Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 37.006-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la incompetencia de este Tribunal para expedirse respecto del recurso deducido en autos contra el cargo n° 20161/2016, formulado como consecuencia del dictado de la Resolución DE PRLA N° 5442/08. Con costas por su orden, salvo la tasa de actuación que queda a cargo de la actora y cuyo pago se encuentra acreditado a fs. 42/44 de autos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-111138582-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Octubre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “TALLERES PAZ S.A.C.I.F. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 37.006-A La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 31/33 se presenta la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F., con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra el cargo nº 20161/2016. Relata que la Aduana de Buenos Aires dictó la Resolución DE PRLA Nº 5442/08, en las actuaciones administrativas n° 12036-1614-2005, mediante la cual se condena a la aquí actora al pago de una multa de $225.523,72 por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., por presunta diferencia de calidad de la mercadería que fuera importada mediante el D.I. n° 03 001 IC04 085567V. Destaca que si bien la firma no se presentó “ab initio” en el sumario aduanero por no encontrarse debidamente notificada del mismo, sí lo hizo con posterioridad e hizo saber que disponía el abandono de la mercadería documentada mediante el DI referido por el deterioro que había sufrido por la detención sin pronunciamiento de la autoridad aduanera. Aduce que la prolongación indebida del sumario le ha ocasionado un perjuicio económico concreto; a saber: la pérdida de la mercadería. Sostiene que nunca fue notificado de la resolución final y ni siquiera del cargo que ahora pretende ejecutarle la aduana. Alega que ha caducado el derecho de la aduana a exigir el pago de la multa por haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 940 del C.A. Cita lo dispuesto en dicho artículo y en el art. 941 del C.A. Destaca que como la condena es del año 2008, la prescripción quinquenal comenzó a correr el 1º de enero de 2009; por lo que el lapso legal de liberación se encuentra cumplido en exceso, al no existir causal interruptiva de la prescripción contenida en el art. 942 del C.A. En consecuencia, solicita se declare extinguida la acción penal por prescripción en tanto transcurrió holgadamente el lapso requerido para que opere el instituto, habiendo perdido el estado la posibilidad de continuar con la persecución del encausado en el ejercicio de su poder punitivo. Asimismo, peticiona que el presente recurso de apelación tenga efecto suspensivo sobre las medidas dictadas sobre los registros de los sancionados.
II. Que a fs. 50/52 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Realiza una breve reseña de los antecedentes administrativos y formula una negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean de su expreso reconocimiento. Sostiene que el servicio aduanero ha llevado a cabo la instrucción del sumario de conformidad con el procedimiento previsto en el Código Aduanero. Aduce que se encuentra configurada la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A.; por lo que debe ser confirmada la multa impuesta en autos. Destaca que la conducta típica delimitada por el propio C.A. es la declaración inexacta que produzca o hubiera podido producir un perjuicio fiscal. Cita jurisprudencia. Agrega que se configura la infracción de declaración inexacta al momento en que la importadora, así como el despachante de aduanas, con los elementos que hagan procedente la declaración, comprometen su manifestación incurriendo en una inexactitud de modo negligente. Subraya que se trata de una figura culposa ya que se ha omitido la suficiente diligencia para cumplir con los deberes a su cargo. Asimismo, agrega que la infracción del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. tipifica una responsabilidad objetiva y que en ningún momento la actora se esforzó por desvirtuar el informe producido por el área denunciante, como así tampoco la imputación que le fuera enrostrada al momento de conferir la vista de rigor. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, efectúa reserva de caso federal y acompaña las actuaciones administrativas.
III. Que con posterioridad se elevan los autos a la Sala “F” y se pasan a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 12036-1614-2005 se inician con el acta de denuncia labrada el 22/10/03, atento a que de la supervisión del DI n° 03 001 IC014 085567V (canal verde) resultó que la mercadería debe clasificarse por otra P.A., que tiene derechos antidumping por Resolución n° 159/03 MP, lo que configuraría prima facie la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., y que ocasionaría, en caso de pasar inadvertida esta inexactitud, un perjuicio fiscal de u$s 78.771,82. A fs. 3 obra el acta de denuncia. A fs. 4 obra el DI n° 03001IC04085567V. A fs. 5 obra el telegrama dirigido a la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F. mediante la cual se le notifica la denuncia por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del C.A.
