Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 176.390
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso interpuesto en fecha 16-11-2022 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida; II) Se imponen las costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.); y III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts., ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL Nº (S) Fº
Expte. Nº 176.390 Juzgado Civil y Comercial Nº 7 Se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos:
"TAGUATO S.C.A. Y EMPIMAR S.A. C/ RAMOS, EDUARDO GERMÁN Y
OTROS S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO", en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;
1. ¿Es justa la sentencia dictada el día 09-11-2022?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. La Sra. Jueza de Primera Instancia, resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados.
Impone las costas a la actora en su calidad de vencida y difiere la regulación de honorarios para oportunidad.
Para así decidir, señaló que la presente acción persigue el cobro de cánones locativos impagos y cargos a cargo de los inquilinos y, por lo tanto, deviene aplicable al caso el plazo de prescripción establecido en el art. 2562 inc. c) del Código Civil y Comercial teniendo en cuenta que los periodos locativos reclamados son los de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y enero a agosto del 2016.
Explicó que, en el caso de autos, con fecha 23/08/2016 las partes suscribieron el acta de entrega del bien locado donde se deja constancia de la existencia de la deuda de alquileres atrasados por ocupación posterior al vencimiento contractual del contrato que vinculara a las partes el que finalizó el 30/09/2015.
Agregó, que la manifestación realizada en tal acta, por aplicación del art. 2545 del CCCN, tiene efecto interruptivo del plazo de prescripción y de ello se infiere que al operarse la interrupción del curso de prescripción con fecha 23/08/2016 -fecha de suscripción del acta de entrega del inmueble y reconocimiento de deuda-, atento la fecha de promoción de la demanda - 11/07/2019- había transcurrido el plazo prescriptivo de dos años para entablar la acción.
Por su parte, refiere que no pueden considerarse las intimaciones realizadas por carta documento dado que fueron desconocidas por los demandados y no se ha producido la prueba pertinente al efecto de su acreditación.
Consideró que, a partir del comienzo del cómputo del plazo de prescripción ocurrido el día 23/08/2016 -acta de reconocimiento de deudahasta el día 28-09-2018 -fecha de suspensión del plazo por el acto de la mediación- el plazo prescriptivo ya había transcurrido.
II. Contra tal pronunciamiento interpuso recurso de apelación en fecha 16-11-2022 el Dr. Victor Guillermo Marrocco, en su carácter de apoderado de la actora, fundando en la presentación de fecha 21-02-2023 con argumentos que merecieron réplica de los codemandados en los escritos de fecha 05-03-2023.
III. Agravia al recurrente que la a quo haga lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados.
En breve síntesis, manifiesta al respecto que al momento de promover el presente juicio de cobro por la vía de conocimiento se advirtió que lo que se reclamaba ya no se trataba de una deuda locativa sino que nos encontrábamos ante una nueva deuda que surgía del reconocimiento de su existencia que realizó el deudor.
Explica que, del acta de entrega y reconocimiento de deuda del 23/08/2016 surge que la deuda originaria que pesaba sobre los demandados fue novada conforme el art. 933 del CCCN.
Refiere que, al haber sido novada la deuda original ya no se trataba de una deuda a cobrar por la vía ejecutiva, sino que se trataba de una deuda común reconocida, y determinó que el plazo de prescripción aplicable es el genérico de cinco años del art. 2560 del CCCN.
Manifiesta que se equívoca la a quo al entender que lo reclamado es una deuda locativa pues se trata de una deuda personal común que prescribe a los cinco años.
En otro orden de ideas, expone que la sentenciante no ha considerado el texto de la ley especial de mediación de la Prov. de Bs. As. que establece un plazo de suspensión de un año.
Explica que si bien la ley 13.951 no dispuso específicamente desde que momento debió computarse el inicio del plazo de suspensión del curso de la prescripción ello fue materia de regulación del decreto 2530/10, el que dispone que la suspensión operará desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración lo que ocurra primero.
Ahonda sobre la cuestión, indicando que en el caso se inició la mediación el 15/05/2018, al año y ocho meses del reconocimiento, y la primera audiencia ocurrió el 31/05/2018 por lo que la suspensión de la prescripción se extendió desde el 31/05/2018 hasta el 28/09/2019. Sostiene, que el juicio de conocimiento se inició el 11/07/2019 y, por ende, el plazo de dos años no se habría cumplido.
