de la ley 11.683, un recurso de apelación destinado a que el Tribunal Fiscal que se declarara la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre su haber jubilatorio (artículos 23, inc. “c”, 79, inc. “c”, 81 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430), en los términos del precedente “García” de la C.S.J.N. y que se ordenara a la A.F.I.P. el cese -a futuro y de modo definitivo- “[d]e la aplicación, y su consecuente retención, de dicho impuesto sobre los referidos haberes, así como al reintegro de todas las sumas de dinero que oportunamente le fueron deducidas […] de su haber jubilatorio en razón de haber sido gravado por el impuesto a las ganancias con más sus respectivos intereses, en razón de la depreciación monetaria correspondiente, en los términos de la Ley Nº 21.281 y art. 129 Ley Nº 11.683 […]” (páginas 56/78 del PDF agregado en la causa).
VI. Que, efectuado el análisis que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros).
VII. Que, sentado lo anterior, corresponde aclarar -respecto del pronunciamiento bajo estudio- que si bien no ha mediado una declaración formal de inconstitucionalidad de las normas en virtud de las cuales se le han retenido a la accionante el tributo del caso, lo real y concreto es que del desarrollo efectuado por el Tribunal Fiscal de la Nación se deduce que la sustancia de los fundamentos esgrimidos por el referido tribunal administrativo encuentran su fuente en la invalidez constitucional de tales preceptos y que ello es coincidente con el precedente “García” emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al respecto, recuérdese que el artículo 185 de la ley 11.683 establece que: “[L]a sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese Tribunal de la Nación” (el subrayado no corresponde al original).
El límite jurisdiccional precedentemente descripto recepta el criterio del Alto Tribunal en cuanto a que, cualesquiera fueran las facultades que corresponde al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de estas. En particular, sostuvo que ello era así habida cuenta de que “[s]emejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede […]” (C.S.J.N. in re “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. c/Provincia de Salta s/contenciosoadministrativo”, Fallos: 269:243).
Asimismo, debe destacarse que la circunstancia de que el Tribunal Fiscal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas no impide que pueda analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en cada caso (Bertazza, H. J., Ley 11.683 de procedimiento tributario comentada, -1.a ed.-, La ley, 2019, pág 919).
Por lo demás, cabe advertir que si bien la circunstancia precedentemente descripta fue advertida por la recurrente en el 8º párrafo del punto II de su expresión de agravios (al expresar que, el Tribunal de grado “[s]i bien no [declaró] la inconstitucionalidad de la norma con fundamento en la restricción que dispone el artículo 185 de la ley 11.683, lo cierto es que el voto del Dr. Marchevsky, al que [adhirió] la Dra. Guzmán, con base en lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos [consideró] irrazonable lo legislado en los artículos 2 y 82 inciso c) de la ley del Impuesto a las Ganancias concluyendo que “...el haber jubilatorio percibido por la Sra. Tagliaferro, se encontraría disminuido por varios topes y descuentos, y en especial, por el impuesto a las ganancias, que tacha de inconstitucional, con los cuales a mi juicio se afectarían los principios de proporcionalidad, razonabilidad y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II sustitutividad que consagra la integridad previsional por mandato constitucional.”) lo real y concreto es que ello no puede ser considerado como una crítica suficiente para desvirtuar el razonamiento seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación, que, partiendo de la premisa de que las normas discutidas en el caso resultaban incompatibles con los preceptos y principios constitucionales -ello, conforme los lineamientos brindados por el Alto Tribunal sentada en el precedente “García”-, hizo lugar a la repetición intentada, tal y como fue detallado en el Considerando I de la presente.
Las circunstancias antedichas permiten, en esta instancia, proceder al análisis del fondo de lo decidido por la instancia anterior y estudiar los agravios esgrimidos por el Fisco Nacional contra ellos.
VIII. Que, de tal modo, en primer término es menester abordar los agravios de la demandada dirigidos a cuestionar que se hubieran configurado en el caso los presupuestos que concurrieron en el precedente “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” de la C.S.J.N.
