Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 281.424
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue corresponde confirmar la resolución de 19 de octubre de 2023 (arts. 1, 2, 3, 53 y concs., ley 24.240 y mods.; art. 25 y concs., ley 13.133; arts. 77 inc. 3, 88, 125, 126, 177, 200, 203, 273 inc. 4, 278 y concs., ley 24.522 y arts. 242, 246, 260, 270 y concs. CPCC).
POR ELLO: Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora Tatiana Soledad Tamaro con fecha 23/10/2023, 13:59:32 hs. y, en consecuencia, se confirma la resolución de 19 de octubre de 2023 en lo que ha sido materia de agravio (arts. 1, 2, 3, 53 y concs., ley 24.240 y mods.; art. 25 y concs., ley 13.133; arts. 77 inc. 3, 88, 125, 126, 177, 200, 203, 273 inc. 4, 278 y concs., ley 24.522 y arts. 242, 246, 260, 270 y concs. CPCC). Costas de esta instancia a la apelante por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69, CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL (AF) C. 281.424 - “TAMARO TATIANA SOLEDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)"
En la ciudad de La Plata, a los 21 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, la señora Jueza doctora Irene Hooft y el señor Juez doctor Federico Guillermo García Ceppi para dictar sentencia en la causa caratulada: "TAMARO TATIANA SOLEDAD S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)", C.
281.424 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley, el cual arrojó el siguiente orden de votación: doctora HOOFT – doctor GARCÍA CEPPI, el tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde confirmar la resolución de 19 de octubre de 2023?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
I. En la especie, con fecha 19 de octubre de 2023, la Magistrada de primera instancia desestimó el beneficio de gratuidad invocado por la fallida, señora Tatiana Soledad Tamaro, en su presentación de 3 de mayo de 2023.
Para así decidir y previa delimitación de la cuestión a resolver a la posibilidad o no de aplicar a los procesos falenciales la gratuidad legalmente reconocida en los procesos consumeriles, señaló que la acción articulada por la fallida no encontraba su basamento normativo en la ley de defensa del consumidor, sino en la ley de concursos y quiebras y prueba de ello era que los sujetos abarcados por el principio de concursalidad no se agotan en los proveedores de bienes o servicios en los términos del art. 2 de la ley 24.240, sino que se extienden a todos los acreedores por causa o título anterior a la declaración de quiebra (arg. arts. 88, 125, 126, 200 y concs., LCQ).
Sobre ese piso de marcha, la Jueza a quo descartó la compatibilidad entre la franquicia consumeril -o del art. 78 del CPCC- y los principios estructurales de los procesos concursales, remarcando que la cesación de pagos, al constituir uno de los presupuestos esenciales para la apertura de los procesos regulados en la ley 24.522 y mods., permitiría una concesión del beneficio en todo concurso o quiebra en el que se lo solicitare, restando sentido a las previsiones del legislador en torno a los gastos de conservación y de justicia.
II. Contra ese modo de resolver, se alzó la señora Tamaro por medio del recurso de apelación fechado el 23/10/2023, 13:59:32 hs., concedido el 26 de octubre de 2023 y fundado el 27/10/2023, 14:18:34 hs., con réplica de la sindicatura de 07/11/2023, 14:16:41 hs.
II.1. En apretada síntesis, la apelante sostiene que la solución adoptada por la Jueza de la instancia soslaya tanto las particularidades de un pequeño concurso promovido por una consumidora sobreendeudada, como el hecho que el beneficio de gratuidad, acordado de pleno de derecho a los consumidores y usuarios por el legislador nacional y provincial, lo ha sido sin distinción de tipo de procesos.
II.2. A su turno, la sindicatura propicia la confirmación de lo decidido con apoyo en el carácter de norma especial que corresponde atribuir a la ley de concursos y quiebras respecto de la ley de defensa del consumidor.
III. Corrido el traslado de ley al Ministerio Público Fiscal, su representante, con fecha 7/12/2023, 09:49:51 hs., dictamina aconsejando, en tanto interpretación armónica de la normativa consumeril y falencial a aplicar en el caso, que se exima al consumidor del pago de toda tasa, gasto o impuestos que carezca de carácter alimentario; debiendo afrontar la fallida sólo los honorarios de los funcionarios de la quiebra.
IV. Delimitadas las posturas adoptadas, corresponde avanzar con el tratamiento del agravio vinculado al rechazo de la franquicia invocada por la recurrente, no sin antes detenernos en la particularidad que supone el hecho de hallarnos frente a un proceso concursal en el que campea el principio de inapelabilidad de las resoluciones (art. 273 inc. 3, LCQ).