(notificado el 16/10/03, conforme surge de fs. 6). A fs. 9 obra el informe efectuado de la División Control Selectivo e Ilícitos Complejos – Departamento Policía Aduanera, de donde resulta que: se declaró en el DI 03001IC04085567V la P.A. para el ítem 1: 7307.07.92.00.000L; ítem 2: 7307.99.00.100A y se pagó $16.043,46 en concepto de derechos de importación (15,5%), tasa de estadística (0,5%), IVA (21%), IVA Adicional Inscrip (10%), Impuesto a las Ganancias (3%) e Igresos Brutos Bs.As. (0,5%); y que de la supervisión de dicho DI resultó: ítem 1.1: 7307.19.90.124Q; ítem 1.2: 7307.19.90.123N; 1.3: 7307.19.90.122L; ítem 1.4 7307.19.90.128Z; ítem 1.5: 7307.19.90.128Z; ítem 2.1: 7307.19.90.138C; ítem 2.2.: 7307.19.90.138C; ítem 2.3: 7307.19.90.138C; ítem 2.4: 7307.19.90.158J; ítem 2.5: 7307.19.90.158J; ítem 2.6: 7307.19.90.158J; ítem 2.7: 7307.19.90.158J; ítem 2.8: 7307.19.90.191G; ítem 2.9: 7307.19.90.191G; ítem 2.10: 7307.19.90.152W; ítem 2.11: 7307.19.90.142T: ítem 2.12: 7307.19.90.134U: ítem 2.13: 7307.19.90.133R y que debió haber pagado -además de derechos de importación (15,5%), tasa de estadística (0,5%), IVA (21%), IVA Adicional Inscrip (10%)., Impuesto a las Ganancias (3%) e Igresos Brutos Bs.As.
(0,5%)- los derechos antidumping por la Resolución 159/03 MP (204,5%); es decir que debió haber pagado $ 94.815,27; lo que daría un perjuicio fiscal de $78.771,82. A fs. 10/28 obra la planilla de liquidación. A fs. 30 obra el registro de la liquidación manual 03 001 LMAN 087705E. A fs. 31 obra el informe producido por el Ramo “D” (de donde también surge que se procedió a la detención del curso del DI quedando la mercadería en la TERMINAL PORTUARIA N° 3 del puerto de Buenos Aires), el que se da por reproducido a fs. 32 mediante nota n° 669/03. A fs. 43 se presenta el representante de TALLERES PAZ S.A.C.I.F. y solicita la aplicación del régimen de garantía previsto en el art. 453, inc. h, del C.A., a los efectos de valorizar el seguro para el correspondiente libramiento del despacho n° 03 001 IC04 085567V para evitar el perjuicio que ocasiona la retención de la mercadería.
A fs. 44 obra la liquidación según art. 453, inc. h), del C.A. A fs. 45 con fecha 28/10/03 se dispone instruir sumario por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., se tiene por presentada a la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F. y se hace saber el monto a garantizar en los términos del art. 453, inc. h), del C.A. A fs. 46 la Jefa (Int.) Sección Asuntos de Calidad y Cantidad, solicita a la División Clasificación Arancelaria que se expida respecto de la P.A. correspondiente a la mercadería de autos. A fs. 47 se sugiere remitir las actuaciones a la División Control Selectivo e Ilícitos Complejos a fin de que aporte muestras representativas de la mercadería documentada (Nota 3163/03 DV CLAR).
A fs. 48 se elevan las actuaciones al Jefe de la División Control Selectivo e Ilícitos Complejos. A fs. 50 la aquí actora solicita se tenga a bien autorizar la desconsolidación de la mercadería que se encuentra en los contenedores marca y números SUDU3960920 y SUDU3960895; dejando dicha mercadería en depósito fiscal a fin de no incurrir en mayores gastos, hasta tanto se resuelva la situación que provoca la demora del despacho a plaza de la misma. A fs. 51 mediante Resolución DEPLA N° 925/04 se autoriza el desconsolidado de la mercadería, la cual debidamente identificada y acondicionada permanecerá en el Depósito TPA S.A., interdicta sin derecho a uso a disposición del DEPRLA y a las resultas del presente sumario; se ordena la extracción de muestras representativas de la mercadería y se autoriza la entrega de los contenedores SUDU3960920 y SUDU3960895 a quien corresponda.
A fs. 52 se notifica de ello la aquí actora. A fs. 53 se labra el acta correspondiente, la que se encuentra firmada por el director de la firma importadora. A fs. 57 mediante Nota n° 1558/05 (DV CLAR) se remiten las actuaciones administrativas, junto con muestras adjuntas por cuerda separada, al Instituto Técnico de Examen de Mercaderías, a los fines de que se determine el material constitutivo de cada una de ellas y, de tratarse el material de la mismas fundición maleable, se indique si los productos cumplen en su totalidad con la norma IRAM 2548; y se solicita se remita el sobrante de la muestra. A fs. 61 se remite la información producida por el INTI a través de su Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica y se agrega copia de la Norma IRAM 2548 a fs. 62/77.