Al respecto, cabe destacar que en aquella oportunidad el Alto Tribunal decidió:
“Declarar en el presente caso, y con el alcance indicado, la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. c); 79, inc. c); 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430”;
“Poner en conocimiento del Congreso de 'la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”;
“Confirmar la sentencia apelada en cuanto ordena reintegrar a la actora desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran retenido por aplicación de las normas descalificadas. Hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional”;
“Costas por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida”.
En dicho contexto, los términos expuestos por el Máximo Tribunal en el citado precedente han sido reseñados por esta Sala en diversas oportunidades, a las cuales cabe remitir en homenaje a la brevedad (v. gr., esta Sala, in re: “Quiroga, Ricardo Luis y Otro c/ EN - AFIP s/proceso de conocimiento”, causa Nº. 15181/2020, sentencia del 28/10/2021, entre muchas otras).
IX. Que, así las cosas, cabe destacar que las manifestaciones expuestas en el primer párrafo del Considerando que antecede no han de prosperar, habida cuenta que la relación jurídica sustancial que se ha configurado en autos guarda esencial analogía con aquella que fuera suscitada en el precedente “García” citado supra (en este sentido, esta Sala, in re: “Peralta Ramos, Gonzalo Luis c/ EN - AFIP s/ proceso de conocimiento”, expte. Nº 58.245/2019, sentencia del 27 de octubre del 2020).
En efecto, tanto las condiciones personales de la aquí́ actora (que reviste el carácter de jubilada de 79 años de edad) como una de las partes principales de la pretensión esgrimida (consistente en que se declarara la invalidez constitucional de las disposiciones legales que gravan con el Impuesto a las Ganancias a las rentas provenientes de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal) es concordante con la que ocurrió en el pronunciamiento de la C.S.J.N.
Asimismo, efectuada la reseña pertinente y despejada la cuestión antecedente, cabe poner de relieve que la doctrina de Fallos: 342:411 ha sido reiterada por el Máximo Tribunal en sus posteriores pronunciamientos (ver FPA 2138/2017/CS1-CA1 y otros FPA 2138/2017/2/RH1 “Godoy, Ramón Esteban c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 7 de marzo de 2019; FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 “Rossi, María CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Luisa c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de derecho”, sentencia del 28 de mayo de 2019; CAF 65015/2016/CS1-CA1 y otros CAF 65015/2016/1/RH1 “Castro, Beatriz Marina c/ EN - AFIP s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 2 de julio de 2019; FBB 13242/2015/CS1 “Villegas, Raquel Nora y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción meramente declarativa de derecho”, sentencia del 17 de septiembre de 2019; entre muchos otros -ver los fallos publicados en “www.csjn.gov.ar, sentencias de la Corte Suprema; sumarios (1863 - 2020); Fallos: 342:411; Análisis Documental”-; en fecha más reciente, ver C.S.J.N., en autos FGR 9645/2017/CS1 y Otros “Inostroza, Olga Beatriz c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, sentencia del 23/3/2021; y FCT 13002644/2011/CA1-CS1 “Pedelhez, Nélida c/ AFIP – DGI s/ amparo ley 16.986”, del 11/02/2021).
Ello así, debe repararse en que si bien en el caso de Fallos:
342:411 (“García, María Isabel”), la allí́ actora contaba con 79 años de edad, se encontraba padeciendo una enfermedad y se practicaban sobre sus haberes de retiro las retenciones señaladas en el Considerando VIII, lo cierto es que -y en esto, cabe hacer especial hincapié- el Alto Tribunal en sus sentencias posteriores, ha seguido la doctrina sentada en dicho precedente con independencia de la situación particular de cada demandante.