IV.1. En efecto, tal como ha sido expresado por nuestro Superior Tribunal provincial, si bien la ley 24.522 instaura un régimen propio en materia recursiva estableciendo como regla general la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso concursal, dicho principio no es absoluto y debe limitarse a aquellos actos regulares del proceso que son consecuencia de su tramitación ordinaria y normal, admitiéndose como excepciones aquellos supuestos en los que se encuentra afectada la defensa en juicio, la propia regulación en materia concursal o, de modo más amplio, cuando la resolución impugnada causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior (conf. SCBA C. 89635, sent. de 21/11/2007; Ac. 80.146, sent. de 03/12/2003 y Ac. 70.579, sent. de 12/07/2000; esta Sala, C. 245.883, sent. de 31/03/2022; Q. 267.902/6, sent. 23/06/2021; e.o.; cfr. Rivera, J.L. – Roitman, H. – Vitolo, D.R., “Ley de Concursos y Quiebras”, 4° Ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, T.° IV, p. 712/721).
Pues bien, encontrándonos frente a un caso en el que se controvierte, en última instancia, la exigibilidad de los gastos de conservación y justicia derivados del trámite de la presente quiebra, se advierte la configuración de un supuesto susceptible de excepcionar la regla contemplada en el art. 273 inc. 3° de la ley 24.522.
IV.2. Aclarado lo anterior, se adelanta que el recurso, por las razones que habrán de darse, no prospera.
En consonancia con lo explicado por la Jueza de la instancia de origen, entiendo que en el caso de los procesos concursales se encuentra ausente el presupuesto de hecho para la aplicación del art. 53 de la ley 24.240 y mods. y/o 25 de la ley 13.133. Me explico.
Como ha tenido oportunidad de establecer nuestro Superior Tribunal provincial, tratándose de normas insertas en los capítulos destinados por el legislador nacional y provincial a establecer las políticas y bases legales destinadas a la protección o defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, su aplicación en cada caso se encuentra condicionada a que la normativa de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores sea dirimente para dar sustento a la pretensión en cuestión, es decir, que tenga relación directa e inmediata con el pleito (cfr. doctr. causa A. 70.572, resol. de 26/10/2010; reiterada en C. 122.789, sent. de 24/02/2021). No es lo que acontece en autos. Veamos. Un repaso de los términos volcados en la demanda basta para situar la pretensión actoral en el art. 77 inc. 3 de la ley 24.522, esto es, el pedido de propia quiebra del deudor.
Pues bien, en línea con autorizada doctrina, esta Sala ha dicho reiteradamente que la solicitud de la propia quiebra constituye el ejercicio de la acción del deudor que pide tutela jurisdiccional para la apertura de un proceso universal tendiente a liquidar los bienes que integran su patrimonio y a distribuir el producido de esa liquidación entre los acreedores de acuerdo al orden de privilegios y a prorrata de sus créditos cuando se trata de acreedores quirografarios (cfr. Junyent Bas, F. – Molina Sandoval, C.A., “Ley de concursos y quiebras”, 2° ed., AbeledoPerrot, Bs. As., 2009, t.° II, p.38 y Rivera, J.C., “Instituciones de derecho concursal”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, t.º II, p. 9/10; esta Sala, C. 281.172, resol. de 28/11/2023; C. 280.296, resol. de 12/09/2023; e.o.).
Así las cosas, se ha afirmado que el derecho concursal apunta a la tutela de intereses privados y públicos que surgen de la situación jurídica a que da lugar el fenómeno de la insolvencia, estructurando un proceso judicial de contenido sustancial en singular confluencia interdisciplinaria. De ahí que el proceso concursal tutela el patrimonio del insolvente y determina su integración activa y pasiva, protegiendo de este modo el interés del deudor y de los acreedores y regulando aspectos sustanciales de índole crediticia. Ello, sin perjuicio de las alternativas de saneamiento empresario y de salvataje de las fuentes de trabajo en interés del comercio, los trabajadores y de la comunidad toda (cfr. Junyent Bas, F – Molina Sandoval, C.A., ob. cit., t.° I, p. 13; arg. arts. 14, 14 bis, 17, 18, 75 inc. 19, 22, 23 y concs., Const. nac. y arts. 11, 15, 27, 31, 36, 39 y concs., Const. prov.).
Llegados a este punto, tanto los términos volcados en el escrito inicial como las especificidades propias del régimen falencial, impiden, en rigor, sostener que la acción incoada por la señora Tamaro tuvo basamento en las disposiciones de la ley 24.240 y mods., así como tampoco se advierte la existencia de una relación directa entre la suerte de su pretensión y alguno de los supuestos regulados en plexo normativo consumeril.