A fs. 80 se remiten nuevamente las actuaciones al Instituto Técnico de Examen de Mercaderías para que determine el material constitutivo de la mercadería involucrada en autos, y en caso correspondiente, indique el tipo de fundición a través del análisis de microestructura y determine si cumplen los demás requisitos establecidos por la norma IRAM 2548. A fs. 84/149 (refoliado) se remite el informe requerido. A fs. 151/156 obra el Dictamen Técnico, de donde surge que teniendo en cuenta el origen declarado, se desprende que la mercadería motivo de los presentes actuados se encuentra dentro de la medida dispuesta por la Resolución 159/03 MP, correspondiéndole la aplicación de un derecho antidumping ad valorem de 204,5%.
A fs. 157 con fecha 1/2/08, se corre vista a la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F. y al despachante de aduanas REGINERATO MARINA, a quienes se les imputa la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. a ), del C.A. A fs. 158/160 obra la consulta de registro de empresas activas. A fs. 161/161 vta. se notifica la despachante de aduanas del auto de corrida de vista el 15/5/08 y a fs. 162/162 vta. se notifica la importadora el 19/5/08. A fs. 163 se decreta la rebeldía de importadora y despachante, de lo que se notifican a fs. 164/165. A fs. 166 la importadora se presenta e informa que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el deterioro sufrido por la mercadería involucrada en autos, y deviniendo antieconómico su nacionalización, solicita hacer abandono de la misma para proceder a su destrucción, asumiendo los costos que este procedimiento irrogue.
A fs. 167/169 la Aduana de Buenos Aires dicta la Resolución n° 5442/08, mediante la cual se condena a TALLERES PAZ S.A.I.CI.F. y a la despachante de aduanas REGINERATO MARINA al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. por el importe de $225.523,72, y se dispone imprimir a la mercadería resultante del DI involucrado en autos el trámite previsto en el art. 429 y siguientes del C.A.. De dicha resolución se notifica la despachante de aduanas el día 29/9/08 –fs. 170/170 vta- y la importadora el día 7/10/08 –fs. 171/171 vta.- A fs. 172 la importadora solicita que para proceder a la destrucción de la mercadería se designe a la empresa MULTI SCRAP S.A.
A fs. 175 se remiten las presentes actuaciones a la Sección RECAUDACION (DV EXA2), toda vez que la destrucción de la mercadería en trato no cancela cargo alguno. A fs. 176 se liquida la deuda aduanera (cargo 20161/16). A fs. 179/180 se liquida el cargo n° 20160/2016. fs. 181/182 se notifica del cargo n° 20160/16 la aquí actora el 20/4/16. A fs. 183 informa la aquí actora que se ha interpuesto recurso de apelación contra el cargo n° 20161/16 ante este Tribunal.
V. Que, en lo que aquí interesa, y conforme surge del expediente y de las actuaciones administrativas:
1. a fs. 167/169 de las actuaciones administrativas obra la Resolución DE PRLA N° 5442/08, mediante la cual se condena a la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F.I. y a la despachante de aduanas RIGENERATO MARINA en forma solidaria por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. al pago de una multa de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA DOS CENTAVOS ($ 225.523,72). Asimismo, y conforme surge del art. 3 de la Resolución a la mercadería resultante del DI n° 03 001 IC04 085567V se le dará el trámite previsto en el art. 429 y siguientes del C.A., medida que se hará efectiva por intermedio de la División Rezagos y Comercialización.
2. A fs. 170 de las actuaciones administrativas se notifica de dicha resolución la despachante de aduanas el 29/9/08 y a fs. 171 la firma TALLERES PAZ S.A.CI.F.I. con fecha 7/10/08.
3. La resolución DE PRLA n° 5442/08 se encuentra firme y consentida, toda vez que no ha sido apelada dentro del plazo de quince días contado desde su notificación, conforme lo dispuesto en el art. 1132 y 1133 del C.A.
4. A fs. 172 de las actuaciones administrativas la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F.I. solicita que a los efectos de proceder a la destrucción de la mercadería en cuestión se designe a la empresa MULTISCRAP S.A. con fecha 22/12/2008.
5. A fs. 175 de las actuaciones administrativas y en lo que aquí interesa, el Jefe Int. de la Sección Gestión de Rezagos hace saber que la destrucción de la mercadería en trato no cancela cargo alguno de los que se refiere el acto resolutivo.
6. A fs. 176 de las actuaciones administrativas obra la liquidación del cargo n° 20161/2016 en concepto de multa con más intereses computados al 14/5/2016.