Alega, que cualquier modificación de la ley 13.951, como lo intentó el art. 2542 del CCCN, es de ningún valor frente a la continuidad actual y plena del art. 40 de la ley referida, pues la ley provincial ha sido dictada por el poder legislativo provincial en uso de las facultades reservadas y que permanecen en poder de las provincias.
Renglón seguido se explaya acerca del carácter interruptivo que debe, según su parecer, otorgarse a la mediación judicial.
Finalmente, solicita que revoque la sentencia recurrida rechazándose la prescripción opuesta por los accionados y haciéndose lugar a la demanda.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
El agravio de la parte actora se endereza a controvertir la decisión de la a quo que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados.
Sustenta su crítica en dos argumentos basilares, por un lado, afirma que ha existido una novación de la primigenia relación locativa con motivo del reconocimiento de deuda de fecha 23-08-2016, derivando de ello que el plazo prescriptivo aplicable es el quinquenal previsto en el art. 2560 del C.C.C.N. y, por otro, alega que, en caso de aplicarse el plazo de dos años previsto en el art. 2562 inc. c) del C.C.C.N., debe considerarse que por efecto de la mediación celebrada entre las partes éste no se encontró cumplido al momento de iniciarse las presentes actuaciones.
Ingresando en el planteo concerniente a la novación de la obligación nacida de la locación que vinculará a las partes, como consecuencia del reconocimiento de deuda de fecha 23-08-2016, advierto que tal argumento carece de asidero.
Recuérdese que la novación es un modo extintivo de las obligaciones que tiene lugar cuando se extingue una obligación y nace una nueva destinada a reemplazarla, resultando incompatible la coexistencia de ambas (argto. art. 933 del C.C.C.N.; argto doct. Ricardo Luis Lorenzetti – Director- “Código Civil y Comercial de la nación. Comentado”, tomo V, 1era. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 478).
No cualquier cambio en la obligación primitiva importa novación, sino que la modificación debe ser sustancial para que se produzca el nacimiento de una nueva (argto doct. Ricardo Luis Lorenzetti –Directorob. cit, pág. 484).
El reconocimiento de una obligación, en principio, sólo tiene efectos declarativos, no constituye un título nuevo, así como tampoco produce cambios en la obligación originaria y, por ello, no puede entenderse que el mismo importe la novación de la obligación reconocida (argto. art. 733 del C.C.C.N.; argto doct. Ricardo Luis Lorenzetti –Director- ob. cit, pág. 30). En sentido concordante ha resuelto esta Alzada que: “…el reconocimiento de una deuda preexistente, como acto jurídico por el cual se admite una obligación originaria, no implica la novación ni la modificación del crédito primitivo, desde que es declarativo y no constitutivo de una nueva obligación, sirviendo sólo como medio de prueba de ella…”(esta Cámara y Sala, en la causa N°149.471 “Favacard S.A. c/ Sebo, Mónica Viviana s/ cobro ejecutivo”, sent. del 07-12-2011; esta Cámara y Sala, en la causa N°148-776 “Favacard S.A. c/ Flores Bastidas, Margarita Verónica s/ cobro ejecutivo”, sent. del 23-08-2011).
Es ante tal panorama, que el plazo prescriptivo de dos años previsto en el inc. c) del art. 2562 del C.C.C.N. aplicable a “…el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos…” , resulta, tal como acertadamente lo considero la sentenciante de la instancia anterior, el que debe considerarse en el caso para analizar la prescripción de la acción nacida de una relación locativa donde se reclaman créditos que se devengan periódicamente (argto doct. Ricardo Luis Lorenzetti –Director- ob. cit, tomo XI, pág. 363).
No obsta a lo dicho, que la actora hubiese escogido el trámite de un juicio de conocimiento para el reclamo de su crédito pues tal circunstancia no modifica la naturaleza de la relación contractual que dio nacimiento a la obligación y, claro ésta, tampoco el plazo prescriptivo que la legislación ha determinado para el ejercicio de la acción de reclamo del derecho creditorio nacido de la misma (argto. doct. López Herrera, Edgardo “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, 2da. edición, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, pág. 17).
Expuesto lo anterior, corresponde ingresar en análisis del efecto que sobre la prescripción posee la mediación judicial.