IV. 3. Por lo demás, no pueden dejarse de lado tres aspectos, a mi modo de ver, dirimentes para la cuestión en estudio.
En primer lugar, las consecuencias que traería aparejada la adopción de la tesis abrazada por la apelante, puesto que, por su intermedio, la preferencia en el cobro establecida en el art. 240 de la LCQ para los gastos derivados del proceso concursal, entre los que hallamos el crédito por honorarios de la sindicatura, quedaría irremediablemente desvirtuada. Efectivamente, de admitirse la gratuidad pregonada por la señora Tamaro, los trabajos realizados por el aludido funcionario concursal, que no solo resultan inevitables para el desenvolvimiento del proceso, sino que redundan en el interés común de los acreedores, no podrían ser solventados con el activo falencial existente a raíz de las distintas medidas de desapoderamiento concretadas, configurándose un claro caso de enriquecimiento sin causa (cfr. Llambias, J.J., “Tratado de derecho civil. Obligaciones”, 7ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2012, t.º I, p. 472). En segundo término, tampoco se advierte que la ausencia del reconocimiento de la franquicia consumeril conduce a un menoscabo del derecho a la tutela judicial continua y efectiva de la señora Tamaro, ya que el legislador ha previsto expresamente en el art. 274 inc. 8 de la LCQ la dilación en el pago de los gastos de los trámites registrales o de otra naturaleza que resulten indispensables para la protección del patrimonio del concursado o fallido (Junyent Bas, F – Molina Sandoval, C.A., ob. cit., t.° II, p. 592).
En tercer y último lugar, porque de admitirse la gratuidad pregonada por la fallida y con ello, la liberación de pago de los gastos del juicio, el supuesto de clausura de la quiebra por falta de activo, contemplado en el art. 232 de la LCQ y sus importantes efectos, habría quedado, en casos como el que nos ocupa, lisa y llanamente derogado.
Se comprende entonces, que una exégesis como la enarbolada por la señora Tamaro no luzca ajustada a los parámetros establecidos en el art. 2 y 3 del Còd. Civ. y Com., al implicar varias antinomias entre la ley 24.240 y la ley 24.522.
Robustece lo anterior la pauta interpretativa acuñada por el máximo Tribunal Federal y receptada por nuestra Corte provincial, de acuerdo con la cual “…no cabe suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes, por lo que éstas deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto.” (doct. causa B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27/08/2008 y sus citas).
IV. 4. Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar el planteo recursivo efectuado por la señora Tamaro contra el auto de 19 de octubre de 2023 (art. 1, 2, 3, 53 y concs., ley 24.240 y mods.; art. 25 y concs., ley 13.133; arts. 77 inc. 3, 88, 125, 126, 177, 200, 203, 273 inc. 4, 278 y concs., ley 24.522 y arts. 242, 246, 260, 270 y concs. CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN planteada, el señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora Jueza, doctora Irene Hooft dijo:
En atención a los fundamentos brindados corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la señora Tatiana Soledad Tamaro, con fecha 23/10/2023, 13:59:32 hs. y, en consecuencia, confirmar la resolución de 19 de octubre de 2023 en lo que ha sido materia de agravio (arts. 1, 2, 3, 53 y concs., ley 24.240 y mods.; art. 25 y concs., ley 13.133; arts. 77 inc. 3, 88, 125, 126, 177, 200, 203, 273 inc. 4, 278 y concs., ley 24.522 y arts. 242, 246, 260, 270 y concs. CPCC).
Las costas de esta instancia habrán de serle impuestas a la apelante por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que corresponde confirmar la resolución de 19 de octubre de 2023 (arts. 1, 2, 3, 53 y concs., ley 24.240 y mods.; art. 25 y concs., ley 13.133; arts. 77 inc. 3, 88, 125, 126, 177, 200, 203, 273 inc. 4, 278 y concs., ley 24.522 y arts. 242, 246, 260, 270 y concs. CPCC).
POR ELLO: Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora Tatiana Soledad Tamaro con fecha 23/10/2023, 13:59:32 hs. y, en consecuencia, se confirma la resolución de 19 de octubre de 2023 en lo que ha sido materia de agravio (arts. 1, 2, 3, 53 y concs., ley 24.240 y mods.; art. 25 y concs., ley 13.133; arts. 77 inc. 3, 88, 125, 126, 177, 200, 203, 273 inc. 4, 278 y concs., ley 24.522 y arts. 242, 246, 260, 270 y concs. CPCC). Costas de esta instancia a la apelante por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69, CPCC). Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
Destinatario: TAMARO TATIANA SOLEDAD y UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº11 - LA PLATA Destinatario: CELI ANTONIO
Fin de la sentencia