7. A fs. 179/180 de las actuaciones administrativas obra la liquidación del cargo n° 20160/2016 en concepto de multa más intereses computados al 14/5/2016, por el importe total de $ 787.152,11 y a fs. 181/182 se notifica vía SICNEA de ello la firma TALLERES PAZ S.A.C.I.F.I. con fecha 20/04/16.
8. A fs. 31/33 de los presentes autos obra el escrito de interposición del recurso de apelación contra el cargo n° 20161/2016 (ver objeto del recurso de apelación), en concepto de multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1), inc. a), del C.A. con más los intereses, cargo que se formula conforme lo resuelto en la Resolución n° 5442/08, que se encuentra firme y consentida.
VI. Que atento a lo hasta aquí expuesto, corresponde que este Tribunal se pronuncie respecto de si resulta o no competente para expedirse en relación a la apelación deducida contra el cargo n° 20161/2016, formulado en concepto de multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1), inc. a), del C.A., con más los intereses.
Que la Resolución DE PRLA n° 5442/08, mediante la cual el servicio aduanero condenó a la aquí actora el pago de una multa, por infracción al art. 954 inc. a) del CA. se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. En efecto la resolución fue notificada a la actora el 7/10 2008 (fs 171 de las act. adm.) y dentro del plazo de 15 días establecido por el art. 1132 del CA la actora no interpuso recurso alguno- ante TFN o Justicia Federal.
Que, en consecuencia, este Tribunal no se encuentra facultado para expedirse acerca del planteo de prescripción de la acción del fisco para ejecutar el cargo n° 20161/2016 (vinculado con la Resolución mencionada) que fuera realizado por la actora, puesto que con ello se pretende abrir la competencia de este Tribunal para expedirse en relación a un aspecto del que no resulta competente.
Que, por todo ello, cabe concluir que la intimación formulada mediante el cargo n° 20161/2016 (objeto de la apelación de autos) se trata de una cuestión atinente a la ejecución y/o cumplimiento de lo resuelto en la Resolución DE PRLA n° 5442/08, la que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para expedirse respecto del recurso de apelación deducido en autos contra el cargo n° 20161/2016, con costas por su orden en razón de que la presente se resuelve de oficio, salvo la tasa de actuación que queda a cargo de la actora, cuyo pago se encuentra acreditado a fs. 42/44 de autos.
Por ello, voto por:
Declarar la incompetencia de este Tribunal para expedirse respecto del recurso deducido en autos contra el cargo n° 20161/2016, formulado como consecuencia del dictado de la Resolución DE PRLA N° 5442/08. Con costas por su orden, salvo la tasa de actuación que queda a cargo de la actora y cuyo pago se encuentra acreditado a fs. 42/44 de autos.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
1. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos y consideraciones efectuadas en los Considerandos I a V del voto de la Vocal preopinante.
2. Que, sentado ello, en atención a las particularidades de la causa y a lo señalado en el referido voto de la Dra. Musso, corresponde dejar sentado que, a juicio del suscripto, el Tribunal Fiscal de la Nación, al haber dictado la sentencia de fondo, posee plenas facultades para ejecutar sus sentencias, en los términos del título Tercero -Procesos de Ejecución- de la Parte Especial de CPCCN, que resulta la normativa de aplicación supletoria; máxime cuando el propio artículo 501 de dicho ordenamiento establece expresamente que “Será juez competente para la ejecución: 1) El que pronunció la sentencia...”. Asimismo, si el orden jurídico vigente en materia aduanera le confiere a la Dirección General de Aduanas facultades de ejecución en el Capítulo Quinto del Título II -Procedimientos Especiales- de la ley 22.415 (arts. 1122 y concordantes), resulta inadmisible que el Tribunal de Alzada que ejerce la revisión y el control de las decisiones aduaneras en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones, no las posea, en tanto dicha conclusión resultaría manifiestamente irracional y no puede ser cubierta con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
3. Que, en efecto, si bien el TFN fue concebido en sus orígenes como un tribunal “administrativo”, dentro de la órbita de la Secretaría de Hacienda, entiendo que, a diferencia de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria y casi unánime en la materia, el Tribunal Fiscal es en la actualidad un verdadero TRIBUNAL DE JUSTICIA JUDICIAL-, pues su modo de funcionar y las particularidades tanto legales como fácticas y jurisprudenciales que guían su accionar en nada coinciden con las de un verdadero tribunal de la naturaleza usualmente atribuida, más allá de su ubicación orgánica; ya que el Tribunal Fiscal dicta sentencias (y no resoluciones administrativas), que al ser el acto judicial por excelencia, deben observar los requisitos del Capítulo IX del Título III del Libro I del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (y no los de la ley 19.549), fija costas -la ley 15.265 en su artículo 42 disponía que las costas se distribuían en el orden causado, característica que era propio de un tribunal “administrativo”, pero dicho artículo fue modificado mediante la ley 20.024, la que estableció como principio general que “la parte vencida deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria...”, esquema similar al del C.P.C.C.N., siendo que, por el contrario, cabe destacar, a título comparativo y ejemplificativo con otras magistraturas fiscales similares que actúan en el país, que los Tribunales Fiscales de Apelaciones de las Provincias de Buenos Aires y de Tucumán no fijan costas- y regula honorarios profesionales utilizando idéntica Ley de Aranceles que el Poder Judicial de la Nación, mientras que la actividad administrativa se presume gratuita, además de que en materia aduanera el patrocinio letrado resulta obligatorio (confr. art. 1034 del Código Aduanero), mientras que en sede administrativa el particular generalmente se puede presentar por su propio derecho sin representación legal, entre otras características especiales –entre ellas corresponder resaltar que las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación, al adquirir firmeza y pasar en autoridad de cosas juzgada, hacen cosa juzgada material o sustancial, y no formal, como sucede con las resoluciones finales emanadas de cualquier otro tipo de tribunal “administrativo”-, que lo constituyen en un Tribunal especializado único en su especie, cuya jurisdicción la ejerce en todo el territorio de la República.