En este sentido, en la causa “Calderale, Leonardo Gualberto c/ Anses s/reajustes varios”, la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en lo que aquí interesa, declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 (decreto 649/97) y del art.115 de la ley 24.241, en la medida que al practicarse la liquidación del haber éste superara el mínimo no imponible tornándose pasible de tributar el impuesto a las ganancias (ley 27.346), a la vez que declaró exentas del impuesto a las ganancias las sumas retroactivas que se reconocieren en favor del titular; ello, sin hacer especial referencia a las particularidades del jubilado reclamante en dichas actuaciones (ver la sentencia recaída con fecha 16 de mayo de 2017, en los autos citados). Dicho pronunciamiento quedó firme, en atención a que con fecha 1° de octubre de 2019, el Alto Tribunal denegó -en dicha causa, entre muchas otras- el recurso extraordinario deducido contra él, por considerar que resultaba inadmisible, en los términos del art. 280 del C.P.C.C.N. (ver CSS 12557/2006/CS1 y otros “Iglina, Enrique Anselmo c/ ANSES s/ reajustes varios”, y las causas indicadas en dicha sentencia).
Tal criterio, ha sido el seguido por esta Sala en la causa N° 5632/2016 caratulada “Bregliano, Liliana Agueda c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva” (sentencia del 4 de agosto de 2020), como así también en distintos pronunciamientos en el acotado marco propio de las medidas cautelares -peticionadas por jubilados- y con ceñimiento a la consideración provisional que es propia del estudio de la configuración del recaudo de la verosimilitud del derecho (ver, esta Sala, en los autos “Leone, Hugo Feliciano c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986”, expte. N° 69.152/2019, sentencia del 14 de julio de 2020, y sus citas).
A mayor abundamiento, ha de señalarse que la doctrina que emana del fallo “García” se ha visto reforzada en fecha reciente por el Alto Tribunal, al decidir la revocación de una sentencia de la Sala I de esta Cámara que no hacía aplicación de dicho criterio, y ordenar que, por quien correspondiera, se dictara un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido en el precedente mencionado (ver CSJN in re “CAF 59422/2019/CA1-CS1 y otros Alazraki, Eric Ariel c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986”, del 2 de septiembre de 2021, lo que motivó el dictado de la sentencia dictada por esta Sala el día 18 de febrero de 2022, en los autos caratulados “Soto, Abel c/ EN – AFIP s/ Amparo ley 16.986”, expte. N° 57.439/2019).
X. Que, si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la autoridad suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (cfr. C.S.J.N., Fallos 311:1644 y 2004, y esta Sala, en autos “Bravo de Laguna, Leandro c/EN - EMGE - Resol. 5/VI/95 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, sent. del 08/11/2012; entre otros).
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Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. XI. Que desde la perspectiva apuntada, y atendiendo con particular énfasis a lo expuesto en los párrafos 3º, 4º y 5º del Considerando IX, lo real y concreto es que la actora en autos, por su condición de adulta mayor jubilada de 79 años de edad), sobre cuyos haberes de retiro se le practican retenciones en el impuesto a las ganancias (cfr. documental detallada en el Considerando V de la presente) pertenece al colectivo aludido por el Máximo Tribunal en los precedentes citados.
Es así que, en las presentes actuaciones, a juicio de este Tribunal, y en concordancia con lo sostenido por el Tribunal Fiscal de la Nación en la sentencia apelada, corresponde la aplicación de la doctrina del Alto Tribunal, sentada a partir del dictado del fallo “García, María Isabel” y reiterada en los pronunciamientos posteriores.
De este modo, y teniendo como directriz los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal (que ponen el foco en la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo que integra la accionante, y la falta de consideración de dicha circunstancia por la ley del impuesto a las ganancias), que resultan plenamente aplicables en el sub examine, es que corresponde confirmar el pronunciamiento de grado en este aspecto. En consonancia con cuanto se lleva expuesto, se ha sostenido que: “Ahora bien, a la luz de esas premisas de análisis, es importante advertir que el Alto Tribunal no afirma que los beneficios previsionales no deban tributar impuesto a las ganancias, o que se produzca una doble imposición, argumentos que -entre otros- son sostenidos por el actor en su memorial. El precedente reseñado parece aceptar la tributación por parte de esos sectores, pero llama al legislador a adoptar una regulación diferenciada, que tome particularmente en cuenta los riesgos de ancianidad y de discapacidad, contingencias frecuentes en quienes perciben ese tipo de prestaciones. En otras palabras, las razones de la Corte difieren de los argumentos del actor, en tanto pretenden una exención tributaria en forma incondicionada de sus haberes de pasividad en base a su interpretación de las normas constitucionales.
