Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-2325/19-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: T-2325/19-TSJ Interlocutorio N°: 3797 Actor: TANARRO FERNANDO PABLO Demandada: ANDRADE ANTONIO FABIAN Objeto: AMPARO Fecha: 25 de abril de 2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3797 FOLIO Nº 6892/6895 PROT. ELECT. TSS1011I.241
Río Gallegos, 25 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “TANARRO FERNANDO PABLO c/ ANDRADE ANTONIO FABIAN s/ AMPARO” Expte. Nº T-27.917/18 (T-2325/19-TSJ); venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. fs. 59/64 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 36/40. Ésta dispuso, en lo que aquí interesa, que al accionado le faltaba especificar (para cumplimentar la manda judicial) cuantas causas fueron archivadas por providencia simple y cuantas por interlocutorio. A tal fin se le otorgó un plazo de veinte (20) días (cfr. fs. 54/58). Previamente, la sentencia de Primera Instancia había ordenado que el Dr. Antonio Fabián Andrade informara la cantidad de causas archivadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en la Secretaría de Violencia del Juzgado a su cargo, diferenciando aquéllas que fueron archivadas sin resolución y las que contaban con resolución (cfr. fs. 5 vta., 14, 3º párrafo y 25).-
II. Que el recurrente aduce que la sentencia cuestionada hace lugar parcialmente al amparo promovido fundándose en una petición inexistente al momento de instar la acción, en una evidente violación a lo dispuesto en el artículo 164, inciso 6º del CPCyC (cfr. foja 61vta.).-
Afirma que ha cumplido con la información pública requerida en el amparo. Expresa que mediante los oficios 1037/18, 1095/18 y 1344/18 ha puesto en conocimiento del amparista los datos peticionados (cfr. foja cit.).-
Agrega que: “...los jueces del recurso se han manifestado que el nudo de la discusión entre el amparista y el accionado se centra en el punto 3) de su escrito inicial en el cual se requiere información sobre causas de violencia intrafamiliar archivadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, diferenciadas entre aquellas archivadas sin resolución y las que contaban con resolución. Frente a la respuesta dada por esta parte de que todas las causas fueron archivadas con su respectiva resolución, son los propios magistrados del recurso quienes manifiestan que esta respuesta clausura la discusión y agota el objeto del amparo. Consideran equivocadas las conclusiones del juez de grado al pretender la confusión en las respuestas entre los conceptos de providencia simples y resolución, dando razón a esta parte al manifestar que en materia procesal tampoco se puede identificar resolución con interlocutorio como pretende el juez de mención.” (cfr. foja cit.).- Entiende que la Cámara: “...yerra al sostener parcialmente la acción con fundamento en un escrito que el amparista agrega en las actuaciones, ampliando su petición y aclarando su pretensión en relación a requerir se informe sobre las causas archivadas que contaban con un pronunciamiento de fondo de aquellas que fueron archivadas sin llegar a esta instancia cfr. Fs. 14…” (cfr. fs. 61vta./62).-
Agrega que ha cumplido con lo dispuesto en la Ley Nº 3540 de Acceso a la Información (cfr. foja 62).-
Sostiene que los Jueces de Cámara no pueden subsanar la falta de claridad expuesta en el petitorio de inicio, tomando en cuenta un escrito aclaratorio que no fue parte de la pretensión inicial (cfr. foja cit.).-
Añade que: “Sostener una acción que a todas luces carece de fundamento, resulta una evidente vejación a las disposiciones establecidas en la ley citada [Ley 3540] en lo que respecta al artículo 7, que si bien establece el principio de informalidad expresa ‘...La solicitud de información se formulará por escrito sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, el detalle claro de la información solicitada que permita al funcionario identificarla...’…”, que exige claridad en la información que se solicita (cfr. foja cit.).- Dice que: “En definitiva la acción instada, que no deja de ser una más de las afrentas del Dr. Fernando Tanarro, hacia quien suscribe, debe ser rechazada en virtud de haberse cumplido en los términos de la ley con brindar la información pretendida.” (cfr. foja cit.).-
Expresa que: “En consecuencia, encontrándose dadas las respuestas a la petición formulada mediante sendos oficios por parte de quien suscribe y no encontrándose los extremos requeridos por la ley 3540 de acceso a la información pública la acción de amparo debe ser rechazada. Sin perjuicio de ello, y en consonancia a la jurisprudencia existente que establece que fines de la acción de amparo la petición debe ajustarse a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto, la acción pretendida debe ser rechazada, y el más alto tribunal debe casar el fallo en crisis.” (cfr. foja 63).- Señala que existe la doctrina de la arbitrariedad como el medio para el resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa. Sobre el particular, observa que los fundamentos dados por los jueces para confirmar parcialmente la sentencia en crisis no surge de los hechos que la anteceden. Califica de arbitraria la decisión de la Cámara al entender que el recurrente no cumplió con la información solicitada (cfr. foja cit.).- Como colofón afirma que: “Considero que, con lo dicho, se ha demostrado, que resulta en una evidente violación de la ley, por no encontrarse dispuestos los extremos requeridos por las normas 1117 y sus modificatorias y la ley 3540 artículo 12, que no ha existido razonabilidad en el decisorio por ende resulta arbitrario, y constituye motivo para el acogimiento de la pretensión casatoria.” (cfr. foja cit.).-
Agrega que el Camarista Dr. Eduardo Gabriel López debió excusarse de intervenir en virtud de la relación laboral existente con el amparista hasta el 20 de noviembre de 2018. Sigue diciendo que es de conocimiento público que el mencionado magistrado resultaba ser dependiente del Dr. Fernando Tanarro en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, siendo esta razón suficiente para que el magistrado, encuadrándose en el inciso 9 del artículo 17 del CPCyC, se excuse de intervenir en estas actuaciones. Postula que: “…la intervención efectuada, resulta habilitar a esta parte a solicitar la nulidad del procedimiento frente a la falta de garantía de imparcialidad dada por el magistrado.” (cfr. foja 63 vta.).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 72/73 vta..-
Pasan los presentes al Acuerdo a foja 89.-
III. Que, en esta etapa, se debe efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- La lectura del escrito recursivo desnuda la ausencia de una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. El recurrente brinda su propia interpretación del caso y de cómo considera que debió fallarse, sin embargo omite un desarrollo argumental que ponga en evidencia errores en los fundamentos del Tribunal de grado; no bastando, al efecto, las citas de normas y principios supuestamente violados, si no se demuestra cómo es que, en el caso concreto, se ha producido esa violación.- Si bien la carencia expuesta precedentemente conlleva, por sí sola, la inadmisibilidad; la suerte del recurso queda negativamente sellada porque la revisión que se pretende en esta instancia extraordinaria se sustenta, en última instancia, en cuestiones fáctico procesales, como -sin lugar a dudas- constituyen las vinculadas con determinar el alcance de la pretensión del actor. Específicamente sobre el alcance de la información solicitada por el Dr. Fernando Tanarro en su libelo de inicio. Ante ello, cuadra rememorar que la aprehensión intelectual e interpretación del contenido de los escritos de constitución del proceso constituyen una cuestión de hecho que sólo puede ser objeto de censura en sede extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión impugnada es arbitraria y no responde a un razonamiento lógico elaborado. Circunstancia que no se demuestra ni vislumbra en autos. En el sentido expuesto, este Alto Cuerpo ha sostenido que, por principio, adentrarse en el análisis de los escritos constitutivos de la litis es una cuestión fáctica exenta de casación (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2091, Folio 3078/3080; e Interlocutorio, XXXI, Reg. 3548, Folio 6114/6118).
Fin de la sentencia