4. Que, por su parte, el hecho de que no reviste formalmente dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Nación no lo priva de su carácter de “judicial”, en tanto dicha característica le viene dada por la función que ejerce -impartir JUSTICIA a través del dictado de sentencias de contenido tributario- y no por el órgano que lo supervisa sólo administrativamente. Y el hecho que cuatro de sus jueces sean Contadores Públicos en nada cambia esa condición, sino que, por el contrario, constituye una riqueza técnica que convierte al Tribunal en singular y superador en su especie, máxime cuando los magistrados del Tribunal Fiscal gozan de idénticas prerrogativas judiciales que los del Poder Judicial de la Nación, y ejercitan su jurisdicción sin limitación legal alguna, pues la sublime misión de impartir justicia no puede verse coartada por ningún tópico procedimental, siendo que las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente ostentan sus Jueces (Vocales) no han sido instituidas en beneficio sólo de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables (confr. esta Sala in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (Expte. Nro. 15.598-A), del 5/12/2013, voto minoritario del Dr. Pablo Garbarino)
Tampoco debe perderse de vista que las facultades del Tribunal surgen tanto de la ley 11.683 (Ley de Procedimiento Tributario) como del Código Aduanero, normas que en sus artículos 197 y 1174, respectivamente, señalan que serán de aplicación supletoria en los casos no previstos en esas normas o en el Reglamento Procesal del Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o, en su caso, el Código Procesal Penal de la Nación; y no la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos ni tampoco su decreto reglamentario.
Por lo demás, no puede dejar de advertirse que una situación similar se ha planteado en Estados Unidos en cuanto al análisis de la naturaleza de la US Tax Court, siendo que la constitución y funcionamiento de este Tribunal ha sido tenido especialmente en miras por nuestro legislador al momento de la creación del Tribunal Fiscal de la Nación; ya que inicialmente fue creada en 1924 como un cuerpo ejecutivo o administrativo de apelaciones en materia fiscal, y sus servidores eran designados como “miembros”, hasta que en 1942 se estableció como una verdadera Corte de Justicia mediante la “Revenue Act” de 1942, que la denominó “Tax Court of the United States”, a cargo de “jueces”; siendo que su actual denominación data del año 1969 (mediante la “Tax Reform Act of 1969”, que la redenominó “United States Tax Court”), donde el Congreso “transformó” una agencia independiente que estaba ubicada en el Poder Ejecutivo en una Corte establecida bajo el artículo I de la Constitución; por lo que dejó de ser -de modo claro- una corte históricamente administrativa, para pasar a ser una corte plenamente judicial.
Bajo esta perspectiva, en 1991 la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió en el caso “Freytag vs. Commissioner of Internal Revenue” (501 U.S. 861) que la Tax Court “ejercita una porción del poder judicial con exclusión de cualquier otra función y de modo similar al ejercicio de los tribunales federales” de ese país, por lo que está dotado de un “exclusivo rol judicial”, con “independencia de los poderes legislativo y ejecutivo”, pese a que sus jueces, a expresa diferencia de nuestro Tribunal Fiscal, no están equiparados salarialmente a los demás jueces estadounidense, ni duran en sus funciones de modo vitalicio, mientras dure su buena conducta, ya que son designados por 15 años, con opción de prórroga por otros 15 años más.
