Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 31.315-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución del 28 de diciembre de 2007, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de$ 5.000, por la representación procesal, y $11.976,31 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, según los arts. 9, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley N° 24432). Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-42959950-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 2 de Mayo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°31.315-I caratulado “Talleres Mecánica Belgrano Cooperativa de Trabajo LTDA / apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Talleres Mecánica Belgrano Cooperativa de Trabajo Ltda. interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución dictada el 28 de diciembre de 2007 por la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplicó una multa de $326.626,62, por la omisión incurrida en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales noviembre 2002 y abril 2003, con sustento en el art. 46 y presumiendo el dolo en su conducta por aplicación del art. 47, incs. a) y b), de la misma ley. En primer lugar, plantea la nulidad de la Resolución por considerar que se ha violado su derecho de defensa al haberse notificado el inicio del sumario en forma irregular la apertura del sumario, por la vía del art. 100 de la ley 11.683 por haberse dejado en la puerta de acceso en un horario en el cual existía personal de la Cooperativa. Sostiene además que el monto correspondiente al impuesto al valor agregado ajustado proviene en su totalidad de facturas realizadas a una empresa del Estado Nacional que no las canceló por carecer de fondos líquidos y alega la improcedencia de la infracción imputada. Invoca error excusable y para su eximición cita jurisprudencia y doctrina, para lo cual ofrece prueba testimonial, documental y pericial contable, y solicita que se deje sin efecto la sanción.
II. A fs.51/58 contesta el recurso el representante fiscal, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo que se confirme la Resolución, con costas.
A fs.63 se informa a la recurrente que la prueba documental en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos forma parte de los antecedentes administrativos que corren por cuerda separada y se decide no hacer lugar a la prueba testimonial ofrecida; allí también se la íntima a que formule los puntos de la prueba pericial y que proponga perito/a contador de parte, que al no ser cumplimentada, a fs.77 se rechazó su producción. A fs. 85 se le requirió al Fisco Nacional que informara si la multa se encontraba alcanzada por el beneficio de condonación establecido en la ley 27.260 e idéntico requerimiento fue realizado a fs. 103 en relación a la ley 27.541 obrando sus respuestas a fs. 86 y fs.104 en el sentido de que no le correspondía el beneficio ya que si bien fueron regularizados los planes estaban caducos. De dichas respuestas se le corrió traslado a la recurrente, la cual mantuvo silencio (fs.93 y fs.107).
Mediante la PV-2022-24137235-APN-VOCXI#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala, y por medio del IF-2022-37475097-APN-VOCXI#TFN quedan en estado de dictar sentencia.
III. En primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad articulado por la recurrente, el que cabe ya adelantarlo, no puede prosperar, ya que se agravia en que no tuvo conocimiento del decisorio dictado por la Administración Federal de Ingresos Públicos hasta que le llego la Resolución aquí apelada, alegando entonces una irregularidad en la notificación. Concretamente, sostiene que en el horario en que se practicó la notificación existía personal de la Cooperativa que podría haberla recibido lo que, según dice, afectó su derecho de defensa en juicio.
Sin embargo, a fs. 28 de los antecedentes administrativos obra agregada la notificación de la instrucción sumarial con Aviso de Recibo del Correo Argentino en la dirección San José 583 piso 6° ”B” donde consta que la notificación fue recibida por una persona que, inclusive firmó y aclaró su nombre, de lo que se sigue que el vicio que invoca no es tal. Asimismo, cabe tener en cuenta que en ningún momento se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que para ello, es necesario que el vicio haya colocado a Talleres Mecánica Belgrano Cooperativa de Trabajo Ltda. en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite, prueba de lo cual es que la recurrente tuvo oportunidad de presentar sus defensas ante este Tribunal.
IV. Que corresponde entonces pronunciarse sobre la legitimidad de la sanción recurrida, en cuyo análisis debe estarse al encuadramiento típico de la conducta del presunto infractor, configurado por los elementos objetivo y subjetivo de la infracción, el cumplimiento al procedimiento previo a su imposición y, por último, su graduación. Que ni en el procedimiento sumarial sustanciado previamente en la instancia administrativa, ni ante este Tribunal la recurrente aportó elementos ni realizó ningún esfuerzo probatorio tendiente a justificar las inconsistencias que en el curso del procedimiento de fiscalización se le imputaron, reseñadas en detalle en el informe final de inspección obrante a fs.8/11 de las act. adm. que corren por cuerda separada, y que fueron receptadas por la recurrente en las declaraciones juradas rectificativas por ella misma presentadas, por lo que debe tenerse por configurado el elemento objetivo que requiere el tipo exigido en el art. 46 de la ley, cual es la presentación de declaraciones juradas en forma inexacta. Ello así, máxime cuando no se encuentra en discusión que los saldos de dichas declaraciones fueron incluidos en planes de facilidades de pago, luego declarados caducos. Respecto al elemento subjetivo, el juez administrativo se valió de las presunciones que contemplan los incs. a) y b) del art. 47 de la ley, considerando que las declaraciones juradas originales presentadas contenían datos inexactos que implicaron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y, en este sentido, era también de resorte de la recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, por lo que al no haberlo hecho los agravios formulados, como ya se dijo, huérfanos de probanza, deben ser desestimados. Cabe agregar que para ello no es suficiente alegar la morosidad de sus clientes en el pago de las facturas, en el caso de Belgrano Cargas S.A., ya que la ley no prevé para dicho supuesto exoneración del deber de declarar los débitos fiscales, que es lo que no hizo.
Y si bien es cierto que no es la mera presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que sanciona la norma, ni tampoco las diferencias numéricas que éstas puedan arrojar, conforme a lo manifestado en más de una oportunidad por la Excma. Cámara (conf. “Laboratorio Pyam S.A.”, del 28/3/2005, entre otros), en el caso la propia conducta del recurrente que rectificó no espontáneamente sino a instancias de la fiscalización sus declaraciones juradas originales, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional, llevan a este Tribunal a confirmarla (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros).
Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. Con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la conclusión del voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución del 28 de diciembre de 2007, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de$ 5.000, por la representación procesal, y $11.976,31 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, según los arts. 9, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley N° 24432). Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.02 14:05:52 -03:00 Date: 2022.05.02 14:26:22 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.02 15:51:33 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.02 15:51:35 -03:00
Fin de la sentencia