Con dicha finalidad, entiendo necesario recordar que el art. 2542 del C.C.C.N. establece que: “…el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes…”.
Claramente se advierte de lo transcripto que, a diferencia de lo expresado por la parte recurrente, la mediación resulta ser una causal de suspensión de la prescripción y no de interrupción.
Ante ello, el tiempo transcurrido hasta el acaecimiento de la causal de suspensión se deberá computar a los efectos de la prescripción al igual que aquel que transcurre luego de cesar la misma (art. 2539 del C.C.C.N.).
Ahora bien, cabe interrogarse acerca de cuál es en el caso concreto el tiempo que se detiene el cómputo de la prescripción con motivo de la suspensión generada por la mediación.
El apelante alega que tal plazo debe ser el de un año computado desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación conforme lo dispone el art. 40 de la Ley Provincial N° 13.951 y el decreto reglamentario 2530/10, mientras que la a quo estuvo al plazo previsto en el art. 2542 del C.C.C.N., es decir, desde la comunicación de la fecha de mediación o desde su celebración hasta transcurridos veinte días contados desde el acta de cierre de la mediación. Entiendo que lo resuelto por la Sra. Jueza de la instancia anterior es lo que se encuentra ajustado a derecho.
Arribo a tal conclusión, al coincidir con la doctrina especializada en cuanto a que, ante lo dispuesto por el art. 2542 del C.C.C.N. que regula expresamente el plazo de suspensión ante la mediación, “…cualquier legislación provincial que todavía no hubiese sido modificada y que por ejemplo estableciera que la mediación produce los efectos del derogado artículo 3986 ha pedido vigencia…” (López Herrera, Edgardo “Mediación y Arbitraje. Curso de la Prescripción”, publicado en Revista de Derecho Privado y Comunitario. “Prescripción Extintiva”, 2021-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2021, pág. 243 y sgts.; el destacado no es de origen).
Coincidentemente, se ha destacado que la mediación importa:
“…una causal atípica de suspensión de la prescripción, que se funda en la imposibilidad fáctica de accionar si no se inicia la mediación obligatoria, en aquellas jurisdicciones que la exigen. Las normativas locales deberán adecuarse al respecto, pues el Código Civil y Comercial es la ley nacional de fondo: vgr. no podrán fijar que la mediación sea una causal de interrupción o establecer un momento diferente de reinicio del plazo de prescripción…” (Borda, Alejandro “La prescripción de las obligaciones”, cita on line La Ley AR/DOC/152/2022).
Llevando las directrices expuestas al caso bajo análisis, advierto que habiendo comenzado el cómputo de la prescripción en fecha 23/08/2016 -en razón de la interrupción producida por el reconocimiento de deuda- este se suspendió, en el mejor de los supuestos para el actor dado que no hay constancia en autos de la fecha de notificación de la celebración de la audiencia de mediación, en fecha 10/05/2018 momento en el cuál se designó el mediador -conf. fs. 6-, es decir, que hasta tal momento habían transcurrido un año y 8 meses.
Habiendo sido cerrada la mediación en fecha 28/09/2018 -conf.
fs. 7-, el plazo prescriptivo reanudó su curso el día 18/10/2018 y la demanda se interpuso el 11/07/2019 -conf. fs. 18-, esto es, a más de ocho meses de haberse reanudado el plazo prescriptivo.
Así las cosas, es claro que sumado el plazo transcurrido hasta la causal de suspensión -un año y ocho meses- al transcurrido con posterioridad al cese de ésta -ocho meses-, se ha superado el plazo prescriptivo de dos años previsto en el inc. c) del art. 2562 del C.C.C.N. y, ante ello, cabe concluir que la excepción de prescripción opuesta por los demandados debe progresar tal como lo ha resuelto la a quo (arts. 2539, 2542, 2562 inc. c) y ccdtes. del C.C.C.N.).
Es por los fundamentos dados, que considero debe rechazarse el recurso interpuesto en fecha 16-11-2022 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida.
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso interpuesto en fecha 16-
11-2022 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida; II) Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.); y III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts. ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso interpuesto en fecha 16-11-2022 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida; II) Se imponen las costas a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.); y III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts., ley 14.967). REGISTRESE. Notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA). En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA. Devuélvase.
Fin de la sentencia