Por ello, con más razón nuestro Tribunal Fiscal de la Nación es un tribunal etiológicamente “judicial”, ya que sus miembros Jueces (Vocales) están equiparados a los Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y ejercen su cargo de modo vitalicio y gozan de inamovilidad de sus funciones, al igual que el resto de los Jueces del Poder Judicial de la Nación.
5. Que, por lo demás, de acuerdo a las ideas y principios que vengo sustentando desde mi ingreso a esta Magistratura en el año 2011, esgrimidos tanto en mis respectivos votos, como así también en diversas conferencias y artículos de la especialidad, este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires o a los Juzgados Federales con asiento en las provincias, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto hablar de funciones “jurisdiccionales-judiciales”-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y se trata de la única magistratura del país especializada en la materia tributaria (aduanera e impositiva), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los referidos tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. del 18.4.85).
Por las razones expuestas, y no existiendo en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida a este Tribunal ejecutar sus sentencias, corresponde colegir, en plena conformidad con el artículo 19 de la Constitución Nacional y las enseñanzas del maestro Hans Kelsen, que “todo lo que no está expresamente prohibido está jurídicamente permitido”, por lo que cabe concluir en que este Tribunal Fiscal de la Nación goza ante su sede de plenas facultades de ejecución, ante el incumplimiento de sus decisiones, 6°) Que, no obstante, en la especie no se ha promovido un procedimiento de ejecución, sino que la firma actora ha apelado ante este Tribunal Fiscal el Cargo Nro. 20161/2016, que fuera formulado en concepto de multa por la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero, en virtud de lo dispuesto en la Resolución DE PRLA Nro. 5442/2008 de fecha 11/9/2008, la que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.
En tal sentido, cabe advertir que en la cédula de notificación del Cargo recurrido se omitió indicar los recursos que se pueden interponer contra su procedencia, así como también el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, a la vez que tampoco se menciona en dicha comunicación si el decisorio en cuestión agota la instancia administrativa aduanera.
En efecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en pleno, con fecha 13/9/2000, en los autos “YPF SA” fijó como doctrina legal la siguiente: “Las notificaciones practicadas en el ámbito aduanero, deben reunir los requisitos que establece el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, dada la ausencia de norma específica en el Código Aduanero; y la omisión de su cumplimiento produce los efectos que aquella norma prevé”. El antes citado art. 40, establece: “... las notificaciones se diligenciarán ... e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos ...” (confr. Sala “E” del TFN in re “ALFRED C/ TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.A.” -Expte. N° 22.931-A- del 22 de agosto de 2007; voto de la Dra. Cora Musso).
Es decir, las notificaciones deben indicar los recursos que pueden ser interpuestos contra el acto que se notifica y el plazo para articularlos, “o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”, extremo que en la especie no se verifica.
Por lo demás, los requisitos dispuestos en el artículo 40 del reglamento de la ley nacional de procedimiento administrativo deben ser cumplidos no sólo en las notificaciones que se practiquen en el ámbito del procedimiento administrativo en general, sino también en el de los procedimientos especiales (confr. este Sala F in re “Arun S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación” -Expte. N° 27.828-A-, del 23 de septiembre de 2014).;
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido art. 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994).
7. Que, a esta altura, cabe destacar, en lo que aquí interesa, el artículo 1025 del Código Aduanero dispone que “corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación (...) b) de los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infracciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000); (Importe sustituido por art. 76 de la Ley N° 26.784 (B.O. 05/11/2012).
Sentado lo que antecede, cabe señalar que este Tribunal Fiscal es competente para conocer en el recurso de autos, por cuanto el modo en que se formuló el aludido Cargo se equipara a una “resolución definitiva” (en cuanto deriva de una resolución que ha adquirido firmeza, guarda plena conexidad con la misma –en tanto resulta su derivación- e impide totalmente -en la instancia administrativa- la continuación del trámite aduanero) recaída en un procedimiento para las infracciones (conf. arts. 1025 inc. b) y 1132 ap. 1, inc. a) del C.A.), en la medida en que su configuración determina la necesidad de su tutela inmediata; y, por ende, el señalado punto de conexión debe constituir una excepción a las normas generales que establecen la rígida competencia, contenidas en el código ritual, posibilitando al particular ejercitar su derecho de defensa, de raigambre constitucional y convencional.
En tal sentido, este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha señalado que si bien la resolución apelada no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión debatida, la misma pone fin a la impugnación causándole un agravio a la actora que no resulta susceptible de reparación ulterior en el marco del procedimiento reglado en el Código Aduanero, por lo que reviste el carácter de definitiva.
Así las cosas, si no se tratara el recurso de apelación contra la decisión recurrida, el Cargo formulado por la DGA habrá efectivamente quedado firme y no habrá discusión posible sobre su procedencia sustancial, sino sólo después de su eventual pago/cancelación y mediando eventual proceso de repetición (arts. 1168 y 1169 del C.A.).
Asimismo, tampoco debe perderse de vista que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene sosteniendo desde el precedente de Fallos 247:646 (“Fernández Arias”, del 19 de septiembre de 1960) que “La actividad de todo órgano administrativo –como lo es la DGA (la referencia y cursiva me pertenece)- se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es lícito transgredir, entre las que figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de los órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente”.
En efecto, el propio Tribunal Cimero ha destacado que “si bien el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18 y 109 de la Constitución Nacional, tales principios constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente” (confr. doctrina de Fallos 328:651: “Angel Estrada y Cía. S.A.”, del 5 de abril de 2005); siendo que dicho mandato resultaría imposible de cumplimentar en caso de declararse la incompetencia de este Tribunal, en franca violación de los preceptos contenidos en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, pues lisa y llanamente se excluiría en la litis la debida e imprescindible intervención jurisdiccional-judicial.
8. Que, bajo tales postulados, y en la medida que la equiparación funcional entre todos los Tribunales con competencia aduanera supra referenciados es absoluta, no existe razón jurídica alguna que conduzca a sostener que el único Tribunal especializado en la materia del país –que es sólo este Tribunal Fiscal- deba tener menor competencia que aquellos Tribunales que, además de la aduanera, ostentan otras divergentes, por lo que cabe concluir que esta Magistratura tributaria aduanera ostenta en el sublite una indudable competencia para proceder a su tratamiento; y su jurisdicción no resulta de excepción ni limitada, sino totalmente regular, amplia, plena y efectiva.
En consecuencia, corresponde declarar la competencia de este Tribunal Fiscal para entender en el recurso de apelación deducido en la litis.
9. Que, en tal sentido, ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
Y si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la referida Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces, de ninguna naturaleza, en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas...”, por lo que cabe colegir que todos los tribunales de justicia de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica –condición que indudablemente ostenta este Tribunal Fiscal- deben “agotar” su capacidad recursiva al momento de resolver, sin limitaciones normativas ni teleológicas, debiendo interpretarse todas las dudas que puede plantear el alcance del accionar de sus jueces en la forma menos limitativa de la amplia jurisdicción de este Tribunal para impartir justicia (confr. voto del Dr. Pablo Garbarino in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. – EX-2020- 24711043-, del 22 de diciembre de 2021).
En tal orden de ideas, no puede prescindirse, a los fines de resolver la litis, que el Sistema Interamericano de Derechos ha trazado un estrecho vínculo entre los alcances de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. De esta manera, se ha establecido que los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrar normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, pero también la de asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte de sus autoridades judiciales. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado en numerosas oportunidades que "los recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal" (Cfr. Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencias de 26 de junio de 1987, párrafos 90, 90 y 92, respectivamente; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 24), por lo que al analizarse el derecho de acceder a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales corresponde establecer en la faz interpretativa un claro y amplio criterio de admisibilidad sobre el debido proceso legal en sede jurisdiccional-judicial, cuando la propia garantía de estos derechos se encuentra en juego.
10. Que admitir lo contrario implicaría cercenar injustificadamente la posibilidad amplia y efectiva de la administrada de acceder de modo pleno a un Tribunal jurisdiccionalmente apto –siendo este TFN el UNICO Tribunal del país con competencia aduanera exclusiva, su jurisdicción en asuntos aduaneros jamás puede ser “limitada”- para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, conculcando, en definitiva, la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra tutelado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” - Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
Por ende, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos. Ello así, en el ejercicio de su sublime misión de impartir justicia tiene la obligación de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto al debido proceso adjetivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, máxime cuando por imperio del bloque convencional supra referido los Estados deben garantizar que los recursos judiciales o jurisdiccionales efectivos sean resueltos de acuerdo con el artículo 8.1 de dicho ordenamiento, por lo que los tribunales de justicia siempre deben adoptar decisiones que permitan resolver el fondo de las controversias que se le planteen; y no eludir la decisión sobre los derechos de la firma peticionaria, pues, de ese modo, se le estaría impidiendo el goce del derecho a un remedio judicial, en los términos del artículo 25 de la mencionada Convención.