Ello, en tanto el criterio del Alto Tribunal no se asienta en consideraciones teóricas, sino en la condición de vulnerabilidad en que concretamente se encuentran las personas de edad avanzada, lo cual hace necesario que el legislador -en caso de decidir que tales sectores tributen sobre sus prestaciones de la seguridad social-, regule de manera diferenciada tales supuestos. Como se advierte en ‘García’, la legislación tributaria aquí impugnada no satisface esa condición, en tanto iguala a todos los titulares de beneficios previsionales, tomando como único criterio su capacidad contributiva. Dicho parámetro es insuficiente, porque no toma en cuenta los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad, con arreglo a los cuales debe juzgarse la legislación tributaria. Por lo tanto, corresponderá al Congreso tomar en cuenta los distintos aspectos que pueden incidir en la percepción de una prestación previsional digna, evitando llegar a gravar de manera irrazonable tales prestaciones” (ver Sala V, en los autos “Balaguer, Jorge Vicente c/ EN - AFIP- DGI s/ Dirección General Impositiva”, expte. N° 38.306/2017, sentencia del 4 de octubre de 2019, voto del Dr. Guillermo F. Treacy, al que adhirió el Dr. Pablo Gallegos Fedriani; y en igual sentido, esta Sala, en autos “Bregliano, Liliana Agueda c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, expte N° 5632/2016, sentencia del 4 de agosto de 2020).
En consecuencia, la queja dirigida a señalar que no resulta de aplicación el precedente del Tribunal Cimero “García, María Isabel”, no puede tener acogida favorable.
Lo hasta aquí expuesto alcanza, asimismo, para rechazar el agravio del Fisco Nacional atinente a la situación patrimonial de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II accionante, en tanto, tal como ya se expresara, las constancias aportadas resultan suficientes a los efectos de sustentar la decisión adoptada.
XII. Que, respecto de la repetición ordenada es menester recordar que el artículo 81 de la ley 11.683 establece, en cuanto aquí interesa, que: “[L]os contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria y dentro de los QUINCE (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 u optar entre apelar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia. Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los TRES (3) meses de presentarse el reclamo […]”.
En orden a lo señalado y de acuerdo con lo expuesto en los Considerandos que anteceden, es que cabe concluir que la repetición ordenada por el Tribunal Fiscal de la Nación ha de ser confirmada. Ello, toda vez que ha sido demostrada la improcedencia de las retenciones que se efectuaron en concepto del Impuesto a las Ganancias (cfr. artículos 23, inc. “c”, 79, inc. “c”, 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430) sobre el haber jubilatorio de la actora y se ha verificado la existencia de una petición idónea en sede administrativa a los efectos de obtener la repetición de tal tributo.
XIII. Que, no obstante poseer sustancial relación con el punto hasta aquí desarrollado, corresponde advertir la decisión desestimatoria del Tribunal Fiscal de la Nación, respecto del pedido esgrimido por la parte actora vinculado a que se ordenara el cese -a futuro- de las retenciones que se practican sobre su haber jubilatorio, no puede ser objeto de consideración por este pronunciamiento.
Al respecto, debe dejarse sentado que no incumbe a este Tribunal expedirse respecto de tal extremo, si se repara en que la circunstancia apuntada no ha sido objeto de agravio por la parte de la actora.
XIV. Que, en cuanto a los agravios de la demandada dirigidos a cuestionar la tasa de interés aplicable, debe adelantarse que ellos han de prosperar con los alcances que aquí se explicitarán. En particular, debe puntualizarse que el artículo 179 de la ley 11.683 dispone que: “[E]n los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, según fuere el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha de tal reclamo […]”.