Por lo demás, la sociedad le ha encomendado a los Jueces –el “Vocal” de este Tribunal es también un “Juez”, sin que la presencia de Contadores Públicos en la competencia impositiva pueda cambiar dicha circunstancia, al igual que ocurre en la United States Tax Court, que es la fuente primaria del TFN, donde a todos sus integrantes, y no sólo a aquellos que ostentan el título de abogado (“attorney”), se los denomina “JUDGES”- la más alta de las funciones a las que puede acceder un ciudadano, que no es la de aplicar las normas mecánicamente, sino la impartir justicia en todo su esplendor (confr. Sala “F” in re "ALPEMAR S.R.L. c/DGA s/ recurso de apelación” -Expte . N° 36.199-A-, voto del suscripto, en disidencia), sin limitaciones interpretativas de ningún tipo.
11. Que, por último, la solución que se adopta en la litis, se ajusta a reiterada jurisprudencia y resulta acorde con los más elementales principios del derecho procesal, que tienen incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio, y en su expresión del derecho al debido proceso.
Es decir, no se obstaculiza ni entorpece la labor recaudatoria cuando se exige que ésta sea desarrollada de modo tal que permita al contribuyente ejercer su defensa.
En efecto, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el art. 18 de la Constitución Nacional, tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, y se traduce en dos facetas, cuyas expresiones son: el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, como así también el derecho a obtener una resolución legítima y fundada. Ello así, el derecho a ser oído contiene circunstancias tales como la publicidad del procedimiento, la posibilidad de que el administrado conozca fehacientemente las actuaciones administrativas, y la pertinente posibilidad de expresar los motivos de sus cuestionamientos antes o después de la emisión del acto administrativo. Y tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, y art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica). Dicha norma, que reconoce expresamente el llamado “debido proceso legal”, ostenta indudable rango constitucional en nuestro ordenamiento, y contiene el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable, tanto en la esfera administrativa como en la jurisdiccional y en la judicial.
Por lo tanto, la forma en que se resuelve es sin dudas la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los referidos artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
12. Que, por último, corresponde dejar sentado que a los fines de resolver el presente litigio no se pretende desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con dichos principios axiológicos, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjurar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la sublime misión de administrar justicia (doctrina de Fallos: 302:1284; 234:482 y sus citas).
13. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar los agravios de la actora en torno a la prescripción de la acción del Fisco.
En tal sentido, cabe destacar que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero determinan que “la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, plazo que “comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción...”.
Asimismo, el artículo 937 del mismo cuerpo legal establece que la prescripción de la acción del fisco para para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Por su parte, el artículo 940 de la ley 22.415 dispone que “La acción para hacer efectivas las penas por infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, siendo que el artículo siguiente (art. 941 C.A.) de dicho ordenamiento aclara que “La prescripción a que hace referencia el artículo 940, comenzará a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que quedare firme la condena”. Por ende, y toda vez que la decisión jurisdiccional-judicial definitiva emanada de este Tribunal data de fecha 11 de septiembre de 2008, y la misma ha adquirido firmeza y pasado en autoridad de cosa juzgada, cabe colegir que la representación fiscal se encontraba facultada para proceder al cobro de la acreencia dispuesta en la referida sentencia a partir del 1 de enero de 2009, por lo que el término prescriptivo ha acaecido en 31 de diciembre de 2013.
14. Que, en tales condiciones, el planteo de prescripción articulado por la empresa recurrente en los términos del Código adjetivo debe prosperar, en tanto de fs. 179/182 de las actuaciones administrativas 12036-1614-2008 se desprende que la notificación de la liquidación del Cargo aduanero e intimación de pago impugnada en autos se hizo en fecha 15 de abril de 2016; es decir, con suma posterioridad al vencimiento del referido plazo de prescripción quinquenal.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para entender en el presente recurso de apelación.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para hacer efectiva la sanción de multa de $ 225.523,72, impuesta mediante la Resolución DE PRLA Nro. 5442/2008 de fecha 11/9/2008, en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12036-1614-2008.
3. Las costas se imponen a la DGA vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. Musso.
Es claro entonces que lo aquí intentado constituirá, eventualmente, como parte de la potencial defensa que podrá esgrimir el pretenso apelante, ante el Juzgado Federal competente en la ejecución del cargo reclamado por el servicio aduanero.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Declarar la incompetencia de este Tribunal para expedirse respecto del recurso deducido en autos contra el cargo n° 20161/2016, formulado como consecuencia del dictado de la Resolución DE PRLA N° 5442/08. Con costas por su orden, salvo la tasa de actuación que queda a cargo de la actora y cuyo pago se encuentra acreditado a fs. 42/44 de autos.
Regístrese y notifíquese.
Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a.
Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.10.13 13:13:47 -03:00 Date: 2022.10.17 15:48:55 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.18 16:34:02 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.18 16:34:03 -03:00
Fin de la sentencia