Ello así, es del caso destacar que el mentado precepto no contiene una previsión específica acerca de la tasa de interés aplicable a los supuestos de repetición de tributos, asunto que ha sido objeto de regulación en la normativa infralegal. En efecto, tradicionalmente se ha sostenido que frente a la ausencia de previsión en el artículo citado, la tasa de interés en la materia se debe necesariamente regir por las resoluciones ministeriales que establezcan la tasa a aplicar en cada momento (en igual sentido, Sala I in re “Nobleza Piccardo S.A., TF 10664- I” del 24/02/11; “Garzamora S.A.”, del 23/08/12; “Fraifeld, Renata” del 27/12/12y “Siat S.A. c/Dirección general impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 16/06/15 y Sala IV in re “Fandos, Fernando Enrique c/DGI s/recurso directo de organismo externo” del 26/11/15, entre muchos otros) máxime, si no ha mediado en el caso un planteo concreto vinculado a discutir la validez o la vigencia de la tasa referida. En este contexto, tal y como lo ha puesto de resalto la demandada, los intereses deben calcularse, para los períodos adeudados y devengados con anterioridad al 01/08/19, a la tasa prevista por el artículo 4º Resolución 314/04 (y sus modificaciones) del ex Ministerio de Economía y Producción (cfr. artículo 8 de la Resolución 598/19), la que no ha merecido objeciones en las presentaciones actorales del caso.
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Ahora bien, para los restantes períodos adeudados (estos son, aquellos acaecidos con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo que antecede), los intereses deberán ser calculados a la tasa prevista por el artículo 4° de la Resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda –y, en su caso, por la norma que la modifique– y, para el interés diario, conforme lo dispuesto por el artículo 7º de esta última resolución, por resultar ésta la normativa aplicable en la materia para el período en cuestión (ver esta Sala in rebus “De la Vega, Carlos Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, expediente n° 34.091/2019, resolución del 12/11/2019, y “Álvarez, José Joaquín c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986”, expte. n° 11.406/2020, sentencia del 5/03/2021).
XV. Que, por otra parte, corresponde expedirse sobre la arbitrariedad atribuida a la sentencia bajo estudio.
En tal sentido, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza que debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en él” (cfr. Fallos: 207:72 “Carlozzi, c/Tornese Ballesteros”, del 14/2/1947 y doctrina concorde posterior).
A lo expuesto, debe agregarse que: “[l]a tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección [...] de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales” (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., “Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, pág. 29). Así las cosas, corresponde concluir que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, en el caso bajo examen resulta de toda claridad que el Tribunal Fiscal de la Nación ha dirimido la cuestión suscitada conforme a las constancias obrantes en la causa y de acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal que consideró aplicable al caso, circunstancia que determina el rechazo de las manifestaciones de la agencia recaudadora también en este aspecto.
XVI. Que, finalmente y a mérito de las consideraciones precedentemente descriptas, las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, habida cuenta de las particularidades de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal y la forma en que se resuelve (cfr. artículos 279 y 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).
XVII. Que, respecto de las apelaciones deducidas contra el pronunciamiento del 13 de julio de 2021, cabe advertir que, en atención al modo en que se resuelve y a la manera en la cual se han distribuido las costas de ambas instancias, deberán readecuarse los emolumentos regulados y, asimismo, regularse los honorarios correspondientes a los letrados del Fisco Nacional.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
admitir parcialmente el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto a la repetición intentada por la parte actora y modificarlo en punto a los intereses (los que deberán ser calculados de conformidad con las pautas fijadas en el Considerando XIV de la presente) y a las costas, las que se distribuyen en ambas instancias en el orden causado (cfr. artículos 279 y 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.), y 2º) hacer saber, en cuanto a las apelaciones dirigidas contra los honorarios, que deberán readecuarse los emolumentos regulados conforme los términos del presente pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia